Osvany Hernández Abascal
Expediente 1662/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 20 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1662/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Osvany Hernández Abascal
- Alejandro Sosa Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: la pieza postal devuelta por el Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, relativo al oficio 25819/2022, dirigido a la autoridad responsable denominada Comandante de la Guardia Nacional con sede en la Ciudad de México, mismas que fue devuelta "rehusados". En consecuencia, y toda vez que en autos obra constancia de que la referida autoridad rindió informe con justificación y ha recibido notificaciones en ese domicilio, de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por legalmente notificada del contenido de la comunicación a la autoridad señalada citada en líneas precedentes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistas: las piezas postales devueltas por el Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, relativos a los oficios 28068/2022, 28069/2022, 25815/2022 y 25817/2022, dirigidos a las autoridades responsables denominadas Comandante de la Guardia Nacional y Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional, Comisionado Nacional de Migración, todas con sede en la Ciudad de México, y al Delegado o Representante en Turno de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Nuevo León, mismas que fueron devueltas "rehusados y cambio de domicilio", En consecuencia, y toda vez que en autos obra constancia de que las referidas autoridades rindieron informe con justificación y ha recibido notificaciones en ese domicilio, de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por legalmente notificada del contenido de la comunicación a la autoridad señalada citada en líneas precedentes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que Osvany Hernández Abascal y Alejandro Sosa Morales, hubieran recurrido la sentencia dictada el veinticinco de julio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que en auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
Visto; para resolver los autos del juicio de amparo 1662/2021-7, promovido por *********, contra actos del Comisionado Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, por estimarlo violatorios de los artículos 1°, 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito recibido el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, por el Secretario de Guardia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, *********, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS: a) La orden de detención, aprehensión o privación de la libertad fuera del procedimiento y su ejecución. b) La orden de deportación emitida en su contra y su ejecución. AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS 5 de 17 1. Comisionado Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México. 2. Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila. 3. Delegado o Representante en Turno de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey. 4. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco. 5. Comandante de la Guardia Nacional, con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. SUSPENSIÓN DE PLANO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda bajo el expediente 1662/2021-7, se otorgó la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la posible detención, aprehensión o privación de la libertad fuera del procedimiento, así como la orden de deportación emitida en su contra; y se admitió la demanda de que se trata, se solicitaron informes con justificación a las autoridades señaladas como responsables, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual previos diferimientos tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, 6 de 17 C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV 2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 741 , fracción I, de 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 7 de 17 la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia2 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados: a) La orden de detención, aprehensión o privación de la libertad fuera del procedimiento y su ejecución. b) La orden de deportación emitida en su contra y su ejecución. 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. 8 de 17 TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De los artículos 63, fracción IV y 74, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de amparo, apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Por lo anterior, se determina que no es cierto el acto reclamado al Sub Representante Local, Encargada de la Subdirección de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco (fojas 40 y 41), Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración Comisionado en la Oficina de Representación en Coahuila, con residencia en Saltillo (foja 46), Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México (fojas 59 y 60), (todos en su denominación correcta) consistente en la orden de detención, aprehensión o privación de la libertad fuera del procedimiento y su ejecución; así como la orden de deportación emitida en su contra y su ejecución; pues al rendir informe justificado negaron su existencia, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna con la que desvirtuara tales negativas. Por lo que al constituir dichos informes documentales públicas, se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a 9 de 17 la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. Por su parte, las autoridades responsable ordenadora denominada Delegado o Representante en Turno de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León; fue omisa en rendir informe justificado, no obstante que se les requirió el mismo mediante oficio 36609/2021, de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, el cual recibió el once de enero de dos mil veintidós, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja 272 de autos; son que la parte quejosa haya aportado prueba alguna con la que acreditara su existencia. En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Es aplicable lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1714, cuyo rubro y texto es: ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto 10 de 17 reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables. Además, cabe señalar que la autoridad referida autoridad señalada como responsable de conformidad con lo establecido en el artículo 141 del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación, no se advierte que la referida autoridad responsable cuente con facultades para emitir las órdenes de detención, aprehensión o privación de la libertad fuera del que los quejosos le atribuyen. En efecto, el artículo 141 del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación, dispone: Artículo 141.- Las personas titulares de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración tienen las facultades genéricas siguientes: I. Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables; II. Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos migratorios de personas extranjeras presentadas, así como de aquéllos que opten por el beneficio del retorno asistido, de conformidad con la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables; III. Atender y resolver las solicitudes de trámite migratorio relacionadas con las condiciones de estancia establecidas en la Ley de Migración, en el ámbito territorial de su competencia; IV. Ejecutar los actos que en su ámbito de competencia confiere a la autoridad migratoria la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables; V. Imponer y ejecutar las sanciones administrativas previstas en la Ley de Migración; VI. Administrar las estaciones migratorias y estancias provisionales de su adscripción, de conformidad con lo previsto en la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables; 11 de 17 VII. Suscribir, previo dictamen de la persona que tiene el carácter de Sub Comisionado Jurídico, los contratos de obra pública, arrendamiento, adquisiciones o servicios, o cualquier otro acto jurídico de administración que celebre el Instituto Nacional de Migración y que vinculen a la Oficina de Representación que corresponda, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; VIII. Formular, presentar y, en su caso, ratificar denuncias y querellas por conductas probablemente constitutivas de delitos, en los asuntos en que tenga injerencia el Instituto Nacional de Migración, por lo que deberá informar periódicamente a la persona que tiene el carácter de Sub Comisionado Jurídico respecto del número de denuncias y querellas presentadas, así como su estado procesal. Esta atribución se confiere sin perjuicio del ejercicio directo que, en su caso, haga la persona que tenga el carácter de Sub Comisionado Jurídico; IX. Recibir, resguardar, custodiar y en los casos procedentes, cancelar, hacer efectivas o determinar la prescripción de las garantías constituidas respecto al cumplimiento de obligaciones derivadas de la Ley de Migración, en su ámbito territorial de competencia. Esta atribución se confiere sin perjuicio de su ejercicio directo por parte de la persona que tendrá el carácter de Sub Comisionado Jurídico; X. Sustanciar y resolver, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, los recursos administrativos que interpongan los particulares contra actos y resoluciones que emitan los servidores públicos de su adscripción; XI. Proporcionar el servicio de bibliotecas en las estaciones migratorias, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; XII. Coordinar las actividades del Instituto Nacional de Migración en el ámbito territorial de su competencia; XIII. Informar a las unidades administrativas a que se refiere el artículo 124, fracción II del presente Reglamento Interior, sobre asuntos de su competencia y, en su caso, remitir las actuaciones respectivas cuando así lo requieran; XIV. Recopilar y registrar en los sistemas disponibles, la información de los trámites y procedimientos administrativos migratorios que lleven a cabo las Oficinas de Representación del 12 de 17 Instituto Nacional de Migración, en el marco de su circunscripción territorial, así como la gestión de la operación migratoria de las estaciones migratorias y estancias provisionales de las mismas; XV. Expedir certificaciones de los documentos existentes en el archivo a su cargo, y XVI. Dirigir en su circunscripción territorial la instrumentación de los procesos, procedimientos y programas que emita el Instituto Nacional de Migración, que garanticen la promoción, protección y el respeto de los derechos humanos de los migrantes. Las personas que tendrán el carácter de Sub Representantes Federales, así como Representantes Locales y Sub Representantes Locales en las entidades federativas y en la Ciudad de México ejercerán las atribuciones que expresamente les delegue la persona que tenga el carácter de Comisionado del Instituto Nación de Migración. De lo que se obtiene que el Delegado o Representante en Turno de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, no cuenta con atribuciones para llevar a cabo las acciones que pretende la parte quejosa; por lo que son inexistentes los referidos actos que de dicha autoridad responsable se reclaman. Soporta lo anterior el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Abril de 1993, página 257, con número de registro 216654, de rubro y texto: HECHO NOTORIO. SU APRECIACION. El hecho notorio no está sujeto a regla normativa alguna que regule su prueba; por tanto, su apreciación queda sujeta al prudente arbitrio del juzgador, quien goza de plena autonomía para declarar su existencia o inexistencia, en su caso, sin más limitación que la sujeción a los lineamientos legales y a las reglas de la lógica. Si la Sala responsable no invoca determinada circunstancia, como un hecho notorio, debe inferirse, lógica y jurídicamente, que ello fue así, porque no tenía formada convicción sobre tal circunstancia, por no tratarse de un hecho que estuviera en el conocimiento de todos y en la conciencia de los propios juzgadores ordinarios, y el tribunal de amparo no puede substituirse al criterio de dicha autoridad, sin mengua de la autonomía indispensable que para el ejercicio de su arbitrio gozan los juzgadores naturales. Sin que pase inadvertido para el suscrito quien resuelve que la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo haya anexado copia simple de los pasaportes a nombre de los referidos promoventes; sin embargo, al ser copias simples, su valor probatorio se reducen a un indicio, que no arrojan certeza jurídica de que sus contenidos sean verdaderos, aunque no haya sido objetada por alguna de las partes, y el valor indiciario referido sólo podría robustecerse si se adminiculara con alguna otra probanza, para que así la suscrita juzgadora estuviera en aptitud de determinar el alcance probatorio que se les pudiera otorgar, lo cual en la especie no ocurrió; por ello, las referidas documentales son insuficientes para demostrar la existencia del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia I.3o.C.J/37 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 1759, tomo XXV, mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de 14 de 17 certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. Por su parte, la autoridad responsable ejecutora denominada Comandante de la Guardia Nacional, con residencia en la Ciudad de México; fue omisa en rendir informe justificado, no obstante que se le requirió el mismo mediante oficio 36611/2021, de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, el cual recibió el cinco del presente mes y año, tal y como se advierte de la constancia de rastreo realizado a la pieza postal MN036128397MX, en la página electrónico https://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/SeguimientoEnvio/Seguimiento.aspx; sin embargo, no es el caso presumirle cierto el acto de ejecución que se les imputa, toda vez que al haber negado la existencia del acto reclamado las autoridades responsables ordenadoras, es evidente que tampoco puede tener ejecución material un acto inexistente; en ese contexto, con fundamento en el artículo 74, fracción IV de la ley de la materia, también se impone decretar el sobreseimiento en el juicio por lo que hace a la aludida autoridad. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2º.J/177, visible a Página 73, Tomo IX, Febrero de 1992, Materia Común del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: AUTORIDADES EJECUTORAS. FALTA DE INFORME DE LAS. Si las autoridades ejecutoras no rinden informe, pero aquellas a quienes se les atribuye haber ordenado el acto lo niegan, es incuestionable que no pudieron ejecutar una orden inexistente, y por lo mismo, la falta de informe no trae la presunción que 15 de 17 establece el artículo 149 de la Ley de Amparo. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los mismos. Ello tiene sustento en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, cuyo rubro y texto señalan: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. De igual forma es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio Septiembre de 1989, página 154, que reza: ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo. CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, contra actos de las autoridades señaladas como responsables, en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
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