Osvaldo Ivan Garcia Velazquez

Expediente 933/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
933/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/01/2022

Partes del expediente

  • Osvaldo Ivan Garcia Velazquez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Se ordena archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental. Por tanto, atendiendo al numeral 21, inciso b), del referido acuerdo general, el presente juicio de amparo deberá ser destruido en el plazo de tres años. Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 35 de dicho acuerdo general. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años referidos, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos y garantía. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron en el sumario.

  2. Principal

    Cumple prevención. Visto lo de cuenta, glósese al expediente el escrito firmado por el quejoso ****, mediante el cual cumple con el requerimiento de tres de diciembre pasado. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexos; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Establecido lo anterior, en este asunto se estima actualizado un motivo de improcedencia que se expondrá a continuación. Marco legal de la Ley Nacional de Ejecución Penal A la luz de la reforma constitucional de dos mil ocho, surgió a la vida jurídica la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuerpo normativo que establece las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, así como los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal.**** Bajo ese orden de ideas, para la procedencia del juicio de amparo, los actos que afectan la libertad personal se distinguen entre dictados dentro o fuera de procedimiento; así que, para considerarse dentro de los primeros, es necesario que la orden de traslado sea validada o no por la autoridad judicial competente, ya sea anterior a la orden de traslado, o bien, posterior a ella. Definitividad en el juicio de amparo. En efecto, el principio de definitividad que rige el juicio constitucional encuentra su sustento, para efectos de este sumario, en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra en el hecho de que cuando la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, implicaría hacer inviable el juicio de amparo; esto, no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige la acción constitucional.El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previo a la promoción de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos.**** Análisis del caso concreto. En el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues el quejoso **** manifestó que se enteró indirectamente que sería trasladado a diverso centro de reclusión, el cual se encuentra en alguno de los supuestos de los ordinales 51 o 52 -traslados involuntarios o excepcionales-, los cuáles pueden ser impugnados. Por tanto, se precisa que, si el acto impugnado corresponde a un traslado involuntario, en contra de la decisión judicial que lo califique procederá el recurso de apelación previsto en el numeral 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De tratarse de un traslado urgente o excepcional, esto es, contra la decisión que califique de legal la determinación administrativa de traslado, también procederá el recurso de apelación; sin embargo, en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento sobre su calificación, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa, de conformidad con lo previsto en los ordinal 116, fracción I, en relación con el diverso 117, fracción III, de la precitada legislación. Luego, como la orden siempre debe ser autorizada por un juez, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, se colige que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento y sistema de control jurisdiccional sobre los traslados en los términos señalados, como medios eficaces para combatir todas las cuestiones relacionadas con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados de un centro penitenciario a otro efectuadas por las autoridades penitenciarias. En tal virtud, previo acudir al amparo, el quejoso debe agotar el recurso de apelación o, en su caso, la controversia judicial ante el juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado, a fin de que se analice su legalidad y, de ser procedente en el último caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con el articulo 52 en relación con el 116, fracción I, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello, pues se instituyen como medios de defensa ordinarios eficaces para combatir el traslado, a fin de analizar su legalidad y puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama. Sin que esto implique se afecten los derechos sustantivos del quejoso y que el acto reclamado pueda ser emitido fuera de procedimiento, ya que, como se dijo, la reforma constitucional de los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas; lo cual, a la postre, representó que se ejerciera un verdadero control judicial del sistema penitenciario. En efecto, el conjunto de las citadas reformas puso de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas continuaba bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; por lo que se adujo que para lograr esa transformación era necesario reestructurar el sistema, y circunscribir únicamente la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y conferir al Poder Judicial la potestad de ejecutar lo juzgado, a través de la creación de la figura de «jueces de ejecución de sentencias». Lo que conllevaba evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, por lo que debía ser el Poder Judicial el que debía vigilar que la pena se cumpliera estrictamente, en la forma como fue pronunciada en la ejecutoria; terminar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones; y que el respeto a los derechos humanos fuera una de las bases sobre las que se debe organizar el sistema penitenciario nacional, junto con el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, y el deporte. Así, al ser el juez de ejecución el que vigila la pena impuesta, así como el régimen en el que se encuentra la persona privada de su libertad, es evidente que se creó un sistema de control judicial alrededor del sistema penitenciario; lo que evidencia que este control judicial también prevalece sobre los traslados. Las anteriores consideraciones jurídicas, aplicadas al caso, sirven como base para establecer que se actualiza la causal de que se trata, porque el quejoso, previo acudir a la vía indirecta con su demanda de amparo, debió combatir mediante recurso de apelación el traslado involuntario y urgente, en su carácter de sentenciado, ante el juez de ejecución para que ser sustanciado por el tribunal de alzada; o la controversia judicial contra la determinación administrativa. Además, en el caso, no se está en alguno de los casos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), de la Ley de Amparo, a saber: Cuando sean actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Finalmente, tampoco se hace nugatorio el derecho fundamental del quejoso a acceder a un recurso, ya que al estar notificado de la calificación de legal del traslado, está en aptitud de apelar tal situación; caso contrario, en caso de que no se le hubiera comunicado tal situación, cabría el análisis constitucional para que se le comunicara tal situación y pudiera contar con un recurso para modificar o nulificar el traslado. Desechamiento de la demanda. Consecuentemente, conforme a la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ****, por el acto reclamado consistente en la orden de traslado de un Centro de Reclusión del que se encuentra interno a otro. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable.

  3. Principal

    Con la demanda de amparo de cuenta, ***, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo, y en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta mandará prevenir al quejoso para que llene los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, para así tener oportunidad de subsanarlas en tiempo. Con fundamento en lo establecido en la fracción I, del artículo 114, en relación con el diverso 6, de la ley de la materia, requiérase al quejoso directo para que: Único. Bajo protesta de decir verdad, indique si, contra la orden de traslado que reclama, interpuso el recurso de apelación previsto en el numeral 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; o, en su caso, medio ordinario de defensa distinto. Se apercibe a la parte promovente que, de no dar cumplimiento con los puntos descritos de la prevención formulada, se tendrá por no presentada la demanda de amparo; ello de conformidad con el numeral 114 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que, cuenta con cinco días hábiles legalmente computados una vez que ratifique la demanda o bien, puede realizarlo en el acto de la diligencia. Ahora, toda vez que el quejoso manifiesta que se encuentra recluido en el Centro Estatal de Readaptación Social de esta ciudad, se comisiona al actuario adscrito a fin de que:

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