Osiris Navarrete Pedraza
Expediente 697/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Osiris Navarrete Pedraza
Actuaciones
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de cinco de julio del año en curso, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que ***, adjuntó a su escrito de demanda documentos originales; por tanto, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo Primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acudan ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos, en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho plazo, y de ser el caso, podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de cinco de julio actual, que en lo conducente dice: Visto el escrito de demanda que promueven ***, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Administración Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, así como los Verificadores, Notificadores y/o Ejecutores de su adscripción, todos con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato "3" de la Administración General de Recaudación, Administración Local de Recaudación de Celaya de la Administración General de Recaudación y todos los Verificadores, Notificadores y Ejecutores adscritos a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato "3", las últimas autoridades con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, por violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 697/2017-IV.2, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Como cuestión previa, cabe señalar que las tesis aisladas y de jurisprudencia que se citarán en el presente acuerdo, se aplican en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a dicha legislación. Ahora bien, lo que el quejoso concretamente reclama en esta vía constitucional es la ilegal notificación de veintisiete de junio de dos mil seis, de la resolución de veintiséis del mes y año mencionados, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por la que determina los créditos Fiscales 353715, 352716, 352717, 352718 y 353719, así como los actos que en ejecución de la misma se desprenden, entre los que destaca el citatorio y/o requerimiento de pago y/o embargo que tuvo lugar el dieciséis de junio de dos mil diecisiete en la calle *** Celaya, Guanajuato, este último que atribuye a los verificadores, notificadores y/o ejecutores adscritos a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato "3", con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. En virtud de lo anterior este Juzgado Federal estima que la demanda de amparo debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia. Al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda de amparo promovida se estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable, la diversa causal de improcedencia que se desprende del artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo; artículo y fracción que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. De lo antes transcrito, se obtiene que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, por lo que, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el promovente, previo a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar el medio de defensa ordinario, pues es claro que a través de él pudiese alcanzar la pretensión jurídica de nulificar el acto reclamado, y lograr que desaparecieren de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Ahora bien, los actos combatidos en esta constitucional son impugnables a través del juicio de nulidad previsto en el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso y Administrativo en relación con el numeral 3°, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, numerales que textualmente indican: Artículo 16 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso y Administrativo.- Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio contencioso administrativo federal, se estará a las reglas siguientes. Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de demanda. Artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. Es procedente invocar la jurisprudencia número 986, impresa a fojas 678, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del tenor siguiente: RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir el juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, la Ley que rige el acto contempla la suspensión de la ejecución del acto reclamado y no exige mayores requisito que los de la Ley de Amparo, tal y como se puede apreciar los artículos 24 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Resulta aplicable a lo anterior por lo que informa la jurisprudencia VI.3o.A. J/5 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada con Registro 2004254, en la página 1470, del Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011).- Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad. Igualmente es de observancia por analogía la jurisprudencia 130/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con Registro 2004553, en la página 1446, del Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.- El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por lo anterior, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XX, del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, no obstante que el quejoso señaló domicilio para recibir notificaciones de carácter personal en el presente asunto, el mismo está fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, esto en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; por tanto, atendiendo al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena notificar el contenido de este proveído en el domicilio ubicado en calle *** de esta Ciudad de Celaya, Guanajuato, ello en virtud de que fue en dicho inmueble donde se intentó ejecutar los créditos fiscales materia del presente asunto, hágase del conocimiento del Actuario Judicial de esta adscripción que deberá requerir al quejoso a efecto de que señale domicilio en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, para recibir notificaciones de carácter personal en el entendido de que en tanto no lo haga se tendrá como tal los ESTRADOS de este órgano jurisdiccional. Se tiene como autorizados de su parte a los licenciados ***, en términos amplios del primer párrafo del numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales registradas en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos restringidos del ordinal en cita a los licenciados ***, ello en virtud de que no tienen registradas sus cédulas profesionales en la base de datos de referencia. Con fundamento el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo expuesto y fundado en los artículos 61, fracción XX y 113, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por ***, por las consideraciones vertidas en el presente proveído.
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