Osvaldo Herrera Arellano y Otros.

Expediente 319/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
319/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
17/11/2020

Partes del expediente

  • Osvaldo Herrera Arellano y Otros.
  • Osvaldo Herrera Arellano
  • E. I. H. M. y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    "... Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de tres de noviembre de dos mil veinte que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En ese tenor, se ordena ARCHIVAR el presente asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal..."

  2. Principal

    "... Vista la diligencia de ratificación de treinta de octubre del año en curso, de la que se advierte que el quejoso ********************, compareció a ratificar el contenido del escrito presentado a través del buzón judicial de los Juzgados Décimo Primero y Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y turnado a la oficialía de partes común, mediante el cual desahogó la prevención formulada en auto de catorce de octubre de este propio año y al efecto se provee: DESECHAMIENTO Ahora bien, de la lectura del escrito de demanda, se desprende como acto reclamado el siguiente: La resolución de veintitrés de julio de dos mil veinte, dictada en las Diligencias Prejudiciales para la Constitución del Depósito Judicial 319/2020, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Papantla, Veracruz, que determina no ha lugar al depósito juncial de los menores de iniciales ******************** y ********************. En ese sentido, resulta oportuno traer a contexto el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto transcrito autoriza a la autoridad Federal de Amparo, a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. La improcedencia ocasiona que el órgano jurisdiccional se encuentre imposibilitado para dirimir la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a dicha institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia. Como soporte de lo anterior se cita la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a letra dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso se considera que se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley la materia, relativa a la observancia del principio de definitividad, el cual se transcribe a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." En primer término, es pertinente dejar asentado, que dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen este medio de control constitucional, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III, inciso a) y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante mencionar que el principio de definitividad se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. El principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos humanos contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII, del artículo 107 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Al respecto, conviene invocar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7, Tomo XXVII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro 338185, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. Siendo el amparo un remedio constitucional extraordinario, es conforme a su esencia y naturaleza, que sólo procede contra actos respecto de los cuales la ley no concede remedio alguno, por virtud del cual puedan repararse, en la vía común, los perjuicios que dichos actos causen, y que, por tanto, se hallen agotados todos los remedios ordinarios, llámense juicio o recurso, que la ley del acto establezca para esa posible reparación, de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario, con notoria violación del espíritu jurídico y fin político que informó su creación, pues no se tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución política de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional, y por lo mismo, dentro de un sistema jurídico racional y lógico, no puede acudirse a él, cuando en el orden común exista todavía un remedio legal, que haga posible la reparación del perjuicio que cause el acto que lo motiva, por otra parte, sólo habiendo perjuicio, puede haber motivo para que pida amparo la persona que resienta aquél, por causa de una ley o de un acto; y cesando al perjuicio, cesa también el derecho de promover amparo y surge la improcedencia de éste. Mientras el perjuicio pueda ser reparado en la vía común, a ella debe acudirse, de modo que cuando la ley del acto envía a dilucidar previamente la cuestión del perjuicio a un juicio, (y este es el caso del artículo 10 de la Ley Agraria), o establece expresamente algún medio legal para repararlo, mientras ese juicio no se siga, o el recurso no se agote, no puede saberse si el perjuicio existe, y por tanto, si el amparo procede; y si el perjuicio se consiente por no usar de los medios legales que establece el estatuto del acto, tampoco se está ya capacitado para pedir el amparo, puesto que el consentimiento del perjuicio purga el acto del vicio legal, y al que lo consintió no se le priva de derecho alguno; no obsta a lo dicho, que la Constitución General y la Ley de Amparo, hayan adoptado ese criterio expresamente para asuntos judiciales, porque de ello no se deduce que prohíba adoptarlo para asuntos administrativos, pues donde existe la misma razón legal, debe existir la misma disposición de derecho, tanto más, cuanto que en ningún texto de la Constitución, consta que se haya establecido esa excepción." En efecto, para resolver el presente asunto es oportuno citar el contenido del artículo capítulo II del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, relativo al depósito o guarda de personas como acto prejudicial, del tenor siguiente: ".ARTICULO 158.- En los casos previstos por el artículo 156 del Código Civil y en todo aquél en que alguna persona intente demandar a su cónyuge, concubino o pariente por ambas líneas hasta el cuarto grado, podrá dictarse provisionalmente el depósito o guarda del cónyuge que esté en el caso de ser protegido física o moralmente de acuerdo con la ley. ARTICULO 159.- Sólo los jueces de primera instancia pueden decretar el depósito de que habla el artículo anterior, a no ser que, por circunstancias especiales, no pueda ocurrirse al juez competente, pues entonces el juez del lugar donde ocurra la emergencia podrá decretar el depósito provisionalmente, remitiendo las diligencias al competente y poniendo la persona a su disposición. ARTICULO 160.- La solicitud de depósito puede ser escrita o verbal, y en ella se señalaran las causas en que se funda, el domicilio para su habitación, la existencia de hijos menores y las demás circunstancias del caso. El juez acompañado del secretario del juzgado debe proceder de inmediato, trasladándose al lugar de los hechos, para cerciorarse de la necesidad de la medida, y designará desde luego, en su caso, la persona o institución que habrá de encargarse del depósito y vigilará el cumplimiento del mismo. Si la solicitud de depósito se origina por causa de violencia familiar, el juez, acompañado del secretario del juzgado, podrá practicar las diligencias que a su juicio sean necesarias para declarar la práctica de la medida. ARTICULO 161.- La casa o institución en que deba constituirse el depósito, será en todo caso, designada por el juez; y el depositario deberá ser persona honorable, de buenas costumbres, e idónea para la seguridad y guarda del depositado. ARTICULO 162.- En los casos previstos por la fracción III, del artículo 156 del Código Civil, el Juez dictará las medidas que crea convenientes para que, sin perjuicio de la resolución que recaiga en la sentencia de divorcio, los acreedores alimentarios, inclusive el cónyuge en su caso, queden protegidos y asegurados en la percepción de alimentos. Igualmente dictará las medidas adecuadas, de acuerdo con las restantes fracciones del precepto citado del Código Civil, para el aseguramiento y cuidado de los hijos, para evitar perjuicio de un cónyuge al otro, para cumplir con las precauciones establecidas en el caso de que la mujer quede encinta, y las demás que prevenga la Ley. Los derechos contemplados en el presente capítulo también podrán ejercerlos los concubinos, así como los parientes por ambas líneas hasta el cuarto grado de la persona que pretendan demandar. Cualquiera reclamación sobre las medidas a que se refiere este Capítulo, se resolverán con un solo escrito de cada parte, sin ulterior recurso." De lo trascrito, se advierte que, tratándose de medidas relativas al depósito o guarda de personas, son recurribles en reclamación. Así es, la resolución de veintitrés de julio de dos mil veinte, dictada en las Diligencias Prejudiciales para la Constitución del Depósito Judicial 319/2020, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Papantla, Veracruz, en la que determina no ha lugar decretar el depósito juncial de los menores de iniciales ******************** y ********************, es reclamable a través de la reclamación, por lo que a la parte quejosa le permite acudir al recurso de reclamación, en que ha de sostener el agravio que considera le causa, por ello, si no agotó dicho recurso ordinario de reclamación, se incumple con el principio de definitividad, y el juicio de amparo resulta improcedente. Por lo que, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional a combatir los requerimientos en comento, debió agotar el aludido medio de defensa, porque existe la certeza de que dicho recurso es el idóneo para revocar o modificar los actos impugnados, y como no ha sido agotado, el presente juicio deviene improcedente, con fundamento en la citada fracción. Así es, la procedencia del recurso no requiere de una interpretación adicional, o que el fundamento sea insuficiente para determinar su procedencia, en términos del artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada a foja 1665, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Así las cosas y en atención a que la parte quejosa se duele de la resolución de veintitrés de julio de dos mil veinte, dictada en las Diligencias Prejudiciales para la Constitución del Depósito Judicial 319/2020, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Papantla, Veracruz, en la que determina no ha lugar decretar el depósito juncial de los menores de iniciales ******************** y ********************, resulta improcedente la vía constitucional, dado que como parte en el juicio de origen está obligada a impugnar el acto reclamado mediante el recurso de reclamación, y en su momento, de no convenir a sus intereses la resolución, estará en condiciones de promover lo que en derecho corresponda. Se afirma lo anterior, dado que el acto que reclama no constituye alguno de los supuestos de excepción referidos en párrafos precedentes puesto que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimientos, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, y tampoco se trata de persona extraña al procedimiento. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad, procede desechar la demanda, de conformidad con el contenido del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo..."

  3. Principal

    "...Agréguese el escrito supuestamente firmado por el quejoso, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada el catorce de octubre del año en curso; sin embargo, se observa que la signatura que calza el ocurso de cuenta es notoriamente discrepante con la estampada en el escrito inicial de demanda de amparo, tal como lo hizo constar el Secretario de la adscripción en la certificación de cuenta. Por tanto, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le requiere para que en el acto de la diligencia de notificación que al efecto realice el Actuario de la adscripción; o, dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca en horas días y horas hábiles ante este juzgado debidamente identificado, para que en diligencia formal ratifique el contenido y firma del libelo de mérito, apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta. En el entendido, que si después de reconocer como propia la firma a ratificar, se advierte que es notoriamente diferente con las plasmadas con anterioridad, se podrá hacer uso de la facultad que tiene el suscrito para ordenar el desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, de conformidad con el criterio sostenido por la Segunda Sala en la Tesis 2ª./J.59/2017 (10), visible en la página mil doscientos treinta y cuatro, Tomo II correspondiente al mes de Junio de dos mil diecisiete, materia (s): Constitucional, Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." Para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte..."

  4. Principal

    "... Visto el estado de autos, del que no se advierte que le haya sido notificado a la parte promovente el acuerdo de catorce de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se previno para que aclarara su demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 17 Constitucional y obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena al Actuario Judicial adsrito para que notifique dicho proveído a la parte quejosa...." PROVEÍDO DE CATORCE DE OCTUBRE QUE SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS "...Visto el escrito de demanda de amparo instaurada por... por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales... contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Papantla, Veracruz, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 319/2020-IV. Ahora, a efecto de proveer respecto a la admisión del escrito constitucional, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se puede advertir del artículo anterior, el suscrito al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir: Irregularidades, como podría ser el omitirse acreditar la personalidad con la que se ostenta el promovente, imprecisión o deficiencias en los antecedentes de los actos reclamados, etcétera; Omisión en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la ley de la materia, como el señalamiento preciso de la autoridad señalada como responsable. Imprecisión del acto reclamado, así como la falta de exhibición de las copias que señala el numeral 110 de la ley reglamentaria. En vinculación con lo anterior, el artículo 108, fracciones V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.]" V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [.]" Cabe destacar que de la lectura de la demanda de amparo se desprende que el promovente señala como acto reclamado: ".De la C. Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, de la ciudad de Papantla, Ver., se le reclama la RESOLUCIÓN de fecha 23 de Julio del año en curso 2020 mediante la cual no decreta el depósito judicial que solicité de mis dos menores hijos de iniciales********************., dictada en el expediente número ********************y publicada en la lista de acuerdos de fecha 23 de julio del año corriente 2020." Ahora, en su capítulo de antecedentes del acto reclamo, manifiesta lo siguiente: ".10.- No considere necesario mencionarlo y por eso en mi escrito inicial de fecha 14 de julio del año 2020, que dio lugar a la formación del expediente ********************ya referido antes, no lo mencioné, pero es cierto que existe el expediente número ********************del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Material Familiar, de la Ciudad de Papantla, Ver., relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por la señora ********************que se sigue en contra del suscrito ********************, en donde es cierto que yo RECONVINE la Guarda y Custodia preferente mis dos menores hijos ya multireferidos, pero también es cierto que ese juicio se inició en el año 2019 y hasta ahora en este año 2020 aún no termina en primera instancia, lo que significa que para que se resuelva sobre la guarda y custodia que estoy demandando en la vía reconvencional, no se ve para cuando se dicte sentencia al respecto en ese juicio ********************, estamos en el mes de octubre del 2020, lo que significa que en ese juicio ********************hay posibilidad de que se resuelva mediante sentencia en primera instancia en algún mes del año 2020, y las cosas o las causas que motivan al depósito judicial de mis dos menores hijos que solicité según expediente ********************ya referido antes, me estoy enterando en el mes de marzo de este año 2020." En ese sentido, al suscrito no le resultan claros los antecedes de los actos reclamados. Por tanto, cabe señalar que lo anterior constituye una imprecisión que puede dar lugar a diversas confusiones, verbigracia: a. La autoridad responsable no podría rendir su informe correctamente. b. Los terceros perjudicados, que en su caso tengan ese carácter, no sabrían claramente de qué defenderse. c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo. Lo expuesto, por similitud jurídica, encuentra sustento en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página seiscientos noventa y siete, tomo IX, Materia Común, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Como se advierte, la demanda de amparo deviene imprecisa, puesto que no son claros los antecedentes de los actos reclamados. Imprecisión que cobra relevancia en la especie, toda vez que deja en estado de indefensión a la autoridad responsable, ya que al momento de rendir su informe no sabrá con claridad cuál es el acto que le reclama, amén que incide directamente en determinar al momento de pronunciarse sobre la medida suspensional peticionada. Ante tales irregularidades, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, en relación con el 114, de la ley de la materia, así como con la jurisprudencia número 211 de rubro: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA." que puede consultarse en la página 144, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, se previene a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, por escrito, BAJO PROTESTAD DE DECIR VERDAD y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para distribuirse entre todas las partes, realice lo siguiente: 1. Indique la naturaleza del juicio ********************del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Papantla, Veracruz; y, en qué estado se encuentra. 3. Aclare si en el juicio ********************del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Papantla, Veracruz, ya se decretó algún depósito de menores y, en caso de ser así, en favor de quien fue fijado. 4. Si promovió algún recurso en contra de la resolución de veintitrés de julio del año en curso dentro del juicio ********************del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Papantla, Veracruz. Lo anterior, a fin de fijar correctamente la litis constitucional y no restringir el derecho de defensa de la autoridad responsable y garantizar en su momento, la rendición correcta y completa del informe que le sea peticionado, a más de determinar la procedencia de este controvertido constitucional. Cabe aclarar que al escrito mediante el cual dé cumplimiento a la prevención que se le formula, deberá acompañar cinco copias, ello, para ser distribuidas a cada una de las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la ley de la materia, esto es, una para la autoridad responsable, dos para el incidente de suspensión, una para la tercera interesada y una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. El requerimiento que al efecto se emite, conlleva el apercibimiento que, de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado ordinal 114 de la Ley de Amparo, que dispone: "Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada." Se precisa a la parte promovente que, de incurrir en hechos falsos al desahogar la prevención formulada, este juzgado procederá conforme lo previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo que establece: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.] TRAMITACIÓN DEL ASUNTO "EN LÍNEA" Con base en lo dispuesto en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a que, de ser posible, realicen la tramitación mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual, deberán señalar su usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea o el de quien los represente, así como solicitar la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas; incluso podrán señalar los correos de las restantes partes si tuvieren conocimiento de ellos. Asimismo, podrán promover mediante el uso de la firma electrónica certificada vigente del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de la e.firma (antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, con el objeto de limitar la propagación de la epidemia generada por el Coronavirus (COVID-19), y evitar el eventual contagio de los servidores públicos que laboran en esta institución, así como de los justiciables y ciudadanos en general, a más de proteger el derecho humano a la salud y toda vez que, conforme a los citados Acuerdos Generales, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como el diverso 21/2020, emitido también por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen la necesidad de privilegiar el trabajo a distancia, haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias. Para la actuación desde el Portal referido, las partes o sus representantes deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de las notificaciones electrónicas de las resoluciones que se dicten, así como proporcionar su nombre de usuario, acorde a lo señalado en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y, en su caso, si desean participar en la celebración de videoconferencias, lo que deberán manifestar expresamente en el término de tres días, para estar en condiciones de generar el id correspondiente, ello, sin perjuicio de formular alegatos por escrito o de manera digital..."

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 3,850 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano