Oscar Vicencio Vázquez
Expediente 404/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Oscar Vicencio Vázquez
Actuaciones
- Principal
"....Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de uno de septiembre de dos mil veintiuno que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En ese tenor, se ordena ARCHIVAR el presente asunto como concluido. En otro orden, se advierte que el promovente exhibió documentos junto a su escrito de demanda; por tanto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se dejan a su disposición en la secretaría de este juzgado, los cuales, previa cita, podrá comparecer a recoger ante este juzgado con identificación oficial, para lo cual se asentará razón de recibo. En el entendido que, para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, se hace del conocimiento de la promovente que de no comparecer a recoger los documentos dentro del término de noventa días, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente proveído, correrán la suerte del expediente cuando se efectúe la destrucción de éste, de conformidad con lo dispuesto en los puntos Décimo Primero, párrafo último, Vigésimo primero, párrafo primero y Vigésimo Segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal...."
- Principal
LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "....Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de uno de septiembre de dos mil veintiuno que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En ese tenor, se ordena ARCHIVAR el presente asunto como concluido. En otro orden, se advierte que el promovente exhibió documentos junto a su escrito de demanda; por tanto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se dejan a su disposición en la secretaría de este juzgado, los cuales, previa cita, podrá comparecer a recoger ante este juzgado con identificación oficial, para lo cual se asentará razón de recibo. En el entendido que, para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, se hace del conocimiento de la promovente que de no comparecer a recoger los documentos dentro del término de noventa días, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente proveído, correrán la suerte del expediente cuando se efectúe la destrucción de éste, de conformidad con lo dispuesto en los puntos Décimo Primero, párrafo último, Vigésimo primero, párrafo primero y Vigésimo Segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal...."
- Principal
"... Visto el escrito de demanda de amparo instaurada por ******, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 404/2021-IV-A. DESECHAMIENTO De la anterior disposición legal se desprende que se debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el impetrante de amparo, previo acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. En principio, es menester puntualizar que al quejoso no le reviste el carácter de tercero extraño al proceso penal 08/2020, de donde emana el acto reclamado, pues según su la narrativa, realizada bajo protesta de decir verdad, resulta ser procesado en el mismo, en donde ya se dictó auto de formal prisión en su contra, por lo que estuvo en aptitud legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra del acto reclamado. De la interpretación del precepto transcrito, se puede advertir que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. En efecto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa. De manera que, antes de promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento, pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus derechos constitucionales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto reclamado. De la lectura de los preceptos legales transcritos, se evidencia que en contra lo resuelto en los incidentes no especificados, procede un medio impugnación ordinario, como es, el recurso de apelación, el cual debe interponerse ante órgano que dictó la resolución impugnada, quien a su vez remitirá al superior las actuaciones o constancias para la celebración de una audiencia para decidir en definitiva sobre el hecho controvertido. Ahora, en el caso que nos ocupa, el quejoso reclama en esta instancia constitucional el auto dictado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, por el Jueza Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, en la causa penal ********, que se le sigue al quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de *********, previsto y sancionado por el artículo 216, fracción IV, del Código Penal del Estado de Veracruz, perpetrado en agravio de más de doscientas dos agraviados, derivado de los hechos en que está involucrada la ****************; mediante el mencionado auto el juzgador resolvió el incidente no especificado fijando al procesado, aquí quejoso, una garantía económica para gozar del beneficio de la libertado provisional bajo caución. En esa tesitura, se advierte que en contra de dicha actuación procede el medio de impugnación ordinario previsto en el artículo 320, fracción V, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, toda vez que, como ya se dijo, de su contenido se evidencia que, los autos que resuelvan incidentes no especificados pueden ser impugnados a través del recurso de apelación. De ahí que, es inconcuso que en el caso la parte quejosa, de manera previa a acudir a instar la acción constitucional, debió controvertirlo a través del medio de impugnación ordinario que prevé la norma, para así agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. No es obstáculo a la anterior determinación, la circunstancia de que el acto reclamado pueda considerarse como de imposible reparación, ya que se reitera que, para que el juicio de amparo sea procedente, es necesario que el que se queja de la violación de los derechos fundamentales, de modo previo a ejercer su derecho de tutela de las mismas, interponga el recurso o medio de defensa que la ley que regula al acto reclamado establezca. Toda vez que si con el medio de impugnación logra anular los efectos que le causan agravio, es evidente que el interesado no debe acudir a un medio extraordinario de protección de sus derechos esenciales cuando tiene al alcance los recursos con los que logrará el mismo objetivo, pues de otra manera el juicio de amparo se convertiría en un medio ordinario de defensa más. Además, el principio de definitividad no pugna con la irreparabilidad de un acto ejecutado dentro de un procedimiento jurisdiccional, porque el acto reclamado puede o no ser irreparable, pero ello no implica una excepción absoluta a la regla contenida, porque únicamente así sería si la ley o los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación, especialmente indicaran que el acto que en esta vía se reclama deba ser combatible a través del juicio de amparo por la vía indirecta, sin agotar previamente el recurso que contra dicha sentencia la ley que lo regula establece. A mayor abundamiento, debe decirse que esta causa de improcedencia no tiene como finalidad regular actos dentro del juicio de ejecución irreparable, sino que expresamente descansa sobre la posibilidad de que el acto reclamado pueda ser impugnado eficazmente, en virtud del recurso o medio de defensa ordinario a través del cual el gobernado pueda lograr que el acto de autoridad del que se queja deje de provocarle perjuicio, de manera que el juicio de amparo únicamente quede reservado como un medio extraordinario de defensa a fin de evitar que contra cualquier acto de autoridad, sin condición alguna, se active la tutela constitucional reservada para los órganos jurisdiccionales de la Federación. En ese contexto, evidente resulta que el promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XX, del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, lo que no hizo; por tanto, resulta inconcuso que el peticionario de amparo está en posibilidad legal de hacer valer el medio de defensa procedente en contra del auto reclamado. En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, prevista en la fracción XX, del artículo 61, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, con apoyo en el artículo 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por su manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir y oír notificaciones el que señala en su escrito de demanda; en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen como autorizados en términos restringidos de conformidad con la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175, en relación con los diversos 180, 181 y 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, se ordena a la secretaria encargada de la mesa I, supervise que la analista jurídica encargada de la captura y actualización de datos de los distintos asuntos del conocimiento de este Juzgado de Distrito, capture su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como los datos que aseguren la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE, en relación al presente juicio de amparo..."
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LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "...Visto el escrito de demanda de amparo instaurada por ******, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 404/2021-IV-A. DESECHAMIENTO De la anterior disposición legal se desprende que se debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el impetrante de amparo, previo acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. En principio, es menester puntualizar que al quejoso no le reviste el carácter de tercero extraño al proceso penal 08/2020, de donde emana el acto reclamado, pues según su la narrativa, realizada bajo protesta de decir verdad, resulta ser procesado en el mismo, en donde ya se dictó auto de formal prisión en su contra, por lo que estuvo en aptitud legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra del acto reclamado. De la interpretación del precepto transcrito, se puede advertir que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. En efecto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa. De manera que, antes de promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento, pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus derechos constitucionales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto reclamado. De la lectura de los preceptos legales transcritos, se evidencia que en contra lo resuelto en los incidentes no especificados, procede un medio impugnación ordinario, como es, el recurso de apelación, el cual debe interponerse ante órgano que dictó la resolución impugnada, quien a su vez remitirá al superior las actuaciones o constancias para la celebración de una audiencia para decidir en definitiva sobre el hecho controvertido. Ahora, en el caso que nos ocupa, el quejoso reclama en esta instancia constitucional el auto dictado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, por el Jueza Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, en la causa penal ********, que se le sigue al quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de *********, previsto y sancionado por el artículo 216, fracción IV, del Código Penal del Estado de Veracruz, perpetrado en agravio de más de doscientas dos agraviados, derivado de los hechos en que está involucrada la ****************; mediante el mencionado auto el juzgador resolvió el incidente no especificado fijando al procesado, aquí quejoso, una garantía económica para gozar del beneficio de la libertado provisional bajo caución. En esa tesitura, se advierte que en contra de dicha actuación procede el medio de impugnación ordinario previsto en el artículo 320, fracción V, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, toda vez que, como ya se dijo, de su contenido se evidencia que, los autos que resuelvan incidentes no especificados pueden ser impugnados a través del recurso de apelación. De ahí que, es inconcuso que en el caso la parte quejosa, de manera previa a acudir a instar la acción constitucional, debió controvertirlo a través del medio de impugnación ordinario que prevé la norma, para así agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. No es obstáculo a la anterior determinación, la circunstancia de que el acto reclamado pueda considerarse como de imposible reparación, ya que se reitera que, para que el juicio de amparo sea procedente, es necesario que el que se queja de la violación de los derechos fundamentales, de modo previo a ejercer su derecho de tutela de las mismas, interponga el recurso o medio de defensa que la ley que regula al acto reclamado establezca. Toda vez que si con el medio de impugnación logra anular los efectos que le causan agravio, es evidente que el interesado no debe acudir a un medio extraordinario de protección de sus derechos esenciales cuando tiene al alcance los recursos con los que logrará el mismo objetivo, pues de otra manera el juicio de amparo se convertiría en un medio ordinario de defensa más. Además, el principio de definitividad no pugna con la irreparabilidad de un acto ejecutado dentro de un procedimiento jurisdiccional, porque el acto reclamado puede o no ser irreparable, pero ello no implica una excepción absoluta a la regla contenida, porque únicamente así sería si la ley o los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación, especialmente indicaran que el acto que en esta vía se reclama deba ser combatible a través del juicio de amparo por la vía indirecta, sin agotar previamente el recurso que contra dicha sentencia la ley que lo regula establece. A mayor abundamiento, debe decirse que esta causa de improcedencia no tiene como finalidad regular actos dentro del juicio de ejecución irreparable, sino que expresamente descansa sobre la posibilidad de que el acto reclamado pueda ser impugnado eficazmente, en virtud del recurso o medio de defensa ordinario a través del cual el gobernado pueda lograr que el acto de autoridad del que se queja deje de provocarle perjuicio, de manera que el juicio de amparo únicamente quede reservado como un medio extraordinario de defensa a fin de evitar que contra cualquier acto de autoridad, sin condición alguna, se active la tutela constitucional reservada para los órganos jurisdiccionales de la Federación. En ese contexto, evidente resulta que el promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XX, del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, lo que no hizo; por tanto, resulta inconcuso que el peticionario de amparo está en posibilidad legal de hacer valer el medio de defensa procedente en contra del auto reclamado. En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, prevista en la fracción XX, del artículo 61, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, con apoyo en el artículo 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por su manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir y oír notificaciones el que señala en su escrito de demanda; en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen como autorizados en términos restringidos de conformidad con la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175, en relación con los diversos 180, 181 y 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, se ordena a la secretaria encargada de la mesa I, supervise que la analista jurídica encargada de la captura y actualización de datos de los distintos asuntos del conocimiento de este Juzgado de Distrito, capture su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como los datos que aseguren la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE, en relación al presente juicio de amparo..."
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