Oskar Maldonado Vera

Expediente 94/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
94/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
12/04/2023

Partes del expediente

  • Oskar Maldonado Vera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, la parte quejosa no interpuso recurso de inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente juicio como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18 fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso numeral 7.1.1 apartado 1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este asunto, es susceptible de depuración, ya que se otorgó el amparo solicitado.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio que suscribe el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en Toluca, Estado de México, a través del cual informa que dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para acreditar lo anterior, exhibe copia certificada del laudo dictado el catorce de febrero de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral ********************. Con lo anterior, dese vista a las partes para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a sus intereses convenga; bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, es decir, realice lo siguiente: ". resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda en los autos del juicio laboral ********************, cumpla el proceso de aprobación del proyecto de laudo, previsto en la legislación de la materia, hasta su engrose." APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se impondrá a la persona física que ostente dicho cargo una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. Sin perjuicio de lo anterior, dado que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico, para efectos del cumplimiento de la presente ejecutoria, también se le apercibe que, en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    S E N T E N C I A: Mediante la cual se resuelven los autos del juicio de amparo número 94/2023-III-A; promovido por, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México; Oskar Maldonado Vera, por propio derecho demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de las autoridades y actos que se precisan a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Como Ordenadora y Ejecutora: el TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, con domicilio ubicado en (.). IV.- EL ACTO RECLAMADO: Lo constituye el acto consistente en la omisión de dictar el proyecto de resolución en forma de LAUDO en términos del artículo 242, 242 BIS, 243 y 244 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, de manera supletoria el artículo 916, 917 y 918 de la Ley Federal del Trabajo tramitado en el juicio laboral 1763/2019, omisión cometida por el TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO." Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número 94/2023-III-A, se admitió a trámite por auto veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en ese mismo auto se requirió el informe de ley, seguido el juicio por sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 en relación con el 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por reclamarse una omisión a una autoridad del trabajo, cuya residencia se localiza dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado y autoridades responsables. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De conformidad con el análisis del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, la omisión de emitir el laudo en el expediente laboral 1763/2019, de su índice. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, pues al rendir su informe con justificación el Presidente de dicho Tribunal lo aceptó. En ese sentido, es aplicable la tesis de jurisprudencia que a la letra se integra de la siguiente forma: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Aunado a que de la constancia que adjuntó al mismo, se advierte su certeza, pues del contenido del auto de catorce de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 1763/2019, ya que en términos del artículo 242 de la Ley de del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos al Auxiliar Dictaminador; documental a la que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por tratarse de un documento público expedido por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, localizable en el Apéndice de 1995, materia común, Tomo VI, página 153, registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio de la causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". No obstante lo anterior, es menester señalar que no existen causas de improcedencia propuestas por las partes o que este órgano jurisdiccional advierta de oficio; motivo por el cual, procede el análisis de la regularidad constitucional del acto reclamado, al tenor de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa. QUINTO. Conceptos de violación. Se hace innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, en la medida en que no existe dispositivo legal alguno que la exija, pues lo que se exige es que se analice el acto reclamado, al tenor de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa en el escrito de demanda, conforme a los principios de congruencia y exhaustividad, previstos en los artículos 73 a 77 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, Mayo 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. El quejoso en esencia aduce que la responsable viola en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 constitucional, en virtud de que no se le ha administrado justicia en los términos y plazos que fijan las leyes, incumpliéndose las formalidades esenciales del procedimiento. El aludido argumento, es fundado y suficiente para otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, aunque para ello deba suplirse en su deficiencia, con apoyo en la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo. De inicio, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.". El precepto constitucional referido, consagra el llamado derecho a la jurisdicción y cuyo espíritu es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia, las controversias de interés sometidas a su consideración. El requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial, descrito con exactitud en el propio párrafo segundo, que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos fijados en las leyes; de esta manera, se puede afirmar que la impartición de justicia adecuada se produce, en cuanto mira a la celeridad, es decir, si las autoridades emiten sus resoluciones, en general, dentro de los plazos y términos legales, elementos que se introducen en la secuela procedimental para determinar con precisión el avance de una etapa, al tiempo de brindar seguridad jurídica a las partes a fin de que puedan realizar, dentro del tiempo establecido por la ley, la conducta procesal que les corresponda, carga que también le impone la ley a la autoridad juzgadora, para que pronuncie sus resoluciones dentro de un espacio temporal determinado. Asimismo, los artículos 242, 242 Bis, 243 y 244 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en lo que interesa, establecen: "Artículo 242. Una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción y se turnarán los autos al C. Auxiliar Dictaminador, para que emita el proyecto de laudo correspondiente, observando el principio de celeridad procesal. Artículo 242 BIS. Una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no mayor de 15 días. Artículo 243. En la sesión en que se dicte resolución se observarán las siguientes reglas: I. El presidente dará lectura a su propuesta de laudo; II. Acto seguido se abrirá, en su caso, la discusión correspondiente; III. Finalmente el presidente recogerá la votación y declarará el resultado. Artículo 244. Si la propuesta fuere aprobada, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal o de la Sala. Si se le hicieran modificaciones o adiciones, se harán constar en el acta y el presidente ordenará que de inmediato se redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. Una vez firmado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato lo notifique personalmente a las partes. Así, de las constancias que obran en autos, se advierte en lo que aquí interesa que: en proveído de catorce de julio de dos mil veintidós, el tribunal responsable cerró instrucción y ordenó turnar los autos del expediente 1763/2019 al Auxiliar Dictaminador para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, sin que a la fecha haya dictado el mismo. De lo anterior, se advierte que al día de la fecha ha transcurrido en exceso el plazo de quince días a que se refiere el artículo 242 Bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, consecuentemente, se han vulnerado los preceptos siguientes, pues al no haberse emitido el proyecto de laudo, no se ha continuado con las diversas etapas de su dictado. Por tanto, se estima que el tribunal responsable vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho a una administración de justicia expedita, pronta, completa e imparcial, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. En ese sentido, se concluye que la dilación reclamada por el promovente del amparo vulnera el derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la autoridad responsable debe acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional; independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que la autoridad debe realizar dentro del ámbito de sus facultades las actuaciones necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, no así retardarlo injustificadamente. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia IV.3o.T. J/57, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible en la página: 1283, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del texto: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional.". Por ende, es evidente que el tribunal responsable no ha cumplido con lo establecido en los artículos 242, 242 Bis, 243 y 244 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, ya que al día de hoy no ha emitido el laudo en el juicio laboral 1763/2019, violando en perjuicio de la parte quejosa el principio de administración de justicia pronta y expedita a que se contrae el artículo 17 constitucional, prolongando la administración de justicia en forma injustificada. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 113/2001, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Materia Constitucional, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya literalidad es: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." En ese orden, como las responsables no observaron el derecho humano que consagra el artículo 17 de la Carta Magna, lo procedente es OTORGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado, para el efecto de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, inmediatamente a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, de no haberlo hecho ya, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda en los autos del juicio laboral 1763/2019, cumpla el proceso de aprobación del proyecto de laudo, previsto en la legislación de la materia, hasta su engrose. Sin que el resultado que se obtenga, sea objeto de análisis en el presente juicio. Lo anterior, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben delimitarse en función del acto reclamado y, en consideración, a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, lo cual ha sido plasmado en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, página 732, del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En el entendido de que una vez que emita el laudo respectivo y lo informe a este juzgado, deberá remitir la constancia que lo acredite. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Oskar Maldonado Vera, contra la omisión de emitir el laudo en el expediente 1763/2019, que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, para los efectos precisados en el diverso último de esta sentencia. ***

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