Óscar Zarza Zepeda
Expediente 1457/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1457/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2023
Partes del expediente
- Óscar Zarza Zepeda
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy el quejoso no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto al solicitante del amparo, ya que fue a éste a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento a los artículos 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; que establece que una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio y carece de relevancia documental. .
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de octubre de dos mil veintitrés. INFORMES JUSTIFICADOS Agréguense los oficios signados por la Presidenta y el Auxiliar de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, a través de los cuales, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinden su informe justificado y la primera remite diversas constancias en copias certificadas derivadas del expediente laboral +++++ de su índice. Por lo anterior; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la oficiante las constancias documentales que remite, y dada su naturaleza por admitidas y desahogadas. Previo a emitir pronunciamiento alguno, es dable recordar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: La resolución emitida el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que hizo valer en el expediente laboral +++++ contra el proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en el que se le previno para subsanar su demanda. Ahora bien, de las constancias que enviaron las autoridades responsables, se advierte que el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, el Auxiliar de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, regularizó el procedimiento dentro del expediente laboral +++++respecto del segundo resolutivo de la resolución emitida el dieciséis de agosto de este año, en el que precisó: ".II.- Se declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones del acuerdo de prevención de fecha 25 de septiembre de 2020, interpuesto por la +++++ actora en el principal, en términos del considerando último que antecede." Siendo lo correcto lo siguiente: ".II.- Se declara procedente el incidente de nulidad de actuaciones del acuerdo de prevención de fecha 25 de septiembre de 20202 (sic), interpuesto por la LIC. +++++ apoderada legal de la parte actora en el principal.", en dicho acuerdo, quedando subsistente el resto del mismo, todo lo anterior para los efectos legales a que haya lugar." Lo que permite determinar que el acto por el que se tramitó el presente asunto ha dejado de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En ese contexto, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, relativa a que subsiste el acto reclamado, pero no surte efecto legal por haber dejado de existir el objeto del mismo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia que el más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de derechos fundamentales. Así lo explica la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 241, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Ahora bien, en el caso se advierte que la parte quejosa el acto que tilda de inconstitucional es la resolución emitida el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que hizo valer en el expediente laboral +++++ contra el proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en el que se le previno para subsanar su demanda. Como se precisó en líneas anterior en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, el Auxiliar de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, regularizó el procedimiento dentro del expediente laboral +++++ respecto del segundo resolutivo de la resolución emitida el dieciséis de agosto de este año, en el que precisó que lo correcto era declarar procedente el incidente de nulidad de actuaciones hecho valer por el quejoso; queda de manifiesto que aun cuando subsiste el acto de autoridad reclamado, lo cierto es que la posible declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad que respecto de éste se hiciere, no tendría ningún efecto legal o material en la esfera jurídica de la parte quejosa, al haber dejado de surtir efectos. Es decir, aunque a la presente fecha subsiste el acto reclamado ya no surte efecto alguno, pues no vulnera en ninguna forma la esfera jurídica de derechos fundamentales del quejoso. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En consecuencia, a nada práctico conduciría estudiar su constitucionalidad, toda vez que jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría una eventual sentencia concesoria, pues dicha diligencia ya dejo de surtir efectos. Atendiendo a lo señalado en líneas que preceden, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo 1457/2023-II-B, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público, con apoyo en lo establecido por el ordinal 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda.". Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS; háganse las anotaciones respectivas.
- Principal
EN ATENCION AL CITATORIO DE TRECE DE OCTUBRE ULTIMO, SE NOTIFICA EL AUTO DE ONCE DE OCTUBRE ACTUAL A LA PARTE QUEJOSA, AUTO QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 795/2023-III-B, y testimonio de la ejecutoria de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el amparo en revisión ***, de su índice, en la cual se resolvió: "PRIMERO.- Queda firme la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *** contra las autoridades y actos indicados en el resultando primero de esta ejecutoria. Acúsese recibo; glósense las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente asunto como concluido. En acatamiento al artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; una vez que transcurran tres años de archivado el presente expediente, es susceptible de ser conservable, ya que se negó el amparo solicitado. Ahora, queda a disposición de la parte tercero interesada las copias certificadas que ofreció como prueba en el presente sumario, en el entendido de que deberá presentarse a recogerlas personalmente o bien por conducto de sus autorizados, dentro del término de noventa días, contado legalmente, bajo apercibimiento que una vez transcurrido el plazo concedido, serán destruidas. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable el anexo certificado que remitió como complemento a su informe justificado, sin que sea necesario acusar recibo en virtud de ser copias certificadas. **
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron recurso de inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente juicio como concluido. En acatamiento al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; una vez que transcurran tres años de archivado el presente expediente, es susceptible de ser conservable, ya que se otorgó el amparo solicitado.
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