Oscar Zarate Ramirez

Expediente 1186/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1186/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Oscar Zarate Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra un acto del Juez de Ejecución de Sentencias Penales de la Ciudad de Puebla, Puebla (sic). En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo y exhortación a las partes para que transiten hacia la actuación del "juicio en línea". Se hace saber al quejoso que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General * del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al quejoso para que transite hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la * certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes * En el caso, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que se reclama lo siguiente: ? Acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, emitido por el Juez de Ejecución de Sentencias Penales de la Ciudad de Puebla, Puebla, en el expediente CONTROVERSIA * de su índice. * Al respecto, esta autoridad considera que antes de acudir a esta instancia, la parte quejosa debió agotar el recurso de apelación previsto en los artículos 131 y 132, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque constituye un medio ordinario de defensa que está previsto contra el desechamiento de la controversia judicial; y al no haberlo agotado, debe estimarse que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establece: * Para explicar lo anterior, en primer lugar resulta importante destacar que de lo expuesto por la parte promovente en su escrito de cuenta, así como de lo advertido en los anexos que adjuntó a la misma, se advierte que en la determinación recurrida de catorce de noviembre del año en curso, el Juez de Ejecución de Sentencias Penales de la Ciudad de Puebla, Puebla, con base en el artículo 123, fracción III4 , de la Ley Nacional de Ejecución Penal, desechó la controversia presentada por el aquí quejoso Óscar Zarate Ramírez, contra un supuesto traslado de excepción, del Centro de Reinserción Social de Puebla a un centro penitenciario diferente * De los preceptos legales transcritos se desprende que aquellas resoluciones donde la autoridad deseche las solicitudes presentadas por las partes, pueden ser impugnadas a través del recurso ordinario de apelación. Por tanto, es válido afirmar que el promovente primero debe agotar dicho recurso previsto en los artículos 131 y 132, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contra la resolución de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente *, donde el Juez de Ejecución de Sentencias Penales de la Ciudad de Puebla, Puebla, con base en la fracción III5 , del artículo 123, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, desechó la controversia que hizo valer en contra de un posible traslado del Centro de Reinserción Social de Puebla a un centro penitenciario diferente. Sobre todo porque el mencionado recurso de apelación, está previsto para los sentenciados en un proceso penal, entre las cuales se ubica el quejoso, por tener el carácter de enjuiciado sujeto a la carpeta de ejecución *, y puede hacerlo valer contra la determinación de la que se duele, para el efecto de que tal determinación sea examinada por el tribunal de alzada que corresponda, a fin de que la confirme, modifique o revoque. Con base en lo anterior, procede desechar la demanda de amparo por el acto en comento, porque el quejoso decidió promover el juicio de amparo indirecto, sin agotar el recurso de apelación previsto en los artículos 131 y 132, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, aun cuando ese medio ordinario de imputación le permite someter el desechamiento de la controversia a un tribunal de segunda instancia, que puede revocarla, modificarla o confirmarla. * Máxime que la desatención del quejoso a la impugnación ordinaria del acto combatido en la demanda, no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Lo anterior, ya que resultan ajenas al caso las hipótesis de gravedad previstas en el artículo 156 de la Ley de Amparo, porque el acto consistente en el desechamiento de una controversia judicial, presentada por el quejoso en contra de un posible traslado, de ninguna forma encuadra en los actos de peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, entre otros de similar gravedad que prevé el artículo invocado. Sobre todo porque la figura llamada "controversia judicial", está regulada en la Ley Nacional de Ejecución Penal, la que si bien exige ciertos requisitos para interponer la apelación, no se traducen en un ataque a la libertad personal porque el interesado ya se encuentra interno en un centro de reclusión, y tiene a su alcance el recurso ordinario de impugnación contra el desechamiento en cita. Además, respecto al acto combatido no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, previstos en el ordinal 61, fracción XVIII7 , de la ley de la materia, porque * como se adelantó, el acto reclamado no encuadra en aquellos considerados graves como pudieran ser peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Y también porque el acto combatido no tuvo como consecuencia que se privara de la libertad al promovente, porque * ya se encontraba privado de la libertad compurgando una pena de prisión, desde antes de la solicitud que le fue desechada. En ese sentido, es posible afirmar que el reclamado acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, no afecta directa o indirectamente la libertad del quejoso, porque a través de este no se modifica o extingue pena privativa o medida cautelar de prisión preventiva alguna, ni tampoco niega conocer de la revisión a esas figuras para que varíen o cesen, sino en todo caso el efecto es no analizar una orden de traslado que pudiera existir con relación al impetrante, virtud del desechamiento de su pretensión. En todo caso, lo que podría variar consecuencia del acto combatido, es que se traslade al quejoso a un lugar distinto al en que actualmente ya cumple una pena restrictiva de su libertad. De ahí que resulta patente la existencia de un medio ordinario de defensa, en contra de la determinación combatida, que debe agotar el promovente, pues no se encuadró alguno de los supuestos de excepción previstos en la Ley de Amparo. Por lo que se sostiene que aquél debe agotar el recurso ordinario antes de promover el juicio de tutela, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad * permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde pueden intervenir como partes. En consecuencia, debe operar la improcedencia en este juicio respecto del acuerdo combatido, por la desatención al principio de definitividad consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó la parte quejosa, contra el acto que fue precisado en párrafos precedentes, dentro de este apartado de desechamiento. Notificaciones electrónicas, acceso al expediente electrónico y autorizado (restringido) de la parte quejosa. El quejoso solicita que se le practiquen las notificaciones de manera electrónica y para tal efecto proporciona el usuario "representacionlegalenpuebla". En tales condiciones, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como vía de la parte quejosa para recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través del usuario "representacionlegalenpuebla". En consecuencia, se ordena que se realicen al quejoso sólo las notificaciones que tengan el carácter personal, de manera electrónica a través de ese usuario. En el entendido de que las demás notificaciones se le hará por medio de listas. Por tanto, se instruye al personal correspondiente que habilite al usuario referido, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como la consulta del expediente electrónico. Por otra parte, se tiene como autorizado únicamente para imponerse de actuaciones y para oír y recibir notificaciones a la persona que refiere en su ocurso de cuenta, pues no se encontró registro de su cédula en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.

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