Oscar Zarate Ramirez
Expediente 1184/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1184/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Oscar Zarate Ramirez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1184/2023 IV. Puebla, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. RECURSO DE QUEJA. Se recibe el escrito signado por el quejoso ****, mediante el cual interpone recurso de queja y en el mismo escrito manifiesta sus agravios contra el proveído de quince de noviembre de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo. Luego, con fundamento en los artículos 98, 99, 100, 101, 103 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso; y si bien aquél no indicó las constancias que deben remitirse, también es verdad que esa omisión quedará subsanada con la vinculación del expediente electrónico, la cual habrá de ordenarse en líneas subsecuentes para que el tribunal colegiado al cual sea turnada la queja, consulte todas las actuaciones de este juicio conforme a los lineamientos actuales que rigen la integración, establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, envíese únicamente copia del recurso y el original del mismo porque tiene los agravios, al encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que turne la queja al tribunal colegiado que deba substanciar ese recurso. Se solicita en forma atenta al presidente del tribunal colegiado que por turno corresponda la queja, remita el acuse de recibo por los documentos que se envían. Asimismo, se hace notar que es innecesario proceder en términos del artículo 101 de la ley de Amparo (dar vista a las partes con el recurso de mérito), pues en el presente asunto se desechó la demanda y por ende, no se llamó a juicio a alguna otra parte. De ahí que nunca haya sido integrada la relación jurídica procesal. INFORME DE ESTA JUZGADORA. Por otro lado, se rinde el informe sobre el recurso en los términos siguientes1 : ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque el quince de noviembre de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. VINCULACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por último, desde este momento se pone a disposición del tribunal al que corresponda el medio de impugnación, el acceso al expediente electrónico del que deriva este expediente, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Relacionar con Expediente de Origen" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del referido sistema, proceda a realizar la habilitación correspondiente. Lo anterior, para que el tribunal colegiado tenga los elementos necesarios para la substanciación del recurso de queja. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1184/2023-IV. Puebla, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo signada en forma autógrafa por el quejoso *** por derecho propio, contra una omisión del Juez de Ejecución de Sentencias Penales de la Ciudad de Puebla, Puebla (sic) y otra autoridad responsable. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber al promovente, que de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, como los acuerdos de este juzgado, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera y, por ello, no se integrarán al expediente los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al quejoso a que cuando le sea posible, transite hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrá consultar íntegramente el expediente electrónico. Digitalización de la demanda. El escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. Luego, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el presente caso, se advierte que la demanda presentada por el quejoso, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causal de improcedencia, con las características de notoria y manifiesta. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el único acto reclamado fue delimitado como sigue: ".Omisión de emisión (sic) de la SUSPENSION DE PLANO en términos (sic) del articulo (sic) 122 de la Ley Nacional de Ejecucion (sic) Penal, lo cual puede crear el acto irreparable y fuera de procedimiento de traslado involuntario y arbitrario del Quejoso.". Esa omisión la reclama el quejoso, únicamente al juez de ejecución señalado como responsable, porque si bien atribuyó el carácter de autoridad ejecutora al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, también es verdad que ubicó a esa autoridad penitenciaria entre los terceros interesados. De modo que la omisión combatida en la demanda, únicamente atañe al Juez e Ejecución de Sentencias Penales de la Ciudad de Puebla, Puebla (sic). Esa omisión, a decir del quejoso, resulta de la presentación de una controversial judicial contra el traslado de excepción, que supuestamente habrá de realizarse contra aquél, según tuvo conocimiento al acudir para un dictamen médico, en el área de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla, donde está recluido el quejoso. Por ello, el quejoso presentó una controversia judicial contra el -supuesto- traslado de excepción, como se desprende del anexo recibido con la demanda, el cual tiene sello de acuse del trece de noviembre de dos mil veintitrés, de la Sala de Ejecución de Sentencia y Medidas de Seguridad (sic). A partir de esa controversia, surge la omisión reclamada, pues el quejoso afirma que a la fecha cuando presentó la demanda, ya habían transcurrido veinticuatro horas desde el momento cuando le fue recibida la controversia judicial, sin que haya sido notificado en ese plazo de la admisión de su controversia y de la suspensión que debió haberse otorgado, contra el supuesto traslado de excepción. Sin embargo, la información proporcionada por el quejoso y el anexo de su demanda, reflejan que la omisión reclamada por este, no puede tenerse como un acto de imposible reparación, para los efectos del juicio de amparo indirecto. Máxime que a la fecha todavía está corriendo el plazo legal que tiene el juez de ejecución, señalado como responsable, para emitir el proveído que admita, prevenga o deseche la controversia judicial. Lo anterior se obtiene del artículo 123, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dado que este dispone: "Artículo 123. Auto de inicio Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o III. Desechar por ser notoriamente improcedente. Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano. El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud". Del precepto transcrito, se obtiene que una vez presentada la controversia judicial, comienza un plazo de setenta y dos horas para que el juez competente emita el proveído que admita, prevenga o deseche la controversia de marras. Terminado ese plazo, comienza el diverso de veinticuatro horas, dentro del cual deberá notificarse al procesado o sentenciado, el acuerdo que se haya emitido para su controversia judicial; y sólo en el caso de que no sea notificado dentro de ese plazo de veinticuatro horas, podrá entenderse que la controversia fue admitida. Entonces, si el quejoso presentó su escrito controversia judicial -contra el supuesto traslado de excepción-, aproximadamente a las diez horas con quince minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, según se desprende del sello de acuse que obra en el anexo recibido, debe estimarse que el juez señalado como responsable, se encuentra dentro del plazo de setenta y dos horas previsto en el artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para emitir el proveído que admita, prevenga o deseche la controversia de marras. Sobre todo porque ese plazo de setenta y dos horas, terminará alrededor de las diez horas con quince minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Así, es válido considerar que la omisión reclamada al juez de ejecución señalado como responsable, no puede tenerse de momento como un acto de imposible reparación, para los efectos del juicio de amparo indirecto, motivo por cual debe imponerse una causal de improcedencia, que resulta manifiesta e indudable. De hecho, es la causal que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos se obtiene -para efectos del juicio de amparo indirecto-, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Ello conduce a explicar el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas detectados en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Tales aspectos fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución federal y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos relacionados con derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación, el cual exige una afectación material a derechos sustantivos, y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales. Así quedó establecido en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -derivada de la contradicción de tesis 377/2013- que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Pero además, debe indicarse que el espectro actual de imposible reparación -contra actos dentro de juicio- tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. En particular frente a los alcances del principio de progresividad, 1 tutelado en el artículo 1 de la constitución federal, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se obtiene que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Luego, frente al gobernado que ve limitada su posibilidad de impugnar actos procesales -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas en esencia para la resolución de derechos sustantivos. Todas esas premisas conducen a visualizar que el reclamo planteado por el quejoso, no encuadra en los actos de imposible reparación. Máxime que a la fecha todavía está corriendo el plazo legal que tiene el juez de ejecución, señalado como responsable, para emitir el proveído que admita, prevenga o deseche la controversia judicial, como se obtuvo del artículo 123, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello atiende a que el quejoso presentó su escrito controversia judicial -contra el supuesto traslado de excepción-, aproximadamente a las diez horas con quince minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, según se desprende del sello de acuse que obra en el anexo recibido. De ahí que se haya establecido que el juez señalado como responsable, se encuentra dentro del plazo de setenta y dos horas previsto en el artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para emitir el proveído que admita, prevenga o deseche la controversia de marras. Plazo que terminará alrededor de las diez horas con quince minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Entonces, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación, en la omisión que pretende reclamar el quejoso, pues al encontrarse el juez de ejecución dentro del plazo legal para emitir el acuerdo relativo a la controversia judicial, es válido considerar que ningún escenario jurídico se tiene para estimar que el acto combatido en la demanda, afecte en forma directa algún derecho fundamental del quejoso, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Entonces, debe estimarse que la omisión supuestamente generada a partir de la fecha cuando se presentó la controversia judicial, sólo podría generar violaciones de naturaleza adjetiva en el trámite de esa controversia y, por ende, no constituye un acto de ejecución irreparable. Por tanto, se declara que la omisión combatida por el quejoso, encuentra la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. Lo cual permite desechar la solicitud de protección, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, dado que la omisión atribuida al juez de ejecución señalado como responsable, no tiene los atributos de imposible reparación. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la solicitud de protección por notoriamente improcedente, conforme a las razones expuestas. Anotaciones internas. Por otro lado, se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notificación electrónica, acceso al expediente electrónico y autorizado. El quejoso solicitó recibir notificaciones personales por la vía electrónica y tener acceso al expediente electrónico, para lo cual proporcionó el usuario siguiente: ***. Luego, se instruye al secretario encargado del trámite del presente asunto, que habilite la notificación electrónica y el acceso al expediente electrónico para el quejoso, con el referido nombre de usuario, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, queda autorizada en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, la persona designada por aquél, porque no tiene registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que le asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. De cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal al quejoso (vía electrónica); y cúmplase.
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