Oscar Sánchez Espinoza

Expediente 31/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
31/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
31/03/2022

Partes del expediente

  • Oscar Sánchez Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada en sesión de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja ********************la cual en su punto resolutivo dice:******************** "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de QUEJA interpuesta por******************** contra del acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós, dictada por el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, en el juicio de amparo indirecto 31/2022-4 por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. ********************Notifíquese".****************************************Se confirma la recepción de oficio 1886 de su índice y hágase del conocimiento de las partes la circunstancia anterior para los efectos y fines legales procedentes ********************Ahora, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido.********************De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto, no es de relevancia documental.********************Además, en términos del artículo 21, inciso a) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente, carece de relevancia documental y por tanto es susceptible de destrucción. ********************Notifíquese

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, informando que se admitió el recurso de queja interpuesto bajo el número 19/2022 de su índice, circunstancia de lo cual queda enterado este juzgado. Notifíquese

  3. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por *** por propio derecho, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que reclama de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 31/2022-4, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Así, del análisis de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Art. 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [...]" El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el primer precepto indicado en tesis de jurisprudencia obligatoria 34/2014, sostuvo la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra la desestimación de las excepciones atinentes a presupuestos procesales, como es la personalidad, al sostener: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos_sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." (Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Página: 39) De la lectura conjunta de dichas disposiciones y el criterio obligatorio invocado se tiene la improcedencia del juicio de amparo, cuando en la vía indirecta se reclaman actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Un acto emitido dentro de un juicio reviste las características de tener una ejecución de imposible reparación, cuando afecta directa y materialmente derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional del que el estado mexicano sea parte. Los derechos sustantivos, para efectos de las disposiciones citadas, son los de carácter personal, real, del estado civil, laboral, familiar, etcétera, que se encuentran anclados a los derechos fundamentales, tales como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera. En término opuesto, en esta clasificación se encuentran los derechos procesales que se otorgan a las personas que intervienen en un proceso judicial, e incluso actualmente en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, para determinar su intervención en el desarrollo de la actividad jurisdiccional, los cuales están destinados, primordialmente, a surtir efectos únicamente dentro del proceso, por lo que se le denomina efectos intraprocesales, a fin de ser utilizados en el acto final y más importante, que es el dictado de la sentencia de fondo, o de la resolución culminante de la controversia. Cuando se está en presencia de actos con efectos intraprocesales, sólo pueden afectar derechos adjetivos del gobernado, respecto de los cuales no es factible determinar, en forma inmediata, si le causará un perjuicio irreparable, puesto que sólo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, es factible que los efectos puedan extinguirse en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; aunado a que de resultar trascedente la violación a los derechos adjetivos en la sentencia final, ésta se puede impugnar como una violación al procedimiento reclamable en el amparo directo que, en su caso, se promueva, precisamente, contra el fallo final que haga valer la parte que le resulte desfavorable; de ahí que, con respecto a actos con efectos intraprocesales, el amparo biinstancial es improcedente al no vulnerar derecho sustantivo alguno En el caso, la parte quejosa señala como autoridad responsable a la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Y como acto reclamado: La resolución dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el toca civil número 394/2021, mediante el cual la Sala responsable confirmó el diverso auto de once de junio de ese mismo año, dictado por el Juez Mixto de Primera instancia del Distrito Judicial de Metztitlán, Hidalgo, en el juicio ordinario civil 01/2019, en el que tuvo por no contestada la demanda promovida en contra del aquí quejoso. De lo anterior se aprecia que dicho acto reclamado, como lo precisó la jurisprudencia 34/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es acto en juicio de ejecución de imposible reparación, porque, contrario a lo que se aduce, no afecta materialmente ningún derecho sustantivo de la parte quejosa (quien es parte demandada, en el juicio natural), dado que al confirmar un auto que tuvo por no contestada la demanda en tiempo, dicho auto sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, pero no incide en ninguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales de los que el estado mexicano es parte, en forma material; por ende, su reclamación se posterga a una violación procesal reclamable hasta la resolución que ponga fin al juicio, como podría ser la que resuelva el juicio natural, conforme al artículo 172 , fracciones VI y XII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, debe considerarse que esa violación procesal, hasta el momento, no transciende en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues sólo podrá afectarle en el supuesto de que obtenga una sentencia desfavorable y que influya en su resultado tal violación procesal, en cuyo caso podrá reclamar dicha violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra aquél, en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se dicte la sentencia se podrá apreciar si el acto reclamado en esta instancia constitucional se vulneraron las defensas del quejoso, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Lo anterior permite evidenciar que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues el acto reclamado deja de tener efectos que sean de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como podría ser la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, la libertad, la salud, las relaciones de familia, etcétera; ya que sus consecuencias producen únicamente efectos intraprocesales que son susceptibles de extinguirse sin haber originado afectación alguna en los derechos fundamentales de la parte quejosa, porque la violación alegada puede repararse posteriormente al reclamar la resolución final Sirve de apoyo por su contenido la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA, EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, el auto que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia o laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no implica necesariamente una sentencia o laudo condenatorio, porque las Juntas al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no, sus elementos. En tal virtud, el acuerdo que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, dictado en forma ilegal, constituye una violación procesal reclamable a través del amparo directo, hasta que se dicte sentencia o laudo definitivo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 205652, Instancia: Pleno, Octava Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 20/92, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 55, Julio de 1992, página 11, Tipo: Jurisprudencia.) Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Debe decirse que la causa de improcedencia analizada se interpretó de manera estricta, pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. Es ilustrativa al respecto la tesis 2a. CLVII/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, de rubro siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". De igual forma, la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, página 1641, del rubro: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y en términos del artículo 12 de la misma Ley a ***, en virtud de que si se encontró registro de su célula profesional en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta Téngasele proporcionando una cuenta de correo electrónico y números telefónicos los cuales se tienen como formas especiales y expeditas de contacto, a través de las cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Finalmente, se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica; por tanto, se encomienda al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta al usuario "iram_acosta" en el expediente electrónico del juicio en que se actúa, para dicho efecto o anterior para los efectos legales a que haya lugar SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. Notifíquese personalmente.

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