Oscar Salazar Gonzalez
Expediente 669/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 669/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Oscar Salazar Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintidós de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de nueve de junio de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************; para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.
- Principal
Pachuca, Hidalgo, nueve de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo que promueve Oscar Salazar González, contra un acto del Juez Segundo de Ejecución del Primer Circuito Judicial, con residencia en esta ciudad, consistente en: ? La falta de notificación del auto de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, dictado en el expediente de ejecución 262/2016, mediante el cual se ordenó remitir copias certificadas y las pólizas de fianza exhibidas por el quejoso, para garantizar su libertad provisional bajo caución; esto, para hacerlas efectivas a favor de la víctima, respecto de la reparación del daño; y, ? La ejecución de dicho acuerdo. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, bajo el número 669/2017-4. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, el juez de distrito examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto e indudable de la causa de improcedencia debe entenderse como aquella circunstancia que se advierte de primera mano, claramente y sin mayor raciocinio, por lo que se genera la certeza de que aun superadas las exigencias probatorias en el juicio de amparo, la causa de improcedencia pervive porque no puede ser desvirtuada. Sirve de apoyo, por identidad de sustancia jurídica, la jurisprudencia I.1º.A. J/4 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Los extremos apuntados se actualizan en el caso de nuestra atención, porque este juzgador considera que el juicio es improcedente contra la omisión que se reclama, en tanto que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo , conforme a la cual el juicio de amparo biinstancial es procedente contra actos de tribunales jurisdiccionales emitidos dentro de juicio, fuera de él o después de concluido, siempre y cuando el quejoso haya observado el principio de definitividad, es decir, que se agoten previamente todos los recursos o medios de defensa previstos en las leyes que rigen al acto reclamado y que tengan por objeto su revocación, modificación o nulificación. Cabe señalar que esa obligación no es exigible cuando se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento y el quejoso es persona extraña a juicio por equiparación, siempre y cuando no haya tenido la oportunidad de hacer valer los recursos o medios de defensa que la ley secundaria pone a su alcance para lograr su intervención en el procedimiento, por haberse dictado la resolución definitiva, pues en caso contrario, se entiende que el afectado se encuentra en posibilidad de acudir ante la potestad común a solicitar la nulidad del emplazamiento que considera irregular. Ahora bien, en la especie, el quejoso se duele de la falta de notificación del auto de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, dictado en el expediente de ejecución 262/2016, mediante el cual se ordenó remitir copias certificadas y las pólizas de fianza exhibidas por el quejoso, para garantizar su libertad provisional bajo caución; esto, para hacerlas efectivas a favor de la víctima, respecto de la reparación del daño. Incluso, en sus conceptos de violación alega que el juez responsable pretende hacer efectivas las pólizas de fianza que exhibió para gozar de su libertad provisional bajo caución, sin que se le haya notificado el acuerdo referido, lo cual le ha impedido tener conocimiento de las razones por las que se procedió de esa manera; además de que no conoce cuál es la determinación que recayó a su solicitud de que la reparación del daño se pagara de manera solidaria y mancomunada con su coinculpado. Además, que ilegalmente el acuerdo de dieciocho de abril sólo le fue notificado al Ministerio Público y al ofendido. En ese sentido, atendiendo al estadio procesal del juicio del que emana el acto reclamado, resulta evidente que el quejoso, por ser parte en el procedimiento penal (sentenciado), está obligado a agotar los recursos o medios de defensa que el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, en términos del artículo 37 de la Ley de Ejecución de Penas del Estado de Hidalgo, le ofrece para defender sus intereses, ya que no debe soslayarse que el juicio de amparo, como medio de defensa metaprocesal, únicamente procederá como último remedio de las violaciones cometidas en contra de alguna persona que figure como parte dentro de un procedimiento, es decir, cuando ya no exista ningún recurso ordinario que brinde la posibilidad de reparar el agravio. En ese tenor, se estima que si de lo que se duele el solicitante del amparo es de que no se le notificó el auto de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, dictado en el expediente de ejecución 262/2016 (sic), en el periodo de ejecución de sentencia; entonces, antes de acudir a la tutela constitucional a impugnar dicho acto de autoridad, el inconforme debió agotar el incidente de nulidad de actuaciones que prevé el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, mismo que se contempla en sus artículos 80, 81 y 82 . Esto, porque el incidente aludido tiene como finalidad nulificar las notificaciones practicadas de manera irregular, incluso, tal remedio procesal es eficaz para destruir aquellas actuaciones que se hayan practicado con posterioridad a la sentencia. Por tanto, se reitera, si en el caso a estudio, el quejoso es parte en sentido material por haber sido sentenciado, es inconcuso que está en posibilidad de acudir ante la potestad común a impugnar, mediante el incidente respectivo, las irregularidades que alega en su demanda de amparo. De puntual aplicación resulta la jurisprudencia 1a./J. 26/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, que el quejoso manifieste en su demanda de amparo que actualmente se encuentra privado de su libertad, con motivo de la ejecución de la condena que se le impuso. Esto, porque dicha privación no deriva de manera directa ni indirecta de la determinación asumida en el auto de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, cuya falta de notificación se reclama en esta instancia, ya que aquél derecho fundamental fue afectado en la sentencia definitiva que declaró acreditada plenamente la responsabilidad penal del quejoso; habida cuenta que el auto aludido únicamente tuvo por efecto que se hicieran efectivas las pólizas de fianza exhibidas por el quejoso, para hacer pago a la víctima de la reparación del daño, respecto de lo cual no depende la libertad personal del quejoso, sino por el contrario, precisamente de la satisfacción de esa condena depende que el sentenciado pueda obtener los beneficios que le fueron concedidos. En esa tesitura, al contener la ley que rige el acto reclamado un medio de impugnación que puede subsanar las irregularidades que se asegura fueron cometidas por la autoridad responsable, el mismo debió ser ejercido por el peticionario del amparo, en acatamiento al principio de definitividad, y si no lo hizo así, su omisión genera la improcedencia del presente juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que no es optativo para el gobernado cumplir o no con dicho principio, máxime que como se analizó, no se está en presencia de la hipótesis de excepción que contempla dicho numeral. En consecuencia, al haber quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia estudiada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo presentada por Oscar Salazar González. AUTORIZADOS Y DOMICILIO. Por otra parte, se tiene como domicilio de su parte el que indica en su escrito de mérito y como autorizado para tal efecto al profesionista que refiere al carecer de registro de cédula en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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