Oscar Rodrígo Velázquez Caballero

Expediente 371/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
371/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
17/05/2018

Partes del expediente

  • Oscar Rodrígo Velázquez Caballero

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio de la secretaria del Tercer Tribunal Unitario del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del expediente de amparo 371/2018 del índice de este juzgado e informa que se avocó al conocimiento del asunto. En consecuencia, archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en atención a que se trata de un cuaderno de antecedentes. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, téngase recibida la demanda de amparo promovida por Óscar Rodrigo Velázquez Caballero, contra actos del Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 371/2018. Analizada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: - La resolución de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho que confirmó la diversa interlocutoria emitida por el Juez Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, Michoacán, dentro de la causa penal 157/2007. Ahora bien, La Ley Orgánica del Poder Judicial Federal en su artículo 29, fracción I, establece lo siguiente: "Artículo 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado; ." Luego, del citado precepto se aprecia que el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de Tribunales Unitarios de Circuito, como en la especie, no constituyen sentencia definitiva y será competente el tribunal unitario de circuito más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no de ejecución material para fincar la competencia; por tanto, este juzgado se declara incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Óscar Rodrigo Velázquez Caballero. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 14/2012(10a) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, libro VI, Marzo de 2012, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto prevé que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador." En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, una vez que se notifique el presente acuerdo a la parte quejosa, mediante atento oficio que al efecto se gire, se ordena remitir el expediente en que se actúa formado con la referida demanda de amparo, así como sus anexos, al Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios de Circuito, de esta ciudad, que se considera con competencia legal por territorio, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas determine si acepta o no la competencia que se le plantea y se le solicita que haga del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Por otra parte, resulta innecesario proveer sobre la suspensión de los actos reclamados solicitada por la parte quejosa, toda vez que no se está en presencia de los actos mencionados por el artículo 48 de la Ley de Amparo que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes no podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que las mismas no les fueron conferidas expresamente. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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