Oscar Nuñez Valencia
Expediente 580/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Oscar Nuñez Valencia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
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Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio suscrito por la Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 24362, de ocho de noviembre del año en curso, por el que se le informó que el presente juicio ha causado ejecutoria. Ahora bien, como los solicita la autoridad responsable Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, devuélvasele en dos discos compactos de audio y video de las audiencias, que remitió al presente juicio en apoyo a su informe justificado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, primer párrafo, del mencionado acuerdo, en razón de que se concedió la suspensión provisional; así como la definitiva. Por lo que se refiere al duplicado del incidente destrúyase el mismo en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Por otra parte, devuélvase a la Magistrada de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, las documentales que allegó al presente juicio que obra en un tomo de pruebas, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe. El licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, certifica: Que la presente foja corresponde a la última parte de la determinación emitida en esta propia fecha dentro del juicio de amparo 580/2019, del índice de este juzgado; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Doy fe.
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Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Oscar Núñez Valencia, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión, trámite y returno. Por razón de turno, inicialmente correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien la recibió, mediante auto de trece de marzo de este año (foja 25) la admitió a trámite, la registró con el número 277/2019, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y reconoció el carácter de terceros interesados a: Agente del Ministerio Público adscrito a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; y, Mario Alejandro Elizondo Sánchez, fiscal que intervino en la audiencia de la que emana el acto reclamado. Asimismo, en proveído de diecinueve de marzo siguiente (foja 35), el homólogo en cita reconoció también el carácter de terceros interesados a Pedro y Ana Rosa, ambos de apellidos Quintero Sandoval, en cuanto hijos de la víctima directa José Quintero Quintero y ordenó emplazarlos por conducto de su asesora victimal Juana Heredia Brito. Luego, por auto de veinte de mayo de dos mil diecinueve (foja 136), el citado homólogo planteó el returno del asunto a este juzgado, al estimar actualizado el supuesto previsto en el artículo 46, fracciones II y IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -conocimiento previo-, atendiendo a que este juzgado conoció del diverso juicio de amparo 102/2019, promovido por Mario Valencia Mendoza, en el que reclamó la orden de aprehensión emitida dentro del proceso penal 67/2018, que es el mismo del que dio origen a la resolución reclamada en esta instancia constitucional. Tercero. Avocamiento de este juzgado al presente juicio de amparo. En razón de lo expuesto, mediante auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve (foja 143) este órgano de control constitucional se avocó al conocimiento del asunto, ordenó su registro con el número 580/2019, otorgó a la representación social de la adscripción la intervención legal que corresponde, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, convalidó el emplazamiento de los terceros interesados y ordenó notificar personalmente el auto de avocamiento tanto a la parte quejosa como a los terceros interesados. Asimismo, en el propio auto (foja 144, reverso) ordenó el emplazamiento a juicio de Mario Alejandro Elizondo Sánchez, Juan Carlos Leyva Macías y Julio César Estrella Cuevas, en cuanto agentes del Ministerio Público que intervinieron en la audiencia en la que se vinculó a proceso al impetrante del amparo, razón por la que ordenó realizar dicha diligencia por medio de oficio. Luego, en auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve (foja 158) este juzgado ordenó regularizar el procedimiento en atención a que al avocarse al conocimiento de este asunto, en lugar de notificar al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, señalado como responsable por el quejoso, se notificó el auto admisorio al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, así como al Agente del Ministerio Público adscrito a ese juzgado de oralidad. Asimismo, en el propio auto de cuatro de julio de esta anualidad, se regularizó el procedimiento para el efecto de "no tener por convalidado" el emplazamiento que de los terceros interesados Pedro y Ana Rosa, ambos de apellidos Quintero Sandoval, tuvo por satisfecho el Juez Segundo de Distrito en el estado de Michoacán, en atención a que dicha diligencia se verificó por medio de aviso fijado en la puerta y esa modalidad no está prevista en la Ley de Amparo. Pese a ello, en el mismo auto se determinó que no era necesario ordenar nuevamente el emplazamiento de los referidos terceros, porque en autos ya obraba su llamado a juicio por conducto de su asesora legal adscrita a la Comisión Estatal de Víctimas; razón por la cual únicamente se ordenó girar atento oficio a esa asesora con el contenido inserto de ese auto y del proveído de avocamiento. Posteriormente, en auto de dieciséis de agosto de este año (foja 169), se tuvo al Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, informando que los agentes del Ministerio Público que intervinieron en la causa penal de origen, se encuentran adscritos a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, razón por la que se convalidó el emplazamiento realizado a Mario Alejandro Elizondo Sánchez. Por último, el doce de septiembre de dos mil diecinueve se verificó la celebración de la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el diverso 51/2015, del mismo órgano, toda vez que el acto reclamado se ejecutó en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segunda. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio señalado con antelación, el acto reclamado por el quejoso consiste en: La resolución dictada el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve dentro del toca de apelación XI-8/2019, que confirmó el auto de vinculación a proceso pronunciado en audiencia de diez de enero de dos mil diecinueve en la causa penal 67/2018, que se sigue en contra del quejoso, por el delito de secuestro agravado, en agravio de José Quintero Quintero, así como su ejecución. Acto que atribuyó a: Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; y Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Existencia de los actos reclamados. Ambas autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado (fojas 32 y 38). Lo que se corrobora con las constancias que remitió el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, como complemento de su informe justificado, consistente en el toca de apelación del que deriva la resolución reclamada (que obran en un tomo de pruebas), así como las remitidas por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, como complemento de su informe justificado, consistentes en el disco que contiene la videograbación de la audiencia mediante la cual se vinculó al quejoso al proceso de origen. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tienen por ciertos los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarta. Análisis causales improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Conceptos de violación. En primer término debe precisarse que el estudio del acto reclamado se realizará conforme a las cuestiones que fueron abordadas en la resolución dictada el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve dentro del toca de apelación XI-8/2019, que confirmó el auto de vinculación a proceso pronunciado en audiencia de diez de enero de dos mil diecinueve en la causa penal 67/2018, que se sigue en contra del quejoso, por el delito de secuestro agravado, en perjuicio de José Quintero Quintero, así como su ejecución. Ello atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, previsto en el artículo 6º del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente, controvertir o confrontar los medios de prueba, es decir, tienen el derecho a contestar cualquier argumento de la contraparte, y desvirtuar pruebas para restar credibilidad a las ofrecidas por la contraria o para acreditar una versión alternativa. Por lo que, con base en el principio de contradicción, no se otorgan privilegios a ninguna de las partes, ni existe suplencia para corregir, subsanar o complementar sus intervenciones, sino que la actividad procesal depende de la intervención de las partes, quienes deben exponer sus respectivas afirmaciones y defensas ante el Juez de Garantía o en su caso tribunal de apelación, las discuten en un debate pleno y contradictorio, sobre los aspectos ahí ventilados, produciendo argumentos o pruebas en que se sustenten, y superado el debate el juez o magistrado resuelve conforme a derecho, con los elementos que le suministraron los contendientes, y de acuerdo con las tesis propuestas por ellos. Sentado lo anterior, el peticionario de amparo expresó los conceptos de violación que a su juicio le ocasiona el acto reclamado, los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, en los conceptos de violación que formuló en su demanda, el quejoso señala lo siguiente: Que la resolución reclamada es ilegal dado que en ella el magistrado responsable no realizó una debida fundamentación y motivación, ya que si bien es cierto señaló que los abogados Víctor Adolfo Díaz García y Agustín Ávila Aguilar, quienes asistieron en las entrevistas a los coimputados Jaime Valencia Magaña e Ismael Sánchez Chacón -en las cuales descansa la acusación en su contra- sí contaban con cédula profesional; más lo es que, ese argumento es insuficiente para considerar que contaron con una verdadera defensa técnica, ya que para considerarlo así, se debe evidenciar además que dichos abogados analizaron previamente a la entrevista las constancias que obraban en la carpeta de investigación, a fin de contar con mayores datos para la defensa, así como que se presentaron argumentos y datos de prueba que desvirtúen los hechos materia de la acusación o cualquier otra acción que sea en beneficio de los coimputados; Que es inadecuada e infundada la valoración que realizó el magistrado responsable con relación al tema de la "retractación", ya que en ese apartado no se encontraba en debate los hechos relacionados con la comisión del delito (como la negociación, la realización de las llamadas, el lugar al que se llevaron a la víctima, etcétera) sino lo relativo a que las entrevistas de los coimputados Jaime Valencia Magaña e Ismael Sánchez Chacón, estaban viciadas porque no fueron asistidos de forma eficaz en su defensa; Que resulta carente de fundamentación y motivación el argumento del magistrado responsable en el que señala que las denuncias de tortura realizadas por los coimputados Jaime Valencia Magaña e Ismael Sánchez Chacón, carecen de verosimilitud, ya que la tortura se acredita precisamente con la ineficacia y ausencia de la adecuada defensa con la que debieron contar los entrevistados; y, Que carece de fundamentación y motivación que el magistrado responsable haya considerado que el criterio con rubro "DECLARACIONES DEL COIMPUTADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO PUEDEN FORMAR PARTE DEL ACERVO PROBATORIO DE UN JUICIO QUE VERSA SOBRE HECHOS RELACIONADOS" no tenía aplicación porque se refiere al sistema tradicional; ya que conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo debió aplicarse en su beneficio, y más aún, porque esas entrevistas no han sido sometidas a contradicción, razón por la cual el magistrado responsable no debió concederles valor probatorio. Así para su calificación, este juzgador abordará su estudio de acuerdo al tópico que en cada uno de ellos se plantea: Tópico: Defensa técnica. Conceptos de violación: Los identificados con los incisos a), b) y c). En efecto, a juicio de quien resuelve son infundados los conceptos de violación en los que el quejoso pretende establecer la ilegalidad de la resolución reclamada, aduciendo que el argumento que el magistrado responsable asumió para determinar que los testimonios de los coimputados Jaime Valencia Magaña e Ismael Sánchez Chacón, son legales ya que fueron asistidos por abogados que acreditaron contar con cédula profesional. Sin embargo, que la motivación asumida por el magistrado en ese sentido es insuficiente para considerar una adecuada defensa, ya que además el resolutor de segundo grado, debió motivar y evidenciar que dichos abogados analizaron previamente a la entrevista las constancias que obraban en la carpeta de investigación, que contaron con mayores datos para la defensa, así como que se presentaron argumentos y datos de prueba que desvirtuaran los hechos materia de la acusación o cualquier otra acción que sea en beneficio de los coimputados. Asimismo, que fue deficiente la motivación asumida por el resolutor revisor, respecto de la retractación, ya que la misma no debió realizarse a la luz de los demás datos de prueba que obran en la carpeta de investigación (como la negociación, la realización de las llamadas, el lugar al que se llevaron a la víctima, etcétera) sino precisamente "bajo el argumento de tortura", la cual se tuvo que tener por demostrada al acreditarse que sus coinculpados no fueron asistidos de forma eficaz en su defensa. En primer término debe traerse a cuenta la fundamentación y motivación que a ese respecto señaló el magistrado responsable, quien indicó: "(.) Sin embargo, los agravios resultan infundados, porque no puede considerarse que las entrevistas se recabaron en forma ilícita violando el derecho de defensa adecuada, ya que con acierto el juez de control, resolvió que no se demostró que los defensores que asistieron a los atestes en las entrevistas, no contaban con cédula profesional, pues en la audiencia no se incorporó documento o medio de prueba con los que se estableciera que no tienen la cualidad profesional legal para defender a los imputados. Es más, en la audiencia, la fiscalía, expuso que en las entrevistas, constaban las cédulas profesionales de los defensores particulares Víctor Adolfo Díaz García y Agustín Ávila Aguilar, información que hasta este momento procesal se considera correcta, dado que en la página web de la Secretaría de Educación Pública, como lo argumenta el agente del Ministerio Público en su contestación de agravios, las cédulas profesionales número 5427799 y 6950122 si corresponden respectivamente, a Víctor Adolfo Díaz García y Agustín Ávila Aguilar, lo que da valides a las entrevistas de Jaime Valencia Magaña e Ismael Sánchez Chacón, pues establecen que se recabaron en forma lícita, en términos del artículo 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En otro orden de ideas, el argumento del juez, mediante el cual determinó no justificada la retractación que realizaron de sus entrevistas Jaime Valencia Magaña e Ismael Sánchez Chacón, también es razonable, porque precisamente con la información que proporcionaron, se logró ubicar el lugar donde estaban los restos de la víctima, aunado a que las circunstancias de tiempo, modo y lugar que narraron del hecho, guarda correspondencia con lo que se incorporó de las víctimas indirectas Pedro Quintero Sandoval y Ana Rosa Quintero Sandoval, así como de Cristóbal Vargas Villegas, ya que coinciden en la forma en cómo se llevó a cabo la negociación, quien las hacía, como se realizaban las llamadas, a donde se llevaron a la víctima, así como las no relativas a la entrega del dinero del rescate. Por ende, esa concordancia entre la información de las de entrevistas respecto del lugar del cautiverio de la víctima y donde dejaron el cuerpo y la localización material del cadáver precisamente en ese sitio, mediante actos de investigación derivados de aquellas, así como entre las circunstancias de la negociación y pago de rescate, hace probable los hechos que narran en las entrevistas, pues se respaldan entre sí. Ahora bien, las denuncias de tortura de los atestes para autoincriminarse y acusar a Oscar Núñez Valencia, como lo determinó el juez de control, no generan probabilidad de verosimilitud, porque no existe un dato de prueba objetivo y razonable que establezcan que en realidad fueron torturados y obligados a firmar las entrevistas ya redactadas o en su caso, en papel en blanco, ni que las firmaron sin estar presente sus defensores y su solas declaraciones, al no estar corroboradas son indicios aislados insuficientes para demostrar la posibilidad de la coacción que denuncian. Finalmente, contrario al agravio de la defensa, las entrevistas, como dato de prueba, no es ilegal su utilización para establecer la probabilidad de la comisión del hecho considerado como delito de secuestro agravado, pues a la luz de Ios argumentos del juez del control, la jurisprudencia que precisó el defensor, resulta inaplicable al sistema acusatorio, dado que se refiere a reglas que regían en el sistema tradicional en la fase de integración de la averiguación previa, en la que al estar ante el Ministerio Público, que tenía el imperio de la investigación, podían violarse derechos fundamentales, lo que no ocurre en la especie, pues se insiste, en términos del artículo 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales, está permitido que se recaben datos de prueba en forma licita, como ocurrió en la especie, con las entrevistas de los referidos coimputados, las cuales, se verificaron con presencia de defensor y resultan más razonables, porque se insiste, se corroboran con otros datos de prueba." Por ello, a juicio de quien resuelve fue correcta dicha fundamentación y motivación, porque la argumentación asumida por el magistrado responsable, coincide con lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a los temas de la "adecuada defensa en materia penal". Con relación a ese tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 207/2012, concluyó que la defensa adecuada dentro de un proceso penal, se garantiza cuando es proporcionada por una persona que posea los conocimientos técnicos en derecho, suficientes para actuar de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar así que sus derechos se vean lesionados. Señaló también que la facultad del juzgador para analizar los casos en los que se invoque la vulneración a la garantía de defensa adecuada, se limita a asegurar que las condiciones que posibilitan la defensa adecuada sean satisfechas durante el proceso; es decir, que el juzgador no cuenta con facultades para calificar el grado de diligencia con que se conduce un defensor al momento de realizar su labor, pues revisar la forma en que los defensores efectivamente logran su cometido, excede de las facultades conferidas para vigilar que en el proceso se garantice una defensa adecuada. Refirió que si bien se reconoce la posibilidad de que a lo largo de cualquier proceso penal, puedan existir deficiencias en la estrategia del defensor, ya sea particular o de oficio, tal posibilidad no conlleva a afirmar que el juzgador está obligado a subsanar tales deficiencias; ya que exigir lo contrario sería tanto como obligarlo a velar por los intereses del inculpado, lo cual resultaría contrario a uno de los principios básicos que deben caracterizar la actuación de todo juez; a saber, el de la imparcialidad. Por ello indicó, tampoco puede imponerse al juzgador la evaluación de los métodos que los defensores emplean para lograr su cometido de representación, toda vez que escapa a la función jurisdiccional el examen sobre si el defensor efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses de los inculpados. Concluyó señalando que el Estado, frente al referido derecho fundamental, tiene la obligación de brindar al gobernado la oportunidad de defenderse, pero no puede velar por una correcta actitud procesal del defensor, esto es, al debido y responsable ejercicio de las cargas procesales que sólo corresponde ejercer al inculpado a través de él, por lo que el órgano jurisdiccional no puede constituirse en juez y parte para revisar la actividad (o inactividad) del defensor e impulsar el procedimiento, y más aún, no puede declarar la nulidad de lo actuado sin el debido impulso del defensor. De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia P. XII/2014 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Página 413, Décima Época, Registro 2006152, que dice: "DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS. De la interpretación armónica y pro persona del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en relación con los diversos 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que la defensa adecuada dentro de un proceso penal se garantiza cuando la proporciona una persona con conocimientos técnicos en derecho, máxime que de la normativa internacional citada no deriva la posibilidad de que sea efectuada por un tercero que no sea perito en dicha materia y, por el contrario, permite inferir que la defensa que el Estado deba garantizar será lo más adecuada y efectiva posible, lo cual implica un elemento formal, consistente en que el defensor acredite ser perito en derecho, y uno material, relativo a que, además de dicha acreditación, actúe diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar que sus derechos se vean lesionados, lo que significa, inclusive, que la defensa proporcionada por persona de confianza debe cumplir con estas especificaciones para garantizar que el procesado pueda defenderse adecuadamente. Lo anterior, sin que se llegue al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor emplea para lograr su cometido de representación, toda vez que escapa a la función jurisdiccional el examen sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del inculpado, máxime que los órganos jurisdiccionales no pueden constituirse en Juez y parte para revisar la actividad o inactividad del defensor e impulsar el procedimiento, y más aún, para declarar la nulidad de lo actuado sin el debido impulso del defensor." Criterio el anterior que incluso fue reiterado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1519/2013, en el que se definió el contenido y alcance de protección del derecho humano de defensa adecuada en materia penal. En dicha ejecutoria, se indicó que el contenido del derecho humano de defensa adecuada en materia penal previsto a favor del imputado, implica que el gobernado esté asistido, en todas las etapas procedimentales, incluso de ser posible desde el momento de su detención, por un abogado profesional en derecho, lo que constituye contar con defensa técnica adecuada. Asimismo, que el juzgador cumple con la obligación de garantizar a la persona detenida el derecho a la defensa adecuada, al no obstruir su materialización y al asegurarse por todos los medios legales a su alcance que estén satisfechas las condiciones que posibiliten la defensa adecuada, sin que esto implique que el juez deba revisar la forma en que los defensores lleven a cabo su cometido. Concluyó señalando que el derecho humano de defensa adecuada establecido a favor del imputado sometido a un procedimiento penal, referido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se garantiza y protege de manera plena y efectiva, cuando es ejercido con la asistencia técnica de un abogado, que por tener el carácter de profesionista en derecho, está en condiciones de proporcionar la asesoría jurídica necesaria al gobernado para que responda a la imputación que se formula en su contra. De esta última ejecutoria derivó la jurisprudencia 1a./J. 26/2015 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Materia Constitucional, Penal, Página 240, Décima Época, Registro 2009005, , que dice: "DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA EN DERECHO. Conforme al parámetro de control de regularidad constitucional, que deriva de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que se configura por la observancia y aplicación de las normas constitucionales y de fuente internacional en materia de derechos humanos, así como la directriz de interpretación pro personae; el artículo 20, apartado A, fracción IX, del referido ordenamiento constitucional, texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, debe interpretarse armónicamente con los numerales 8.2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el criterio contenido en la tesis aislada P. XII/2014 (10a.) (*), emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS.", y la propia doctrina de interpretación constitucional generada por esta Primera Sala. Lo anterior, para establecer que el ejercicio eficaz y forma de garantizar el derecho humano de defensa adecuada en materia penal implica que el imputado (lato sensu), a fin de garantizar que cuente con una defensa técnica adecuada, debe ser asistido jurídicamente, en todas las etapas procedimentales en las que intervenga, por un defensor que tenga el carácter de profesional en derecho (abogado particular o defensor público); incluso, de ser posible, desde el momento en que acontezca su detención. La exigencia de una defensa técnica encuentra justificación al requerirse de una persona que tenga la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para el imputado, a fin de otorgar una real y efectiva asistencia legal que le permita estar posibilidad de hacer frente a la imputación formulada en su contra. Lo cual no se satisface si la asistencia es proporcionada por cualquier otra persona que no reúna la citada característica, a pesar de ser de la confianza del referido imputado." Conforme a lo expuesto, contrario a lo que aduce el promovente del amparo, es suficiente y legal el argumento establecido por el magistrado responsable para determinar que sus coinculpados contaron con una defensa adecuada, el hecho que hayan sido asistidos por profesionistas que cuentan con cédula profesional, ya que conforme a lo anotado en líneas precedentes, el derecho humano de defensa adecuada se garantiza y protege de manera plena y efectiva, cuando es ejercido con la asistencia técnica de un abogado, que por tener el carácter de profesionista en derecho, está en condiciones de proporcionar la asesoría jurídica necesaria al gobernado para que responda a la imputación que se formula en su contra. Sin embargo, no llega al extremo que el juzgador pueda calificar el grado de diligencia con que se conduce un defensor al momento de realizar su labor, ya que ello supondría obligarlo a velar por los intereses del inculpado y a convertirlo en su "defensor", lo cual vulneraría el principio de imparcialidad. Por ello, no asiste razón al quejoso al señalar que además el resolutor de segundo grado, debió motivar y evidenciar que dichos abogados analizaron previamente a la entrevista las constancias que obraban en la carpeta de investigación, que contaron con mayores datos para la defensa, así como que se presentaron argumentos y datos de prueba que desvirtuaran los hechos materia de la acusación o cualquier otra acción que sea en beneficio de los coimputados; porque ello sin lugar a dudas se hubiera equiparado a una calificación de los métodos que los defensores emplearon para lograr su cometido de representación, y esa situación, se reitera, escapa a la función jurisdiccional. Bajo las mismas consideraciones, son infundados los conceptos de violación en los que el quejoso aduce que fue deficiente la motivación asumida por el resolutor revisor, respecto de la retractación, ya que la misma no debió realizarse a la luz de los demás datos de prueba que obran en la carpeta de investigación (como la negociación, la realización de las llamadas, el lugar al que se llevaron a la víctima, etcétera) sino precisamente "bajo el argumento de tortura", la cual se tuvo que tener por demostrada al acreditarse que sus coinculpados no fueron asistidos de forma eficaz en su defensa. Y que resulta carente de fundamentación y motivación el argumento del magistrado responsable en el que señala que las denuncias de tortura realizadas por los coimputados Jaime Valencia Magaña e Ismael Sánchez Chacón, carecen de verosimilitud, ya que la tortura se acredita precisamente con la ineficacia y ausencia de la adecuada defensa con la que debieron contar los entrevistados Lo anterior, en la medida que ambos conceptos de violación lo descansa en el argumento que los coinculpados del quejoso no contaron "con una defensa técnica" y como se advierte de los párrafos que anteceden, dicha aseveración fue calificada como invalida, en atención al contenido y alcance de protección del derecho humano de defensa adecuada en materia penal que definió jurisprudencialmente nuestro máximo Tribunal. Tópico: Alcances de la jurisprudencia invocada por el quejoso. Concepto de violación: El identificado con el inciso d). Finalmente, es igualmente infundado el concepto de violación en el que aduce que carece de fundamentación y motivación la resolución reclamada, en la parte que el magistrado responsable consideró que el criterio con rubro "DECLARACIONES DEL COIMPUTADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO PUEDEN FORMAR PARTE DEL ACERVO PROBATORIO DE UN JUICIO QUE VERSA SOBRE HECHOS RELACIONADOS" no tenía aplicación porque se refiere al sistema tradicional. Lo que dice, es ilegal, ya que conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo debió aplicarse en su beneficio y más aún, porque esas entrevistas no han sido sometidas a contradicción, razón por la cual el magistrado responsable no debió concederles valor probatorio. Argumento que se considera carente de sustento, porque como lo señaló el magistrado responsable, esa jurisprudencia es inaplicable al sistema acusatorio y oral, en la medida que su contenido contraviene lo dispuesto en el artículo 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que los datos y las pruebas que se obtengan, produzcan y reproduzcan lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso; y que en el caso, las declaraciones de los coinculpados podían incorporarse, porque no actualizaron violación a derechos fundamentales (pronunciamiento de legalidad que determinó el juez de la causa y reiteró el magistrado responsable), ya que se desahogaron en presencia de defensor, pero sobre todo, porque su verosimilitud se corroboraba con otros datos de prueba, que coinciden en la forma en cómo se llevó a cabo la negociación, quién las hacía, cómo se realizaban las llamadas, a dónde se llevaron a la víctima y a la entrega del dinero del rescate, lo que se confirmó principalmente con la localización del cadáver, que coincidió con lo dicho por los coinculpados. Bajo ese orden de ideas, contrario a lo que aduce el quejoso se considera correcta la argumentación establecida por el magistrado responsable a ese respecto, dado que como lo estableció, la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, sigue vigente y es obligatoria, siempre y cuando no se torne anti sistémica conforme al cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional. Al respecto debe señalarse que si bien es cierto, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia es el conjunto de reglas o normas que la autoridad jurisdiccional que cuenta con atribuciones al respecto, deriva de la interpretación de determinadas prevenciones del derecho positivo, que precisan el contenido que debe atribuirse y el alcance que debe darse a éstas, y que, al ser reiteradas cierto número de veces en sentido uniforme, no contrariado, son obligatorias para quien deba decidir casos concretos regidos por aquellas prevenciones; más lo es que, de acuerdo al artículo 14, párrafo cuarto, Constitucional, las sentencias deberán ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Lo que revela que la función primordial de la jurisprudencia es interpretadora de la ley, entendida legalmente, como el esclarecimiento del verdadero sentido de una norma o cualquier acto o hecho jurídico; y en segundo término, tiene una función integradora y complementaria, cuando busca cubrir alguna laguna de la ley con la aplicación de la norma supletoria adecuada. Por ello, aunque el artículo 14 Constitucional, reconoce a la jurisprudencia como fuente formal del derecho mexicano, al señalar que las sentencias deberán ser emitidas conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y en ésta última expresión se encuentra incluida la jurisprudencia; en cierta medida, el contenido de dicho dispositivo constitucional, implícitamente establece un orden de prelación al señalar que en primer término, deberá atenderse a la letra de la ley y sólo si ésta no ofrece la solución, podrá acudirse a la jurisprudencia. Lo anterior quiere decir que, la jurisprudencia frente a la ley tiene un carácter subsidiario, porque como ya se estableció, aquella tiene una función interpretadora y de integración de la ley, de tal forma que, sólo si la ley no otorga solución al conflicto jurídico en estudio se debe recurrir a su aplicación. Por tanto, si en el caso de estudio, como correctamente lo señaló el magistrado responsable, el artículo 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales no establece prohibición alguna para que los datos y las pruebas que se obtengan, produzcan y reproduzcan lícitamente y sean admitidos y desahogados en el proceso, y tanto juez el conocimiento como el magistrado responsable, consideraron que las declaraciones de los coinculpados podían incorporarse, porque al obtenerlas no se actualizó violación a derechos fundamentales, entonces en claro que no existía impedimento legal para su incorporación, y por ende, no procedía que el juzgador de segundo grado accediera a acatar el argumento establecido en la jurisprudencia invocada que se refería al sistema inquisitivo, porque como ya se estableció, aunque su observancia resulta obligatoria, ello acontece sólo en el caso que la ley aplicable al caso en concreto no otorgue la solución. Consecuentemente, de reconocer como válida la aplicación de dicha jurisprudencia, hubiera implicado desconocer lo dispuesto por la legislación aplicable en el caso (Artículo 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales) y en su lugar, aplicar una jurisprudencia que fue emitida conforme a los parámetros probatorios establecidos en el anterior sistema de justicia penal. En tales condiciones, al considerarse infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados por el quejoso Oscar Núñez Valencia. Negativa que se hace extensiva respecto del acto atribuido a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, pues éste no fue reclamado por vicios propios. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por las razones expuestas en el considerando Cuarto, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Oscar Núñez Valencia, contra la resolución dictada el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve dentro del toca de apelación XI-8/2019, que confirmó el auto de vinculación a proceso pronunciado en audiencia de diez de enero de dos mil diecinueve en la causa penal 67/2018, que se sigue en contra del quejoso, por el delito de secuestro agravado, en agravio de José Quintero Quintero, así como su ejecución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
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