Oscar Rivera Gonzalez

Expediente 353/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
353/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
13/06/2019

Partes del expediente

  • Oscar Rivera Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    III.- Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia pronunciada el veintisiete de mayo del año en curso, en este juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEE, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Asimismo, háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se indica que el presente expediente no existen documentos originales, ni se tramitó el incidente de suspensión por no haberlo solicitado; realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Ahora bien, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo

  2. Principal

    IV.- En Mérida, Yucatán, a las diez horas con quince minutos del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 353/2018, promovido por Oscar Rivera González y Fernando Rodríguez Quijano; estando en audiencia pública Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, el cual obra agregado en los presentes autos. Acto seguido, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Téngase por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad responsable antes señalada, para que sea tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se hace relación de las pruebas que adjuntó el quejoso en su escrito inicial de demanda, así como las constancias que remitió el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, y la Presidenta del Colegio Yucatenense de Arquitectos. Por lo que el Secretario en funciones de Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y desahogadas las pruebas de referencia por su propia naturaleza jurídica. Abierto el periodo de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se cierra dicha etapa. Asimismo, se hace constar que la agente del Ministerio Público Federal adscrita, no interviene ni formula pedimento. A continuación, el Secretario en funciones de Juez procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver, el presente juicio de amparo 353/2018, promovido por Oscar Rivera González y Fernando Rodríguez Quijano, contra el acto que reclaman del Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, por violación a los artículos 1°, primer párrafo, 5°, 14, 16 y 17 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y que por razón de turno le tocó conocer a este órgano jurisdiccional, Oscar Rivera González y Fernando Rodríguez Quijano, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. Se señala como autoridad responsable a la: Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida, Yucatán, a través de su titular." "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la autoridad señalada como responsable se reclama: A. De la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Mérida, se reclama la inconstitucionalidad (sic) la norma general autoaplicativa publicada en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Mérida, el día catorce de febrero de dos mil dieciocho, con número 958, que contiene los Criterios de Evaluación para el Procedimiento de Refrendo de la Calidad de Perito de Construcción Municipal." SEGUNDO. Por acuerdo de dos de abril de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró en el Libro de Gobierno bajo el expediente 353/2018-VII; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete. Cabe precisar, que mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; sin embargo, derivado del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, mediante ejecutoria de once de abril de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, resolvió revocar el acuerdo sujeto a revisión y repuso el procedimiento, a efecto de que se continuara el trámite relativo, y en su oportunidad, se resolviera lo que en derecho correspondiera. En acatamiento a lo anterior, mediante proveído de dos de mayo de dos mil diecinueve, se reanudó el procedimiento y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos Generales 8/2013 y 53/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Circuito y de los Juzgados de Distrito y fecha de inicio de funcionamiento de este tribunal federal, respectivamente; por reclamarse en el presente asunto, un acto de una autoridad que reside en esta entidad federativa, en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por razón de orden, en primer lugar, debe precisarse la litis constitucional, a través del señalamiento del acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de amparo, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número P./J. 40/2000, de datos de localización, rubro y texto, siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias que conforman el presente expediente, se desprende que los quejosos reclaman, en esencia, la inconstitucionalidad del Acuerdo que contiene los Criterios de Evaluación para el Procedimiento de Refrendo de la Calidad de Perito en Construcción Municipal, emitido por el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida, y publicado el catorce de febrero de dos mil dieciocho. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto que se atribuye al Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento del Municipio de Mérida, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado. Circunstancia que se corrobora con las constancias que acompañó al rendir dicho informe, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de ahí que deban tenerse por cierto tal acto. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia que se reproduce: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Aunado a lo anterior, al estar publicado en un medio de difusión oficial como es la Gaceta Municipal de Mérida, Yucatán, la norma reclamada, constituye un hecho notorio, en los términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; máxime si la publicación correspondiente se puede consultar en el portal de internet http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/norma/contenido/gaceta.phpx. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo deben ser analizadas en forma previa por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia que bajo el número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, de forma oficiosa se advierte que se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la norma reclamada requiere de un acto de aplicación para afectar la esfera jurídica de los quejosos y no se ha demostrado la existencia de dicho acto. En efecto, el citado precepto legal y fracción establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." La citada causa de improcedencia, hace referencia al interés jurídico que debe acreditar la parte quejosa para poder ejercer la acción en el juicio de amparo. El interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que la procedencia de la acción constitucional exige que esta última no sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquél que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle mortificante, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho del gobernado derivado de la ley a exigir determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Por eso, se afirma que hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar; todo lo cual debe ser materia de prueba fehaciente en el juicio constitucional relativo. Sirve de apoyo la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se reproduce: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." En ese contexto, es válido afirmar que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad, en la medida que aquél sea titular de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público; actuación que podría ocurrir de dos formas, a saber: I. Si se afecta en abstracto la esfera jurídica del demandante, porque se le imponga una obligación que antes no se tenía; o, II. Si se afecta un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación, o bien, no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. Ahora, en tratándose de amparo contra leyes, el juicio de amparo resulta improcedente cuando con la sola entrada en vigor de la ley reclamada, no se causa perjuicio a los quejosos, sino que se requiere un acto posterior de ejecución para que se origine tal perjuicio. Al respecto, los artículos 17, fracción I, 18, 61, fracción XII, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso (normas autoaplicativas), basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto posterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo caso (normas heteroaplicativas), se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17 de la citada ley de la materia. Así, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere atender a su propia naturaleza para acreditar que éstas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor la afectación se genera de inmediato, o bien, porque se causó con motivo de un acto de aplicación. Al respecto, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Al respecto, es importante puntualizar que tratándose de normas heteroaplicativas, no cualquier acto legitima al gobernado para acudir en demanda de amparo, por el contrario, es requisito indispensable que dicho acto materialice los supuestos previstos por la norma y más aún, que ello trascienda a la esfera jurídica del peticionario, generando un perjuicio, entendido como una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Lo anterior encuentra sustento en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se cita: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas." En el caso, los quejosos reclaman los Criterios de Evaluación para el Procedimiento de Refrendo de la Calidad de Perito en Construcción Municipal expedidos por la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida. Ahora bien, Oscar Rivera González y Fernando Rodríguez Quijano, acreditan que tienen el carácter de peritos en construcción municipal, por medio de la prueba documental anexada a su demanda, consistente en copia simple de los refrendos expedidos a su nombre por el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida. Máxime que en el presente caso, resulta un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues sus nombres aparecen en la liga de internet http://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/ordenamientoterritorial/paginas/listado_peritos.phpx, correspondiente a la página del Catálogo de Peritos en Construcción Municipal del Ayuntamiento de Mérida, por lo que está probado plenamente la calidad que ostentan. Ahora, en concepto de los justiciables, los criterios reclamados constituyen una norma general de tipo autoaplicativa de carácter complejo, como se advierte de un análisis conjunto de aquéllos en relación con el artículo sexto transitorio del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, ya que ambas normativas imponen de manera conjunta la carga para el perito en construcción municipal de realizar diversos actos ante la Dirección de Desarrollo Urbano, sin los cuales no se podrían realizar trámites a través medios electrónicos en un portal habilitado para tales efectos, específicamente las bases para la carta de aceptación para evaluación del cumplimiento de las obligaciones del perito, que resulta indispensable para determinar la viabilidad de su refrendo. Sin embargo, la apreciación de la parte quejosa es errónea pues la emisión y entrada en vigor de los criterios de evaluación reclamados no generan una afectación a la esfera jurídica de los quejosos en forma inmediata, sino que requieren de un acto posterior de aplicación; lo cual, podría traducirse en que no obtengan una respuesta favorable al momento de solicitar el refrendo como peritos en construcción municipal, esto es, por no cumplir con los requisitos que establece dicho acuerdo. Esto es así, porque, como aduce la parte demandante de amparo, los criterios de evaluación están orientados a perfeccionar el procedimiento de refrendo del carácter de perito en construcción municipal; de tal forma que en conjunción con las disposiciones relativas del Reglamento de Construcciones de Mérida, entre ellas, el artículo 7° indicado por los quejosos, derivarán, en su momento, en la determinación sobre el refrendo o no de la calidad de perito municipal. Sin embargo, esa determinación administrativa no ha ocurrido y lógicamente mucho menos se ha basado en la falta de cumplimiento de alguno de los criterios de evaluación indicados en la norma general impugnada y por esa razón, por el momento, quienes demandan el amparo carecen de interés jurídico para reclamar dichos criterios, ante la falta de un acto concreto de aplicación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 73/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se reproduce: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE ESTABLECEN O MODIFICAN EL MARCO JURÍDICO QUE REGULA UNA ACTIVIDAD SUJETA A UNA CONCESIÓN, PERMISO O AUTORIZACIÓN, EN CUANTO ESTABLECEN LOS REQUISITOS QUE REGIRÁN EN EL FUTURO EL OTORGAMIENTO DE ACTOS DE ESA NATURALEZA. Conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.", visible en la página 5, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, son heteroaplicativas las disposiciones de observancia general que establecen obligaciones de hacer o de no hacer que no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condiciona su individualización; al tenor de este criterio jurisprudencial, debe estimarse que son de invidualización condicionada las disposiciones de observancia general que al fijar o modificar el marco jurídico que regula una actividad cuya realización por parte de los gobernados está sujeta a la obtención de una concesión, permiso o autorización, establecen nuevos o diversos requisitos que regirán en el futuro el otorgamiento de los respectivos actos administrativos, pues para que afecten la esfera jurídica de aquéllos se requiere, previamente, que acudan ante la administración a solicitar su emisión; inclusive, tratándose de los sujetos que antes de la entrada en vigor de esas nuevas disposiciones ya se encontraban facultados para realizar la respectiva actividad, la afectación a su esfera jurídica derivada de aquéllas está condicionada a que vuelvan a solicitar la expedición del correspondiente acto administrativo, pues el ejercicio de la actividad relativa constituye un derecho que se incorporó temporalmente en su patrimonio." Como puede apreciarse del criterio de nuestro Alto Tribunal, las disposiciones de observancia general que establecen o modifican el marco jurídico que regula una actividad sujeta a una concesión, permiso o autorización, en cuanto establecen los requisitos que regirán en el futuro el otorgamiento de actos de esa naturaleza, tienen el carácter de heteroaplicativas, y por tanto, para reclamarlas válidamente en el juicio de amparo se requiere que los quejosos demuestren un acto concreto de aplicación. En este asunto es aplicable dicha tesis en la medida en que las normas del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, y la expedición de los criterios de evaluación que ahora se reclaman, están orientados a modificar el marco jurídico que regula la actividad de perito en construcción municipal, que está sujeta a la regulación y eventual refrendo por parte de la autoridad local. Por ello, si aún no se ha emitido la determinación que niegue el refrendo de la calidad de perito en construcción municipal, basada en el incumplimiento o deficiencia del perito en lo que se refiere a dichos criterios de evaluación, entonces no es posible afirmar válidamente que la norma general haya causado en la parte quejosa una afectación susceptible de ser reparada a través del cuestionamiento de la constitucionalidad en el juicio de amparo. También tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 129/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 1673, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuto rubro y texto son: "PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS ARTÍCULOS 47, 48, 54 Y 55 DE LA LEY RELATIVA SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA. Los referidos dispositivos tienen como destinatarios a los interesados en obtener una licencia o permiso especial, así como de refrendo para efectos del expendio, venta o consumo de bebidas alcohólicas, quienes deberán satisfacer determinados requisitos para tal fin. Esa circunstancia revela que se trata de normas de naturaleza heteroaplicativa, en tanto los supuestos que contienen no cobran eficacia por su sola entrada en vigor, sino que sus efectos se proyectan en el instante en que los interesados acuden ante la autoridad administrativa competente a efectuar la solicitud de expedición de la licencia o permiso especial, así como de refrendo, en su caso, es decir, su trascendencia precisa de un acto concreto de aplicación, en este caso, derivado de la actuación directa del particular." De ahí, que si los criterios de evaluación reclamados no son de carácter autoaplicativo sino heteroaplicativo y no se ha aplicado dicha normatividad en perjuicio de los quejosos, el juicio de amparo resulta improcedente, por lo que debe SOBRESEERSE, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En elemental congruencia, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer el juicio de garantías, como en la especie aconteció. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número 1028, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página 708, cuyo contenido literal refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." En atención al sentido del presente fallo, resulta innecesario el estudio de las causales de improcedencia que hace valer la autoridad responsable, pues su pretensión de sobreseer en el juicio ya fue alcanzada, además el análisis de dicha causal no variaría el sentido de esta resolución. Al respecto se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 195744, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Oscar Rivera González y Fernando Rodríguez Quijano, contra el acto que reclamaron de la autoridad responsable Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida; precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por los motivos expuestos en el diverso cuarto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe

  3. Principal

    IV. Téngase por recibido y agréguese el oficio signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, al que adjunta el original del expediente III-353/2018, del índice de este Juzgado, y la copia certificada de la resolución pronunciada en el toca 207/2018 del índice del Cuerpo Colegiado de este Circuito, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por Carlos Eduardo González Flota, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por los quejosos Oscar Rivera González y Fernando Rodríguez Quijano, contra el auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Ejecutoria, en cuyo primer punto resolutivo, se revocó la resolución impugnada y en el segundo, se ordenó reponer el procedimiento en el presente juicio de amparo, para el efecto de que el suscrito continúe con el trámite relativo y en su oportunidad y en su caso resolver lo que en derecho proceda. Háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo, glósese el cuaderno de antecedentes únicamente las constancias que no obran en autos y acúsese el recibo de estilo al Tribunal revisor. En atención a lo anterior, se fija como hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de una revisión al presente expediente se advierte que se tuvo con el carácter de terceros interesados señalados por el quejoso en su demanda de amparo, siendo estos los siguientes: Comisión de Peritos Municipales de Mérida; Colegio Yucateco de Arquitectos, Asociación Civil; Colegio Yucatanense de Arquitectos, Asociación Civil; Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, Asociación Civil; Colegio de Ingenieros Civiles del Sureste Asociación Civil; y, Colegio de Valuadores Profesionales, Asociación Civil. Sin embargo, al obrar en autos el informe justificado rendido por el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, puede apreciarse que no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo; por ende, procede dejarlos de tener con el referido carácter. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    III. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de revisión interpuesto en contra el auto de veinticinco de abril último, formándose por tal motivo el toca 207/2018.

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