Oscar Miguel Araujo Valencia

Expediente 634/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
634/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • Oscar Miguel Araujo Valencia
  • Juez Segundo Mixto de lo Civil Y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado En Uman, Yucatan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, y toda vez que ya que no existe razón legal para que continúe en estos autos el disco en formato DVD, el cual fue exhibido por el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en Umán, Yucatán, con su informe de Ley; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, y solicítese a dicha autoridad que de no tener inconveniente legal alguno acuse el recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio signado por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en Umán, Yucatán, y anexo que acompañó, por medio del cual, da respuesta al requerimiento de efectuado por ese Juzgado el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. De lo que se toma conocimiento sin necesidad de mayor providencia, ya que el veinticuatro de enero pasado, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en Umán, Yucatán, y anexo que acompañó, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado por este Juzgado, informa, que el siete de julio de dos mil veintiuno, tuvo lugar la celebración de la audiencia preliminar en autos del expediente de origen 627/2020, en la que las partes llegaron a un acuerdo en relación a la guarda y custodia ventilada en dicha controversia; y remite copia certificada de las constancias conducentes. Ahora bien, de la revisión y lectura integral de las constancias remitidas por la citada juez responsable se advierte, que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el presente asunto fuera de la audiencia constitucional. Para explicar lo anterior, cabe recordar que la parte quejosa en su apartado de acto reclamado señaló como tal: El acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en donde la juez determinó: Fijar un régimen provisional de convivencia entre el quejoso y su hija menor de edad, por medio de video llamadas que deberán sostenerse cada quince días, los sábados y domingos, en un horario comprendido para los sábados, a partir de las diez horas, hasta las doce horas; y a partir de las diecisiete horas hasta las veinte horas, para los domingos; y, La cita para la audiencia preliminar, que programó para el día siete de julio del año próximo pasado, a las doce horas. Ahora bien, en relación con el diverso acto que reclamó consistente en la prevención que le realizó al quejoso para presentarse en el Centro Integral de Salud Mental (CISAME), con el objeto de recibir terapia psicológica, éste fue desechado en acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno. En ese sentido, debe decirse que, respecto de los indicados actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia previamente invocada del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Es conveniente señalar que para la actualización de esta causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.9/98, con el epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así, resulta importante destacar, a manera de antecedentes del acto reclamado, que el aquí quejoso Oscar Miguel Araujo Valencia, promovió el doce de abril del año próximo pasado, este juicio de amparo, en el que reclamó de la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Umán, el acuerdo de diecisiete de marzo del citado año, en el que estableció un régimen provisional de convivencia con su hija menor de edad, por medio de video llamadas a realizarse sábados y domingos de cada quince días, así como citó a ambas partes a la audiencia preliminar, que programó para el día siete de julio del año próximo pasado, a las doce horas, fecha que el agraviado consideró muy lejana. Ahora bien, de las constancias que la responsable remitió con su oficio 196/2022, de diecinueve de enero del año en curso se desprende, que el siete de julio del año próximo pasado, tuvo verificativo la audiencia preliminar y se dictó la sentencia definitiva correspondiente, en donde se modificó el régimen de visitas en la modalidad de video llamadas establecida en acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, para determinar uno con base en visitas presenciales según acuerdo en que llegaron ambas partes. En ese sentido, debe decirse que los actos reclamados han cesado en sus efectos al existir una nueva determinación que sustituyó procesalmente al acuerdo primigenio que dio origen al acto reclamado por esta vía de control constitucional, motivo por el que éste cesó en sus efectos, no obstante que, en todo caso, subsista la respectiva violación de derechos fundamentales que se destacó en el acuerdo reclamado de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, lo cierto es que al ser reemplazado por una nueva determinación, siendo ésta de fecha siete de julio del citado año, la anterior resolución ya no puede ser materia de estudio en el presente juicio de amparo, sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de razón, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 410, Tomo V, Enero de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUÉLLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente". Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y de la lectura realizada a la demanda de amparo se advierte, que uno de los actos que la parte quejosa reclama es la denegación de justicia, al señalar la responsable una fecha lejana para que tenga verificativo la audiencia preliminar, pues fijó las doce horas del siete de julio del año en curso, fecha que ya ha fenecido sin que se advierta si dicha audiencia se celebró o no, con motivo de que el agraviado, interpuso recurso de queja en contra de un acuerdo de uno de junio del año en curso, por lo que se tuvo que suspender este procedimiento, reanudándose hasta el dieciséis de noviembre; y el informe justificado fue rendido antes de que concluyera dicha data. Así mismo, también se desprende de la citada demanda de amparo, que el otro acto que el titular de la acción constitucional reclama, lo constituye el haber fijado la a quo, un régimen provisional de convivencias entre él y su hija menor de edad, por medio de video llamadas, a realizarse cada quince días. Ahora bien, como se indicó párrafos precedentes, no se tiene la certeza si dicha audiencia preliminar, tuvo verificativo en la fecha determinada, y si las condiciones del régimen provisional de convivencias por medio de video llamadas han variado, con motivo de algunasolicitud realizada por una de las partes; en consecuencia, para tener mejores elementos para poder resolver este asunto y no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes, aunado al hecho, que los derechos de una menor se encuentran involucrados. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, requiérase a la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Umán, para que en el término de tres días, legalmente computado, informe lo siguiente: a) Si celebró la audiencia preliminar programada para las doce horas del siete de julio del año en curso, y remita las constancias conducentes a su celebración, o en su caso, de su diferimiento; y, b) Si las condiciones del régimen provisional de convivencias por medio de video llamadas han variado, con motivo de alguna solicitud realizada por una de las partes, y remita las constancias conducentes. Apercibida, que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. ELJUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Hágase del conocimiento de la autoridad arriba señalada, que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, la información requerida podrá rendirla vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. Para dar margen a lo anterior, difiérase la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy, y fíjese como nueva fecha y hora LAS DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE

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