Óscar Reyes Castellanos
Expediente 29/2016 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 29/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/06/2021
Partes del expediente
- Óscar Reyes Castellanos
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Ahora bien, toda vez que en la sentencia dictada en el presente asunto, se resolvió conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este cuaderno, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, por el que se interpone recurso de inconformidad, en contra de la resolución de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, dictada por la presidencia de este órgano colegiado; en consecuencia, previa copia certificada que se deje en autos, remítanse los agravios de referencia a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, para que se le asigne el número de turno correspondiente, y una vez hecho lo anterior, sea devuelto a la brevedad posible a este tribunal colegiado. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
En ocho de mayo de dos mil dieciocho, notifico por medio de lista de acuerdos a la tercera interesada Desarrollo Inmobiliario Club de Golf, sociedad anónima de capital variable, la resolución de cumplimiento de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, contenido en el amparo directo 29/2016 de conformidad por lo dispuesto en el artículo 29, en relación con el inciso b), del artículo 27, de la Ley de Amparo, en razón de que transcurrió el término de dos días establecido en el citatorio que se le dejó en su domicilio el tres de mayo de dos mil dieciocho. Doy fe. Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Lic. Dusty Reyes López.
- Juicio de Amparo Directo
Visto, el estado que guardan los autos del que se advierte que la parte actora ejerció su derecho a manifestar lo atinente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, es preciso tomar en cuenta las premisas jurídicas y antecedentes que se exponen a continuación: En sesión de diez de mayo de dos mil dieciséis ; este órgano jurisdiccional resolvió conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa, para los siguientes efectos: "1. Deje sin efectos la sentencia reclamada, dictada el veintidós de octubre de dos mil quince, en el recurso de revisión número 756/2015. 2. Dicte otra en la que realice lo siguiente: a) Reitere el sobreseimiento en el juicio respecto al Titular del Poder Ejecutivo y Presidente Municipal de Huixquilucan, ambos Estado de México. b) Se pronuncie sobre la legalidad, o no, de los actos impugnados consistentes en las licencias números DGDISU/095/01/076/05 y DGDISU/095/02/755/05, tomando en consideración todos y cada uno de los motivos de invalidez hechos valer en la demanda original. c) Se pronuncie sobre los conceptos de invalidez formulados en la demanda, en los que el actor señaló que los actos combatidos se emitieron en contravención al último párrafo del artículo 5.29 del Código Administrativo del Estado de México, que dispone que bajo ninguna circunstancia se podrá cambiar el uso de suelo de terrenos de dominio público destinados a vías públicas y equipamiento, respecto a las cuatro licencias materia de la litis. d) En caso de que estime que son no fundadas las manifestaciones a que se hizo referencia en el inciso anterior, declare la invalidez de los actos combatidos consistentes en ". los acuerdos de aumento de densidad, intensidad y altura, así como de cambio de uso de suelo, de fecha diez de agosto de dos mil cinco, emitidos a favor del predio ubicado en Avenida Las Flores número diecisiete, manzana XII, lote uno del Fraccionamiento Club de Golf Lomas, también denominado Lomas Country Club, del Municipio de Huixquilucan, Estado de México, por el Director General de Operación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de México, así como las licencias municipales de construcción con números DGDISU/095/01/074/05 y DGDISU/095/02/756/05, en términos del artículo 5.36 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, esto es, una nulidad, sin que produzcan algún efecto jurídico, dichos acuerdos; lo que implica desde luego que no podrá imponerse que se escuche la opinión de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal. e) Se pronuncie sobre la procedencia, o no, de la prestación marcada con el número 2 del capítulo correspondiente de la demanda, en la que el actor solicitó como consecuencia de la declaración de invalidez de los actos combatidos, que los predios propiedad de los terceros interesados, vuelvan al estado que se encontraban antes de su emisión, procediendo a la demolición de las obras ejecutadas con motivo de las autorizaciones concedidas". [Se aclara que en la transcripción efectuada, se modificó el tipo de letra y el subrayado utilizado en su original, con la finalidad de resaltar la parte conducente]. En virtud de lo anterior, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, la sección responsable emitió una sentencia con el fin de dar cumplimiento al fallo protector. No obstante lo anterior, el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete , el Pleno de este tribunal colegiado determinó que la ejecutoria no estaba cumplida en atención a que, si bien la sección, dejó insubsistente la sentencia reclamada y dictó otra en la que reiteró el sobreseimiento en el juicio de origen respecto del Titular del Poder Ejecutivo y Presidente Municipal de Huixquilucan, ambos del Estado de México, lo cierto era que en ese momento la responsable no se ajustó a la totalidad de los lineamientos de la ejecutoria aludida, puesto que omitió pronunciarse completamente respecto de los efectos ordenados en el punto 2, inciso b), c), d) y e) de ese fallo. De ahí que se requirió a la responsable para que, con el material probatorio que obraba en autos, emitiera otra sentencia en la que se pronunciara respecto de los efectos señalados en los incisos antes referidos. A efecto de dar cumplimiento a lo anterior, por oficio TCA/SS/II/03608/2017, de veinte de abril de dos mil diecisiete , el Secretario General de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México remitió copia certificada de la sentencia de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, dictada en el juicio contencioso administrativo, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sin embargo, el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete el Pleno de este Tribunal Colegiado resolvió que dicha ejecutoria no estaba cumplida, pues si bien la sección responsable había acatado los efectos establecidos en el punto 2, incisos a), b), d) y e) de la sentencia de amparo, lo cierto era que había omitido pronunciarse respecto de lo ordenado en el inciso c) del fallo en cuestión, dado que la autoridad responsable sólo refirió en sus consideraciones lo establecido en el párrafo tercero del artículo 5.29 del Código Administrativo del Estado de México, en el que se indica que las autorizaciones correspondientes serán expedidas, mediante acuerdo motivado y fundado, por el ayuntamiento respectivo a través de la dependencia administrativa competente, quien oirá previamente a la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal; sin embargo, omitió pronunciarse sobre los conceptos de validez formulados en la demanda, en los que el actor señaló que los actos combatidos se emitieron en contravención al último párrafo del citado precepto legal, que dispone que bajo ninguna circunstancia se podrá cambiar el uso del suelo de terreno de dominio público destinados a vías públicas y equipamiento. Derivado de lo anterior, mediante oficio TCA/SS/II/08857/2017, de siete de septiembre de dos mil diecisiete , el aludido secretario general de acuerdos remitió copia certificada de la sentencia de esa misma data, dictada en el juicio contencioso administrativo, a fin de dar cumplimiento al citado fallo amparador. Sentencia de la que se destaca lo siguiente : a) En el considerando "III", se observa que la autoridad responsable dejó insubsistente la sentencia dictada el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, en el recurso de revisión 756/2015, con lo que se advierte que dio cumplimiento al punto número 1 del fallo protector. b) En el resolutivo tercero, la sección responsable dejó subsistente el primer punto resolutivo de la sentencia dictada el nueve de abril de dos mil quince, por el Magistrado de la Segunda Sala Regional de ese tribunal en el expediente 892/2010, relativo al sobreseimiento del juicio de origen, en cuanto hace al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huixquilucan y titular del Poder Ejecutivo, ambos del Estado de México, con lo cual acató el punto 2, inciso a) de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo. c) En los considerandos IV y V, la responsable se pronunció sobre la legalidad de las licencias municipales de construcción con números DGDISU/095/01/076/05 y DGDISU/095/02/755/05, y determinó que los argumentos de la parte actora eran fundados, por lo que declaró su invalidez, dado que la emisión de esos actos se realizó en contravención de lo dispuesto en los artículos 5.29 del Código Administrativo del Estado de México y 135 del Reglamento del Libro Quinto de ese código, pues estos numerales exigen que para la emisión de este tipo de autorizaciones debe escucharse y obtenerse opinión favorable de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal, con lo cual, dicha responsable cumplió con el punto 2, inciso b) de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo. d) En otra parte del considerando V, la sección responsable se pronunció respecto de los argumentos formulados por el actor, en los que señaló que los actos combatidos se emitieron en contravención del último párrafo del artículo 5.29 del citado código adjetivo, que dispone que bajo ninguna circunstancia se podrá cambiar el uso de suelo de terrenos de dominio público destinados a vías públicas y equipamiento respecto a las licencias controvertidas, en los siguientes términos: "(.) Se considera de esta forma en atención a que, si bien el artículo 5.29 último párrafo del Código Administrativo del Estado de México, vigente en aquélla época, establecía que 'Bajo ninguna circunstancia se podrá cambiar el uso del suelo de terrenos de dominio público destinados a vías públicas y equipamientos' (sic), no debe perderse de vista que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 35 del Código de Procedimientos Administrativos, las partes se encuentran obligadas a probar los hechos que sustentan, precisamente, con los medios convictivos que al respecto ofrezcan en el proceso administrativo. (.) En este sentido, si la parte actora aseveró que los acuerdos de diez de agosto de dos mil doce, en los que se autoriza a la empresa Desarrollo Inmobiliario Club de Golf Lomas, Sociedad Anónima de Capital Variable, el cambio de densidad de cincuenta a cincuenta y cuatro viviendas y altura de dos niveles o 7.00 metros a dieciocho niveles o 60.35 metros sobre el nivel de banqueta, para los predios ubicados en Avenida las Flores sin número, lote 1, manzana XII y manzana XIII, en el Fraccionamiento Club de Golf Lomas, Municipio de Huixquilucan, México; así como las licencias municipales de construcción DGDISU/095/01/074/05, de dos de febrero y DGDISU/095/01/076/05 de siete de febrero, así como las licencias de ampliación DGDISU/095/02/756/05 y DGDISU/095/02/755/05, ambas de dieciséis de diciembre, todas de dos mil cinco y suscritas por el Director de Desarrollo, Infraestructura y Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Huixquilucan, México; fueron emitidos en contravención al artículo 5.29 último párrafo del Código Sustantivo de la Materia, vigente en esa época, debió acreditar tal extremo con las probanzas suficientes, pertinentes e idóneas relativas a ese hecho, ya que el simple señalamiento de esa situación no es suficiente para tener la certeza de su veracidad. Ello, porque, en el supuesto de que esta Sala Superior no hubiere advertido todas y cada una de las causas de invalidez de los actos impugnados ya señaladas en los párrafos que anteceden y la actora únicamente hubiese hecho valer que los actos reclamados fueron emitidos en contravención del artículo 5.29 último párrafo del Código Administrativo, sin aportar medio de prueba alguno con el que sustentara tal acusación, en términos del artículo 34 del Código de Procedimiental de la Materia, se tendría que reconocer la validez de los actos impugnados por la presunción de legalidad que le es inherente, al ser expedidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. (.) Lo anterior no puede considerarse como violación al derecho a probar con qué cuenta la parte actora, dado que, al ser ésta quien instó al Órgano Jurisdiccional de Justicia Administrativa, a fin de demostrar y demostrar la ilegalidad de los actos impugnados, se encontraba obligada a acreditar los hechos que sustentaran su acción, pues, se insiste, al tener la carga de la prueba, le corresponde a las partes probar la veracidad de los hechos u antecedentes que manifiestan. Sin que sea procedente requerimiento alguno por parte de este Órgano Jurisdiccional, a efecto de que la parte actora exhiba las pruebas no ofrecidas o anunciadas para acreditar sus hechos, dado que la oportunidad para hacerlo ya fue superada." (.)" [Se aclara que en la transcripción efectuada, se modificó el tipo de letra y el subrayado utilizado en su original, con la finalidad de resaltar la parte conducente]. De la transcripción que antecede se observa que la sección responsable se pronunció respecto de los argumentos formulados por el actor, relativos a que los actos combatidos se emitieron en contravención del último párrafo del artículo 5.29 del citado código adjetivo, respecto de los cuales consideró que no asistía razón al accionante, porque no acreditó los extremos de su pretensión, con las probanzas correspondientes. De lo anterior se desprende que la responsable cumplió con el punto 2, inciso c) de los efectos precisados en el fallo protector. e) En el considerando VI, la responsable declaró la invalidez de los actos impugnados, consistentes en los acuerdos de diez de agosto de dos mil doce, en los que se autorizó a la empresa Desarrollo Inmobiliario Club de Golf Lomas, Sociedad Anónima de Capital Variable, el cambio de densidad de cincuenta a cincuenta y cuatro viviendas y altura de dos niveles o de siete metros a dieciocho niveles o sesenta metros con treinta y cinco centímetros sobre el nivel de la banqueta, para los predios ubicados en Avenida de las Flores sin número, lote 1, manzana XII y manzana XIII, en el Fraccionamiento Club de Golf Lomas, Municipio de Huixquilucan, México; así como las licencias municipales de construcción DGDISU/095/01/074/05, de dos de febrero, y DGDISU/095/01/076/05 de siete de febrero, además las licencias de ampliación DGDISU/095/02/756/05 y DGDISU/095/02/755/05, de dieciséis de diciembre, todas de dos mil cinco y suscritas por el Director de Desarrollo, Infraestructura y Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Huixquilucan, México. Como se ve, la sección responsable cumplió con el punto 2, inciso d) de los efectos precisados en la sentencia de amparo, puesto que una vez que desestimó los argumentos relacionados con que los actos impugnados fueron emitidos en contravención del último párrafo del artículo 5.29 del citado código, declaró la invalidez de los acuerdos de aumento de densidad, intensidad y altura, así como cambio de uso de suelo; así como de las licencias de municipales de construcción. f) En el considerando VII, la sección del conocimiento se pronunció respecto a la procedencia o no de la prestación marcada con el número 2 de la demanda de nulidad, en la que el actor solicitó que derivado de la declaratoria de invalidez de los actos impugnados, las cosas debían volver al estado que tenían antes, por lo que procedía la demolición de las obras ejecutadas con motivo de la emisión de esos actos. Sobre el particular, la citada responsable determinó que no era procedente la prestación reclamada por el accionante, pues se estarían afectando derechos de terceros, lo que implicaría un daño de imposible reparación, al despojarlos de una vivienda digna, lo que sería contrario a los derechos fundamentales que deben ser salvaguardados por el Estado Mexicano. De lo antes señalado se destaca que la autoridad responsable acató el punto 2, inciso e) de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, pues se pronunció respecto si procedía o no el pago de la prestación número 2 de la demanda de nulidad, tal como le fue ordenado en la ejecutoria de amparo de referencia. Considerando todas las actuaciones referidas con anterioridad, con fundamento en los artículos 192, 196, último párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. No pasan inadvertidas las manifestaciones que hizo valer la quejosa, en términos del escrito recibido en la oficialía de partes de este tribunal, el seis de octubre de dos mil diecisiete, por virtud de las cuales señala que existió un cumplimento defectuoso de la sentencia de amparo; sin embargo, en términos de lo expuesto en párrafos precedentes, este tribunal considera que la sala responsable se ajustó a los lineamientos de la ejecutoria que nos ocupa, tal como se relató con antelación, pues se pronunció sobre todos y cada uno de los aspectos que se destacaron en la misma, con independencia del sentido que la responsable hubiera determinado para cada uno de ellos, pues respecto de esto último no se le dio un lineamiento específico. Además, cabe referir que los argumentos que formula la parte quejosa para sostener que en el caso existió un cumplimiento defectuoso, van encaminados a combatir las consideraciones de fondo en que apoyó su determinación la responsable, tales como: a) Que la sala responsable pasó por alto el contenido de los artículos 1.1 y 5.3 del Código Administrativo del Estado de México, dado que al declarar la invalidez de los actos impugnados era procedente la solicitud de demolición que formuló el accionante en la demanda de nulidad. b) Que la responsable omitió aplicar la fracción V del artículo 6.35 del código antes citado, ya que si las licencias de construcción estaban afectadas de invalidez cobraba aplicación ese numeral y procedía la demolición de la obra. c) Que la responsable emitió una sentencia que es contraria al artículo 17 constitucional, porque no impartió justicia en los términos que fijan las leyes. d) Que lo determinado en el considerando VII es contrario a lo que establece el artículo 4 de la Ley Fundamental, dado que en el expediente obra un dictamen que precisa que las construcciones realizadas en el inmueble de referencia se construyeron sin apegarse a la normatividad, aunado a que se realizaron sin contar con el dictamen de impacto regional, pese que las construcciones se realizaron en un área ecológica de equipamiento urbano, lo que a su vez es contrario de la fracción II del artículo 6 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. e) Que la responsable pasó por alto toda la normatividad vigente en materia de construcciones, pues no autorizó la demolición, pese a que la obra se realizó al amparo de licencias, ampliaciones y permisos que carecen de fundamento legal, por lo que son inválidas. f) Que en el caso no se acreditó que en el inmueble materia de la litis habiten ciento ocho familias y más de quinientas personas, pues no resultaba suficiente la manifestación del vigilante del lugar. Del contenido de los incisos que anteceden, se destaca que los argumentos que hace valer la parte quejosa son para combatir las consideraciones de fondo formuladas por la sala responsable al resolver la litis propuesta, conforme a los lineamientos de la ejecutoria, por lo que no pueden ser materia de análisis en el presente proveído, dado que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este tribunal sólo debe declarar si la ejecutoria de que se trata fue cumplida o no en sus términos, además de verificar si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Por tanto, la presente, no es la vía para analizar los aspectos que aduce la quejosa, quedando a salvo sus derechos para hacer valer los medios de impugnación que estime pertinentes. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." La cita de la jurisprudencia anterior, no se opone a lo ordenado por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, pues si bien es cierto, el criterio contenido en la misma, giró en torno a las disposiciones previstas por el artículo 105 de la Ley de Amparo en vigor hasta el dos de abril de dos mil trece, también lo es que en ella, se destacó que cuando a juicio del juzgador, se considere que se cumplió con la ejecutoria, dicha circunstancia debe declararse de manera lisa y llana, pues de lo contrario prejuzgaría sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto la parte quejosa, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución, lo cual es acorde a lo ordenado por el artículo 196 de la legislación vigente. Por otra parte, hágase saber a la parte quejosa y al tercero interesado, que cuentan con un plazo de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra de esta resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia número P./J.16/2013 (10), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." De igual manera, hágase de su conocimiento que el aludido recurso, de interponerse, se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó la fracción IV del punto Octavo y se modificó el párrafo segundo y la fracción IV del punto Noveno del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservara para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del Tribunal Colegiado. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la moral tercera interesada y por oficio a las autoridades terceras interesadas, en su oportunidad, archívese el presente asunto.
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