Óscar Moisés Hernández Meneses y otros y Otros.

Expediente 735/2016 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
735/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
25/05/2018

Partes del expediente

  • Óscar Moisés Hernández Meneses y otros y Otros.
  • Óscar Moisés Hernández Meneses y otros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación hecha por la secretaria, en la que se hizo constar que transcurrió el plazo de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, a las partes para inconformarse contra la resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho manifestación alguna; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atendiendo a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que este expediente no tiene relevancia documental y es depurable, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto, el estado que guardan los autos del que se advierte que ninguna de las partes ejerció su derecho a manifestar lo atinente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, es preciso tomar en cuenta las premisas jurídicas y antecedentes que se exponen a continuación: En sesión de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete; este órgano jurisdiccional resolvió conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa, para los siguientes efectos: 1) Deje insubsistente la resolución reclamada de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis; y, 2) Dicte otra, en la que revoque la resolución recurrida y ordene al magistrado regional continuar con la tramitación del juicio contencioso administrativo en todas sus etapas, hasta el dictado de la resolución que en derecho proceda, pero con la limitante de que, si decide sobreseer en el juicio, cuente con los elementos suficientes para ello. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio TJA/SGA/11549/2017 de siete de diciembre de dos mil diecisiete, la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, remitió copia certificada de la sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, donde se advierte que acató los lineamientos de la ejecutoria de amparo, dado que en el considerandos V, en relación con los resolutivos primero, segundo y tercero, de la sentencia de cumplimiento determinó lo siguiente: Dictó otra en la que dejó insubsistente la resolución de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, en el recurso de revisión número 1429/2016; además, realizó lo siguiente: En su considerando quinto, determinó que el sobreseimiento dictado por la magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa, fue incorrecto, en razón de que la causa de improcedencia invocada no fue evidente ni quedó plenamente acreditada, toda vez que la causa de inejercitabilidad invocada, no tenía un motivo claro y evidente. Por lo antes citado, revocó la resolución dictada por la magistrada regional en el juicio administrativo 1190/2015 y le ordenó que continuara con la tramitación del citado juicio en todas sus etapas, únicamente, por cuanto a Óscar Moisés Hernández Meneses, Miguel Héctor Salazar Arriaga, Nallely Janinne Muciño Montiel, Eduardo Ávila Montiel, Erika Leticia Florina Hinojosa Díaz, y Blanca Leticia Sánchez Martínez, hasta el dictado de la resolución que en derecho proceda, con la limitante de que si decidiera sobreseer el juicio, deberá contar con los elementos suficientes para ello. Al respecto, se estima que el tribunal responsable emitió una sentencia acorde a los lineamientos dados en la parte considerativa del fallo protector. Lo anterior, pues, como se destacó, en los efectos de la ejecutoria de amparo se ordenó a la autoridad responsable que dejara insubsistente la resolución de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis; asimismo, emitiera una nueva sentencia en la que revocara la resolución recurrida y ordenara al magistrado regional continuar con la tramitación del juicio contencioso administrativo en todas sus etapas, hasta el dictado de la resolución que en derecho proceda, con la limitante de que, si decidiera sobreseer en el juicio, deberá contar con los elementos suficientes para ello. En ese contexto, en cumplimiento al fallo protector la sección responsable, dejó insubsistente la resolución reclamada y emitió otra sentencia en la que revocó el sobreseimiento dictado por la sala de origen, ordenándole continuar con la tramitación del juicio hasta el dictado de la resolución que en derecho proceda, con la limitante de que, en caso de sobreseer en el juicio, deberá contar con los elementos suficientes para ello. Con lo antes expuesto, se considera que la responsable cumplió los efectos precisados en la sentencia protectora. Por ende, con fundamento en los artículos 192, 196, último párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Finalmente, hágase saber la parte quejosa, y tercero interesado, que cuentan con un plazo de quince días para interponer inconformidad en contra de esta resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia número P./J.16/2013 (10), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." De igual manera, hágase de su conocimiento que el aludido recurso, de interponerse, se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó la fracción IV del punto Octavo y se modificó el párrafo segundo y la fracción IV del punto Noveno del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservara para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del Tribunal Colegiado. Notifíquese; por lista a la parte quejosa, en términos del auto de cinco de junio de dos mil diecisiete, así como por oficio a la autoridad tercera interesada y, en su oportunidad, archívese el presente asunto. Así lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Vista la certificación hecha por la secretaria de acuerdos de este tribunal colegiado, en la que hace constar que transcurrió el plazo de tres días, que establece el artículo 104 de la Ley de Amparo, para que se impugnara el auto de uno de febrero de dos mil dieciocho, en el cual la presidencia de este tribunal colegiado determino que fue extemporáneo el desahogo de la vista concedida, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al no interponer medio de impugnación alguno; en consecuencia, se declara firme tal proveído. Finalmente, pasen los autos al dictado de la resolución correspondiente.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, estado de México, a primero de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta mediante el cual la Directora de Responsabilidades de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, en su carácter de tercero interesada en el presente asunto, pretende desahogar la vista concedida en auto de diez de enero de dos mil dieciocho, respecto al cumplimiento que la autoridad responsable pretende dar a la ejecutoria en este juicio de amparo directo. Ahora bien, vista la certificación hecha por la secretaria de acuerdos, de la que se desprende que transcurrió en exceso el plazo para que la citada parte desahogara la vista concedida, pues este transcurrió del quince al veintiséis de enero de dos mil dieciocho, y en razón de que el oficio de cuenta se presentó hasta el treinta de enero de la presente anualidad, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, consecuentemente, el desahogo de la vista concedida respecto del cumplimiento que pretende dar la autoridad tercera interesada a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, resulta extemporáneo. Finalmente, devuelvánse los presentes autos a la ponencia respectiva.

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