Oscar Quintero Mercado
Expediente 886/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 886/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/03/2021
Partes del expediente
- Oscar Quintero Mercado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, considerando que las partes legitimadas para hacerlo no interpusieron recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar, es susceptible de depuración, por encontrase en la hipótesis establecida inciso a), la fracción I del artículo 18, del citado Acuerdo General; hecho que sea lo anterior, solicítese la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Incidental
Cúmplase.
- Incidental
Ensenada, Baja California, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio de cuenta signado por el Asesor Jurídico de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación Adscrito a la Consejería Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; lo anterior, en atención a que mediante proveído de trece de agosto de dos mil veinte, se le tuvo rindiendo el informe previo; y, en diecisiete de noviembre de dos mil veinte se dictó resolución definitiva en el presente incidente. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S los autos del expediente 886/2019, a fin de resolver en SENTENCIA lo relativo al juicio de amparo promovido por O******, en contra de los actos que atribuye al Gobernador del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y otras autoridades, que estima violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 21, 123, apartado A, fracción XI y apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, R E S U L T A N D O: I. Demanda de amparo. Por escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Mexicali, Baja California, Oscar Quintero Mercado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Gobernador del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; Comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, con residencia en Mexicali, Baja California ACTO RECLAMADO: "1) Decreto 07 mediante el cual se reforman los artículos 18, 22,27, 40, 42, 49, 69, 70, 71, 72, 80, 93, 94, 110, así como la modificación del CAPÍTULO IV del Título Quinto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California número 47, correspondiente al veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. 2) Decreto 10 mediante el cual se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California número 49, correspondiente al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Del Congreso del Estado de Baja California se reclama la aprobación de las normas reclamadas. Del Gobernador del Estado de Baja California se reclama la sanción, promulgación y orden de publicación en el Periódico Oficial del Estado de las normas reclamadas." (sic) Escrito aclaratorio "A) Se señalan como inconstitucionales los artículos 1, 2, 3, fracción XI, 5, 6, fracción VIII, 9, fracción III, 14, fracciones III y XIII, y 28, 29, 30 así como los artículos transitorios primero, segundo, tercero, sexto, octavo y décimo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California." El promovente del amparo estimó vulnerados en su perjuicio, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 21, 123, apartado A, fracción XI y apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio los antecedentes de los actos que reclama y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, los cuales no se transcriben ni se sintetizan, ya que no hay precepto legal que así lo disponga. Sirve de apoyo lo establecido en la Jurisprudencia VI.2°.J/129, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." II. La referida demanda se turnó al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, quien por auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, se declaró incompetente para conocerla, y la remitió al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California en Turno, con residencia en Ensenada para su conocimiento. Demanda que por razón de turno le correspondió conocer a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, el que previa prevención, por auto de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, aceptó la competencia declinada y registró la demanda, la que dio lugar a la instauración del juicio de amparo 886/2019; volviendo a prevenir al quejoso respecto a los actos reclamados y autoridad responsable. El diez de enero de dos mil veinte, desahogada la prevención, se admitió a trámite; y se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito. III. Posteriormente se continuó con la tramitación del juicio en los términos que al respecto establece la Ley de Amparo; y, se inició la audiencia constitucional, con los resultados que se asientan en el acta relativa, procediéndose a dictar el fallo correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 52/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, por tratarse de actos relativos a normas generales reclamadas por su entrada en vigor en el ámbito territorial en el que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, como primera exigencia de esta resolución, se precisará el acto reclamado que se desprende del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias que conforman el juicio. La necesidad del estudio hecho es una obligación para el Juzgado de amparo, lo cual se ha reiterado en múltiples ocasiones por el Máximo Tribunal de este País y se ilustró en la jurisprudencia P/J 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias que se allegaron al juicio se desprende que los actos reclamados se hacen consistir en: La aprobación del Decreto 7 mediante el cual se reforman los artículos 18, 22, 27,40, 42, 49, 69, 70, 71, 72, 80, 93, 94, 110, así como la modificación del capítulo IV del Título Quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, número 47, correspondiente al veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, y su aplicación. La sanción, promulgación y orden de publicación del Decreto 10 mediante el cual se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, número 49, correspondiente al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, y su aplicación. TERCERO. Oportunidad de la demanda. Esta Juzgadora considera innecesario que se realice el cómputo del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que más adelante se determinará si las normas impugnadas son autoaplicativas o heteroaplicativas, circunstancia que resulta necesaria para realizar en dado caso dicho computo. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, con residencia en Mexicali, Baja California, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Por lo anterior, se determina que no es cierto el acto reclamado, pues tal informe es un documento público que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2o. de la Ley de Amparo. Aunado al valor referido, la parte quejosa no aportó prueba que desvirtuara el contenido de dichas documentales; en consecuencia, es patente la negativa de los actos reclamados. En ese sentido, ante la inexistencia de los actos reclamados, es procedente decretar el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello, tiene sustento en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." De igual forma es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Luego, si en el caso no se acredito la existencia del acto que se le atribuye a la autoridad responsable Comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, con residencia en Mexicali, Baja California, como se anticipó, se actualiza la causa se sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, respecto a dicha autoridad y acto en estudio. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Partiendo de la premisa de que las leyes no son objeto de prueba, atento al criterio que enuncia la Jurisprudencia publicada en la página doscientos sesenta del Tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de agosto de dos mil, titulada "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.", son ciertos los actos que se reclaman a las autoridades responsables Congreso del Estado de Baja California y Gobernador del Estado de Baja California, en la medida de sus atribuciones respecto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California. SEXTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia, pues constituyen cuestiones de orden público cuyo estudio debe abordarse de oficio y de manera preferente a la cuestión de fondo. Apoya la consideración anterior la jurisprudencia II. 1º. J/5, que, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia que se prevé en la fracción XII, del artículo 61, en relación con la fracción I, del artículo 5° y 6° de la Ley de Amparo, y para sustentar lo anterior, es oportuno trascribir el contenido de dichos artículos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto o la norma general reclamada. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Al respecto, debe decirse que la figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido en el artículo 5°, fracción I, en relación con el 6° de la Ley de Amparo, según el cual el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que solicita la protección constitucional. Sobre esa premisa, puede afirmarse que el interés jurídico necesario para promover el juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que éste pudiera parecer. Esto es, el interés jurídico está en relación directa con el derecho afectado y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. La tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos; por ello, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Interés jurídico que debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia emitida en dicho juicio, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Luego, la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, esto es, con el carácter con que acude la parte quejosa al juicio de amparo, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1a./J.168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". También es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J.16/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar perjuicio a la persona física o moral, lo que ocurre cuando ese acto o ley lesiona su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y efectivo en forma definitiva a la persona física o moral, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, de la Ley de Amparo. Pues bien, de la interpretación relacionada de los artículos 6, 61, fracción XII y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprende que el primer acto de aplicación de una disposición de observancia general que permite impugnar su constitucionalidad a través del juicio de amparo, debe trascender a la esfera jurídica del gobernado, y a la vez generar un perjuicio que se traduzca en cualquier afectación a su patrimonio jurídico; además, deben tenerse presentes las reglas que norman el estudio que realiza todo juzgador de amparo cuando en el juicio biinstancial se controvierte la constitucionalidad de una disposición de observancia general; por tanto, cuando una norma jurídica no es expresada por la autoridad como el sustento de su actuación, la afectación al interés jurídico del quejoso proviene necesariamente, tanto de la disposición legal como de su acto de aplicación. Así, cuando el gobernado acude al juicio de amparo, controvirtiendo la constitucionalidad de una disposición de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación proveniente de una autoridad, el juzgador de amparo deberá, primero, analizar si la hipótesis legal fue aplicada en perjuicio del quejoso, con independencia de que ésta se haya aplicado de manera fundada y motivada, pues, al margen de ello el perjuicio que trasciende a la esfera jurídica del gobernado tiene su origen en aquella disposición; así, en cada caso concreto, el juzgador deberá analizar el acto de aplicación, y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en la norma impugnada, lo que le permitirá concluir, ante un defecto de motivación o fundamentación, que el peticionario del amparo que aparentemente no resintió su aplicación, sí fue afectado en su interés jurídico por la disposición combatida, pues debe estimarse que la fuente del perjuicio generado es la norma en comento, con independencia de su correcta aplicación. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a. CLXXV/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas." Debe señalarse que para distinguir si una norma es autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario determinar si con su sola entrada en vigor vincula al gobernado a su cumplimiento por virtud de que cree, transforme o extinga en su perjuicio situaciones concretas de derecho; o si, por el contrario, se requiere de un acto diverso que condicione su aplicación. Bajo ese marco de referencia, los efectos de la disposición legal combatida bien pueden ocurrir en forma condicionada, o bien, de manera incondicionada, pero siempre bajo el entendido de que la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso depender de un acto jurídico, concebido éste como la manifestación exterior de la voluntad del particular para crear, transferir, modificar, extinguir o conservar derechos y obligaciones y que produce los efectos deseados por su autor, o del hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, pero todos los anteriores con el común denominador de situar al gobernado dentro de la hipótesis legal. Así, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, impera en dicha norma el carácter de ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. Por el contrario, si las obligaciones impuestas por el texto jurídico no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, tal norma reviste el carácter de disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, dado que la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se encuentra sujeta a la realización de ese evento. Tiene aplicación el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 55/97, cuyo rubro y texto establecen: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". En ese orden de ideas, la parte quejosa impugna la inconstitucionalidad del Decreto 7 mediante el cual se reforman los artículos 18, 22, 27,40, 42, 49, 69, 70, 71, 72, 80, 93, 94, 110, así como la modificación del capítulo IV del Título Quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, número 47, correspondiente al veintitrés de octubre de dos mil diecinueve; así como el Decreto 10 mediante el cual se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California número 49, correspondiente al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Ahora, del análisis del mencionado decreto 7, se advierte en la parte que nos interesa en su artículo "NOVENO" transitorio lo siguiente: "NOVENO. Se declara desaparecida la Policía Estatal Preventiva, aunque en un término de seis meses contados a partir de la publicación de la presente reforma, la Fiscalía General deberá instrumentar un programa de depuración para los Elementos de dicha corporación que quieran formar parte de la nueva corporación prevista en el artículo 69 de la presente reforma. De la misma forma se declara desaparecida la Secretaría de Seguridad Pública, aunque los trabajadores de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que formen parte de la Fiscalía General del Estado mantendrán sus derechos laborales en los mismos términos del régimen laboral bajo el cual fueron contratados. En el caso de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y Policías Ministeriales conservarán con el Estado su relación administrativa, en los mismos términos y condiciones previstos en las leyes aplicables." Por otra parte, el Decreto 10 en sus artículos tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo y décimo transitorios nos señalan: "TERCERO. Los Agentes adscritos a la desaparecida Policía Estatal Preventiva que quieran formar parte de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, podrán hacerlo siempre y cuando cumplan con los requisitos de permanencia señalados en las leyes y reglamentos vigentes en la materia. [.] QUINTO. El poder Legislativo dentro de un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente reforma, realizará las adecuaciones legislativas necesarias para el adecuado funcionamiento de la Fiscalía General del Estado de Baja California. SEXTO. El Congreso del Estado contemplará en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, la asignación de recursos suficientes para la transición operativa de Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública a Fiscalía General del Estado, con la implementación y funcionamiento de todos los órganos que la integran en los términos de la presente Ley. Para el ejercicio fiscal vigente a la entrada en vigor de la presente Ley, el Ejecutivo del Estado de Baja California, deberá destinar a la Fiscalía General del Estado los recursos presupuestales aprobados para el ejercicio de 2019 a la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. SÉPTIMO. El Fiscal General del Estado de Baja California, contratará con el plazo máximo de un año a partir de su nombramiento, para implementar en su totalidad la transición de Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública a la Fiscalía General del Estado, así como para la instalación y operación de cada uno de los órganos que la integran en términos de la presente Ley. OCTAVO. El Fiscal General del Estado contará con un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Hasta antes de la expedición de dicho reglamento, y en lo que no se oponga a la presente Ley, podrá permanecer vigente la estructura orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, con las mismas facultades y obligaciones previstas en su Reglamento. [.] DÉCIMO. El personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, que pasen a formar parte de la Fiscalía General del Estado, conservarán su relación laboral-en (sic) términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. Podrá ser separado del servicio público sin responsabilidad para la Fiscalía General del Estado de Baja California, el personal que se niegue a participar en los procesos de evaluación o que no los hubiere aprobado, conforme a lo dispuesto por la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal." Al respecto, del citado artículo Noveno transitorio del decreto 7 se advierte que efectivamente se declara desaparecida la Policía Estatal Preventiva, así como la Secretaría de Seguridad Pública; asimismo, establece que los miembros de la Procuraduría General de Justicia y de la Mencionada Secretaría que formen parte de la Fiscalía General del Estado mantendrán sus derechos laborales en los mismos términos del régimen laboral bajo el cual fueron contratados. De igual forma, el artículo tercero transitorio del citado decreto 10, nos indica que los Agentes adscritos a la desaparecida Policía Estatal Preventiva que quieran formar parte de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, podrán hacerlo siempre y cuando cumplan con los requisitos de permanencia señalados en las leyes y reglamentos vigentes en la materia. Por otro lado, el decreto 10, en su artículo séptimo transitorio nos señala que el Fiscal General del Estado de Baja California, contará con el plazo máximo de un año a partir de su nombramiento para implementar en su totalidad la transición de la Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública a la Fiscalía General del Estado, así como el octavo transitorio nos señala que el citado Fiscal contará con un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de dicho decreto para expedir el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en el entendido de que hasta antes de la expedición de dicho reglamento, y en lo que no se oponga a dicha ley, podrá permanecer vigente la estructura orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, con las mismas facultades y obligaciones previstas en su reglamento. Por su parte, el artículo Décimo transitorio del decreto número 10, señala que el personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, que pasen a formar parte de la Fiscalía General del Estado conservarán su relación laboral en los términos dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. En resumen, puede interpretar que la transferencia de los recursos humanos -personal-, financieros y materiales de dichas dependencias se realizará de manera gradual, conforme a los acuerdos de transferencia que se lleguen a emitir para tal efecto. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que de lo expuesto se puede afirmar que si bien el personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, quedarían adscritos a la Fiscalía General del Estado; sin embargo, el cambio no sería implícito, ni automático, sino que tendrá lugar en un marco de acciones por parte de distintas dependencias, lo cual, a la fecha, no existe ninguna documental con la cual se acredite que dicha circunstancia haya tenido lugar. De ahí que se considere que la norma, por su sola entrada en vigor, no causó perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa y, en su caso, deberá esperar un acto de aplicación para acudir a la instancia constitucional. En este aspecto, importa destacar que a la fecha no se tiene conocimiento o exista un medio de prueba fehaciente de que las autoridades correspondientes hayan emitido la relación detallada de los elementos pertenecientes que serán asignados a la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación o la Fiscalía General del Estado, o bien, que haya ordenado la readscripción del quejoso. En otras palabras, no se cuenta con los elementos necesarios: lista con los detalles (proceso, procedimiento, forma, plazos, motivos o razones) de qué elementos -personas- serán asignados a la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación o la Fiscalía General del Estado u otra institución en cumplimiento a los decretos reclamados, para establecer un escenario real, actual o inminente en la esfera jurídica de la quejosa con motivo de lo previsto en las normas reclamadas. Precisada dicha circunstancia no debe pasar inadvertido que la parte quejosa acompaña a su escrito inicial de demanda la constancia expedida por el Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo de Baja California, a nombre de Oscar Quintero Mercado (foja 24), en la cual se hace constar que desempeña el puesto de policía, laborando en la Secretaría de Seguridad Pública, a la cual se le otorga valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, si la parte quejosa insta la presente demanda, con el temor de que con la transferencia será privardo de sus derechos laborales que tiene actualmente; sin embargo, conforme a lo explicado, a la fecha el peticionario de amparo no se ubica en los supuestos de la norma que reclama, ya que aún no se emite algún acto por el cual se advierta su transferencia definitiva; por lo que no se tiene certeza de la situación jurídica que guarde laboralmente el quejoso, a efecto de poder entrar al análisis de la afectación que pudiera causarle la norma que reclama, sino en su defecto únicamente existe una presunción de una posible afectación. En ese contexto, se estima que los decretos 7 y 10 reclamados, se podrían equiparar a un cambio de adscripción de la parte quejosa, pues en dichos actos no se indica que se modifique su jerarquía, nivel y derechos laborales, así como percepciones económicas o prestaciones, por las cuales aduce tener incertidumbre perder. Al respecto, se impone destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2004 en relación con el cambio de adscripción de los agentes de Seguridad Pública, determinó que la orden emitida en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo de seguridad pública, no afecta los intereses jurídicos del policía readscrito, siempre y cuando en atención a dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquier otra de separación del cargo, toda vez que el derecho de la inamovilidad en los funcionarios a que fue destinado no se encuentra reconocido en las normas que le rigen. Criterio que dio origen a la jurisprudencia número 2a./J. 38/2005, emitida por la referida Segunda Sala, que dispone lo siguiente: "SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. La orden emitida por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el agente policíaco tenga la titularidad del derecho a permanecer en la sede a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor ni en la propia Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, ni en su reglamento." De igual manera, dicho criterio fue reiterado por la referida Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 331/2010, de donde derivó la jurisprudencia 2a./J. 16/2011, de rubro y texto: "POLICÍA INVESTIGADORA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, A MENOS DE QUE ÉSTE SE VERIFIQUE EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES.- Los artículos 13, 15, 18, 20, 21, 24, 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco establecen, entre otras cosas, la integración de esta Procuraduría, algunas de sus facultades, en especial la relativa a la potestad de establecer las delegaciones y las agencias del Ministerio Público que se requieran de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y la necesidad del servicio, la facultad del Procurador General para delegar facultades, la naturaleza de personal de confianza de la Policía Investigadora, así como su subordinación a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad y la potestad del Procurador o de los delegados que se nombren para adscribir a los agentes del Ministerio Público, a los agentes de la Policía Investigadora y demás servidores públicos a las diversas unidades administrativas de la Procuraduría, tomando en cuenta su categoría y especialidad. Del contenido de esos numerales se advierte que si bien los agentes de la Policía Investigadora no tienen el derecho a permanecer indefinidamente en su adscripción, pues los fines de la institución de la que forman parte así lo imponen, lo cual se traduce en que las necesidades del servicio obligan precisamente a su movilidad, lo cierto es que el cambio de adscripción está sujeto a reglas que la propia autoridad debe observar y cumplir; en otras palabras, aunque dichos agentes se encuentran en una relación de especial sujeción, pues su adscripción está condicionada por las necesidades del servicio, una determinación de esa naturaleza no escapa ni es ajena a la garantía de legalidad, que obliga a la autoridad que ordena el cambio de adscripción a observar el procedimiento establecido en la propia legislación aplicable para esos casos; por tanto, de esas condiciones surge el interés de tales agentes para acudir al juicio de amparo cuando estimen que la autoridad no observó las normas dispuestas para el cambio de adscripción, a menos que éste se verifique en igualdad de funciones y condiciones a las anteriores, en cuyo caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." Aunado a lo anterior, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, emitió la tesis número I.7o.A.420 A, que dispone: "SEGURIDAD PÚBLICA. EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS NO LES OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA COMBATIRLO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, A MENOS QUE AQUÉL IMPLIQUE UN MENOSCABO EN SUS PERCEPCIONES. Si bien es cierto que atendiendo a la naturaleza de sus funciones, el cambio de adscripción de los elementos de seguridad pública por necesidades del servicio no les da interés jurídico para combatirlo a través del juicio de garantías, también lo es que esto no sucede así cuando, producto de ese mismo cambio de adscripción, se cause un menoscabo al salario o percepciones del interesado; ello es así porque tal disminución prestacional constituye un acto de privación de derechos susceptible de ser examinado por el órgano constitucional, principalmente cuando el alegato del quejoso consiste en no haber sido escuchado por la autoridad en forma previa a la determinación de dicho cambio de adscripción." En ese contexto, tomando en consideración los criterios adoptados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplicados por analogía al presente caso, este órgano jurisdiccional estima que las normas reclamadas, se equiparan a un cambio de adscripción del quejoso, en el cual se le da opciones de que él decida a qué corporación es su interés pertenecer y en el mismo no se indica que se modifique su jerarquía, nivel y derechos laborales, así como percepciones económicas, prestaciones y/o prerrogativas. Habida cuenta de que no existe medio de prueba que desvirtúe lo anterior, esto es, que con la ejecución de las normas reclamadas las cuales traen como consecuencia un cambio de adscripción, se asigne un cargo diverso al que venía desarrollando el peticionario o bien, una reducción en el salario que percibía, en todo momento y por necesidades del servicio o para el mejor desempeño de su cargo en beneficio de la ciudadanía, puede ser asignado a un lugar diverso para cumplir sus funciones, sin que ello implique pérdida de antigüedad, jerarquía y emolumentos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXVII.6 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO. Si bien en la parte in fine del artículo 78 de la Ley de Amparo, se confiere al Juez de Distrito la prerrogativa para recabar las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, lo cierto es que tal dispositivo no obliga al resolutor federal a requerir de esa autoridad los medios de convicción que justifiquen el interés jurídico del promovente del juicio de garantías; esto, por la sencilla razón de que de conformidad con el artículo 4o. y la fracción V del artículo 73, interpretada en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al quejoso y no al Juez de garantías." En consecuencia, resulta fundada la causa de improcedencia propuesta, por lo que procede sobreseer con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no acreditó que con su sola entrada en vigor las normas reclamadas le causen prejuicio y menos aún la existencia del primer acto de aplicación, en tanto que no se reúne los elementos que condicionan su aplicación material. En mérito de lo expuesto, la suscrita se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 509, de rubro y texto que se transcriben: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SÉPTIMO. Publicación de la sentencia. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. OCTAVO. Captura de sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, proceda el Secretario a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente en su oportunidad. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 63, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por *******, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables; por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos cuarto y sexto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia. Notifíquese.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 6,224 expedientes
- Oscar Maldonado Zúñiga513/2017
- Oscar Maldonado Zúñiga585/2015
- Oscar Orona Sinfuentes620/2015
- Oscar Orozco Fuentes274/2018
- Oscar Osuna Castro894/2019
- Oscar Pérez Pérez80/2016
- Oscar Ramiro Flores Angulo336/2022
- Óscar Rosario Gómez Yañez66/2020
- Oscar Salmeron Mendoza885/2019
- Óscar Sanchez Flores389/2020
- Oscar Vicente Guzmán Rodríguez170/2015
- Oscar Villa Pulido462/2023