Oscar Maldonado Zúñiga
Expediente 585/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 585/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/04/2016
Partes del expediente
- Oscar Maldonado Zúñiga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que sí existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Toda vez que en autos consta documento en original exhibido por el quejoso, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlo, apercibido que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves.
- Principal
Siendo las nueve horas del dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, la suscrita Claudia Lorena Perea Valdez, Actuaria Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, el auto de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, dictado en el Juicio de amparo 585/2015-I-C; al tercero interesado Arturo Eduardo Motolinía Reyna; en cumplimiento al auto de diecinueve e febrerode dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio de garantías. Con fundamento en los artículos 26, 27 29 de la Ley de Amparo, que dice: "Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 3601 (fojas 88 a 92), la autoridad responsable 1. Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable en lo que interesa, al 1. Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: "[.] El acuerdo de cinco de noviembre de dos mil quince, dictado en la averiguación previa 2184/12/311/AP, mediante el cual la responsable negó la petición de copias que hizo el defensor particular del quejoso mediante escrito de treinta de octubre del mismo año; y, en consecuencia, la negativa de acceso a la indagatoria. [.]" Ahora bien, mediante resolución de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el nueve de marzo del actual, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Federal. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] se concede a ÓSCAR MALDONADO ZÚÑIGA, el amparo solicitado, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público Investigador de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: - Deje insubsistente el proveído de cinco de noviembre de dos mil quince, pronunciado en los autos de la averiguación previa 2184/12/311/AP, y en cumplimiento al derecho fundamental previsto por el artículo 20, inciso A), fracciones VII, IX y X, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emita otro acuerdo en donde ordene la expedición de las copias solicitadas por el defensor particular del amparista ÓSCAR MALDONADO ZÚÑIGA. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 3601 (fojas 88 a 92), la autoridad responsable 1. Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con la copia certificada del proveído de veintidós de febrero del presente año (fojas 91 y 92), emitido dentro de la averiguación previa 2184/12/311/AP de su índice; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, el 1. Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, mediante proveído de veintidós de febrero del presente año (fojas 91 y 92), emitido dentro de la averiguación previa 2184/12/311/AP de su índice, dejó insubsistente el acuerdo de cinco de noviembre de dos mi quince, y en su lugar, acordó de conformidad la expedición de las copias solicitadas por el defensor particular del aquí quejoso. De ahí que al haber dejado insubsistente la autoridad responsable 1. Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, el acuerdo materia del acto reclamado, y al haber acordado de conformidad la petición del quejoso, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente."
- Principal
Siendo las nueve horas del diez de marzo de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, el auto de nueve de marzo de dos mil dieciséis, dictado dentro del Juicio de amparo 585/2015-única; al tercero Arturo Eduardo Motolinia Reyna; en cumplimiento al auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, dictado dentro del presente juicio de garantías. Con fundamento en los artículos 26, 27 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, que dice: Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en autos, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia que por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). VISTA DE CUMPLIMIENTO Ahora bien, en lo relativo al cumplimiento que debe realizar la autoridad responsable 1. Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, se desprende que mediante oficio 861/16/304, al cual anexó copia certificada del proveído de veintidós de febrero del presente año, emitido dentro de la averiguación previa 2184/12/311/AP (fojas 88 a 92), la referida autoridad responsable informó a este juzgado el cumplimiento que dio a la sentencia que amparó en el presente juicio, por lo que este órgano jurisdiccional se reservó a acordar lo conducente, hasta en tanto, se dictara el presente acuerdo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio registrado con el número de folio 3601 (fojas 88 a 92), por el plazo de tres días a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que obra un tomo de pruebas (foja 57 vuelta), consistente en copias certificadas de constancias relativas a la averiguación previa 2184/12/311/AP, que remitió el 1. Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, devuélvanse dichas constancias a la autoridad mencionada, solicitando acuse de recibo.
- Principal
Visto el oficio signado por el 1. Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, y anexo, por medio del cual informa el cumplimiento que dio a la sentencia pronunciada en el presente asunto; sin embargo, tomando en consideración que a la presente fecha la resolución que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, no ha causado ejecutoria; resérvese proveer lo que legalmente corresponda hasta en tanto el fallo protector quede firme. No obsta a la anterior determinación el hecho de que el escrito que se acuerda, se encuentre dirigido al juicio de amparo indirecto 525/2015-I-B, pues de los datos contenidos en el mismo, es dable identificar que el ocurso corresponde al presente asunto. Resulta aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 3/2004, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 264, tomo XIX, noviembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuya sinopsis es: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN. Los ordenamientos civiles tanto adjetivos como sustantivos no establecen como obligación de las partes citar el número de expediente al que se dirigen las promociones, y si bien existe necesidad por parte del órgano jurisdiccional de identificar dicho expediente, lo cierto es que para ello no resulta indispensable que se cite su número, pues para ese efecto puede atenderse a los demás datos que se indican en tales promociones, los cuales se encuentran registrados en los libros que llevan los órganos jurisdiccionales. Asimismo cuando se trate de un error meramente formal en cualquier otra referencia de identificación contenida en una promoción que impidan el conocimiento exacto del expediente al que la misma va dirigida, el juzgador a efecto de subsanar el error, debe atender a los demás datos que se indiquen en dicha promoción, y que relacionados con la información que el órgano jurisdiccional tiene en sus registros, sea posible identificar plenamente el asunto al que corresponden."
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