Oscar Manuel Gutiérrez Gutiérrez

Expediente 792/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
792/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
30/10/2020

Partes del expediente

  • Oscar Manuel Gutiérrez Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído inmediato anterior se requirió a la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con residencia en la ciudad de México, para que remita la constancia debidamente certificada de notificación y/o entrega del oficio *** de trece de diciembre del dos mil diecinueve, mediante el cual se negó la solicitud de la aquí quejosa ***, sin que a la fecha lo haya hecho, ni se cuente con la constancia de notificación. DIFERIMIENTO. Por lo que, a efecto de dar oportunidad a lo anterior y no violar las formalidades esenciales del procedimiento, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciséis de octubre de dos mil veinte. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por **, por propio derecho, contra actos de la Legislatura del Estado de Querétaro y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 792/2020-I, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En atención al contenido del escrito inicial presentado por la quejosa, se procede al estudio de dicha demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Bajo ese contexto, se estima que en el presente asunto la acción de amparo se torna improcedente de manera manifiesta e indudable, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, todos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, siendo su texto el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Lo anterior se afirma así, por las razones que a continuación se exponen. En principio, debe destacarse que de conformidad con el transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días, los cuales de acuerdo con lo estipulado por el diverso artículo 18, serán contados a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Por otra parte, resulta conveniente precisar que el acto reclamado por la parte quejosa lo hace consistir en a) el proceso origen de los preceptos legales encargados de regular la inscripción de derechos registrales y el impuesto sobre traslado de dominio; así como la aplicación de dichos ordenamientos, materializados en la escritura pública ***de veintiocho de agosto de dos mil veinte, pasada ante la fe del titular de la Notaría Pública número 33 (treinta y tres), con ejercicio en esta ciudad, y en el recibo de pago **, con fecha de operación de ocho de septiembre de dos mil veinte. Importa destacar que las normas impugnadas son combatidas con motivo del primer acto de aplicación que se concretizó en el recibo de pago **, de ocho de septiembre de dos mil veinte, expedido por la Secretaría de Tesorería y Finanzas del Municipio de Corregidora, Querétaro, a favor de la parte quejosa. Asimismo, debe resaltarse que de lo manifestado por la parte promovente del amparo, en su escrito de demanda se colige que éste atribuye a los ordenamientos legales impugnados el carácter de heteroaplicativas o de individualización condicionada, lo cual se constata en función al contenido de dichos preceptos. Para una mayor claridad, debe establecerse que la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, distingue entre leyes que por su sola vigencia causan perjuicio al quejoso y aquellas que para que irroguen dicho perjuicio se requiere de un acto posterior de aplicación. Las primeras se conocen como autoaplicativas, mientras que las segundas son las llamadas heteroaplicativas, estas últimas, se reitera, requieren de un acto concreto de aplicación que interfiera en la esfera jurídica de la parte quejosa. En este segundo supuesto, es decir, tratándose de leyes heteroaplicativas, la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece que para impugnar una ley en un juicio constitucional el interesado tiene la opción de ejercer la acción de amparo en su contra, ya a través de su primer acto de aplicación, ya en contra de la resolución correspondiente recaída al recurso o medio de defensa ordinario que, en su caso, se hubiese interpuesto en contra de dicho acto. Es de puntual aplicación la tesis establecida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Novena Época, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Tesis P./J. 55/97, Página 5, que prescribe: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En esa tesitura, al ser considerados de carácter heteroaplicativo, los ordenamientos legales reclamados por la parte quejosa en el presente juicio biinstancial y atendiendo al contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, transcrito con antelación, se concluye que el término con que contaba la parte quejosa para la interposición de la demanda de amparo, era de quince días contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del primer acto de aplicación. Luego, si de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende la manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que el tres de septiembre de dos mil veinte, el solicitante del amparo, realizó el pago de lo reclamado en esta vía constitucional, es incuestionable que el plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición del juicio de amparo, comenzó a transcurrir el cuatro del mismo mes y año, esto es, al día siguiente en que tuvo conocimiento del primer acto de aplicación. En esa virtud, debe tomarse en cuenta que dicho plazo inicia, necesariamente, al día siguiente al en que la parte quejosa realiza el pago del tributo respectivo, dado que al tener bajo su resguardo los recursos a erogar, es él quien decide -dentro del margen legal para ello- llevar a cabo el pago y, por ende, a generar en su perjuicio la afectación patrimonial correspondiente, por lo que en términos de lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, es indudable que a partir del momento de la erogación del tributo el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial y si es su intención controvertir las normas generales que lo vinculan a realizar ese pago y que, por ende, sirven de base a ese perjuicio, resulta indudable que en términos de lo previsto en el último precepto citado, al realizar el entero se tiene noticia tanto del perjuicio sufrido como del origen de éste, pues a él le correspondió llevar a cabo los cálculos correspondientes y, por consiguiente, conocer plenamente tanto la afectación patrimonial como su fundamento. Esta conclusión implica que el plazo para impugnar ese acto de aplicación de la norma general respectiva, necesariamente inicia desde que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial en la cual se concreta aquélla y, de no promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al día en el que por su propia voluntad se colocó en el supuesto de esa normativa, se deberá estimar que decidió no impugnarla a través de dicho medio de control constitucional y, por ende, si posteriormente pretende controvertirla, con motivo del acto de aplicación que él decidió realizar, el juicio resultará extemporáneo, pues el plazo de quince días necesariamente habrá comenzado desde el momento en el que decidió cumplir con la obligación tributaria que le genera la respectiva afectación patrimonial. Dicho en otras palabras, aun cuando la parte quejosa pretendiera ostentarse sabedora del acto de aplicación en un momento posterior, lo cierto es que tuvo conocimiento pleno de la afectación patrimonial que le causó perjuicio desde el momento en que erogó al cantidad respectiva, máxime que fue su voluntad la que determinó llevarlo a cabo en ese preciso momento y no en uno diverso dentro del margen legal para cumplir con la respectiva obligación tributaria. Así, debe destacarse que los antecedentes que proporciona el quejoso bajo protesta de decir verdad, constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La afirmación anterior se sustenta en que, si bien el artículo 119 de la Ley de Amparo establece que "En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones", no prohíbe la prueba de confesión, sino sólo una de las modalidades de este medio de convicción, que es la confesión obtenida mediante la absolución de posiciones. Al respecto, conviene mencionar que el citado ordenamiento adjetivo, en el artículo 95, señala las diversas formas mediante las cuales surge la confesión, entendida ésta como la prueba que se constituye mediante el reconocimiento, expreso o tácito, de una parte, formal o material, de un hecho que le perjudica. Dice así ese precepto: "La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley." El texto del precepto transcrito permite distinguir los distintos modos que dan nacimiento a la confesión de un hecho que produce efectos jurídicos en el proceso, entre las que se encuentra la expresa cuando deriva de la absolución de posiciones, a la que se refiere exclusivamente la prohibición consignada en el artículo 119 de la Ley de Amparo. En cambio, la confesión expresa que se hace al formular la demanda sí es admisible en el juicio de amparo y debe valorarse en los términos fijados por el código adjetivo civil federal, por ser aplicable supletoriamente, en ese aspecto, a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Y si en el caso, es la propia parte quejosa quien de forma unilateral externa en su demanda inicial un hecho que es perjudicial para sus intereses en juicio (como lo es la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, que a su vez propicia el consentimiento tácito de este, y la extemporaneidad de su instancia de amparo), a dicha confesión expresa se le reconoce valor de prueba plena de conformidad con los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de sustento a lo expuesto, las consideraciones expuestas en la ejecutoria emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 34/96, que derivó en la jurisprudencia 28/96, visible en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. En tales condiciones, se arriba a la conclusión que el término con que contaba la quejosa para la interposición de la demanda de amparo indirecto en contra de las normas legales combatidas, inició el cuatro y feneció el veintinueve de septiembre del año que transcurre, ello sin tener en cuenta los días inhábiles que median en dicho periodo, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, y la Circular 13/2020 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; de ahí que si la demanda de amparo en estudio, fue presentada por la parte quejosa ante la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, el día trece de octubre del presente año, según se desprende del sello de recibo, resulta inconcuso que su reclamo se considera extemporáneo en razón de que el plazo con el que contaba para interponer la demanda de amparo, feneció el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, actualizándose, por tanto, la causa de improcedencia analizada. Debiendo destacarse que, en el caso a estudio, no se advierte que el primer acto de aplicación que refiere la parte quejosa le haya sido notificada a través de alguna normatividad procesal específica, por lo que el plazo para la interposición del presente juicio de amparo, se computa a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del primer acto de aplicación, tal como lo expresó bajo protesta de decir verdad. Así las cosas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en los artículos 17 y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, por su notoria e indudable improcedencia, dado que operó el consentimiento tácito tanto de las normas generales reclamadas como heteroaplicativas, así como respecto del señalado acto concreto de aplicación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda; asimismo, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ** toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el en el Sistema Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; y, como autorizada en términos restringidos a la diversa persona que indica, por así solicitarlo expresamente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 07 de agosto de 2020, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2021840, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. INFORMACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y CORREO ELECTRÓNICO. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. ATENCIÓN PRESENCIAL. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. RECEPCIÓN DE PROMOCIONES. Se hace del conocimiento de las partes que la mecánica de la habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Cabe precisar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. Por lo que, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. NOTIFICACIÓN Y EXHORTACIÓN. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. PUBLICACIÓN DE LISTA DE ACUERDOS Y CONTACTO CON LAS PARTES. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. CAPTURA DE PROVEÍDO. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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