Óscar Luna Resendiz

Expediente 1618/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1618/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
18/11/2016

Partes del expediente

  • Óscar Luna Resendiz
  • Comandante de la Dirección de Investigación del Delito Grupo Cadereyta de Montes, Querétaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto; por cuanto de la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la quejosa ****, hubiese recurrido el auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otro lado; toda vez que dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa se formó un tomo de pruebas, consistente en copias certificadas del expediente 15/2016 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Cadereyta de Montes, Querétaro; en tal virtud, devuélvase el mismo a la autoridad señalada, sin que sea necesario requerirle el acuse de recibo respectivo, toda vez que, la constancia de notificación, hace las veces del mismo...IV

  2. Principal

    Vistos; agréguese únicamente para que obre como constancia el oficio de cuenta, signado por la Juez Menor Mixto de Ezequiel Montes, Querétaro, por medio del cual remite debidamente diligenciado el despacho 113/2016-IV, con número de orden 224/2016-IV, del índice de este Juzgado Federal, del que se advierte que fueron debidamente emplazados los terceros interesados, tal y como fue solicitado por éste Juzgador, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, acúsese de recibo...IV

  3. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta, signado por la Juez Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro, mediante el cual informa que en dieciocho de octubre del año en curso, el aquí quejoso, compareció en las instalaciones de ése órgano jurisdiccional, a efecto de rendir su declaración preparatoria y ponerse a disposición del Juez de la causa, remitiendo al efecto las constancias que avalan su dicho, mismas que con apoyo en el artículo 119 de la ley reglamentaria invocada, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza jurídica. Asimismo informa que en diecinueve del mes y año en curso, se dictó auto de formal prisión en contra del quejoso; consecuentemente, cabe destacar que de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la nueva Ley de Amparo, que establece la obligación del Juzgador Federal de realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, se advierte que de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias remitidas por el citado juzgador se desprende que el acto que por esta vía combate el quejoso de marras, se hace consistir en la orden de aprehensión, girada en su contra. Así las cosas, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, dictó auto de formal prisión en contra del quejoso, dentro del proceso penal 15/2016, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de HOMICIDIO Y DAÑOS A TÍTULO DE CULPA, cuya descripción legal contempla el artículo 125 y 202 en relación con el 14 fracción II, y sancionado por el artículo 75 de la Ley Sustantiva Penal en vigor para el Estado de Querétaro, cometido el primer resultando en agravio de **** y el segundo en agravio de ****. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 207, Tomo I, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como, por su sentido y alcance, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la nueva Ley de Amparo, se analiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61, que sobrevino respecto del acto reclamado por Oscar Luna Reséndiz. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262, parte VIII, del Apéndice de 1985, Quinta Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no debe examinarse previamente la improcedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías." El artículo 61, fracción XVII, de la nueva Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deba considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." En efecto, la improcedencia del amparo es una institución jurídica por virtud de la cual el juzgado federal se encuentra imposibilitado para determinar si el acto reclamado es constitucional o inconstitucional. Su estudio es preferente, lo aleguen o no las partes. Ahora, en los procedimientos penales, una situación jurídica es el conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, o bien, puede ser catalogada como una etapa procesal en el juicio. Y el cambio de situación jurídica se presenta cuando se complementa una en todas sus partes, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. En la materia que ocupa la atención, una situación jurídica se crea con motivo de la emisión del alguno de los siguientes actos: a) Orden de aprehensión; b) Auto de formal prisión; y, c) Sentencia definitiva. Situaciones jurídicas concretas que se encuentran dentro de los diversos procedimientos penales, ya sea porque ahí están contenidas o porque inician o terminan con ellos; por ejemplo, la preinstrucción, la instrucción o el juicio; sin embargo, de una u otra forma el aspecto a destacar, lo es que no pueden converger para el estudio de fondo toda vez que esas situaciones jurídicas son preclusivas, esto es, el nacimiento de la segunda deja irreparablemente consumada la primera; y el de la tercera la segunda. Expuesto lo anterior, de las constancias remitidas por la autoridad responsable a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, así como siguiendo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO", se advierte que efectivamente en el proceso penal 15/2016, el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, se decretó en contra del inculpado, aquí quejoso Oscar Luna Reséndiz, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de HOMICIDIO Y DAÑOS A TÍTULO DE CULPA, cuya descripción legal contempla el artículo 125 y 202 en relación con el 14 fracción II, y sancionado por el artículo 75 de la Ley Sustantiva Penal en vigor para el Estado de Querétaro, cometido el primer resultando en agravio de **** y el segundo en agravio de ****. Por lo que resulta evidente que cambió la situación jurídica del demandante del amparo, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 del ordenamiento legal invocado; por tanto, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas por no poder decidirse en el procedimiento aludido, sin afectar la nueva situación jurídica originada con el auto de formal prisión en comento. Consecuentemente, al actualizarse dicha hipótesis legal, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XVII, del diverso 61, ambos de la nueva Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". De igual forma, por analogía, tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Determinación que se extiende al acto de ejecución atribuido a las autoridades a quienes se les otorgó ese carácter, de conformidad con la jurisprudencia visible en la página 647, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Séptima Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada en este juicio, para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS...IV

  4. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 25/10/2016 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 24/10/2016, QUE EN LO CONDECENTE DICE: Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta, signado por la Juez Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro, mediante el cual informa que en dieciocho de octubre del año en curso, el aquí quejoso, compareció en las instalaciones de ése órgano jurisdiccional, a efecto de rendir su declaración preparatoria y ponerse a disposición del Juez de la causa, remitiendo al efecto las constancias que avalan su dicho, mismas que con apoyo en el artículo 119 de la ley reglamentaria invocada, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza jurídica. Asimismo informa que en diecinueve del mes y año en curso, se dictó auto de formal prisión en contra del quejoso; consecuentemente, cabe destacar que de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la nueva Ley de Amparo, que establece la obligación del Juzgador Federal de realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, se advierte que de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias remitidas por el citado juzgador se desprende que el acto que por esta vía combate el quejoso de marras, se hace consistir en la orden de aprehensión, girada en su contra. Así las cosas, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, dictó auto de formal prisión en contra del quejoso, dentro del proceso penal 15/2016, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de HOMICIDIO Y DAÑOS A TÍTULO DE CULPA, cuya descripción legal contempla el artículo 125 y 202 en relación con el 14 fracción II, y sancionado por el artículo 75 de la Ley Sustantiva Penal en vigor para el Estado de Querétaro, cometido el primer resultando en agravio de **** y el segundo en agravio de ****. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 207, Tomo I, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como, por su sentido y alcance, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la nueva Ley de Amparo, se analiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61, que sobrevino respecto del acto reclamado por Oscar Luna Reséndiz. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262, parte VIII, del Apéndice de 1985, Quinta Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no debe examinarse previamente la improcedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías." El artículo 61, fracción XVII, de la nueva Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deba considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." En efecto, la improcedencia del amparo es una institución jurídica por virtud de la cual el juzgado federal se encuentra imposibilitado para determinar si el acto reclamado es constitucional o inconstitucional. Su estudio es preferente, lo aleguen o no las partes. Ahora, en los procedimientos penales, una situación jurídica es el conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, o bien, puede ser catalogada como una etapa procesal en el juicio. Y el cambio de situación jurídica se presenta cuando se complementa una en todas sus partes, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. En la materia que ocupa la atención, una situación jurídica se crea con motivo de la emisión del alguno de los siguientes actos: a) Orden de aprehensión; b) Auto de formal prisión; y, c) Sentencia definitiva. Situaciones jurídicas concretas que se encuentran dentro de los diversos procedimientos penales, ya sea porque ahí están contenidas o porque inician o terminan con ellos; por ejemplo, la preinstrucción, la instrucción o el juicio; sin embargo, de una u otra forma el aspecto a destacar, lo es que no pueden converger para el estudio de fondo toda vez que esas situaciones jurídicas son preclusivas, esto es, el nacimiento de la segunda deja irreparablemente consumada la primera; y el de la tercera la segunda. Expuesto lo anterior, de las constancias remitidas por la autoridad responsable a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, así como siguiendo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO", se advierte que efectivamente en el proceso penal 15/2016, el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, se decretó en contra del inculpado, aquí quejoso Oscar Luna Reséndiz, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de HOMICIDIO Y DAÑOS A TÍTULO DE CULPA, cuya descripción legal contempla el artículo 125 y 202 en relación con el 14 fracción II, y sancionado por el artículo 75 de la Ley Sustantiva Penal en vigor para el Estado de Querétaro, cometido el primer resultando en agravio de **** y el segundo en agravio de ****. Por lo que resulta evidente que cambió la situación jurídica del demandante del amparo, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 del ordenamiento legal invocado; por tanto, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas por no poder decidirse en el procedimiento aludido, sin afectar la nueva situación jurídica originada con el auto de formal prisión en comento. Consecuentemente, al actualizarse dicha hipótesis legal, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XVII, del diverso 61, ambos de la nueva Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". De igual forma, por analogía, tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Determinación que se extiende al acto de ejecución atribuido a las autoridades a quienes se les otorgó ese carácter, de conformidad con la jurisprudencia visible en la página 647, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Séptima Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada en este juicio, para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS...IV

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