Oscar Magin Cantoral Calvo
Expediente 160/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 160/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Oscar Magin Cantoral Calvo
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio y ejecutoria remitidos por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo testimonio de la resolución dictada en el toca 42/2023 de su índice, de la que se advierte que el mencionado Tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto por Ingeniería en Riego, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a través de su autorizado Manuel David Niño Cano, parte quejosa en el presente asunto, en contra del auto dictado el seis de marzo de dos mil veintitrés, en el presente expediente, en el que se desechó la demanda de amparo, quedando en su único punto resolutivo como sigue: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja." En tal razón, acúsese el recibo respectivo, vía interconexión, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso "b" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el seis de junio de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, remitido por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, téngasele comunicando que se admitió el recurso de queja interpuesto por ********************, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a través de su autorizado********************, parte quejosa en el presente asunto, contra el auto de seis de marzo del año en curso, radicándose el expediente bajo el número ********************/2023, de lo que el suscrito se da por enterado.********************Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que conste como corresponda el escrito signado por Manuel David Niño Cano, autorizado de la parte quejosa en el presente asunto. En atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de queja contra el auto de seis de marzo del año en curso, en que se desechó la demanda de protección de derechos fundamentales; por consiguiente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase el escrito mediante el cual se formula la queja, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, al que se acompaña copia certificada de las actuaciones que se han practicado hasta el momento en el presente expediente. En consecuencia, ríndase informe, señalando que en el referido auto se desechó la demanda instaurada, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al ser notoriamente improcedentes el acto reclamado consistente en la resolución emitida el nueve de febrero de dos mil veintitrés, dentro del incidente de nulidad de actuaciones derivado del expediente laboral 1368/IX/2019, del índice de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, al tratarse de un acto meramente procesal. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 88 de la ley de la materia, obténganse las copias necesarias de los ocursos de agravios al haberse presentado en forma electrónica. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por Oscar Magin Cantoral Calvo, por propio derecho y como representante legal de Ingeniería en Riego, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, personalidad que acredita con las documentales que anexas; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 160/2023-2. DESECHAMIENTO En primer término, antes de proveer sobre en su caso de la admisión del escrito de demanda el artículo 113 de la Ley de Amparo ordena lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no se formaría una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Ahora bien, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considerar la demanda como un todo, de acuerdo a lo señalado en la jurisprudencia 2a./J. 55/98, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Por tanto, del análisis integral de la demanda de cuenta, se advierte que el acto que reclama el promovente lo hace consistir en: "La omisión ilegal de su parte en sus obligaciones constitucionales "de hacer"-en su carácter de autoridad-de promover, respetar, proteger y garantizar nuestros derechos humanos: 1) de aplicación del principio de interpretación más favorable a la persona, 2) de legalidad y seguridad jurídica, así como 3) de audiencia o acceso a la justicia mediante recurso efectivo, todo ello al momento de emitir con fecha 9 de febrero de 2023 la resolución interlocutoria al-INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES (de previo y especial pronunciamiento) respecto de la Audiencia de desahogo de la PRUEBA TESTIMONIAL ofrecida por la parte actora celebrada ilegalmente al no haberse hecho efectivo el apercibimiento de ley de declarar desierta dicha probanza-habiendo tenido verificativo la hipótesis correspondiente para ello-y sin contar con nuestra presencia física al no haber sido notificados del día y hora de su celebración, de fecha 27 de enero de 2022; y" Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza, no es uno de aquellos que produzca efectos que sean de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, dichos numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" La disposición imperativa de la fracción XXIII, transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido, establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de garantías es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora bien, los actos en el juicio que sean de imposible reparación, debemos entender aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Tiene aplicación por lo que informa la tesis Jurisprudencial 3a. 43 sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 291, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 207343, que a la letra dice: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Lo anterior significa que para que los actos reclamados sean considerados de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal modo, que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación que se deduce de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Resulta aplicable por su contenido, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 37/2014 (10a.), consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 2006589, que se transcribe a continuación: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Bajo ese contexto, se advierte que el acto que reclama el promovente, consiste en la resolución emitida el nueve de febrero de dos mil veintitrés, dentro del incidente de nulidad de actuaciones derivado del expediente laboral 1368/IX/2019, del índice de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, en el cual se declaró improcedente el mismo, la cual aduce lo deja en estado de indefensión al no declararse desierta la testimonial ofrecida por la parte actora, por no haber hecho efectivo el apercibimiento de ley; sin embargo, aquélla es un acto meramente procesal, pues no tiene efectos materiales sobre derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque sólo produce efectos de carácter intraprocesal, ya que sus efectos se pueden enmendar al momento de obtener una resolución favorable. Lo cual se corrobora con los antecedentes que cita en su ocurso de demanda, en los cuales se advierte que aún no se ha emitido laudo en dicho expediente. En las relatadas circunstancias, debido a que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el diverso artículo 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de solicitud de protección de derechos fundamentales, por ser manifiesta e indudable su improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Téngase por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones; y, como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por encontrarse facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y/o Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. USUARIO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita el promovente, de conformidad con los artículos 3, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 37, 38, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza al usuario "********************", para el ingreso, consulta y notificaciones electrónicas de los acuerdos correspondientes a este expediente a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx. En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al usuario "********************", para que pueda ingresar y consultar vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada. DATOS DE CONTACTO Ahora, ténganse por señalado el correo electrónico proporcionado; en la inteligencia de que en términos del en Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, dicho medio se utilizará como medio de contacto, ya que no es un medio de notificación previsto por la ley de la materia. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese electrónicamente al promovente.
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