Oscar Hugon Díaz Bringas

Expediente 294/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
294/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Oscar Hugon Díaz Bringas

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta y uno de marzo del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veinticinco de abril de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Vistos los autos, se advierte que por sentencia dictada el veinte de abril de dos mil veintiuno, se concedió a Sergio Raúl Aguirre Donato, a través de su defensor particular Ricardo Aguilar Rodríguez, el amparo y protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable acatara los efectos siguientes: "Consecuentemente, para restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales conculcados, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable denominada Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Oral del Decimoséptimo Distrito Judicial, sala "B", en Veracruz, Veracruz, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la determinación emitida en la audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, atinente a la declaración de improcedencia de la solicitud de la defensa del quejoso relativa al sobreseimiento de la causa penal 341/2019 de su índice; y, 2. Señale fecha y hora para la reposición del procedimiento de dicha audiencia, en la que, con plenitud de jurisdicción, con base en las consideraciones expuestas, en acatamiento a los principios de fundamentación y motivación, resuelva lo que en derecho corresponda sobre la referida petición de la parte quejosa." Dicha sentencia fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante ejecutoria de doce de agosto de dos mil veintiuno y, posteriormente, mediante proveído de veintisiete de agosto del año pasado, se requirió a la responsable su cumplimiento. Ahora, previo varios requerimientos, la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, informó sobre el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo. En proveído de diez de febrero del año en curso se ordenó dar vista a las partes con el oficio de cumplimiento y sus anexos, por el término de tres días, para que realizaran las manifestaciones que a su derecho correspondiera en relación al cumplimiento de la autoridad responsable, pronunciándose al respecto la parte quejosa a través de su defensor particular. En ese tenor, de las constancias remitidas por las responsables, a las que se les confiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que, en efecto, la responsable señaló las quince horas del cuatro de febrero pasado para el desahogo de la audiencia correspondiente, en la que dejó insubsistente la determinación emitida en la audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, atinente a la declaración de improcedencia de la solicitud de la defensa del quejoso relativa al sobreseimiento de la causa penal 341/2019 de su índice y con base en las consideraciones expuestas en la sentencia de referencia, con plenitud de jurisdicción, emitió una resolución debidamente fundada y motivada. Lo anterior, dado que en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, se analizó la constitucionalidad del acto reclamado y se estableció que la responsable había incumplido con los elementos de forma que debe revestir el dictado de la resolución combatida, por no reunir los requisitos a que se refiere el párrafo primero del citado artículo 16 constitucional, consistentes en una debida motivación y fundamentación. Esto, porque no explicó adecuadamente las razones y sustentos legales para negar la solicitud de sobreseimiento del proceso penal, puesto que utilizó expresiones vagas e imprecisas en su resolución, la cual se emitió con motivo del planteamiento de que la investigación complementaria finalizó desde el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, por lo que, a decir de la parte quejosa, el término que establece el precepto 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales debía correr a partir del siguiente día, sin que fuera justificación para hacerlo de otra forma, la suspensión de labores derivada de la contingencia sanitaria que padece el país, dado que refiere que asuntos como el que corresponde al proceso de origen, al haber una persona privada de la libertad de por medio, no existió suspensión de plazos, pues se instituyó un sistema de guardias para ese fin; siendo el caso que la responsable no dio respuesta puntual a tales alegaciones, por ejemplo, no citó datos de la circular en la que pretendió sustentar su respuesta, su fecha, su vigencia. Pero, en la nueva audiencia que se practicó en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se observa que el juzgador penal fundamentó la negativa a decretar el sobreseimiento del proceso penal peticionado por la defensa del quejoso, básicamente en lo estipulado por las comunicaciones oficiales emitidas por las instancias correspondientes del Poder Judicial del Estado de Veracruz, relacionadas con la suspensión de labores en función de la emergencia de salud pública debido al brote de COVID-19, y el establecimiento de guardias (minuto 03:27 del DVD), siendo las siguientes: Circular 6, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitida por la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Circular 7, de dieciséis de abril de dos mil veinte, emitida por la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Circular 8, de veintinueve de abril de dos mil veinte, emitida por la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Circular 11, de veintiocho de mayo de dos mil veinte, emitida por la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Circular 13, de veintinueve de junio de dos mil veinte, emitida por la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Comunicado número 1, de treinta de julio de dos mil veinte, emitido por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Circular 14, de catorce de agosto de dos mil veinte, emitida por la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Circular 15, de veintiocho de agosto de dos mil veinte, emitida por la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Y la Circular 19, de once de septiembre de dos mil veinte, emitida por la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que estableció la reanudación de labores a partir del diecisiete de septiembre de dos mil veinte. Incluso, fundamenta también su decisión en lo ponderado en el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid19. Como se observa, la responsable, tal y como se le indicó en la ejecutoria de amparo, emitió su negativa de manera fundada y motivada, al sustentarla en las comunicaciones oficiales citadas y establecer que dentro de los supuestos de casos urgentes ahí señalados, para los que no se suspendieron los plazos, no se encuentra la hipótesis señalada por la parte quejosa, de manera que no pudo haber transcurrido el plazo de la representación social para formular su acusación y, en consecuencia, pueda proceder el sobreseimiento del proceso penal. En este contexto, resultan infundadas las manifestaciones aducidas por la parte quejosa en su escrito de desahogo de vista, mismo que se tuvo por recibido el dieciocho de febrero del año en curso, en el sentido de que estima que la sentencia dictada en el presente asunto no se encuentra cumplida. Se dice lo anterior, toda vez que, como se precisó, la materia del cumplimiento de la sentencia amparadora, se constriñe esencialmente en dos puntos: dejar insubsistente la resolución reclamada y resolver, con base en las consideraciones expuestas en la ejecutoria de amparo, en acatamiento a los principios de fundamentación y motivación, con plenitud de jurisdicción, lo conducente respecto a la solicitud de sobreseimiento del proceso penal planteado; aspectos que, según se vio, fueron cumplidos en sus términos. Aunado a lo expresado, es necesario señalar que la concesión de amparo no vinculó a la responsable en forma alguna, a que diera respuesta de forma favorable a los intereses del quejoso, ni se atendieron otros aspectos como lo pretende, sino exclusivamente a lo ya precisado en el párrafo anterior. Por ende, no es factible que el quejoso formule argumentos haciéndolos depender en aspectos que en la sentencia de amparo no se analizaron y menos en la materia de la concesión, ya que la conclusión alcanzada por la responsable de cuenta lo hizo con libertad de decisión; máxime que, se itera, en el fallo protector, no se vinculó a la responsable con lo pretendido por el quejoso, ni en algún otro sentido. De ahí que los argumentos en el sentido de que la sentencia de amparo no se encuentra debidamente cumplida, escapan de los efectos decretados en la sentencia que le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, como se afirmó en párrafos arriba, este juzgador estima que la ejecutoria que aquí se analiza se encuentra cumplida. Se significa a la parte quejosa que tiene expeditos sus derechos para controvertir lo resuelto por el citado Juez en la vía y forma procedentes. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, al no existir exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que transcurra el término de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, contado a partir de la legal notificación del presente auto, provéase sobre el archivo del presente juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercer a interesada (persona física), por correo electrónico a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable y tercero interesada (fiscal).

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 31-03-2022, POR NO ATEDER AL AVISO DE 05-04-2022: ... Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por Oscar Hugon Díaz Bringas; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 294/2022-2, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no se formaría una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Una vez establecido lo anterior, es dable indicar que la parte quejosa reclama del Juez Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz la resolución de cuatro de febrero del año en curso, emitido dentro del incidente de nulidad de actuaciones, promovido por la señora Arabella Plaza Pineda, apoderada legal de la empresa Constrec Sociedad Anónima de Capital Variable (Constre, S.A. de C.V.), en donde deja sin efectos la diligencia de emplazamiento y ordena reponer el procedimiento del juicio de origen 660/2019. Entonces, en el particular, el que suscribe estima que en el caso se colma el supuesto de inviabilidad que establece la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción V y 172, fracción V, de la ley en cita, debido a que la resolución reclamada es de carácter intraprocesal que no afecta materialmente los derechos sustantivos de la promovente. Tales numerales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad". De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no tengan efectos de imposible reparación; en la inteligencia de que la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, define lo que debe entenderse por actos en juicio cuyos efectos son de imposible reparación, al establecer con toda precisión que son aquellos que afecten materialmente alguno de los derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. En otras palabras, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento judicial, únicamente cuando ocasionan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado y no tratándose de derechos adjetivos o procesales. Cabe precisar, que la jurisprudencia temática del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 37/2014 (10a.), integrada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, publicada en la página 39, Libro 7, junio de dos mil catorce, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, determinó lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, a partir de la reforma a la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, como se advierte de su transcripción: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Del citado criterio se advierte la interpretación que el Pleno del Alto Tribunal ha realizado en relación con el texto reformado de la Ley de Amparo, que en su artículo 107, fracción V, define claramente el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", disposición con la que el legislador limitó con suma claridad los supuestos en los que procede el juicio de amparo indirecto contra actos dentro de juicio, al establecer que para que un acto dentro de juicio pueda ser calificado como irreparable, debe producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma directa y actual el ejercicio de un derecho sustantivo, y no únicamente que produzcan alguna afectación de naturaleza formal o adjetiva que pueda trascender o no al resultado del fallo; es decir, para que el juicio de amparo indirecto sea procedente, en relación con los actos intraprocesales, es indispensable que recaiga materialmente sobre derechos sustantivos y, por ende, no procederá tratándose de aspectos procesales o que provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En relación con el aspecto que se analiza, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que atendiendo a la connotación que el legislador plasmó en la Ley de Amparo vigente respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguirse afirmando que son actos de imposible reparación, aquéllos que transgreden derechos adjetivos en grado predominante o superior, ya que esa interpretación surgió con motivo de un análisis derivado del texto de la Ley de Amparo anterior a la reforma publicada el dos de abril de dos mil trece, la cual dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que podía asumirse como actos de imposible reparación, lo cual a la fecha ya no acontece. El mismo criterio fue reiterado por el Pleno del Máximo Tribunal en la jurisprudencia P/J 1/2016, emitida al resolver la contradicción de tesis 14/2015, publicada en la página 15, libro 29, abril de 2016, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. De dicha jurisprudencia se observa que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró que en la Ley de Amparo vigente no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, ya que esos criterios se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por actos de imposible reparación, lo que ya no acontece en la legislación actual, por lo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de la aplicación de esos criterios, al ser incompatibles con el texto legal que debe ser acatado. En el caso, como se destacó, el acto reclamado consiste en la resolución de cuatro de febrero del año en curso, emitida por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, dentro del incidente de nulidad de actuaciones, promovido por la señora Arabella Plaza Pineda, apoderada legal de la empresa Constrec Sociedad Anónima de Capital Variable (Constre, S.A. de C.V.), en donde deja sin efectos la diligencia de emplazamiento y ordena reponer el procedimiento del juicio de origen 660/2019, lo cual no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto combatido es una determinación en la que se ordena reponer el procedimiento dentro del juicio de origen, y por regla general dicha violación puede hacerse valer cuando transciende en el resultado de resolución o sentencia que se emita, mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia correspondiente, si es contraria a los intereses de la hoy impetrante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracción V de la ley de la materia. En tanto que si el afectado obtiene sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios causados con la aludida resolución. De tal manera que la determinación reclamada no se trata de un acto procesal que tenga una ejecución de imposible reparación, pues no tiene como consecuencia una afectación de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en los derechos humanos previstos en la Carta Magna. Apoya lo anterior la tesis con número de registro digital 230240, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, página 354, bajo el rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES, CONTRA LA RESOLUCION QUE LA DECLARA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, no distingue la clase de irreparabilidad de la ejecución del acto, dentro del juicio, reclamable en amparo indirecto. Ahora bien, la resolución que declara fundado el incidente de nulidad de actuaciones, sólo tiene efectos procesales y, la violación que, en su caso, se cometa al dictarla, puede ser subsanada en el evento de que la sentencia definitiva que llegare a pronunciarse en el procedimiento respectivo, sea favorable a los intereses del quejoso. Por tanto, el acto mencionado es susceptible de reparación y no cabe dentro de aquellos que conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, son susceptibles de impugnarse mediante el juicio de garantías biinstancial. Además, si el fallo final no le resulta benéfico, podrá reclamarlo en amparo directo, en el que estará en aptitud de alegar aquel acto como violación procesal que, aunque se prolongue hasta el dictado de la sentencia definitiva, no menoscaba en forma directa los derechos fundamentales del agraviado, es decir, no le causa un perjuicio material irreparable. Incluso, de considerarse actualizada la violación de garantías alegada, se concedería la protección federal, para el efecto de que las cosas volvieran al estado que guardaban antes de que se promoviera el incidente de nulidad, esto es, que quedaran subsistentes todas las actuaciones que se declararon nulas en la interlocutoria e insubsistentes las posteriores." Así como la tesis con número de registro digital 917855, instancia del Pleno, Materia Común, consultable en el Apéndice 2000, Tomo IV, Común Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación página 270, bajo el rubro y texto siguiente: NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO.- La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquellas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta. De ahí que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, ello para evitar crear falsas expectativas a quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente una causa de sobreseimiento. Por lo tanto, al colmarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V y 172, fracción V, de la ley de la materia, con apoyo en el diverso artículo 113 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda, por ser manifiesta e indudable su improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Se tiene como domicilio de la parte promovente del amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio del escrito de demanda. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO: Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirva proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde pueda ser localizada, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, conforme al artículo 28, párrafo segundo, del citado Acuerdo General 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se exhorta a las partes que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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