Óscar Javier Romero Lara

Expediente 612/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 22 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
612/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
10/02/2023

Partes del expediente

  • Óscar Javier Romero Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diez de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado cumplimiento a la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del once de enero de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depuración de expediente. Depúrese el cuaderno principal dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo ante anterior, conservando la demanda, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; la resolución relativa a la sentencia y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida provisional y definitiva; el incidente de suspensión es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que no obran en autos. Devolución de tomos. Finalmente, hágase devolución a la autoridad responsable, de las constancias que fueron remitidas como apoyo al informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, once de enero de dos mil veintitrés. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para efecto de que la responsable, realizara lo siguiente: "Deje insubsistente la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa ********************, instruida a ********************, en su carácter de presunto infractor, únicamente, en la parte relativa en la que se pronunció acerca de la medida cautelar y su concesión, esto es, los puntos Segundo y Tercero, de la resolución combatida y los efectos decretados; también, todo lo actuado en el expedientillo ********************; En su lugar emita una nueva determinación en la que se cumplan con los postulados de debida fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 constitucional, en el entendido de que tiene libertad de jurisdicción para emitirla, por ello, dicha determinación puede ser en el mismo sentido o en uno diverso, siempre y cuando atienda las consideraciones expuestas en la presente sentencia, es decir, en caso de que decida imponer la medida cautelar de suspensión provisional del empleo al quejoso como docente en la Universidad Politécnica de Tlaxcala, deberá subsanar el vicio formal (deficiente motivación) que generó la concesión del amparo. En caso de que determine retener las percepciones del quejoso, deberá determinar el quantum o porcentaje que garantice el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto infractor y justificar cómo determinó o arribó a la cantidad que le servirá para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, y de sus dependientes económicos. Finalmente, ordene darle vista al quejoso con el oficio o escrito por el que se solicitaron las medidas cautelares, para que en un término de cinco días hábiles manifieste lo que a su interés convenga." Así, mediante auto veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio signado por la Autoridad Sustanciadora adscrita al Órgano Interno de Control de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, mediante el cual remitió las constancias con las que manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora, a las documentales remitidas por la autoridad responsable, este juzgador les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Del análisis de las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable dictó un acuerdo el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente PARA/001/2022, en el cual: Dejó insubsistente la resolución dictada el veintiséis de abril de dos mil veintidós. En su lugar emitió una en la cual: Impuso como medida cautelar la suspensión temporal del quejoso en su empleo, fundando dicha determinación en los artículos 123, 125, 126, 127 y 128 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; asimismo, justificó su necesidad de su imposición en el hecho de proteger la dignidad, libertad y seguridad de la denunciante, y en el hecho de que los sucesos corresponden a conductas de violencia sexual que implican afectaciones a la integridad personal, física, psicológica, moral a la libertad y el desarrollo de la denunciante, quien se encuentra en una situación de vulnerabilidad; de igual modo, tomó en consideración las copias certificadas del expediente laboral del denunciando y carpeta de investigación. Estableció que durante el término de la suspensión provisional, el denunciado recibiría el treinta por ciento de su ingreso neto real quincenal, pues consideró que dicha cantidad garantiza el derecho a un mínimo para su subsistencia, ya que su salario íntegro es de $9,039.46 (nueve mil treinta y nueve pesos moneda nacional 00/46), por lo que la cantidad fijada está por encima del salario mínimo. Igualmente dio vista a la parte quejosa por el término de cinco días, a afecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de dicha medida. Manifestaciones del quejoso Por otra parte, mediante auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo al quejoso realizando diversas manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de las cuales se advierte la responsable: La autoridad no fundamentó ni motivó la resolución dictada el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, pues no precisó los preceptos legales que le sirvieron para emitir dicha resolución. No justificó cómo es que determinó el porcentaje de la retención de su salario -setenta por ciento-, pasando por alto el mínimo vital para su subsistencia. Respecto de la vista que le dio la autoridad responsable lo hizo sin tomar en cuenta que aún se encontraba transcurriendo el término para que causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente sumario. Al respecto, en cuanto a su primer manifestación dígase al quejoso que no le asiste la razón, pues como se puede evidenciar de los párrafos que anteceden la autoridad responsable justificó y fundamentó la medida cautelar que le fue impuesta, pues como se puede apreciar citó los artículos 123, 125, 126, 127 y 128 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el por qué de su imposición. Por cuanto a la segunda manifestación, como se dijo en los párrafos que preceden, la autoridad responsable fijó el quantum que estimó necesario para su subsistencia y señaló que el mismo era suficiente por exceder el salario mínimo; por lo que, con independencia de lo correcto o no de su determinación cumplió en fijar el porcentaje y decir porqué lo consideró suficiente. Finalmente, respecto a que en la fecha en que se le dio vista para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de la medida cautelar, debe decirse que al no haber impugnado la sentencia, ello no afecta el cumplimiento, pues son procedimientos diferentes que se llevan por separado, en ese sentido no interfiere la vista de los cinco días con el plazo para que cause ejecutoria la sentencia, o en su caso se interponga el recurso respectivo. Atento a lo anterior, se evidencia que la responsable cumplió con el fallo protector, pues el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dictó una resolución fundamentando y justificando la imposición de la medida cautelar al aquejoso. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector. Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de derechos como asunto concluido. Estado de autos. Finalmente del estado de autos, se advierte que mediante escrito el cual se tuvo por recibido el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, el quejoso ********************, designa como autorizada en términos amplios a ********************, así como usuario electrónico, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones. Autorizada. En consecuencia, se tiene por como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Notificación electrónica. Finalmente, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta, así como las respectivas notificaciones del expediente electrónico a través del usuario "jany24", toda vez que se encuentra registrado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Parte quejosa contesta vista. Agréguese el escrito signado por ********************atento a su contenido, se le tiene contestando la vista que le fue concedida en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte el promovente en el escrito de cuenta, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, es decir, una vez que se analice si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Autoridad informa cumplimiento a ejecutoria de amparo. Agréguese el oficio signado por el Brisel Polo Barrera, en su carácter de autoridad substanciadora adscrita al Órgano de Control Interno de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo. Se da vista con cumplimiento. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, debiendo correrle traslado con el oficio y anexo de cuenta, por el término de tres días computados legalmente para que manifieste lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante a dicho cumplimiento del fallo protector. Notifíquese y personalmente a quejoso y tercero interesado. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM

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