Óscar García Santacruz
Expediente 1039/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1039/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Óscar García Santacruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el catorce de febrero de dos mil veintidós, en la que por una parte se determinó sobreseer y por otra se decretó negar el amparo y protección constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, por haberse negado la protección constitucional, en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido dicho termino, dentro del pazo de noventa días hágase la depuración del mismo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida definitiva, es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Por otra parte, no obstante, que los documentos exhibidos por la parte quejosa, no se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1308, (dentro de un horario de doce treinta a dieciocho horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Apizaco, Tlaxcala, siendo las trece horas con dieciocho minutos del catorce de febrero de dos mil veintidós, en audiencia pública de derecho el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, asistido de Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria con quien actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la correspondiente al juicio de amparo 1039/2021, promovido por Oscar García Santacruz; sin la asistencia de las partes ni de persona que legalmente las represente. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, la Secretaria hace relación de las constancias de autos y da cuenta con lo siguiente: La demanda de amparo y anexos (fojas 2 a 45). Diligencia de vinculación al procedimiento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado (fojas 109 a 11). Informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en representación de dicha Secretaría y de la Dirección de Ingresos y Fiscalización (fojas 66 a 106). Todo lo anterior consta en autos. Por otro lado, la secretaria CERTIFICA: 1. Que no existen promociones pendientes por acordar recibidas hasta la fecha y hora señaladas para el desahogo de la presente audiencia, tanto de la Oficialía de Partes Común como de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito; 2. El presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, es decir, todas las partes están debidamente emplazadas y las constancias que remitieron las autoridades responsables con sus informes justificados se encuentran completas, en orden cronológico, certificadas, selladas y foliadas. Doy fe. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias de autos, con lo anterior se cierra esta etapa y se declara abierto el período de pruebas. PERIODO PROBATORIO A continuación se abre el período probatorio, en el que la Secretaria da cuenta con las documentales que adjuntó el quejoso a su demanda de amparo (fojas 06 a 45); así como las remitidas por las autoridades responsables como apoyo a sus informes justificados (fojas 70 a 106). El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas referidas, dada su propia y especial naturaleza. Al no haber más pruebas que calificar, se cierra esta etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre el período de alegatos, en el que la Secretaria hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: Al no existir más alegatos por relacionar, se cierra la fase respectiva. CONCLUSIÓN DEL ACTA Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se da por concluida la presente audiencia, quedando el asunto en estado de dictar la sentencia que en derecho corresponda. S E N T E N C I A VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1039/2021, promovido por Oscar García Santacruz, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Oscar García Santacruz, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos fundamentales consignados en los artículos 1, párrafo tercero, 5, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo con el número 1039/2021, y se previno a la parte quejosa para el efecto de que: "a) Precise si el decreto señalado como inconstitucional, lo impugna en su carácter de norma general autoaplicativa o heteroaplicativa, y siendo éste último supuesto, deberá señalar el acto concreto de aplicación. b) En caso de reclamar el Decreto como heteroaplicativo, deberá señalar la fecha en que se le notificó, tuvo conocimiento o se ostentó sabedor del acto reclamado. (.) c) Señale si señala como autoridades responsables a todas las que suscribieron el convenio de colaboración, es decir, por parte del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala: 1. María Alejandra Marisela Nande Islas, Secretaria de Planeación y Finanzas; 2. Javier Flores Romero, Director de Ingresos y Fiscalización; 3. Darío Coyotzi Nava, Director de Presupuesto; y, 4. Elizabeth Pérez Báez, Directora Jurídica Y, por parte del Municipio de Totolac, Tlaxcala: 1. Giovanni Pérez Briones, Presidente Municipal; 2. Ma. Elena Conde Pérez, Síndico Municipal; 3. Rafael Hernández Hernández, Secretario del Ayuntamiento; y, 4. María Veneranda Alejandra Galindo Huerta, Tesorera Municipal. d) Indique qué porciones normativas contenidas en el convenio de coordinación y colaboración Institucional en Materia Fiscal Estatal, que celebran por una parte el poder ejecutivo del Estado de Tlaxcala, representado por la Secretaría de Planeación y Finanzas y el Ayuntamiento del Municipio de Totolac, representado por el Presidente, el Síndico, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero, todos del Municipio de Totolac, Tlaxcala". Mediante escrito recibido en este Juzgado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el quejoso desahogó la prevención formulada refiriendo que: Recamaba el convenio en su carácter heteroaplicativo; asimismo, que el acto de aplicación consiste en el oficio D.I.E..04/10/2021/110. No señala como autoridades responsables a las suscribientes del convenio. La porción normativa que reclama es la cláusula Décima, relativa a la vigencia del Convenio reclamado. En consecuencia, por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto de aplicación reclamado se emitió dentro del lugar en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama un convenio de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y las constancias que integran el presente juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Convenio de Coordinación y Colaboración Institucional en Materia Fiscal Estatal que tiene por objeto autorizar al Municipio de San Juan Totolac expedir licencias o refrendos de funcionamiento de establecimientos o locales ubicados dentro de su territorio, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyen el expendio de dichas bebidas en observancia a los artículos 155, 155 A, 155 B y 156 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicado el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. De la Dirección de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala, el oficio D.I.E.04/10/2021/110, de cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Señalados los actos reclamados, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de los mismos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada del rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así lo reconocieron al rendir su informe con justificación (foja 66 vuelta). Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Máxime que el Convenio reclamado constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en tanto se trata de una norma de carácter general publicada en el Periódico Oficial del Estado. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 65/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260 del tomo XII, agosto de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". CUARTO. Oportunidad en la presentación de la demanda de derechos. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En el caso, el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el siete de octubre de dos mil veintiuno, por lo que el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del ocho al veintinueve del propio mes y año; ello, tomando en consideración que el nueve, diez, doce, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de octubre de dicha anualidad, fueron inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 de la ley de la materia. Lo anterior se esquematiza a continuación: OCTUBRE DE 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 Tuvo conocimiento 8 Día 1 9 Inhábil 10 Inhábil 11 Día 2 12 Inhábil 13 Día 3 14 Día 4 15 Día 5 16 Inhábil 17 Inhábil 18 Día 6 19 Día 7 20 Día 8 21 Día 9 22 Día 10 23 Inhábil 24 Inhábil 25 Día 11 26 Día 12 27 Día 13 28 Día 14 29 Día 15 Presenta demanda 30 31 Consecuentemente, es evidente que la demanda fue presentada en tiempo, pues es inconcuso que se presentó dentro del plazo de quince días que tenía para impugnar el acto que reclama. QUINTO. Causas de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de La Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." I. Falta de conceptos de violación En el caso, respecto del Convenio de Coordinación y Colaboración Institucional en Materia Fiscal Estatal que tiene por objeto autorizar al Municipio de San Juan Totolac expedir licencias o refrendos de funcionamiento de establecimientos o locales ubicados dentro de su territorio, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyen el expendio de dichas bebidas en observancia a los artículos 155, 155 A, 155 B y 156 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicado el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, relacionada con la fracción VIII, del dispositivo 108, de la Ley de Amparo, en virtud que la parte quejosa no formuló conceptos de violación. Ahora, los numerales invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresarán: (.) VIII. Los conceptos de violación". El primer precepto establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución, lo que de suyo implica que las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución y la Ley de Amparo. El artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo señala que la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará los conceptos de violación. En ese orden de ideas, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, la ausencia o falta de conceptos de violación determina la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Sirve de fundamento la tesis XVII.2o.7 K del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito localizable en la página 364 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LA AUSENCIA O FALTA DE. DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. Si la quejosa en su demanda de garantías a manera de concepto de violación únicamente transcribe el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, dicha transcripción no reúne las condiciones necesarias que establece el artículo 166, fracción VI, de la Ley de Amparo para ser considerado como tal, pues éste consiste en la exposición del razonamiento jurídico concreto contra los fundamentos del acto reclamado o contra la ausencia de ellos, para poner de manifiesto que dicho acto es contrario a la ley, o a la interpretación jurídica de la misma, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó; o bien, porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley, o porque la sentencia reclamada no se apoyó en principios generales del derecho, cuando no haya ley aplicable al caso; de donde se infiere que al no existir concepto de violación, requisito esencial en el juicio de garantías para establecer si el acto reclamado es o no constitucional, debe concluirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 166, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo que motiva el sobreseimiento del juicio de garantías en términos del artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". En el caso particular, de la lectura integral a la demanda de amparo, no se advierte que la quejosa haya formulado concepto de violación alguno para impugnar el Convenio de Coordinación y Colaboración Institucional en Materia Fiscal Estatal que tiene por objeto autorizar al Municipio de San Juan Totolac expedir licencias o refrendos de funcionamiento de establecimientos o locales ubicados dentro de su territorio, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyen el expendio de dichas bebidas en observancia a los artículos 155, 155 A, 155 B y 156 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicado el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Lo anterior es así, pues en el capítulo de conceptos de violación, se limita a combatir el oficio D.I.E.04/10/2021/110, de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, pues ante la ausencia de conceptos de violación no es posible abordar el análisis de control de constitucionalidad de los actos cuestionados. Apoya lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 28/93, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 72, Diciembre de 1993, Materia Común, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo". II. No señaló como responsables a las autoridades que celebraron el Convenio reclamado. Asimismo, respecto del Convenio de Coordinación y Colaboración Institucional en Materia Fiscal Estatal que tiene por objeto autorizar al Municipio de San Juan Totolac expedir licencias o refrendos de funcionamiento de establecimientos o locales ubicados dentro de su territorio, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyen el expendio de dichas bebidas en observancia a los artículos 155, 155 A, 155 B y 156 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicado el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los 5°, fracción II, y 108, fracción III, del mismo ordenamiento legal, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". De la anterior transcripción, se desprende esencialmente que la autoridad responsable es parte en el juicio de amparo; asimismo, que el quejoso al formular su demanda, tiene la obligación de señalar a la potestad que emitió el acto u omisión que a su juicio resulta violatorio de sus derechos fundamentales. Por ende, la autoridad responsable debe ser oída dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que de ella se reclama, de modo que si no es llamada, no es jurídicamente posible que el Juez de amparo se pronuncie al respecto. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2º. J/205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 468, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época de rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS"; así mismo, resulta aplicable la Jurisprudencia VI. 3º. J/44, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 67, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 74, Febrero de 1994, de la Octava Época de título: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO". Ahora bien, de la lectura íntegra al Convenio reclamado, se advierte que el mismo fue suscrito por el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y el Municipio de Totolac, Tlaxcala, a través de las personas siguientes: Por el Ejecutivo Estatal Por el Municipio de Totolac 1. María Alejandra Marisela Nande Islas, Secretaria de Planeación y Finanzas; 2. Javier Flores Romero, Director de Ingresos y Fiscalización; 3. Darío Coyotzi Nava, Director de Presupuesto; y, 4. Elizabeth Pérez Báez, Directora Jurídica 1. Giovanni Pérez Briones, Presidente Municipal; 2. Ma. Elena Conde Pérez, Síndico Municipal; 3. Rafael Hernández Hernández, Secretario del Ayuntamiento; y, 4. María Veneranda Alejandra Galindo Huerta, Tesorera Municipal. De lo anterior, se advierte que el quejoso, necesariamente, se encontraba constreñido a señalar a dichas autoridades como responsable en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues al margen de que se señalen las autoridades que tienen intervención en el acto de aplicación, deben designarse como responsables a quienes suscribieron el convenio de observancia general reclamado, a fin de llamarlos a la controversia constitucional, oírlos en defensa de la legalidad de sus actos y estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, para de esta forma no hacer nugatorio el derecho que le asiste a la citada autoridad para ocurrir al juicio de amparo y poder alegar lo que a su derecho corresponda en relación con su actuar; de ahí que sea el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación. Ahora bien, de las constancias de autos, se advierte que por auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 4646 a 52), se requirió al quejoso para que manifestara si señalaba como autoridades responsables a quienes suscribieron el Convenio reclamado -quienes fueron precisados en el cuadro que obra en párrafos precedentes-; sin embargo, mediante escrito recibido en este Juzgado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el impetrante manifestó expresamente: "no señalo como autoridades responsables a las suscribientes del convenio" (foja 54). Por lo anterior este Juzgado se encuentra imposibilitado legalmente para abordar el estudio de la constitucionalidad del Convenio de Coordinación y Colaboración Institucional en Materia Fiscal Estatal que tiene por objeto autorizar al Municipio de San Juan Totolac expedir licencias o refrendos de funcionamiento de establecimientos o locales ubicados dentro de su territorio, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyen el expendio de dichas bebidas en observancia a los artículos 155, 155 A, 155 B y 156 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicado el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve; pues no se señaló como responsables a las autoridades que lo suscribieron. Es aplicable a lo anterior, la tesis: 2a. CLXIV/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 113 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". En consecuencia, dada la actualización de las causales antes expuestas, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto del Convenio de Coordinación y Colaboración Institucional en Materia Fiscal Estatal que tiene por objeto autorizar al Municipio de San Juan Totolac expedir licencias o refrendos de funcionamiento de establecimientos o locales ubicados dentro de su territorio, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyen el expendio de dichas bebidas en observancia a los artículos 155, 155 A, 155 B y 156 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicado el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción II, y 108, fracciones III y VIII, todos de la Ley de Amparo. Al no actualizarse diversa causa de improcedencia, ni las partes hicieron valer distinta a las citadas, lo que procede es entrar al análisis del fondo de la cuestión planteada. SEXTO. Conceptos de violación. Ahora bien, no se trascribirán los conceptos de violación, en términos de la esencia que rige la jurisprudencia 2a./J.58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio. A) Antecedentes. Previo a examinar los conceptos de violación, se narran algunos antecedentes de los actos jurídicamente relevantes, obtenidos de las constancias que remitió la autoridad responsable: Mediante escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, el quejoso Oscar García Santacruz, solicitó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala la expedición de una licencia de funcionamiento respecto de un establecimiento donde se enajenen "alimentos tales como antojitos, así como cerveza ya sea en bote o botella para ser consumidos en el mismo lugar de su venta" (fojas 71 a 74). En respuesta, por oficio D.I.E.04/10/2021/110, de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala, se informó que no era procedente una respuesta favorable; ello, en virtud de la celebración del Convenio de Coordinación y Colaboración Institucional en Materia Fiscal Estatal que tiene por objeto autorizar al Municipio de San Juan Totolac expedir licencias o refrendos de funcionamiento de establecimientos o locales ubicados dentro de su territorio, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyen el expendio de dichas bebidas en observancia a los artículos 155, 155 A, 155 B y 156 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios (foja 70). Este último, constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. B) Análisis de los conceptos de violación Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, esencialmente se duele, de que el oficio D.I.E.04/10/2021/110, de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala, se sustentó en el Convenio de Coordinación y Colaboración Institucional en Materia Fiscal Estatal que tiene por objeto autorizar al Municipio de San Juan Totolac expedir licencias o refrendos de funcionamiento de establecimientos o locales ubicados dentro de su territorio, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyen el expendio de dichas bebidas en observancia a los artículos 155, 155 A, 155 B y 156 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; sin embargo, la vigencia del mismo ya había terminado. Lo anterior, pues refiere que el cita Convenio fue publicado el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve y estableció, en su cláusula décima, que el mismo tendría una vigencia hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. No obstante, dicho concepto de violación es infundado, en virtud de lo expuesto a continuación. Si bien el Convenio reclamado por el quejoso publicado el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, estableció como vigencia hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno; lo cierto es que la autoridad responsable no fundó la respuesta a su solicitud en dicho documento, sino en el diverso Convenio de Coordinación y Colaboración Institucional en Materia Fiscal Estatal que tiene por objeto autorizar al Municipio de San Juan Totolac expedir licencias o refrendos de funcionamiento de establecimientos o locales ubicados dentro de su territorio, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyen el expendio de dichas bebidas en observancia a los artículos 155, 155 A, 155 B y 156 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicado el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. En efecto, el Convenio a que hizo referencia la responsable fue celebrado el siete de septiembre de dos mil veintiuno y publicado en el Periódico Oficial el ocho siguiente; asimismo, en la cláusula relativa a su vigencia, se estableció lo siguiente: "DÉCIMA. VIGENCIA. El presente instrumento comenzará a surtir efectos al día siguiente de su suscripción y hasta el 30 de agosto de 2024, pudiendo ser prorrogable a voluntad de "LAS PARTES" mediante la suscripción del instrumento correspondiente". De lo anterior, se evidencia que al momento en que el quejoso presentó su solicitud (treinta de septiembre de dos mil veintiuno), y el Director de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala, emitió la respuesta a través del oficio D.I.E.04/10/2021/110 (cuatro de octubre de dos mil veintiuno), el Convenio de Coordinación y Colaboración Institucional en Materia Fiscal Estatal que tiene por objeto autorizar al Municipio de San Juan Totolac expedir licencias o refrendos de funcionamiento de establecimientos o locales ubicados dentro de su territorio, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyen el expendio de dichas bebidas en observancia a los artículos 155, 155 A, 155 B y 156 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se encontraba vigente. Aunado a lo anterior, si bien la responsable no indicó la fecha de publicación del Convenio en que fundó el oficio D.I.E.04/10/2021/110, de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, lo cierto es que no estaba obligada a ello, pues citó la normativa aplicable y vigente al momento de emitir el acto, esto es, el publicado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Así las cosas, al haberse declarado infundado el concepto de violación, y no existir queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal a Oscar García Santacruz, respecto del oficio D.I.E.04/10/2021/110, de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala. Finalmente, no es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 5, 61, 63, 74, 75, 76, 79, 108 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Oscar García Santacruz, contra el acto atribuido a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, consistente en el Convenio de Coordinación y Colaboración Institucional en Materia Fiscal Estatal que tiene por objeto autorizar al Municipio de San Juan Totolac expedir licencias o refrendos de funcionamiento de establecimientos o locales ubicados dentro de su territorio, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyen el expendio de dichas bebidas en observancia a los artículos 155, 155 A, 155 B y 156 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicado el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Oscar García Santacruz, respecto del oficio D.I.E.04/10/2021/110, de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala; por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por las autoridades responsables Director Jurídico de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en representación de la Secretaria de Finanzas del Estado de Tlaxcala y Dirección de Ingresos y Fiscalización de la misma Secretaría, los cuales se acordaron mediante proveído de diecisiete de diciembre del año en curso. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese a los autos, el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en representación de la Secretaria de Finanzas del Estado de Tlaxcala y Dirección de Ingresos y Fiscalización de la misma Secretaría; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Pruebas. Asimismo con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable ofreciendo como pruebas, las documentales que anexa al informe de cuenta, así como la instrumental de actuaciones, y presuncional legal y humana, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Delegados y domicilio. Asimismo, en atención a las manifestaciones de la autoridad, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, téngase como delegados de dicha autoridad a los profesionistas que indica en su oficio de cuenta, en cuanto al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, dígasele que en términos del artículo 28, fracción II de la citada ley, estas se harán en el domicilio de sus oficinas principales. Vista a las partes. Por lo anterior, y con fundamento en el referido artículo 117, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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