Oscar Javier Andrade Ramírez
Expediente 1154/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1154/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Oscar Javier Andrade Ramírez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo intentada por **********; sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.
- Principal
Recepción de escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el escrito presentado por ************ , mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue realizado en auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, pues al efecto proporciona copia certificada de las constancias con las que acredita la personalidad con que se ostenta, esto es, de albacea y heredero de la sucesión a bienes de ************. Improcedencia de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierten causales de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Antecedentes del acto reclamado. Ahora bien, de la demanda de amparo se desprenden los siguientes antecedentes: En el juicio de origen, se designó como albacea a ************; dicho testamentario actualmente se encuentra en la cuarta sección. El veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, la coheredera ************, promovió incidente de revocación o remoción de nombramiento de albacea (en la cuarta sección del juicio); el que se resolvió el trece de febrero de dos mil dieciocho, con la procedencia de la remoción del cargo de albacea. En contra de la determinación que antecede, el aquí quejoso promovió recurso de apelación, el cual fue resuelto el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, en el toca ***, del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien confirmó la resolución recurrida. Inconforme con lo anterior, el aquí amparista promovió un diverso juicio de amparo indirecto, radicado en este órgano de control constitucional con el número ***, el que fue resuelto el siete de enero de dos mil diecinueve, mediante la concesión de la protección federal. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el seis de febrero de dos mil diecinueve, la citada sala dictó una nueva resolución en el toca civil ***, en la que confirmó el auto apelado. El aquí quejoso presentó un nuevo amparo indirecto en contra de la resolución descrita en el punto que antecede, el que fue radicado en este órgano jurisdiccional con el número ***, donde se dictó sentencia protectora el trece de agosto de dos mil diecinueve. En cumplimiento a la ejecutoria que antecede, el seis de septiembre de dos mil diecinueve, la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, dictó sentencia en la que determinó declarar improcedente la remoción de albacea. Con motivo de la determinación antealudida, ************, solicitó a la juzgadora natural que dejara insubsistentes los actos realizados a partir de la sentencia interlocutoria que declaró procedente la remoción de albacea, en particular la junta de herederos y la aceptación del cargo de albacea, para efecto de que se restablecieran las cosas al estado que guardaban antes de la violación; el once de octubre de dos mil diecinueve, la juez responsable determinó que era improcedente tal petición. En contra de dicho auto, el aquí quejoso promovió recurso de revocación ante la juez de origen, el cual fue resuelto el once de noviembre de dos mil diecinueve, mediante determinación que confirmó el auto recurrido. Acto reclamado. Así mismo, del análisis del libelo constitucional, se desprende que el promovente reclama de manera destacada lo siguiente: Resolución de once de noviembre de dos mil diecinueve, pronunciada en el juicio sucesorio testamentario ***, a través de la cual la juez Único Civil de Partido en Apaseo el Grande, Guanajuato, confirmó el auto de once de octubre de dos mil diecinueve, en el cual se señaló al aquí quejoso que era improcedente su petición referente a dejar insubsistentes las actuaciones realizadas en la mencionada sucesión, a partir de la resolución de trece de febrero de dos mil dieciocho, en la que se procedente la remoción de albacea, al respecto es necesario precisar que las actuaciones que ahí se refieren consisten en la junta de herederos y la aceptación del cargo de albacea. Causal de improcedencia. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, se advierte la actualización de la causal de improcedencia que deviene de relacionar los artículos 107 fracción III inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo. Violaciones procesales. Sobre el particular, se impone destacar que del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107 fracción V cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento: ".cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora, debe precisarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis ***, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: Producir una afectación material a derechos sustantivos; Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Violaciones procesales en los juicios sucesorios. Ahora bien, conviene mencionar que la sucesión constituye un juico de carácter universal que se compone de cuatro etapas: a) la de sucesión, que en sucesión, que en su caso comprende declaración de validez de testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores; b) la de inventarios y avalúos; c) la de administración; y, d) la de partición y adjudicación. Establecido lo anterior, conviene precisar que aun cuando la última de las etapas mencionadas guarda relación con las tres anteriores, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación, ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio. Las tres primeras secciones concluyen mediante resoluciones por separado, cada una de las cuales adquiere firmeza para las partes que intervinieron; no obstante, son impugnables una vez cumplido el principio de definitividad, mediante amparo indirecto. Las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque este solamente procede en contra de la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión. Ahora bien, las violaciones ocurridas durante la cuarta sección, serán reclamadas una vez que se dicte la resolución relativa a la partición y adjudicación de los bienes, la que será a través de la cual se ponga fin a la totalidad del juicio sucesorio; por tanto, dichas violaciones solo podrán ser reclamadas en amparo directo. Resulta aplicable la tesis I. 14o.C.83 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en julio de dos mil once, tomo XXXIV, página 2258, de rubro siguiente: "SUCESIONES. CUARTA SECCIÓN. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN HECHOS VALER EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO DEBEN VERSAR SOBRE CUESTIONES PROPIAS DE ESA ETAPA PROCEDIMENTAL." Así como la diversa tesis I.3o.C.439 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en enero de dos mil cuatro, tomo XIX, página 1546, cuyo rubro es el siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULOS PARA SU CONCLUSIÓN". Desechamiento. Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, el acto reclamado descrito no puede estimarse como de imposible reparación, toda vez que no vulnera derecho sustantivo alguno de la parte quejosa, como puede ser entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales o el estado civil. De ahí que, el acto reclamado de referencia atañe a cuestiones de trámite, lo que versa sobre un tema de índole formal o adjetivo, y no lesiona derechos sustantivos de la parte quejosa, para llegar a ser calificados como actos de imposible reparación. En ese sentido, las violaciones de que se trata, por regla general, son reclamables en términos de lo dispuesto en los artículos 171 y 174 de la Ley de Amparo, por no ser actos que traigan aparejada una ejecución de imposible reparación, ya que solo afectan derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que dicha cuestión no actualiza ningún caso de excepción, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la citada ley, para la procedencia de la vía indirecta. Bajo ese contexto, es inconcuso que lo reclamado ante esta potestad federal, constituye cuestiones de derecho procesal que no generan afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que con los mismos no se afectan materialmente esos derechos, pues en modo alguno se impide el libre ejercicio de derechos del promovente, dado que antes bien, dichos derechos procesales surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de este el particular no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia que se dictara a favor del agraviado podría tener como efecto su restitución; en caso contrario, si la misma fuera en contra de la afectada y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, podrían reclamarse estas a través de los medios ordinarios de defensa y, en su caso, por medio del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, libro 15, febrero de 2015, tomo III, en MATERIA CIVIL de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida". Aunado a lo anterior, debe destacarse que los actos reclamados aludidos constituyen violaciones procesales reclamables en amparo directo, una vez que se dicte sentencia en la cuarta sección del juicio intestamentario, violaciones que además, no se estima que sean de las que impiden el dictado de la resolución respectiva. Por tanto, en el particular al reclamarse un acto dictado dentro de un procedimiento, que no es de imposible reparación; es inconcuso que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia; consecuentemente, se desecha de plano la demanda.
- Principal
Registro de demanda. Vista la demanda de amparo formulada por ********** , quien se ostenta como albacea y heredero de la sucesión a bienes de **********, en contra de actos de la juez Único Civil de Partido en Apaseo el Grande, Guanajuato, acorde con lo dispuesto por los artículos 1º, 61, 107 y 113 de la Ley de Amparo, fórmese expediente físico y digital y regístrese en el libro de gobierno con el número ***. Prevención. Previamente a proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en los artículos 108, 110 y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días: Exhiba copia certificada de las constancias con las que acredite que se le reconoció el carácter de albacea y heredero de la sucesión testamentaria a bienes de Julián Andrade Hurtado ante la autoridad responsable. Dicha prevención se formula, en razón de que la personalidad es un presupuesto procesal que se refiere a la capacidad o legitimación que deben tener las partes para actuar en un proceso, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, III, Enero de 1996, Página: 47, Tesis: *** del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO". No pasa inadvertido que con la finalidad de acreditar la personalidad con la que se ostenta, el promovente adjuntó copia simple del auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, emitido en el juicio de origen; de la resolución de seis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato; del diverso auto de once de octubre y resolución de once de noviembre, ambos de la presente anualidad, dictados por la juez Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato; sin embargo, con los citados documentos no se satisface tal requisito, pues estas no pueden surtir los efectos legales que pretende puesto que dichos medios de convicción carecen, por sí solos de valor probatorio, en virtud de que, como ya se dijo, obran en copia simple; lo que se traduce en que puedan ser alteradas o se trate de documentos prefabricados. Se cita por ser aplicable, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil de Trabajo del Segundo Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 1995, página 504, con número de registro 203573, que es del tenor literal siguiente: "COPIA FOTOSTATICA SIMPLE, NO OBJETADA; NO SE LE PUEDE CONCEDER VALOR PROBATORIO. No por el hecho de que una copia fotostática simple no haya sido objetada particularmente por la contraparte, debe conferírsele pleno valor probatorio, pues la falta de objeción no puede llevar al extremo de que una prueba que en sí no tiene dicho valor probatorio llegue a perfeccionarse por ese motivo, pues precisamente corresponde al oferente acompañarla con los elementos suficientes para su perfeccionamiento y consiguiente valor legal, por lo que tal carga, no puede ser convalidada por una omisión de la parte contraria." En la inteligencia de que deberá exhibir copias suficientes de su ocurso aclaratorio; así como de las documentales con las que acredite su personalidad, para correr traslado a las partes, esto es, dos para los cuadernos incidentales, una para la tercera interesada, una la autoridad responsable y una para la fiscal federal de la adscripción. Apercibimiento. Apercibido que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle **********, en esta ciudad. Así mismo, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a J. Guadalupe Félix Cárdenas Manríquez, atento a que de la certificación que antecede se desprende que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, inscrita en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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