Oscar Javier Andrade Ramírez
Expediente 87/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Oscar Javier Andrade Ramírez
Actuaciones
- Principal
Por recibido el escrito de cuenta, suscrito por ******, autorizado de la parte quejosa en términos amplios; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución de los documentos que precisa, mismos que fueron exhibidos con su escrito inicial de demanda, previa razón que por su recibo obre en autos.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual informa que ese tribunal por auto de veintiséis de febrero pasado, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso ***********, contra el auto de siete de febrero del año en curso, el cual quedó registrado como recurso de queja número 19/2019.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, signado por **********, autorizado de la parte quejosa en términos amplios, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo RECURSO DE QUEJA contra el auto de siete de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; así como señalando las constancias relativas. En consecuencia, con fundamento en el numeral 101 de la Ley en cita, ríndase por separado el informe justificado y remítase el escrito de cuenta, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, anexándose copia certificada de las constancias que sirvieron de base para la emisión del acuerdo que se recurre.
- Principal
Vista la demanda de cuenta formulada por ********, por propio derecho, quien además se ostenta albacea a bienes de la sucesión testamentaria de ********, contra actos del Juez Único Civil de Partido Judicial de Apaseo el Grande, Guanajuato, por violaciones a los artículos 1°, 8, 14 y 16 Constitucionales; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el entendido de que se encuentra registrado número 87/2018. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso impugna acto emitidos dentro de un juicio, pues reclama una resolución emitida en el recurso de revocación dentro del juicio especial sucesorio ***, que confirma el auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual el Juez Único de Partido Civil, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato, desechó la petición del quejoso en torno a que se tramitara por cuerda separada el incidente de revocación de nombramiento de albacea. Como antecedentes del acto reclamado, señala que: 1. En fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, **********, presentó demanda incidental de revocación de su nombramiento de Albacea, dentro de juicio especial sucesorio ***, del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato. 2. Que por auto veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable admitió a trámite el incidente planteado sin establecer la vía en que se substanciaría dicho incidente. 3. En dos de octubre pasado, solicitó al juez responsable determinara la forma de substanciación del incidente y aclarara la acción que se estaba ejerciendo. 4. Que por acuerdo de tres de octubre de dos mil diecisiete el Juez responsable determinó que se trataba de un incidente de revocación de nombramiento de albacea, sin mencionar nuevamente la forma de substanciación del mismo. 5. Que el incidente siguió su curso legal y por auto de cinco de octubre pasado se abrió el incidente a prueba por el plazo de diez días. 6. Que por escrito de diez de octubre solicitó de nueva cuenta al Juez responsable determinara la forma y vía en que se debía tramitar del incidente. 7. A lo que recayó el proveído de doce de octubre de dos mil diecisiete, donde el Juez de origen determinó que no existía omisión o error alguno que subsanar. 8. Inconforme con dicha determinación, en diecinueve del mismo mes y año, interpuso recurso de revocación, el que por resolución del veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, confirmó el auto de doce de octubre del mismo año. 9. En veinticuatro de octubre del mismo año, solicitó al juez responsable subsanara la omisión de determinar la forma de substanciación del incidente y regularizar el procedimiento. 10. Petición a la que recayó el auto de veintiséis de octubre siguiente, en los términos siguientes: ".que una vez que aclare y precise cuales la omisión que imputa a este tribunal se proveerá lo conducente, lo anterior en virtud de que la revocación de albacea se encuentra admitida en la vía incidental en términos del artículo 370 trescientos setenta del Código de Procedimientos Civiles, sin que exista disposición legal alguna que constriña a este juzgado a ser precisión diversa alguna; más aún no se trata de un incidente de previo y especial pronunciamiento. 11. Que por escrito de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, solicitó se substanciara el incidente de revocación de nombramiento de albacea por cuerda separada, petición que desechó en auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete. 12. Inconforme con dicha determinación el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, interpuso recurso de revocación, resuelto el veintinueve del mismo mes y año, confirmando el auto recurrido. 13. No obstante, nuevamente por escrito de cinco de diciembre pasado, solicitó a la responsable que substanciara por cuerda separa el incidente de revocación de albacea, por lo que por auto de seis del mismo mes y año, desechó la solicitud, estableciendo que debía estarse a lo acordado en resolución de veintinueve de noviembre pasado. 14. Inconforme con dicha determinación, el trece de diciembre de dos mil diecisiete, interpuso recurso de revocación, la cual se resolvió en quince de enero de dos mil dieciocho, confirmando el auto recurrido -lo que constituye el acto reclamado-. De los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 fracción V, de la Ley de Amparo , se desprende que los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aquí conviene precisar que el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Tal normatividad legal no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación, de ahí que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, el Máximo Tribunal del País estableció que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. En efecto, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la Ley de Amparo actual, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue el de que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo; también era cierto que se consideró que tal criterio no era absoluto pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía también de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior", afectación esta que se consideró debía determinarse objetivamente. Sobre ese criterio la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció durante un tiempo prolongado un respetable número de pautas que habían venido introduciendo orden y seguridad en esta materia. Así, sólo por vía de ejemplo, incluyó como violaciones procesales que podían conocerse como de ejecución irreparable en amparo indirecto diversos temas: como la litisdenunciación o denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros. El sustento general de todos estos criterios emana de la consideración genérica de que al no prever el legislador un concepto determinado sobre la irreparabilidad de los actos, se dejaba al prudente juicio de los Tribunales Federales el determinar el alcance de ese concepto. La tesis temática sobre los actos que dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación es la siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". (Tesis P.L. VII/2004, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página nueve, del tomo XX, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). No obstante lo anterior, la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, proporciona ahora un concepto definido sobre lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; tal precepto legal dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De la literalidad del artículo que se transcribe se obtiene que el legislador estableció como regla general la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación y definió como actos de imposible reparación, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Con lo anterior, el legislador termina con una añeja discusión interpretativa sobre el tópico de la ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto pues establece como se ha dicho, una regla general de procedencia tratándose solo de violaciones a derechos sustantivos con una clara exclusión de los de naturaleza procesal. Además, en la misma porción normativa, el legislador se ocupó de establecer una sola hipótesis de excepción en que sería procedente el amparo indirecto tratándose de violaciones procesales, esto es, cuestiones de competencia; así lo dispuso en la fracción VIII del citado artículo 107, que consigna: ".VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Por tanto, el legislador estableció una regla de carácter general y una sola excepción de aplicación estricta, que únicamente puede concretarse al actualizarse el supuesto para el que fue creada, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón. Por lo anterior, es claro que dejó de tener vigencia la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo Sexto Transitorio. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley". Bajo ese contexto, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Asimismo, que en tratándose de violaciones procesales, el amparo indirecto únicamente será procedente por cuestiones de competencia; por lo que, si el legislador previó esa única hipótesis de excepción a la regla general de que el amparo indirecto sólo procede contra actos que afecten materialmente un derecho sustantivo, no es dable al operador jurídico ampliar la procedencia del amparo biinstancial respecto de diversas violaciones adjetivas o procesales. Lo anterior es así, en virtud de que no es válido ni jurídico realizar una interpretación para ampliar o variar en cualquier forma tal disposición legal, ni debe hacerse algún ejercicio de interpretación en búsqueda de un significado que, sin duda, ya fue asignado por el legislador, y no permite más connotación que la literal, al tratarse de una norma de excepción. En esa tesitura, la determinación reclamada no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, puesto que el órgano judicial (Juez Único Civil de Partido con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato), solo determinó confirmar el auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete, en el que desechó por improcedente la petición del quejoso en torno a que el incidente de revocación de nombramiento de albacea se tramitara por cuerda separada; acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, sino que sus efectos son de orden procesal y cualquier violación que se hubiera cometido al pronunciarla puede repararse, en primer lugar, a través de la sentencia que resuelva el incidente planteado, siempre que resulte favorable a los intereses del quejoso, en caso contrario, por medio del juicio de amparo que en su contra se haga valer, en el que podrán alegarse las violaciones cometidas durante el curso del procedimiento incidental. No se soslaya que el quejoso, pretende acreditar la procedencia del juicio de amparo invocando la tesis 1a./J.74/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone que "la vía incorrecta" que se tramite, constituye una violación a derechos sustantivos; sin embargo, no es aplicable al caso concreto, dado que de la narración de los antecedentes del acto reclamado, se desprende que lo peticionado por el quejoso en torno a que el incidente de revocación de nombramiento de albacea se lleve por cuerda separada, no incide respecto al pronunciamiento del Juez responsable, quien ya determinó que se trata de la vía incidental y por ello no hay controversia al respecto, sino de una cuestión meramente procesal como lo es que se lleve en la misma pieza de autos o por separada, lo que hace patente la improcedencia del juicio de amparo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es desechar de plano, la demanda de amparo promovida por *******. Además, en el presente asunto, el juicio de amparo también deviene improcedente, por lo siguiente. En efecto, se estima se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar lo previsto en las fracciones XIII, XIV y XXIII, del numeral 61 de la vigente la Ley de Amparo, que se refiere a que el juicio de amparo es improcedente contra actos derivados de otros que la ley estima como consentidos. Resultando ilustrativa, la tesis II.2o.C.43 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo III, de mayo de mil novecientos noventa y seis, página quinientos ochenta y dos, que expresa: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Criterio que se estima aplicable al caso, por analogía, dada la similitud que existe entre las hipótesis de improcedencia de la derogada la Ley de Amparo y la vigente, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se expidió. Al respecto, se destaca que el quejoso reclama la resolución de quince de enero de dos mil dieciocho, emitida en el recurso de revocación dentro del juicio especial sucesorio ***, que confirma el auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual el Juez Único de Partido Civil, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato, desechó su petición de que el incidente de revocación de nombramiento de albacea, se tramitara por cuerda separada. Sin embargo, previo a la emisión del acto reclamado -según la narración de hechos-, el quejoso mediante escrito de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, ya había solicitado se substanciara el incidente de revocación de nombramiento de albacea por cuerda separada, petición que el Juez responsable desechó en auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Y que contra tal determinación, el quejoso interpuso recurso de revocación, resuelto el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en el sentido de confirmar el acuerdo recurrido. No obstante, el quejoso mediante escrito presentado el cinco de diciembre pasado, nuevamente solicitó que el incidente de revocación de nombramiento de albacea se tramitara por cuerda separada, lo que motivó el acto reclamado, donde la responsable le dice que se esté a lo resuelto en veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Entonces, si ya se había desestimado su petición de que el incidente de revocación de albacea se tramitara por cuerda separada y el peticionario consintió esa determinación (al no recurrirla); es de concluirse que la resolución que ahora reclama, es una reiteración de aquélla que consintió (veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete), por lo que resulta tener el carácter de derivado de uno consentido. Lo que origina que el presente juicio sea manifiesta e indudablemente improcedente por reclamarse actos derivados de otros consentidos (resolución de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete que confirmó el auto que desechó la petición del impetrante de que el incidente de revocación de albacea se tramitara por cuerda separada al expediente de origen), en términos de lo previsto en las fracciones XIII, XIV y XXIII, del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Sirviendo de apoyo, también por analogía, la tesis del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número diecisiete en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, página doce, que establece: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Con apoyo, además, en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Así mismo, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado *********, quien -como se advierte de la certificación de cuenta- tiene inscrita su Cédula Profesional Federal, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***, en esta ciudad. Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.
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