Oscar Herbe Sauri Bazan
Expediente 2656/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2656/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 18/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Sergio Orlando Canche Medina
- Oscar Herbe Sauri Bazan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán; dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de treinta de diciembre de dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que causa ejecutoria la referida sentencia que sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En virtud de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Por otra parte, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario constitucional, coincide con el expediente electrónico correspondiente en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
En autos del juicio de amparo número 2656/2022-IV-A, promovido por OSCAR HERBE SAURI BAZAN, con esta fecha se dictó lo siguiente: ... TERCERO. Inexistencia de los actos. No es cierto el acto reclamado consistente en la incomunicación del directo quejoso, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Dos, del Ministerio Público del Fuero Común (Registro 26096 foja 46); Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres (CORDEMEX), del Ministerio Público del Fuero Común (Registro 26198 foja 54); Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común (Registro 26629 fojas 58 y 59); Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (Registro 26104 foja 47); Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Izamal de la Fiscalía General del Estado (Registro 27837 foja 65); Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Valladolid, Yucatán (Registro 28227 fojas 66 a 67); Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Tizimín, Yucatán (Registro 27353 fojas 63 a 64). Asimismo, tampoco es cierto respecto al diverso acto de detención del directo quejoso, que reclama al Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Dos, del Ministerio Público del Fuero Común (Registro 26096 foja 46); Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres (CORDEMEX), del Ministerio Público del Fuero Común (Registro 26198 foja 54); Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común (Registro 26629 fojas 58 y 59) y Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Izamal de la Fiscalía General del Estado (Registro 27837 foja 65); toda vez que así lo manifestaron expresamente al rendir sus informes justificados, al negar categóricamente la existencia de dicho acto; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. En tales condiciones, ante la negativa expresada por las autoridades responsables respecto de los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento por falta de materia, en el presente juicio, por cuanto hace a dichos actos y autoridades precisadas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de diverso acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Valladolid, Yucatán (número de promoción 28227 fojas 66 a 135) y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (Registro 26104 foja 47), únicamente por cuanto hace a la detención del directo quejoso, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que hace al Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Tizimín, Yucatán (número de promoción 27353, fojas 63 y 64), no obstante que negó el acto que se le reclama, consistente en la detención del directo quejoso; sin embargo, su negativa se desvirtúa con base a lo expuesto en el informe de referencia, admiculado con las constancias allegadas de la carpeta de investigación ********************. Lo anterior toda vez que al rendir su respectivo informe manifestó que el quejoso sí fue detenido y puesto a disposición del Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de Valladolid Yucatán, quien al respecto aperturó la citada carpeta de investigación y dentro del término constitucional puso al quejoso detenido a disposición del Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en Valladolid. El anterior criterio encuentra sustento, en lo conducente, en la tesis establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 91-96 Tercera Parte, visible en la página 7, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." Máxime que lo informado por la autoridad responsable en el sentido anotado, se corrobora con las constancias procesales que anexó la responsable Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Valladolid, Yucatán a su informe justificado (fojas 66 a 135). Dichas constancias tienen la calidad de documentos públicos por haber sido expedidas por funcionario en ejercicio de sus funciones, investido con fe pública, por lo que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Resulta aplicable la jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto literal dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De igual forma, resulta ilustrativa, la tesis aislada sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 150, Tomo CXXXV, Tercera Parte, Materia Común, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. LO SON LOS OFICIOS PROVENIENTES DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Los oficios son documentos públicos que hacen prueba plena de su contenido, hasta en tanto no se demuestre su falsedad. No es correcto el argumento de que un oficio carece de valor pleno, por el solo hecho de que la autoridad que lo giró es parte en el juicio de amparo, pues esa circunstancia no lo priva de su carácter de documento público. La adopción del criterio contrario, conduciría al absurdo de considerar que todos los documentos públicos expedidos por las responsables y presentados por ellas en los juicios de amparo, carecen de validez por el sólo hecho de provenir de parte interesada, quedando tales autoridades en un completo estado de indefensión, pues es lógico que para justificar sus actos, se remitan fundamentalmente a las constancias que obren en los expedientes relativos, y en las cuales apoyan los actos reclamados, no obstante que las mismas hayan emanado de las propias autoridades responsables, lo que, por otra parte, es normal". QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. El precepto de la ley de la materia antes invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [---] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". Se afirma lo anterior, ya que del análisis integral de la demanda, así como de las constancias remitidas por el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Valladolid, Yucatán (número de promoción 28227 fojas 66 a 135) relativas a la carpeta de investigación ********************, se advierte que en fecha once de noviembre de dos mil veintidós el quejoso detenido fue puesto a disposición del Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en Valladolid. Bajo tales circunstancias, se advierte que********************, si bien fue detenido e ingresó al área de seguridad de la Policía, Estatal de Investigación, con sede en Tizimín, Yucatán quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado, residente en esa ciudad, por posibles hechos delictuosos cometidos en contra de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en Tizimín, y posteriormente debido a la incompetencia planteada quedó a disposición del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Valladolid, Yucatán, también cierto es que fue puesto a disposición del Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en Valladolid. Atento a lo anterior, en relación con la detención originalmente decretada se generó un cambió en su situación jurídica, ya que el quejoso fue puesto a disposición del Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en Valladolid; lo que conduce a la actualización de la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, de ahí que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones reclamadas en este juicio. En efecto, dicha situación no hace posible realizar un análisis del acto reclamado, pues no puede decidirse sobre su legalidad sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra la parte amparista al haber sido puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Consecuentemente, el acto reclamado fue sustituido jurídica y procesalmente, ya que al momento de que la autoridad fiscal puso a disposición del Juez de Control correspondiente al quejoso, su privación de la libertad no estaba a potestad de la autoridad fiscal, sino que quedó bajo la decisión de la autoridad judicial a la que fue puesta a disposición la parte amparista. Por tanto, es inconcuso que el acto atribuido a las autoridades, quedó consumado formal e irreparablemente, al acontecer un cambio de situación jurídica. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica del quejoso, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. Sin que sea necesario realizar en este aspecto, el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por los actos y las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto consistente en la detención reclamado del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Valladolid, Yucatán, Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Tizimín, Yucatán y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Valladolid, Yucatán, con anexo que acompaña, por medio del cual remite diversas constancias que integran el expediente relacionado con el acto reclamado. Por tanto, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio y anexo de mérito, y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que aún no transcurre el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado remitido por la autoridad responsable Fiscal en Turno de la Unidad de Investigación y Litigación Izamal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, residente en Izamal, Yucatán, el cual fue recibido y puesto a la vista de las partes en proveído de nueve de diciembre en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas fecha y hora para su celebración las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y cúmplase.
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