Óscar Gabriel Carrillo Couoh

Expediente 2184/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2184/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • Óscar Gabriel Carrillo Couoh

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de estos autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, con sede en esta ciudad, con relación a la ampliación de la demanda promovida por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales, presuncional en su doble aspecto e instrumental de actuaciones que relacionó en su informe justificado, mismas que se tomarán en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOT ELECT Visto, para resolver el juicio de amparo 400/2022-I-B, que promovió LUIS ALBERTO MORALES ESCOBAR, por conducto de su representante Braulio César Chan Cisneros; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado vía electrónica en el Buzón Judicial el catorce de febrero de dos mil veintidós; recibido, el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el quince siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció LUIS ALBERTO MORALES ESCOBAR, por conducto de su representante Braulio César Chan Cisneros a solicitar la protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Desechamiento de la demanda. Por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, éstos últimos interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. TERCERO. Recurso de queja. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el que por resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, declaró fundada la queja interpuesta por la parte quejosa, por considerar que la causal de improcedencia decretada, no era manifiesta ni indudable. CUARTO. Admisión de la demanda. En acuerdo de ocho de junio de dos mil veintidós, se recepcionó la ejecutoria de mérito y se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se ordenó emplazar al tercero interesado, y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía. Así mismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado; sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, lo hizo consistir la parte quejosa fundamentalmente, en: El acuerdo de once de febrero de dos mil veintidós, en la parte en la que se negó darle vista al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán, por el incumplimiento del laudo condenatorio y el incidente de liquidación dictados a su favor en el juicio laboral número 414/2015. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (número de promoción 14953, fojas 58 a 88), pues así lo manifestó al rendir su informe justificado por conducto del Magistrado Presidente. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan fundados los esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita, suplidos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa es el trabajador en el juicio laboral burocrático. Así, en la demanda de amparo, el quejoso argumenta que en la parte conducente del auto de once de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 414/2015, vulnera el derecho de justicia pronta, ya que el Tribunal Burocrático rechazó darle vista al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento demandado para que cumpla con el laudo, obstaculizando que se concrete la condena. Es fundado el concepto de violación. El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán, debió aplicar alguna de las medidas previstas en la ley necesarias para obtener el cumplimiento, al no hacerlo, vulneró el derecho humano de acceso a la justicia. En efecto, el artículo 17 constitucional reconoce el derecho humano de acceso a la jurisdicción. En palabras de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el derecho que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Este derecho comprende tres etapas: 1. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte. 2. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso. 3. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Asimismo, se rige bajo principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Para efectos de esta resolución se subraya el de prontitud, el cual se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; el cual irradia en la etapa de ejecución a fin de que la justicia administrada se convierta en una realidad, es decir, que se evite el rezago en el cumplimento de la sentencia, volviéndolas ilusorias al impedir la materialización del derecho reconocido. Precisado el contenido del derecho humano de pronta impartición de justicia en la etapa de ejecución de sentencia, en el caso que se resuelve, el acto reclamado deriva de una controversia laboral burocrática, que se rige por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán; respecto al cumplimiento del laudo del análisis de los artículos 160 bis, 160 ter, 161 y 162 de la citada legislación, se obtiene que: El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios podrá imponer las mismas sanciones previstas en el artículo 157, para hacer cumplir sus determinaciones. Las multas se harán efectivas por la Secretaría de Hacienda. El tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio procedan. El tribunal despachará auto de ejecución, cuando se le pida, comisionando a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y le requiera el cumplimiento de la resolución. Los preceptos citados desarrollan el procedimiento que deberán seguir el Tribunal Laboral Burocrático, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales. En esencia, en el procedimiento para conseguir la ejecución de los laudos, sobresale la facultad que se otorga al tribunal de trabajo para imponer multas; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo. Por las razones que la integran, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." Expuesto lo anterior, en el caso particular, mediante promociones presentadas el tres y veintiséis, ambos de enero de dos mil veintidós, el peticionario de amparo solicitó al Tribunal Laboral se despache un auto de ejecución y se comisione a un actuario para que, se constituyan en el domicilio del Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán y le requiera el cumplimiento del laudo y del incidente de liquidación; asimismo, se le dé vista al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento demandado. En auto de once de febrero de dos mil veintidós, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, dictó un acuerdo el cual señala lo siguiente: ".VISTOS: Tienese por presentado al Lic. BRAULIO CÉSAR CHAN CISNEROS, en su carácter de apoderado legal del actor del presente juicio laboral; con sus memoriales presentados ante este Tribunal, el primero en fecha tres de enero del año dos mil veintidós y el segundo en fecha veintiséis de enero del año dos mil veintidós, en el que nos solicita lo siguiente: I.- Que se despache un auto de ejecución y que se comisione a un actuario para que, asociado de LUIS ALBEROT MORALES ESCOBAR, se constituya en el domicilio del AYUNTAMIENTO DE YAXCABÁ, YUCATÁN y que se le requiera para que cumpla con el laudo y el incidente de liquidación. II.- Que se le de vista al Órgano Interno de Control del AYUNTAMIENTO DE YAXCABÁ, YUCATÁN, del desacato del laudo y del incidente de liquidación. En virtud de lo anterior, se accede a lo solicitado, en cuanto a la ejecución del laudo de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil diecinueve y del incidente de liquidación de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil veintiuno, por lo que con fundamento en el artículo 161 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, que obliga a esta autoridad a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, y faculta a este Tribunal, a dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio procedan; en tal virtud, se pasa actualizar los salarios caídos hasta el día de hoy, quedando de la siguiente mantera: ACTOR SALARIO CANTIDAD LAUDADA DEL LAUDO DE FECHA 18/09/2019 SALARIOS CAÍDOS A PARTIR DEL DÍA 19/09/2019 HASTA EL DÍA 11/02/2022 (876). TOTAL 1.- LUIS ALBERTO MORALES ESCOBAR $400.00 M.N. $899,791.00 M.N. $350,400.00 M.N. $1,250,191.00 M.N. TOTAL A REQUERIR: $1,250,191.00 M.N. En consecuencia, se comisiona al C. Actuario de este Tribunal para que acompañado de la parte actora se constituyan en el domicilio del demandado, y requiera de pago al H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABÁ, YUCATÁN, por la cantidad de $1,250,191.00 M.N. (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL)(sic), salvo error de carácter aritmético, monto que comprende las cantidades condenadas en el laudo de referencia; para tal efecto y como indica el artículo 162 de la ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, la diligencia de requerimiento de pago deberá hacerse asociado de la parte que obtuvo, en tal virtud, se señala las NUEVE HORAS DEL DÍA ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, para que la parte actora comparezca a este Tribunal a efecto de llevar a cabo la diligencia en comento, apercibiéndola que para el caso de no comparecer en la fecha y hora señalada a este Tribunal para llevar a efecto dicho requerimiento, no se podrá desahogar la diligencia, levantándose acta circunstanciada al respecto, para los fines legales que correspondan y en caso de que la demandada no diese cumplimiento al requerimiento citado, se apercibe al AYUNTAMIENTO DE YAXCABÁ, YUCATÁN que se le impondrá por analogía de razón las medidas de apremio que señala el artículo 157 en relación con el artículo 160 bis y 160 ter de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, y para el caso de incumplir se le impondrá una multa por la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL), misma que se hará efectiva a través de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. Ahora bien, atento estado que guardan los autos del presente expediente y con fundamento en el artículo 161 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, que obliga a esta autoridad a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, y faculta a este Tribunal, a dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio procedan en el entendido que una vez desahogada dicha diligencia, requiérasele al Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán, para que en el término de diez días hábiles contados a partir al día siguiente que surta efectos la presente notificación, cumpla con lo ordenado en el punto resolutivo primero del incidente de liquidación antes mencionado, que a continuación se transcribe: Se condena al AYUNTAMIENTO DE YAXCABÁ, YUCATÁN, a pagar al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán la cantidad de $62,640.00 M.N. en concepto de cuotas omitidas que le correspondían al trabajador; la cantidad de $1,218.00 M.N. en concepto por los catorce días que no se le inscribió al actor al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y la cantidad de $469.80 M.N. por concepto de intereses moratorios generados por la omisión de aportaciones; con el apercibimiento de no cumplir con lo anterior requerido, en el término antes señalado, se le impondrá por analogía de razón las medidas de apremio que señala el artículo 157 en relación con el artículo 160 bis y 160 ter de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, y para el caso de incumplir se le impondrá una multa por la cantidad de $1,000.00 M.N. (MIL PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL), misma que se hará efectiva a través de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. Por último, en cuanto a lo solicitado por la parte actora en su punto número dos romanos, este Tribunal no accede a lo solicitado, ya que como se desprende de autos del presente expediente no se le ha apercibido a la parte demanda con esa medida de apremio; lo que se le hace de su conocimiento para los efectos legales que correspondan. Notifíquese y Cúmplase." Como se puede observar, a través del mencionado acuerdo la responsable realizó lo siguiente: Actualizó los salarios caído a dicha fecha por la cantidad de $1,250,191.00 (Un millón doscientos cincuenta mil ciento noventa y un pesos, Moneda Nacional). Ordenó el requerimiento de pago, fijando las nueve horas del día once de abril del año dos mil veintidós, para su desahogo, apercibiendo al demandado Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán, de que en caso de no pagar se le impondría una multa por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos sin centavos Moneda Nacional). Requirió al Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán, para que dentro del término de diez días cumpla con lo ordenado en el punto resolutivo primero del incidente de liquidación, con el apercibimiento de incumplir, se le impondría un multa por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos sin centavos Moneda Nacional). No accedió a su solicitud en el sentido de darle vista al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán, en razón de no haberlo apercibido con esa medida de apremio. Lo determinado en el inciso d) constituye el acto reclamado en este juicio, en la parte que desestimó dar vista Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán, en razón de no haberlo apercibido con esa medida de apremio. En el caso, no se comparte la decisión del Tribunal Burocrático, en virtud que de conformidad con el artículo 161 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, el Tribunal responsable tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio procedan. Lo anterior, porque la ley burocrática pone a disposición del tribunal, el auxilio de las autoridades y señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza, por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones permite considerar que el tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que ha emitido, sin que tal forma de proceder pueda implicar excederse en sus atribuciones, máxime cuando existe reiterada contumacia de los titulares obligados a cumplir los extremos de los laudos en que fueron condenados. Esto es, el Tribunal del conocimiento debe proveer sobre el cumplimiento del laudo, debiendo apercibir a la demandada con medidas que resulten efectivas para lograr el cumplimiento del laudo, conforme lo ordenado el numeral 161 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, en virtud de que puede acudir a todas las autoridades para que la auxilien en el cumplimiento del laudo, en su caso, incluso a la imposición de sanciones de diversa índole, relacionadas con el incumplimiento de sus obligaciones; así, la responsable está en aptitud de hacer efectivas otras medidas de apremio. En ese panorama, es patente la violación de derechos cometida por la responsable en perjuicio del aquí quejoso, pues no obstante que obtuvo una resolución favorable a sus intereses -la que se encuentra firme-, el Tribunal Laboral no ha logrado el cumplimiento del laudo. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo a Luis Alberto Morales Escobar, contra el acto reclamado al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. En virtud de los razonamientos jurídicos expuestos, y conforme lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo, para los efectos siguientes: a) Deje insubsistente el acuerdo de once de febrero de dos mil veintidós, únicamente en la parte en que se negó dar vista al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán. b) Con libertad de jurisdicción, emita un nuevo acuerdo en el que considere que de conformidad con el artículo 161 de la ley burocrática estatal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos y, con plenitud de jurisdicción, provea a la eficaz e inmediata ejecución del laudo y aperciba a la demandada como una medida tendiente al cumplimiento del laudo que de no hacerlo, dará vista al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán, para que proceda conforme a derecho. SÉPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a LUIS ALBERTO MORALES ESCOBAR, en contra de los actos atribuidos al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, por lo motivos señalados en el considerando quinto y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    ELECT Mérida, Yucatán, siete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que es un hecho notorio que en el expediente principal de donde derivan estos autos incidentales, se encuentra transcurriendo el término de tres días concedido a la parte quejosa, por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, a fin de que manifieste lo que a su derecho corresponda, respecto de la inexistencia de la autoridad responsable Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, en el organigrama de la Fiscalía General de la República. Por tanto, se difiere la audiencia incidental que debería tener verificativo el día de hoy, y se señala como nueva fecha y hora para su celebración, el día DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS. Notifíquese por lista de estrados y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Para los efectos legales correspondientes, agréguese a estos autos el oficio 6684 del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, remitido vía electrónica a este Juzgado mediante el uso de la FIREL. Con el que esencialmente comunica que se dio entrada al recurso de queja interpuesto en contra del proveído de fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente incidente, quedando registrado con el número de toca 396/2022. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional se da por enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.

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