Oscar Gutierrez Melchor
Expediente 1484/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1484/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Oscar Gutierrez Melchor
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de comparecencia. Vistas las comparecencias de cuenta; en atención a su contenido, téngase a Rigoberto Palomino Rojas, aceptando y protestando el cargo de perito designado por el tercero interesado José Martín Ramírez Zapata, con relación a la pericial propuesta por la parte quejosa, para todos los efectos legales a que haya lugar, así como a José Nicolás Ávila Pineda, aceptando y protestando el cargo de perito oficial de este órgano constitucional. Vista con certificación. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se desprende que el plazo de tres días concedido a las partes mediante los proveídos de catorce y quince de noviembre de dos mil veintidós, para para que designen al profesional que se desempeñará como perito de su parte y puedan ampliar el cuestionario relativo a las pruebas periciales propuestas por la quejosa María Teresa Martínez Torres y el diverso tercero interesado José Martín Ramírez Zapata, ha transcurrido sin que al afecto hubiesen realizado manifestación alguna para tal efecto, con excepción del aludido tercero interesado quien sí designó perito de su parte con relación a la prueba pericial propuesta por la parte quejosa. Efectivo apercibimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en los acuerdos de catorce y quince de diciembre de dos mil veintidós a las partes, de manera que con relación a las pruebas periciales propuestas por la quejosa María Teresa Martínez Torres y el diverso tercero interesado José Martín Ramírez Zapata, se tienen únicamente como peritos a los designados por quien así lo hizo y al perito oficial. Estado de autos. Asimismo, de autos se desprende que mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo a Ma. Guadalupe Cuevas Leija y Rigoberto Palomino Rojas, aceptando y protestando el cargo de peritos designados por la quejosa María Teresa Martínez Torres y el diverso interesado José Martín Ramírez Zapata, respectivamente, en el entendido de que se reservó de proveer la rendición de los dictámenes respectivos, hasta en tanto concluyeran los plazos concedidos a las partes en los indicados acuerdos de catorce y quince de noviembre del presente año, lo cual ya aconteció y demás los peritos han aceptado y protestado el cargo. Requerimiento de dictamen. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 148 y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a Ma. Guadalupe Cuevas Leija (perito designado por la parte quejosa), Rigoberto Palomino Rojas (perito designado por el tercero interesado José Martín Ramírez Zapata) y José Nicolás Ávila Pineda (perito oficial) para que dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de la notificación de este proveído, rindan su dictamen respectivo. Apercibimiento a peritos de las partes. Apercibidos que de no rendir su dictamen, dentro del plazo señalado, únicamente se tendrá como dictamen el que en su momento rinda el perito oficial. Apercibimiento a perito oficial. Se apercibe al perito oficial que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Estado de autos. Finalmente, visto el estado de autos se advierte que mediante auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se reservó de proveer las manifestaciones vertidas por el tercero interesado José Martín Ramírez Zapata en el escrito con número de registro interno 22299, con relación a la prueba pericial que propuso; de manera que atento a su contenido, se acuerda: Documento a analizar. Toda vez que uno de los documentos que se debe analizar en la pericial propuesta por el tercero interesado José Martín Ramírez Zapata, consistente en el original del contrato de compraventa de treinta de mayo de dos mil once, obra en el instrumento 100586, del libro 4271, del protocolo del licenciado Octaviano Gómez y Gómez Notario Público 4, en ejercicio en esta ciudad, gírese oficio a dicha autoridad, a efecto de que le permita a los peritos el acceso al referido documento, a fin de que se encuentren en aptitud de emitir el dictamen encomendado. Requerimiento. Requiérase al licenciado Octaviano Gómez y Gómez Notario Público 4, en ejercicio en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, que se le concede de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, contado a partir del día siguiente en que el perito comparezca a consultar el referido documento, informe a este Juzgado de Distrito la data en que aconteció lo anterior. Apercibimiento. De no cumplir lo anterior, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de la materia. Lineamientos para la integración del expediente físico. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el artículo transitorio SEXTO del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que a partir del uno de diciembre del dos mil veintidós, en el expediente físico relativo al juicio de amparo en que se actúa, solo se agregaran los documentos que se reciban por la vía física. Exhortación. Asimismo, se exhorta a las partes que intervengan en el asunto, a adoptar, como eje rector, la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), esto es, presentación de promociones de manera electrónica, de conformidad con el artículo 236 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente a los peritos Ma. Guadalupe Cuevas Leija y Rigoberto Palomino Rojas; por medio de lista; y por oficio al licenciado Octaviano Gómez y Gómez Notario Público 4, en ejercicio en esta ciudad.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito signado por Oscar Gutiérrez Melchor, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Desechada. La suscrita procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado lo constituye el acuerdo dictado el seis de octubre del dos mil veintidós, en el juicio ordinario civil 1535/2015, del índice del Juzgado Cuarto de lo Mercantil en esta ciudad, cuyo tenor es el siguiente: ".Agréguese escrito del LICENCIADO SAUL LÓPEZ ÁLVAREZ, recibido el 5 cinco de los corrientes. Visto lo solicitado, dígasele al promovente que deberá estarse a lo ordenado por autos de 5 cinco de octubre del 2016 dos mil dieciséis y 5 cinco de agosto del año próximo pasado, y de los que se desprende que el compareciente no es parte litigante en este juicio, en virtud de que al mismo únicamente se le autorizó para recibir notificaciones e imponerse de los autos, lo que no le alcanza para promover en nombre de la parte demandada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 118 del Código Procesal Civil; las copias simples que exhibe se archivan donde corresponda. En la inteligencia de que lo acordado en este auto, se ordena notificar a las partes procesales por medio de lista que se fije en los estrados de este Tribunal, en virtud de que el presente proveído no es de los establecidos por la ley de la materia como personal.". Ahora bien, por las razones que se exponen a continuación, se considera que con relación al acto reclamado precisado con antelación, se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." El precepto anteriormente transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de las resoluciones dictadas por un tribunal judicial en el supuesto de que, contra del acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa, dentro del procedimiento, susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe destacar que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por Tribunales Judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Amparo supliría las facultades de la administración pública. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, novena época, materia común, página 902, cuyo tenor es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Cabe precisar que de los antecedentes del acto reclamado narrados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, y aclaratorio de ésta, se desprende: - El ocho de septiembre del dos mil veintidós, se dictó sentencia en el juicio ordinario civil 1535/2015, del índice del Juzgado Cuarto de lo Mercantil en esta ciudad, en el cual es parte demandada el aquí quejoso. - El veintiséis de septiembre del año que transcurre, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia referida. - Por auto de veintinueve de septiembre del mismo año, la autoridad responsable requirió al demandado para que dentro del plazo de tres días, exhibiera copias de traslado del medio de impugnación referido. - Mediante escrito presentado el cinco de octubre de la anualidad que transcurre, Saúl López Álvarez exhibió las copias requeridas. - A la misiva antes referida recayó el acuerdo aquí reclamado de seis de octubre del dos mil veintidós, a través del cual se determinó que el licenciado Saúl López Álvarez, no es parte litigante en asunto, en virtud de que por autos de cinco de octubre del dos mil dieciséis, y cinco de agosto del dos mil veintiuno, únicamente se le autorizó para recibir notificaciones e imponerse de los autos, lo que no alcanza para promover en nombre de la parte demandada (aquí quejoso), por lo que las copias simples que exhibió se archivaron donde corresponda. En ese orden de ideas, debe precisarse que dentro del Capítulo I del Título Décimo Tercero del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, se prevé la posibilidad de impugnar la determinación como la que en la especie se reclama mediante el recurso de revocación. En efecto, el artículo 932 del ordenamiento legal en cita, señala literalmente lo siguiente: "Artículo 932. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio". De la lectura del precepto legal transcrito, se desprende que el acto que por esta vía se combate, consistente en el citado acuerdo de seis de octubre del dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil 1535/2015, del índice del Juzgado Cuarto de lo Mercantil en esta ciudad, debe ser impugnado mediante el recurso de revocación, cuya tramitación prevé el Capítulo I del Título Décimo Tercero del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, el cual el agraviado se encontraba obligado a agotar previo a la interposición del juicio de amparo, pues a través de dicho recurso bien podía lograr la modificación, revocación o nulificación del proveído reclamado. Así pues, como la parte quejosa no observó el principio de definitividad en contra del acto reclamado consistente en el acuerdo de seis de octubre del dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil 1535/2015, pues en su contra procede el recurso de revocación previsto por el artículo 932 del Código Adjetivo Civil Local, es evidente, que se actualiza la causa de improcedencia señalada en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Teniendo aplicación la tesis Jurisprudencial número 447, visible a fojas 297 y 298, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". También apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable a foja seiscientos setenta y ocho, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, de la Séptima Época, bajo el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Sin que sea óbice a lo anterior la eventual posibilidad de ser considerado como actos de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos debe observarse el principio de definitividad. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala del Más Alta Tribunal del País, consultable en la página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Así como la diversa 1a./J. 113/2013 (10a.), de la referida Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo, por las consideraciones ya expuestas. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa M**************************, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de siete de noviembre de dos mil veintidós, y al efecto exhibe las copias requeridas del escrito con el que anuncia como prueba de su parte la pericial en materia grafoscópica, con relación a la objeción proveída en la audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Prueba pericial. En virtud de lo anterior, téngase anunciada la prueba pericial ofrecida por la quejosa **********************, y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, procédase a su desahogo distribuyendo entre las partes copia del cuestionario relativo haciéndolo al Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional y a las autoridades responsables por medio de oficio, y personalmente a los terceros interesados. Se hace del conocimiento de las partes, que pueden ampliar el cuestionario referido si así´ lo consideran; para ello tendrán un plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído. Por otro lado, con fundamento en el numeral 120 de la ley de la materia, se requiere a las partes (a excepción de la parte quejosa ****************** ya que esta propuso a la experta***********************), para que si lo estiman procedente, dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, designen al profesional que se desempeñará como perito de su parte apercibidos que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se tendrá únicamente al perito oficial y al designado por quien así lo haga. Por otro lado, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de la materia, a efecto de designar al perito que fungirá con tal carácter, se solicita al Delegado de la Fiscalía General de la República en esta ciudad, para que dentro del plazo precisado con antelación, proporcione el nombre de un perito que pueda determinar sobre el cuestionario propuesto. Para su mejor comprensión anéxese copia del escrito que contiene dicho cuestionario. En otro orden, téngase a *****************, como perito de la quejosa ******************; en tal virtud, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, presente al mencionado experto debidamente identificado con documento oficial, en las instalaciones que ocupa este juzgado federal, a efecto de que acepte y proteste el cargo que le ha sido conferido. Con el apercibimiento que de no presentarla dentro del plazo concedido, se tendrá como único experto al que se designe como perito oficial, y en su caso, a los que designen las demás partes. Diferimiento. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para el quince de noviembre de dos mil veintidós, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y terceros interesados; por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Púbico Federal de la adscripción.
- Principal
Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual, transcribe el proveído dictado el once de noviembre del año en curso, en los autos del recurso de queja administrativa 514/2022, del índice del Tribunal de su adscripción, del que se advierte que se declaró firme el auto de dieciocho de octubre del año actual, mediante el cual dicho tribunal dejó sin materia el recurso de queja intentado. Acúsese recibo. Destrucción de copia certificada. Toda vez que a su oficio de cuenta acompaña un cuaderno de copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, procédase a la destrucción inmediata de éste, en virtud de que sus originales obran agregados en autos. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado el once de octubre de dos mil veintidós, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento exhibido por las partes que por sus características deba ser devuelto. No relevancia documental. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General.
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