Oscar Garcia Lopez
Expediente 591/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 591/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Oscar Garcia Lopez
Actuaciones
- Principal
Razón: En veintisiete de junio de dos mil diecinueve el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de junio de dos mil diecinueve Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de once de junio de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En otro orden de ideas, visto el estado que guardan los autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En virtud de lo anterior, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en proveído de once de junio de dos mil diecinueve, se desechó la demanda con la que se formó este expediente, auto que causó estado el día de la fecha; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obren documentos que por sus características deban ser devueltos. Por otra parte, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable el disco compacto que acompañó a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de junio de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta y anexos, que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, a través del cual transcribe el proveído de siete de junio del año en curso, dictado en el juicio de amparo directo 373/2019, del que se desprende que ese Tribunal Colegiado declaró su incompetencia legal para conocer del controvertido constitucional, y remite el oficio 144.-DFSLP.-UJ.-0945/2019 con tres copias, la demanda de amparo con dos copias, el informe justificado rendido por la autoridad responsable, y diversos anexos entre los que se encuentra un disco compacto. Anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 591/2019-VI, fórmese el expediente respectivo, y avóquese al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En otro contexto, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral del escrito de demanda, así como de su anexo, pone de manifiesto que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, contenida en el oficio 144.-DFSLP.-UJ.-0208/19, en la bitácora 24/MP-0012/09/18, signado por el Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales, en suplencia, por ausencia del Titular de la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A través de dicha determinación, con fundamento en el artículo 89, fracción II, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso en contra de la resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve (siendo lo correcto el veintitrés de ese mes y año, tal y como se advierte del punto 7 del informe justificado de la autoridad responsable), dictada en la bitácora citada, clave de proyecto 24SL2018MD045, del índice de la autoridad responsable. En ese contexto, el suscrito considera que con relación al referido acto reclamado se surte de un modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". El precepto trascrito consagra el principio de definitividad respecto a actos administrativos, que impera en el juicio de amparo. Este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa (previsto en una ley formal y material), susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva, siempre que el acto reclamado no carezca de fundamentación y no sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los promuevan, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasáramos por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, y las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, la norma legal citada también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretarla. Así, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que dicho acto reclamado deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal, que esté previsto en la ley; c) Que por virtud de esa revisión oficiosa o de ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; d) Que la ley ordinaria prevea la suspensión de los efectos del acto combatido, con independencia de que éste sea susceptible de suspenderse; e) Que para que proceda tal suspensión no se exijan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo; f) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación; g) Que no solo se aleguen violaciones directas a la Constitución; h) Que el recurso o medio de defensa no se encuentre previsto en un reglamento, sino que la ley aplicable contemple su existencia. Precisado lo anterior y de acuerdo a los actos aquí reclamados, se procede a evidenciar que, en el caso, se encuentran reunidos los elementos antes destacados. Respecto al marcado con el inciso a), esto es, que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe decirse que se encuentra satisfecho, toda vez que el acto que se reclama lo emitió el Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales, en suplencia, por ausencia del Titular de la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autoridad evidentemente distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por lo que hace al elemento señalado en el inciso b), consistente en que el acto reclamado deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal, también se actualiza ya que el artículo 3, fracciones XII y XIII, esta última en relación con la XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, refiere lo siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; [.] XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. [.]". Del dispositivo y fracciones transcritos se desprende que procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa: 1. Contra actos administrativos dictados por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y, 2. Contra las resoluciones definitivas que resuelvan los recursos administrativos interpuestos en contra de las hipótesis señaladas en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras leyes, como competencia del Tribunal referido. En el caso, como ya se dijo, el acto reclamado lo constituye la determinación de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, contenida en el oficio 144.-DFSLP.-UJ.-0208/19, en la bitácora 24/MP-0012/09/18, a través de la cual con fundamento en el artículo 89, fracción II, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso en contra de la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en la bitácora citada, clave de proyecto 24SL2018MD045, del índice de la autoridad responsable. Por lo que al ser una determinación que pone fin a la instancia recursiva propuesta por el hoy quejoso (revisión), en el procedimiento administrativo denominado bitácora 24/MP-0012/09/18, clave de proyecto 24SL2018MD045, del índice de la autoridad responsable, en términos del artículo 89, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a través del juicio de nulidad señalado, se podría obtener la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Además, se estima que en todo caso también se actualiza el diverso supuesto establecido en el artículo 3, fracción XIII, en relación con la XIX, de la ley orgánica referida, al estar expresamente señalado en el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (norma que regula el procedimiento administrativo denominado bitácora 24/MP-0012/09/18, génesis del acto reclamado). En efecto, dicho numeral establece que tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de dicha ley y de aquéllas a las cuales se aplica de manera supletoria, así como de los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de las mismas, los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas o los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de la misma, las personas físicas y morales que tengan interés legítimo tendrán derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes. Para tal efecto, de manera optativa podrán interponer el recurso administrativo de revisión a que se refiere el Capítulo Quinto, Título Sexto de dicha ley, o acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sobre tal aspecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 58/2004-SS, estableció que cuando los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, puedan interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intenten la vía jurisdiccional que corresponda (juicio de nulidad), es indudable que tal opción implica que la resolución relativa podrá impugnarse a través del recurso de revisión o mediante el juicio de nulidad, con la salvedad de que habiendo optado por el primero, una vez resuelto éste, con posterioridad, se tendrá que impugnar tal resolución a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previamente al juicio de amparo, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad. Dicha Sala concluyó que por ninguna circunstancia se debe eximir al gobernado de impugnar las resoluciones administrativas emitidas por las autoridades federales en la vía ordinaria, pues la circunstancia de que en la vía ordinaria pueda elegir entre agotar el recurso administrativo o el juicio de nulidad, lo cierto es que una vez elegido por el recurso administrativo, resulta procedente el juicio de nulidad el cual debe agotarse necesariamente, previamente al juicio de amparo, salvo los casos de excepción al principio de definitividad. Lo anterior se patentiza con la siguiente trascripción obtenida de la ejecutoria de la contradicción de tesis 58/2004-SS, que a la letra dice: ". Traducido lo anterior al ámbito federal, debe señalarse que si en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda (juicio de nulidad), es indudable que tal opción implica que la resolución relativa podrá impugnarse a través del recurso de revisión o mediante el juicio de nulidad, con la salvedad de que habiendo optado por el primero, una vez resuelto éste, con posterioridad, se tendrá que impugnar tal resolución a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de amparo, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad. . Conforme lo anterior y derivado de una nueva reflexión sobre el tema cuestionado, se desprende que si la resolución administrativa en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es impugnable de manera optativa para el gobernado a través del recurso de revisión o a través del juicio de nulidad, este último sí debe agotarse necesariamente, previo al juicio de garantías, por ser procedente en términos de la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, puesto que la opción consiste precisamente en agotar la vía administrativa o la jurisdiccional de manera directa, pero si se opta por la primera, necesariamente debe agotarse la segunda, en términos del numeral antes precisado, máxime que en relación con la tramitación del juicio de nulidad, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, según se desprende del texto de la jurisprudencia número 2a./J. 155/2002, que antecede. De lo expuesto con anterioridad, se arriba a la conclusión que por ninguna circunstancia se debe eximir al gobernado de impugnar las resoluciones administrativas emitidas por las autoridades federales en la vía ordinaria, pues la circunstancia de que en la vía ordinaria pueda elegir entre agotar el recurso administrativo o el juicio de nulidad, lo cierto es que una vez elegido por el recurso administrativo, resulta procedente el juicio de nulidad el cual debe agotarse necesariamente, previamente al juicio de amparo, salvo los casos de excepción al principio de definitividad. .". Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 95/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Julio de 2004, página 414, que dispone: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 351, con el rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.", sostuvo el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del gobernado el recurso que proceda en contra de tal resolución. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en términos del referido artículo 83 son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad, necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de garantías, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisión, con posterioridad a éste siempre deberá agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relación con la tramitación del juicio contencioso administrativo, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 576, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". Sobre tales bases, si en el presente caso el quejoso optó por recurrir a través de la revisión el acto administrativo que considera le afecta, medio de impugnación que es optativo de conformidad con el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (norma que regula el procedimiento administrativo denominado bitácora 24/MP-0012/09/18, génesis del acto reclamado), atendiendo a los lineamientos de la jurisprudencia 2a./J. 95/2004 (antes citada), la cual es de aplicación obligatoria para el suscrito de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, éste se encuentra obligado a promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previo a la presentación del juicio de amparo, a efecto de cumplir con el principio de definitividad. Lo anterior ya que de conformidad con el artículo 3, fracción XIII, en relación con la XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y éstas a su vez con el numeral 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la resolución que en el caso se reclama a través del juicio de nulidad, el cual podría modificarla, revocarla o nulificarlo. De lo anterior es patente que el acto reclamado, por virtud del juicio contencioso puede ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo requiere la causa de improcedencia que se estudia según lo dicho en el inciso c), lo que implicaría que cese la afectación de la que se duele el quejoso. Por lo que respecta al elemento precisado en el inciso d), consistente en que la ley ordinaria prevea la suspensión de los efectos de los actos combatidos, con independencia de que sean susceptibles de suspenderse, también se actualiza, pues el artículo 24 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo prevé: "ARTÍCULO 24.- Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá de conformidad con el artículo 28 de esta Ley." De lo que es claro que si se pueden suspender los efectos del acto reclamado. En relación al requisito marcado con el inciso e) inmediatamente relacionado con el anterior, consistente en que proceda tal suspensión sin que la ley exija mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, del examen comparativo de los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, frente al artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, se pone de manifiesto que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, atendiendo a las siguientes razones legales: 1) Del análisis del artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo en su inciso a) se aprecia que éste exige que no se afecte al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, además que conforme a la fracción III, del propio numeral, la medida suspensional podrá solicitarse en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia firme; por su parte, la Ley de Amparo también exige que se cumpla con éste requisito (artículo 128, fracción II) y dispone que la suspensión podrá solicitarse con la presentación de la demanda o en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 130). 2) Asimismo el inciso b) del citado numeral 28, precisa que los actos respecto de los cuales se solicita la suspensión deban ser de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto reclamado; al igual que el artículo 139 de la Ley de Amparo. Así, ambos ordenamientos coinciden en que: a) Una vez solicitada la suspensión, esta se podrá conceder si no se sigue perjuicio al interés social, ni se contraviene disposiciones de orden público; y, b) Que a efecto de que sea concedida la medida solicitada, se debe tratar de actos que produzcan al solicitante con su ejecución daños o perjuicios que sean de difícil reparación. De conformidad con los anteriores textos legales se llega a la convicción de que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales a efecto de que se conceda la suspensión del acto reclamado. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1194, que dispone: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria". Ahora bien, el requisito marcado con el inciso f), también se cumple, pues del contenido de la copia de la determinación reclamada se advierte que no carece de fundamentación, ya que se citan diversos preceptos jurídicos, los cuales constituyen su justificación normativa, como lo son los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 89, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 2, fracción XXX, 19, 38, 39, 40 y 84, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y 37, 38, 39 y 40, del Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental (fojas 24 y 25). Por lo que hace al inciso g) se estima que se encuentra actualizado toda vez que la parte quejosa no solo aduce violaciones a la constitución sino que, además, alega que al privársele del derecho a impugnar por la vía administrativa genera el incumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento violentando su garantía de legalidad. Lo anterior, porque (aduce) que el artículo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ordena que el recurso de revisión se interpondrá ante la autoridad que emitió el acuerdo y el superior jerárquico será quien analice el cuerdo recurrido, sin embargo la autoridad responsable contraviene dicho dispositivo al haber emitido la determinación reclamada y a su vez el desechamiento del medio de impugnación administrativo hecho valer en contra de ésta. Asimismo, refiere que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que el hecho de que se permita a una fábrica libere humo o sustancias tóxicas, justifica su interés jurídico, pues ello perjudica su estado de salud, lo cual afirma desvirtúa el argumento de la responsable de que no cuenta con dicho interés para recurrir la determinación recurrida. Finalmente, por lo que se refiere al inciso h), teniendo en consideración que la procedencia del juicio de nulidad se encuentra prevista en una ley (formal y material) no se actualiza la excepción relativa a que el medio de defensa o recurso se encuentre previsto en un reglamento. En esas condiciones, contra el acto reclamado la parte quejosa debió agotar el juicio de nulidad establecido en el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Resulta aplicable, por analogía de razón, la tesis con registro 227749, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, materia administrativa, página 732, de rubro y texto siguiente: "LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. DESECHAMIENTO DE RECURSO. DEBE HACERSE VALER JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTES DE EJERCITAR ACCION DE AMPARO. A través del recurso administrativo, el recurrente, en ejercicio de su potestad impugnativa busca la modificación o nulificación del acto que lo agravia; y es obvio que si se desecha el recurso interpuesto, tal desechamiento pone fin a la instancia de impugnación y deja firme la resolución recurrida. En tal virtud, cabe destacar, que si en el supuesto de que el recurso hubiera sido admitido y la resolución declarase infundada la impugnación, procedería, el juicio contencioso administrativo en los términos del artículo 23, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y se suspendería la ejecución con menores requisitos que los exigidos por la Ley de Amparo acorde a lo previsto en los numerales 141 y 144 del Código Fiscal de la Federación, por lo que es evidente que tal juicio procede también, contra el acuerdo definitivo que desechó el recurso y dejó firme la multa impuesta; y, por tanto, al no hacerlo valer el quejoso, no cumplió con el principio de definitividad que constituye un principio fundamental del juicio de amparo". Además que el acto que por esta vía se reclama no le importa a la parte quejosa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En tal virtud, la expresión conjunta de violaciones directas y de legalidad, cuando es procedente un medio ordinario de defensa que no prevé mayores requisitos para otorgar la suspensión que los consagrados en la Ley de Amparo, produce la improcedencia del juicio constitucional en términos del artículo 61, fracción XX, del ordenamiento citado, tal como puede apreciarse de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada a contrario sensu, publicada en la compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, página doscientos noventa y ocho, cuyo rubro indica: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN". Asimismo, cabe invocar la tesis número 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, del Tomo X, Página cuatrocientos cuarenta y ocho, que establece: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". En consecuencia, al no haber impugnado la parte quejosa el acto reclamado a través del juicio que prevé la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previo a acudir a esta instancia constitucional; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo al surtirse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia puntualizada. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Salvador Ricalday Soto, con cédula profesional 609052, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de junio de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta y anexos, que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, a través del cual transcribe el proveído de siete de junio del año en curso, dictado en el juicio de amparo directo 373/2019, del que se desprende que ese Tribunal Colegiado declaró su incompetencia legal para conocer del controvertido constitucional, y remite el oficio 144.-DFSLP.-UJ.-0945/2019 con tres copias, la demanda de amparo con dos copias, el informe justificado rendido por la autoridad responsable, y diversos anexos entre los que se encuentra un disco compacto. Anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 591/2019-VI, fórmese el expediente respectivo, y avóquese al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En otro contexto, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral del escrito de demanda, así como de su anexo, pone de manifiesto que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, contenida en el oficio 144.-DFSLP.-UJ.-0208/19, en la bitácora 24/MP-0012/09/18, signado por el Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales, en suplencia, por ausencia del Titular de la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A través de dicha determinación, con fundamento en el artículo 89, fracción II, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso en contra de la resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve (siendo lo correcto el veintitrés de ese mes y año, tal y como se advierte del punto 7 del informe justificado de la autoridad responsable), dictada en la bitácora citada, clave de proyecto 24SL2018MD045, del índice de la autoridad responsable. En ese contexto, el suscrito considera que con relación al referido acto reclamado se surte de un modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". El precepto trascrito consagra el principio de definitividad respecto a actos administrativos, que impera en el juicio de amparo. Este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa (previsto en una ley formal y material), susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva, siempre que el acto reclamado no carezca de fundamentación y no sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los promuevan, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasáramos por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, y las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, la norma legal citada también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretarla. Así, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que dicho acto reclamado deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal, que esté previsto en la ley; c) Que por virtud de esa revisión oficiosa o de ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; d) Que la ley ordinaria prevea la suspensión de los efectos del acto combatido, con independencia de que éste sea susceptible de suspenderse; e) Que para que proceda tal suspensión no se exijan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo; f) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación; g) Que no solo se aleguen violaciones directas a la Constitución; h) Que el recurso o medio de defensa no se encuentre previsto en un reglamento, sino que la ley aplicable contemple su existencia. Precisado lo anterior y de acuerdo a los actos aquí reclamados, se procede a evidenciar que, en el caso, se encuentran reunidos los elementos antes destacados. Respecto al marcado con el inciso a), esto es, que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe decirse que se encuentra satisfecho, toda vez que el acto que se reclama lo emitió el Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales, en suplencia, por ausencia del Titular de la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autoridad evidentemente distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por lo que hace al elemento señalado en el inciso b), consistente en que el acto reclamado deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal, también se actualiza ya que el artículo 3, fracciones XII y XIII, esta última en relación con la XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, refiere lo siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; [.] XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. [.]". Del dispositivo y fracciones transcritos se desprende que procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa: 1. Contra actos administrativos dictados por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y, 2. Contra las resoluciones definitivas que resuelvan los recursos administrativos interpuestos en contra de las hipótesis señaladas en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras leyes, como competencia del Tribunal referido. En el caso, como ya se dijo, el acto reclamado lo constituye la determinación de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, contenida en el oficio 144.-DFSLP.-UJ.-0208/19, en la bitácora 24/MP-0012/09/18, a través de la cual con fundamento en el artículo 89, fracción II, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso en contra de la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en la bitácora citada, clave de proyecto 24SL2018MD045, del índice de la autoridad responsable. Por lo que al ser una determinación que pone fin a la instancia recursiva propuesta por el hoy quejoso (revisión), en el procedimiento administrativo denominado bitácora 24/MP-0012/09/18, clave de proyecto 24SL2018MD045, del índice de la autoridad responsable, en términos del artículo 89, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a través del juicio de nulidad señalado, se podría obtener la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Además, se estima que en todo caso también se actualiza el diverso supuesto establecido en el artículo 3, fracción XIII, en relación con la XIX, de la ley orgánica referida, al estar expresamente señalado en el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (norma que regula el procedimiento administrativo denominado bitácora 24/MP-0012/09/18, génesis del acto reclamado). En efecto, dicho numeral establece que tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de dicha ley y de aquéllas a las cuales se aplica de manera supletoria, así como de los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de las mismas, los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas o los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de la misma, las personas físicas y morales que tengan interés legítimo tendrán derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes. Para tal efecto, de manera optativa podrán interponer el recurso administrativo de revisión a que se refiere el Capítulo Quinto, Título Sexto de dicha ley, o acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sobre tal aspecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 58/2004-SS, estableció que cuando los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, puedan interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intenten la vía jurisdiccional que corresponda (juicio de nulidad), es indudable que tal opción implica que la resolución relativa podrá impugnarse a través del recurso de revisión o mediante el juicio de nulidad, con la salvedad de que habiendo optado por el primero, una vez resuelto éste, con posterioridad, se tendrá que impugnar tal resolución a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previamente al juicio de amparo, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad. Dicha Sala concluyó que por ninguna circunstancia se debe eximir al gobernado de impugnar las resoluciones administrativas emitidas por las autoridades federales en la vía ordinaria, pues la circunstancia de que en la vía ordinaria pueda elegir entre agotar el recurso administrativo o el juicio de nulidad, lo cierto es que una vez elegido por el recurso administrativo, resulta procedente el juicio de nulidad el cual debe agotarse necesariamente, previamente al juicio de amparo, salvo los casos de excepción al principio de definitividad. Lo anterior se patentiza con la siguiente trascripción obtenida de la ejecutoria de la contradicción de tesis 58/2004-SS, que a la letra dice: ". Traducido lo anterior al ámbito federal, debe señalarse que si en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda (juicio de nulidad), es indudable que tal opción implica que la resolución relativa podrá impugnarse a través del recurso de revisión o mediante el juicio de nulidad, con la salvedad de que habiendo optado por el primero, una vez resuelto éste, con posterioridad, se tendrá que impugnar tal resolución a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de amparo, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad. . Conforme lo anterior y derivado de una nueva reflexión sobre el tema cuestionado, se desprende que si la resolución administrativa en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es impugnable de manera optativa para el gobernado a través del recurso de revisión o a través del juicio de nulidad, este último sí debe agotarse necesariamente, previo al juicio de garantías, por ser procedente en términos de la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, puesto que la opción consiste precisamente en agotar la vía administrativa o la jurisdiccional de manera directa, pero si se opta por la primera, necesariamente debe agotarse la segunda, en términos del numeral antes precisado, máxime que en relación con la tramitación del juicio de nulidad, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, según se desprende del texto de la jurisprudencia número 2a./J. 155/2002, que antecede. De lo expuesto con anterioridad, se arriba a la conclusión que por ninguna circunstancia se debe eximir al gobernado de impugnar las resoluciones administrativas emitidas por las autoridades federales en la vía ordinaria, pues la circunstancia de que en la vía ordinaria pueda elegir entre agotar el recurso administrativo o el juicio de nulidad, lo cierto es que una vez elegido por el recurso administrativo, resulta procedente el juicio de nulidad el cual debe agotarse necesariamente, previamente al juicio de amparo, salvo los casos de excepción al principio de definitividad. .". Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 95/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Julio de 2004, página 414, que dispone: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 351, con el rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.", sostuvo el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del gobernado el recurso que proceda en contra de tal resolución. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en términos del referido artículo 83 son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad, necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de garantías, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisión, con posterioridad a éste siempre deberá agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relación con la tramitación del juicio contencioso administrativo, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 576, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". Sobre tales bases, si en el presente caso el quejoso optó por recurrir a través de la revisión el acto administrativo que considera le afecta, medio de impugnación que es optativo de conformidad con el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (norma que regula el procedimiento administrativo denominado bitácora 24/MP-0012/09/18, génesis del acto reclamado), atendiendo a los lineamientos de la jurisprudencia 2a./J. 95/2004 (antes citada), la cual es de aplicación obligatoria para el suscrito de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, éste se encuentra obligado a promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previo a la presentación del juicio de amparo, a efecto de cumplir con el principio de definitividad. Lo anterior ya que de conformidad con el artículo 3, fracción XIII, en relación con la XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y éstas a su vez con el numeral 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la resolución que en el caso se reclama a través del juicio de nulidad, el cual podría modificarla, revocarla o nulificarlo. De lo anterior es patente que el acto reclamado, por virtud del juicio contencioso puede ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo requiere la causa de improcedencia que se estudia según lo dicho en el inciso c), lo que implicaría que cese la afectación de la que se duele el quejoso. Por lo que respecta al elemento precisado en el inciso d), consistente en que la ley ordinaria prevea la suspensión de los efectos de los actos combatidos, con independencia de que sean susceptibles de suspenderse, también se actualiza, pues el artículo 24 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo prevé: "ARTÍCULO 24.- Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá de conformidad con el artículo 28 de esta Ley." De lo que es claro que si se pueden suspender los efectos del acto reclamado. En relación al requisito marcado con el inciso e) inmediatamente relacionado con el anterior, consistente en que proceda tal suspensión sin que la ley exija mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, del examen comparativo de los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, frente al artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, se pone de manifiesto que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, atendiendo a las siguientes razones legales: 1) Del análisis del artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo en su inciso a) se aprecia que éste exige que no se afecte al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, además que conforme a la fracción III, del propio numeral, la medida suspensional podrá solicitarse en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia firme; por su parte, la Ley de Amparo también exige que se cumpla con éste requisito (artículo 128, fracción II) y dispone que la suspensión podrá solicitarse con la presentación de la demanda o en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 130). 2) Asimismo el inciso b) del citado numeral 28, precisa que los actos respecto de los cuales se solicita la suspensión deban ser de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto reclamado; al igual que el artículo 139 de la Ley de Amparo. Así, ambos ordenamientos coinciden en que: a) Una vez solicitada la suspensión, esta se podrá conceder si no se sigue perjuicio al interés social, ni se contraviene disposiciones de orden público; y, b) Que a efecto de que sea concedida la medida solicitada, se debe tratar de actos que produzcan al solicitante con su ejecución daños o perjuicios que sean de difícil reparación. De conformidad con los anteriores textos legales se llega a la convicción de que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales a efecto de que se conceda la suspensión del acto reclamado. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1194, que dispone: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria". Ahora bien, el requisito marcado con el inciso f), también se cumple, pues del contenido de la copia de la determinación reclamada se advierte que no carece de fundamentación, ya que se citan diversos preceptos jurídicos, los cuales constituyen su justificación normativa, como lo son los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 89, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 2, fracción XXX, 19, 38, 39, 40 y 84, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y 37, 38, 39 y 40, del Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental (fojas 24 y 25). Por lo que hace al inciso g) se estima que se encuentra actualizado toda vez que la parte quejosa no solo aduce violaciones a la constitución sino que, además, alega que al privársele del derecho a impugnar por la vía administrativa genera el incumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento violentando su garantía de legalidad. Lo anterior, porque (aduce) que el artículo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ordena que el recurso de revisión se interpondrá ante la autoridad que emitió el acuerdo y el superior jerárquico será quien analice el cuerdo recurrido, sin embargo la autoridad responsable contraviene dicho dispositivo al haber emitido la determinación reclamada y a su vez el desechamiento del medio de impugnación administrativo hecho valer en contra de ésta. Asimismo, refiere que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que el hecho de que se permita a una fábrica libere humo o sustancias tóxicas, justifica su interés jurídico, pues ello perjudica su estado de salud, lo cual afirma desvirtúa el argumento de la responsable de que no cuenta con dicho interés para recurrir la determinación recurrida. Finalmente, por lo que se refiere al inciso h), teniendo en consideración que la procedencia del juicio de nulidad se encuentra prevista en una ley (formal y material) no se actualiza la excepción relativa a que el medio de defensa o recurso se encuentre previsto en un reglamento. En esas condiciones, contra el acto reclamado la parte quejosa debió agotar el juicio de nulidad establecido en el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Resulta aplicable, por analogía de razón, la tesis con registro 227749, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, materia administrativa, página 732, de rubro y texto siguiente: "LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. DESECHAMIENTO DE RECURSO. DEBE HACERSE VALER JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTES DE EJERCITAR ACCION DE AMPARO. A través del recurso administrativo, el recurrente, en ejercicio de su potestad impugnativa busca la modificación o nulificación del acto que lo agravia; y es obvio que si se desecha el recurso interpuesto, tal desechamiento pone fin a la instancia de impugnación y deja firme la resolución recurrida. En tal virtud, cabe destacar, que si en el supuesto de que el recurso hubiera sido admitido y la resolución declarase infundada la impugnación, procedería, el juicio contencioso administrativo en los términos del artículo 23, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y se suspendería la ejecución con menores requisitos que los exigidos por la Ley de Amparo acorde a lo previsto en los numerales 141 y 144 del Código Fiscal de la Federación, por lo que es evidente que tal juicio procede también, contra el acuerdo definitivo que desechó el recurso y dejó firme la multa impuesta; y, por tanto, al no hacerlo valer el quejoso, no cumplió con el principio de definitividad que constituye un principio fundamental del juicio de amparo". Además que el acto que por esta vía se reclama no le importa a la parte quejosa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En tal virtud, la expresión conjunta de violaciones directas y de legalidad, cuando es procedente un medio ordinario de defensa que no prevé mayores requisitos para otorgar la suspensión que los consagrados en la Ley de Amparo, produce la improcedencia del juicio constitucional en términos del artículo 61, fracción XX, del ordenamiento citado, tal como puede apreciarse de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada a contrario sensu, publicada en la compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, página doscientos noventa y ocho, cuyo rubro indica: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN". Asimismo, cabe invocar la tesis número 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, del Tomo X, Página cuatrocientos cuarenta y ocho, que establece: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". En consecuencia, al no haber impugnado la parte quejosa el acto reclamado a través del juicio que prevé la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previo a acudir a esta instancia constitucional; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo al surtirse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia puntualizada. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Salvador Ricalday Soto, con cédula profesional 609052, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente al promovente."
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