Oscar González Domínguez
Expediente 479/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 479/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/06/2017
Partes del expediente
- Oscar González Domínguez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de junio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio del Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapas, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, por medio del cual informa que mediante Acuerdo General número 02/2017, pronunciado en sesión ordinaria de 16 dieciséis de mayo del año en curso del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se acordó la supresión del Juzgado Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, a partir del uno de junio de dos mil diecisiete, y en razón a ello, de la fecha mencionada los Juzgados Primero y Segundo del Ramo Penal, conocerán equitativamente de los asuntos que conocía el Juzgado tercero del Ramo penal del Distrito Judicial de Tuxtla, tramitados conforme al sistema del Código de Procedimientos Penales para el Estado en vigor desde mil novecientos treinta y ocho, declarándose competente para seguir conociendo de la causa penal ******** como autoridad sustituta, radicándola bajo el número ****** circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por oficio que se envíe al Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapas, Cintalapa y Tuxtla, remítase copia certificada del proveído de once de mayo del actual, donde se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, así como del auto de dos de junio de la presente anualidad, donde causó estado el sobreseimiento fuera de audiencia y se ordenó el archivo de este juicio como asunto concluido. Notifíquese.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, dos de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido y negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo 4. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Antonio Lozano Batarse, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza Rosadelhy Domínguez Serrano, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien además certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, dos de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido y negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo 4. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Antonio Lozano Batarse, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza Rosadelhy Domínguez Serrano, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien además certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE ONCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de mayo de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de la secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, por el que remite los autos del juicio de amparo 327/2017, así como los incidentes de suspensión en original y duplicado, del índice de ese juzgado, así como un tomo de pruebas en copia certificada del expediente ********* promovido por ********* contra actos del Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Cintalapa, Tuxtla y Chiapa, que refiere en su escrito de demanda, por carecer de competencia, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis, con entrada en vigor el mismo día de su publicación. Con apoyo en el citado Acuerdo General, este Juzgado, acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del juicio. Acúsese recibo. Para efectos de compensación y estadística, y se equilibre la carga de trabajo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, hágase del conocimiento al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el ingreso de la presente demanda a este juzgado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 35, 107, 108, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda de amparo promovida por ********* contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Cintalapa, Tuxtla y Chiapa. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 479/2017-IV. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN De las constancias remitidas en el juicio de amparo 327/2017, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, se advierte que en el mismo se aperturó incidente de suspensión, sin pronunciarse al respecto de los mismos toda vez que se encuentran fallados. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO En razón de que la autoridad señalada como responsable ya rindió su respectivo informe justificado, se tiene por recibido para que surta los efectos legales procedentes, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista con su contenido a las partes para su conocimiento. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que señala en su escrito de demanda y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********* y para el efecto de oír y recibir notificaciones a *********** por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La orden de aprehensión, búsqueda, localización, presentación, detención y su ejecución. En efecto, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, este juzgado procede a sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo, al sobrevenir una causa de improcedencia, por los siguientes motivos. Este órgano jurisdiccional advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo; cuyo estudio es de oficio, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 62 de la legislación en cita. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.;De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquellos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, se hace necesario precisar, en lo que interesa, el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será el de quince días, previsto como regla general en el propio precepto. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Precisado lo anterior, se toma en cuenta que en el caso, la parte quejosa reclama la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil catorce, en que la autoridad responsable dictó auto de incoación, en el cual ordenó la búsqueda y aprehensión del justiciable por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual, dentro de la causa penal ********* Ahora, del informe justificado rendido por el juez responsable se advierte que ********* promovió diverso juicio de amparo, radicado en este órgano de control constitucional con el número 1704/2014, contra el acto que aquí reclama, se tiene a la vista en este momento el juicio de amparo respectivo como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. De las constancias del amparo citado, se desprende que la parte quejosa ******* promovió demanda de amparo contra actos del Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, consistente en la orden de aprehensión y su ejecución. Así también, en autos del juicio referido se advierte que mediante escrito de quince de enero de dos mil catorce, la parte quejosa presento recurso de revisión contra la sentencia en la que por una parte se decretó el sobreseimiento y por otra se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, de fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, emitida por este juzgado, asimismo, fue de su conocimiento el auto de cinco de diciembre de dos mil catorce donde la autoridad responsable rindió su informe justificado anexando copias certificadas del expediente ******* así como de la ejecutoria de veintitrés de abril del dos mil quince, en que se resolvió dicho recurso, así como el diverso de once de mayo del dos mil quince, donde la Superioridad remitió el testimonio de la resolución dictada en el recurso de revisión número 37/2015 (fojas 29, 51-55 y 120 del juicio de amparo 1704/2014). Esto, virtud a que el hoy demandante del amparo fue notificado de los proveídos antes mencionados, por conducto de la lista publicada del último de ellos el día doce de mayo del año en mención (foja 120 del juicio de amparo 1704/2014). En ese orden de ideas, si los actos que reclama la parte quejosa, ya fueron del conocimiento del quejoso en un diverso juicio de amparo, al rendir el informe justificado de la orden de aprehensión que reclamó del Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Cintalapa, Tuxtla y Chiapa, es evidente entonces, que el juicio de amparo es extemporáneo. Así las cosas, es de concluir que el accionante del amparo tuvo conocimiento del acto por medio del diverso juicio de amparo que promovió en su favor, al momento en que este órgano jurisdiccional le notificó la vista para que manifestara lo que a su derecho correspondiera con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Cintalapa, Tuxtla y Chiapa. Así las cosas, se entiende que el quejoso no puede manifestar desconocimiento del acto, ya que a partir de esa fecha indicada tuvo conocimiento completo de su existencia y su contenido por ese medio, en aplicación a la jurisprudencia siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PRESENTARLA PUEDE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO, DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UN AMPARO ANTERIOR. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el plazo para la presentación de la demanda será de quince días contados a partir del siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o, c) Al en que se haya ostentado sabedor del acto. Ahora bien, se entiende que el gobernado se ostenta sabedor del acto de autoridad cuando formula alguna manifestación en la que hace patente que conoce su existencia y contenido. Esta declaración cognitiva puede generarse en los procedimientos relativos a la ejecución de las sentencias de amparo, cuando el interesado expresa que el nuevo acto de autoridad no acata correctamente algún lineamiento del fallo protector. En efecto, dicha manifestación revela que el inconforme conoce el acto emitido en cumplimiento a la ejecutoria, pues de otro modo no podría compararlo con los efectos que rigen el otorgamiento del amparo. Así pues, tal ostentación de conocimiento puede tomarse como punto de partida para computar el plazo dentro del cual debe reclamarse el nuevo acto; salvo que previamente se haya actualizado alguna otra de las hipótesis alternativas previstas en el referido artículo 21. Precisado lo anterior, se establece que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado por conducto de la lista publicada del último de ellos el día doce de mayo del año en mención (foja 120 del juicio de amparo 1704/2014). En ese sentido, el plazo de quince días para promover la demanda que dio origen a este asunto transcurrió por conducto de la lista publicada del último de ellos el día doce de mayo del año en mención (foja 120 del juicio de amparo 1704/2014). Bajo esa tesitura, si la parte quejosa promovió la demanda de amparo hasta el tres de abril de actual, según se advierte del sello impuesto por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, es inconcuso que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo. Es así, pues el quejoso conocía del acto reclamado (por conducto de la lista publicada del último de ellos el día doce de mayo del año en mención (foja 120 del juicio de amparo 1704/2014) por lo que, hasta aquélla en que se presentó la demanda de amparo (cuatro de abril del actual), transcurrieron en exceso los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. No se soslaya que bajo la vigencia de la Ley de Amparo publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, hoy abrogada, podía promoverse en cualquier tiempo la demanda de amparo contra una orden de aprehensión o contra un auto de formal prisión, pues ello se debía a que existía disposición expresa en el artículo 22 de dicho ordenamiento, sobre que no había plazo para instar la protección constitucional cuando se combatieran actos que atacaran la libertad personal, sin precisar si se trataba de actos emitidos dentro o fuera de procedimiento. A continuación, se transcribe el artículo 22 de la Ley de Amparo abrogada, que dice: Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo. Sin embargo, en la Ley de Amparo vigente, si bien existe una disposición similar a la comentada, ésta únicamente permite la promoción del amparo, en cualquier tiempo, cuando el acto ataque la libertad personal pero fuera de procedimiento, lo que excluye a los actos como la orden de aprehensión y el auto de formal prisión, en virtud de que éstos son emitidos dentro de un proceso judicial. Se reitera a continuación el contenido de la fracción IV del artículo de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo;" Dicha disposición legal revela la intención del legislador federal de limitar los plazos en que se puede promover el juicio de amparo, lo que se corrobora con el contenido de la diversa fracción II del mismo numeral, en que se dispone que el amparo contra una sentencia definitiva en materia penal, en que se condene a la parte quejosa a pena de prisión, debe promoverse en un plazo de hasta ocho años, como se ve a continuación: "II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;" De esa manera, es evidente que la demanda de amparo interpuesta no se presentó en el término que la Ley de Amparo prevé en el artículo 17, y como consecuencia a esa omisión, se entiende que la parte quejosa consintió de manera tácita el acto que reclama en el juicio de amparo. Igual consideración sostuvo el Primer Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de revisión penal 59/2016 en sesión de seis de mayo de dos mil dieciséis. A mayor abundamiento cabe señalar que en el caso, también se actualiza la improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, la cosa juzgada como causa de improcedencia del juicio de amparo, el cual exige, de manera estricta, la concurrencia de los supuestos consistentes en: 1) Que el acto reclamado en determinado juicio de amparo verse o involucre un acto o ley que hubiera sido materia de una ejecutoria en otro. 2) Que dichos juicios hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Establecido lo anterior, cabe retomar que la parte quejosa señala como acto reclamado, la orden de aprehensión de diecisiete de noviembre de dos mil catorce, dictada en la causa penal 298/2014, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y su ejecución. Ahora bien, del análisis de las constancias de la causa penal de la que emana el acto reclamado, adjuntadas por la responsable a su informe justificado, se advierte que el aquí quejoso promovió diverso juicio de amparo 364/2015 del índice del Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. En el citado juicio se emitió sentencia ejecutoriada, en la que el acto reclamado se hizo consistir en la orden de aprehensión de diecisiete de noviembre de dos mil catorce, dictada en la causa penal 298/2014, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y su ejecución, determinándose sobreseer el asunto, pues el juzgador federal estableció que la demanda respectiva se promovió fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que el acto reclamado fue consentido tácitamente, puesto que tal conducta procesal reveló la conformidad de los quejosos con él, sentencia que causó ejecutoria el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis . De lo anterior se colige, que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, esto es, la orden de aprehensión de diecisiete de noviembre de dos mil catorce, dictada en la causa penal 298/2014, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y su ejecución, ha sido materia de estudio en diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso y contra la propia autoridad responsable, y en el que, como se dijo, se sobreseyó el asunto, pues el juzgador federal estableció que la demanda respectiva se promovió fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el que guarda relación estrecha con el acto reclamado en el juicio de amparo que se resuelve. En consecuencia, es procedente sobreseer fuera de audiencia en este juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracciones XI y XIV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio firme en el sentido de que resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, cuando dentro del desarrollo del procedimiento de amparo, subyace una causal de improcedencia de forma notoria y manifiesta, puesto que ante esa circunstancia probada resulta innecesario continuar con la substanciación del proceso, cuya conclusión, invariablemente será en el mismo sentido. Así lo determinó el Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la Página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obsta para decretar el sobreseimiento anterior que en autos no se haya emplazado a la parte tercero interesada, ya que a nada práctico conduciría ante la notoriedad de la causa de improcedencia actualizada, lo que implica que el sentido adoptado no le irroga ningún perjuicio. Por las razones asentadas en líneas precedentes, no se señala día y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese personalmente. ...
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