Oscar Francisco Guillén Farrera

Expediente 729/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
729/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
21/07/2017

Partes del expediente

  • Oscar Francisco Guillén Farrera

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del proveído de seis de julio de dos mil diecisiete, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE SEIS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA:...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de julio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *** contra actos de los Magistrados de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. Del C. Magistrados de la Segunda Sala, de los que integran el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, el acuerdo de fecha 03 tres de julio de 2017 dos mil diecisiete, en la omisión de no incluir las prestaciones económicas condenadas en el laudo". ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 729/2017-XIV. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 448, Materia Común, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. ...". Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario. Los artículos mencionados establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. . Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo no procede cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la ley. El segundo numeral prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, prevé que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. Entonces, de la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario (contrario sensu), se deduce que el juicio de amparo será improcedente: 1. Contra actos emitidos en ejecución de sentencia que no constituyan la última resolución dictada en los procedimientos respectivos. 2. Contra actos dictados en procedimientos de remate, que no constituyan la resolución en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. El sentido de la fracción IV del precepto 107 en comento, radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibirse la promoción de amparos contra las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se evita la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que ahí se pronuncie, en virtud de que el perjuicio contra el ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite; la resolución final del procedimiento respectivo, o bien, la del procedimiento de ejecución en que se declare cumplida o no cumplida la sentencia. Del contenido de la demanda, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el acuerdo de tres de julio de dos mil diecisiete, dictado por la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del juicio laboral *** en el cual la responsable no incluyó las prestaciones económicas condenadas en el laudo correspondiente, pues aduce el peticionario de amparo que dicha autoridad sólo se limitó a señalar fecha y hora para que se lleve a cabo su reinstalación, dejando de proveer lo relativo a las referidas prestaciones. No obstante lo anterior, este juzgador estima que el acto antes indicado no constituye propiamente una omisión por parte de la autoridad responsable, lo anterior, en atención a que si bien en el acuerdo reclamado sólo se acordó lo relativo a la reinstalación del aquí quejoso de suyo no implica que el tribunal burocrático le haya negado las prestaciones económicas a que tiene derecho. Lo anterior es así, dado que del contenido de los antecedentes en la demanda de cuenta, se advierte que el expediente laboral *** de donde deriva el acto combatido, se encuentra en etapa de ejecución de laudo. En ese sentido, el acto que por esta vía se combate está dirigido a dar cumplimiento al laudo, es decir, el fin que busca es logar el cumplimiento del mismo, por ende, el proveído del que se duele el solicitante de amparo, no constituye la última resolución dictada en la fase de ejecución del laudo del juicio de origen, pues resulta evidente que en el caso en concreto el referido acto reclamado se encuentra en esa etapa. Con base a lo anterior, se afirma que el auto combatido en la demanda que se analiza no es de los previstos por el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, pues el numeral de mérito acota la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados fuera de juicio o en su ejecución mediante los cuales la responsable apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, declare la imposibilidad material o jurídica para llevar a cabo el cumplimiento u ordene el archivo definitivo del expediente. En ese contexto, cuando se reclama un acto dictado en etapa de ejecución, como sucede en la especie, no procede la acción constitucional en su contra, ya que la intención del legislador, contenida en el citado numeral, es que las sentencias y los laudos firmes sean cumplidos sin que la promoción de múltiples amparos obstaculicen su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución en la fase ejecutiva, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer la acción constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis que establece: "ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA TOTALMENTE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONSTITUYE COSA JUZGADA, ES UN CASO ANÁLOGO A LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD PARA CUMPLIRLA Y PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO INDIRECTO. ...". Así como la diversa tesis : "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). ...". Y además, la tesis que a continuación se cita: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). ...". Supuesto normativo que no se actualiza en relación con el acto reclamado en el presente juicio, en virtud de que no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de laudo. Además, dicho acto no guarda autonomía propia y destacada en relación al procedimiento de ejecución de laudo, para que sea procedente el amparo biinstancial, en virtud de que está vinculado con el procedimiento de ejecución del laudo cuyo cumplimiento se pretende, que no es ajeno a la cosa juzgada. Aunado a lo anterior, debe decirse que el auto combatido tampoco es un acto que afecte de manera directa derechos sustantivos, protegidos por la Carta Magna o los instrumentos internacionales ratificados, como pueden ser, verbigracia, la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la dignidad humana, la propiedad, la posesión, etcétera, se insiste no le perjuicio hasta la resolución final del procedimiento respectivo, o bien, la del procedimiento de ejecución en que se declare cumplido o no cumplido el laudo. Es aplicable a lo anterior en lo conducente y a contrario sensu, la jurisprudencia, cuyo texto y rubro dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. ...". En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación relacionada del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo vigente, con fundamento en el artículo 113, de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. La anterior determinación, se apoya además en lo resuelto en la queja 477/2016, del índice del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con motivo del desechamiento propuesto en el juicio de amparo 2381/2016, de la estadística de este juzgado, confirmado el anterior desechamiento en la referida queja declarándola infundada. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que señala en esta ciudad, y autorizando con las facultades que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, ya que pese a no contar con sus respectivas cédulas en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, al ser la parte trabajadora la que promueve el presente juicio, no se hace necesaria tal situación. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8o de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 8o, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en este juicio, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 10,116 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano