Oscar Giovanni Salgado Pérez y Otros.

Expediente 808/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
808/2020
Año
2020
Actuaciones
23
Última actuación
22/10/2021

Partes del expediente

  • Oscar Giovanni Salgado Pérez
  • Oscar Giovanni Salgado Pérez y Otros.
  • D. S. S. y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo y el original del incidente de suspensión, son SUSCEPTIBLES DE DEPURARSE, en razón de que se NEGÓ, el amparo y protección de Justicia Federal; en lo referente a los cuadernos incidentales se concedieron las suspensiones tanto provisional como la definitiva; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio principal y el original del incidente. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiéranse los expedientes a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy Fe./*arga*/*

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. VISTOS: por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en la que se NEGÓ el juicio de amparo promovido por Oscar Geovanni Salgado Pérez, sin que lo haya hecho. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SE ORDENA DEVOLVER CUADERNO DE PRUEBAS Devuélvase al Juez responsable las documentales que acompañó a su informe justificado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. SE ORDENA REMITIR COPIA DE LA SENTENCIA A LA TERCERO INTERESADA Por otra parte, como de autos se desprende que no obra constancia que la tercero interesada Diana Celeste Castañeda Mexicano, adscrita al DIF, Michoacán con sede en esta ciudad, haya sido notificada de la resolución dictada en los presentes autos, subsánese esa omisión y juntamente con el oficio donde se inserte el presente proveído, acompáñesele copia de la sentencia emitida en el presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-808/2020, promovido por Carlos Ulises Salgado Pérez, en su carácter de apoderado de OSCAR GEOVANNI SALGADO PÉREZ, contra actos de la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar Oral de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y recibido en este Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Michoacán, en esa misma fecha, Carlos Ulises Salgado Pérez, en su carácter de apoderado de OSCAR GEOVANNI SALGADO PÉREZ, promovió demanda de amparo indirecto contra actos de la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar Oral de este Distrito Judicial. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de once de diciembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de garantías, misma que fue registrada bajo el número VIII-808/2020; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se emplazó a la parte tercero interesada; al estar involucrados los derechos de dos menores se designó representante especial; se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, además, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario. Siendo así que del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama de la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar Oral de este Distrito Judicial: La omisión de vigilar el debido cumplimiento de las convivencias de las menores con su padre, aquí quejoso. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por la Juez responsable se advierte que es cierto el acto reclamado, a cuyo efecto se allegaron al sumario diversas constancias relativas al juicio de origen. Documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2º, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcribirán los conceptos de violación, por las razones que así lo informa la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Previo al estudio del concepto de violación esgrimido por el quejoso, en este punto es preciso señalar que de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, opera la suplencia de la queja deficiente, ya que en el caso materia del presente asunto se encuentran en disputa los intereses de dos menores de edad, por lo que el suscrito considera que se afecta el orden y desarrollo de la familia. Además, atendiendo a que existe jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone la obligación de los jueces y magistrados, de suplir en forma total la queja deficiente, cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos de familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteradamente ha destacado la importancia de tomar en cuenta el interés superior del niño, que implica, entre otras cosas, considerar aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y su aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, de conformidad con lo establecido en el texto constitucional y la Convención sobre los Derechos del Niño. Lo anterior quiere decir que, con independencia de quién comparezca a solicitar la protección constitucional, tratándose de controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, constituye obligación de los juzgadores de amparo, velar y garantizar en todo momento la protección más amplia, a fin de proteger dichos intereses. En efecto, tratándose de menores, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone la obligación del Estado Mexicano de garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo. Incluso a nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3º, establece al respecto lo siguiente: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada". Sustenta lo antes considerado, la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Por ello, aunque a esta instancia comparece a solicitar el amparo OSCAR GEOVANNI SALGADO PÉREZ, padre de las menores involucradas de iniciales D.S.S. y E.S.S.S., contra las omisiones de la juez responsable para lograr el debido cumplimiento de las convivencias; por las razones asentadas anteriormente, el suscrito emprenderá el estudio del auto reclamado, de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la ley de amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, pág. 167, Novena Época, registro 175053: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Ahora bien, en sus conceptos de violación, el promovente del amparo aduce en esencia que la autoridad responsable ha sido omisa en el cumplimiento de su obligación de vigilar y establecer medidas para que se verifique el debido cumplimiento de las convivencias decretadas en el juicio familiar de origen, ya que no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de las mismas, afectando con ello el derecho de las menores. Previo a la calificación de ese concepto de violación, se debe establecer en primer término, que con relación al principio de interés superior del menor y su aplicación en casos concretos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 583/2016, ha establecido que es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los menores, previstos en el artículo 4o. de la Constitución Federal. Que esa interpretación encuentra respaldo en un argumento teleológico consistente en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4o., donde se reconoce expresamente que uno de los objetivos del Órgano Reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos de los menores de edad. Que en el ámbito jurisdiccional, el interés superior del menor de edad es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor, el cual ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos, previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. En cambio, que cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores de edad, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. Con relación a su aplicación, en dicha ejecutoria se estableció que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor, para cada supuesto de hecho planteado; por ello, que son los tribunales quienes han de determinarlo, haciendo uso de valores o criterios racionales. Que los criterios relevantes para la determinación del interés del menor, en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, son los siguientes: a) Se debe proveer, por el medio más idóneo, a las necesidades materiales básicas o vitales del menor y a las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) Se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y, c) Se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, en dicha ejecutoria se indicó que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el Juez tendrá que examinar, minuciosamente, las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa, especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4º Constitucional. Se estableció también que la guarda y custodia a cargo de uno de los padres y el derecho de visitas o régimen de convivencia a favor del otro, son figuras complementarias entre sí y garantizan, el derecho del menor a vivir en familia y convivir con ambos padres, asegurando así el sano desarrollo de su personalidad. Que la guarda y custodia, se debe entender como la acción de los padres de velar por sus menores hijos y tenerlos en su compañía, la cual forma parte de las funciones personales que -junto con las funciones patrimoniales- integran la patria potestad y que van dirigidas a asegurar el desarrollo pleno e integral del menor y que dentro de estas funciones personales (v. gr. la educación, la formación y la corrección de los hijos), la guarda y custodia es sin duda una de las de mayor importancia. Y que en un entorno de unidad familiar en el que los padres viven una vida en común, la guarda y custodia de los hijos se encuadra dentro del ejercicio dual de la patria potestad, es decir, ambos padres comparten su titularidad indistintamente, con lo que, naturalmente, se garantiza la relación personal y el contacto directo del menor con sus dos padres por igual. Sin embargo, ante el surgimiento de una crisis intrafamiliar que resulta en la separación material de los padres, la facultad de la guarda y custodia se desprende del ejercicio dual de la patria potestad y queda a cargo -por medio de convenio o resolución judicial- de uno de ellos. Por lo que se refiere al régimen de convivencia o derecho de visitas, indicó que se trata de una institución paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Se estableció que desde el momento en que el núcleo familiar original se disuelve, resulta físicamente imposible que los menores mantengan relaciones personales de forma simultánea con ambos progenitores; por ello, que es innegable que esta institución goza de una gran trascendencia en el ámbito de crisis intrafamiliares, puesto que se erige como una medida excepcional tendiente a reactivar la convivencia familiar con el progenitor que no ostenta la titularidad de la guarda y custodia y así asegurar la continuación de las relaciones paterno-filiales con ambos progenitores de forma regular. Que al momento de implementar el régimen de convivencia a favor del progenitor no custodio, la autoridad judicial debe tener en consideración que se trata de un derecho a favor de los menores, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres; por ello, que cualquier decisión judicial que recaiga sobre el derecho de visitas deberá tener como eje rector el principio de interés superior del menor, buscando en todo momento incentivar y preservar la convivencia del grupo familiar. En este sentido, que el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres, sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, el mencionado derecho podrá estar limitado de forma temporal, espacial e, inclusive, modal; de tal manera que sea posible asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados. Y que al igual que la decisión sobre la asignación de la guarda y custodia a uno de los progenitores, la determinación sobre el contenido del derecho de visitas en cada caso concreto tampoco es una tarea sencilla; para hacerlo, el Juez de lo Familiar deberá tener en consideración diversos elementos, tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores involucrados; el tipo de relación que mantienen con el progenitor no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del progenitor no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores y la del padre no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores involucrados. Por ello, que bajo las anteriores consideraciones el Juez Familiar debe establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas y para hacerlo puede establecer que la convivencia entre el menor y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio (v. gr. cumpleaños, día del padre, día de la madre, etcétera); que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona, y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. No obstante lo anterior, en dicha ejecutoria también se indicó que aunque por principio, el contacto regular entre los menores y ambos progenitores es un elemento no sólo beneficioso sino esencial en el desarrollo de la personalidad del menor, también es un hecho que pueden llegarse a presentar situaciones excepcionalmente graves en las que la existencia de una relación familiar con uno de los progenitores puede resultar perjudicial para éste. Y que ante la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, el Juez de lo Familiar, mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia; resaltado que la simple pérdida de la patria potestad no es motivo suficiente para privar al progenitor sancionado del derecho de convivencia, pues el Juez de lo Familiar habrá de atender a la gravedad de la causal que originó la pérdida, de la patria potestad para determinar si la convivencia pudiera importar algún riesgo para la seguridad o desarrollo adecuado del menor. En el entendido de que si determina dicha pérdida, pero no del derecho de convivencia, ello obedecerá a que subsiste el derecho del menor a obtener un desarrollo psico-emocional adecuado y a que las condiciones particulares así lo permiten, mas no porque el progenitor condenado pueda exigir el derecho de convivencia. De la ejecutoria antes referida, derivaron los criterios de tesis que a continuación se citan: Tesis aislada: 1a. CCCVI/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Pag. 1051, Décima Época, registro 2004703, que dice: "GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD Y RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. SON INSTITUCIONES PARALELAS Y COMPLEMENTARIAS DIRIGIDAS A SALVAGUARDAR EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN CONTEXTOS DE CRISIS INTRAFAMILIAR. Ante la existencia de situaciones en donde los desacuerdos personales hacen imposible la convivencia entre los padres, el Estado se encuentra obligado a encontrar mecanismos que garanticen el derecho de los menores de edad a mantener relaciones personales y de trato directo con cada uno de sus padres de forma regular, asegurando así la continuación de la convivencia familiar. El legislador, teniendo en consideración lo anterior, ha establecido diversas instituciones jurídicas tendientes a salvaguardar el derecho-deber de los progenitores a participar activamente en la crianza y educación de sus hijos menores de edad y, particularmente, asegurar la convivencia regular del menor con ambos progenitores en contextos de crisis intrafamiliar. Dentro de estas instituciones se encuentran la fijación de la guarda y custodia a cargo de uno de los padres y, paralelamente, el derecho de visitas o régimen de convivencia a favor del otro. Estas figuras son complementarias entre sí y garantizan, bajo estas situaciones extenuantes, el derecho del menor a vivir en familia y convivir con ambos padres, asegurando así el sano desarrollo de su personalidad." Tesis aislada: 1a. CCCVIII/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Pag. 1063, registro 2004774, que dice: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. Al momento de determinar el contenido del régimen de convivencia, el juez de lo familiar deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores de edad involucrados; el tipo de relación que mantienen con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores de edad y la del padre no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de edad involucrados. Así las cosas, tomando como base los anteriores elementos, el juez de lo familiar deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor de edad en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. En este sentido, el juzgador podrá establecer que la convivencia entre los menores de edad y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio; que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona; y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. Por otra parte, si del análisis de dichas constancias el juzgador advierte la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial." Y la tesis aislada: 1a. CCCVII/2013 (10a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Pag. 1064, Décima Época registro 2004775, que dice: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De forma paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia, el derecho de familia ha previsto una figura conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Al implementar este régimen de convivencia, la autoridad judicial debe considerar el principio de interés superior del menor, al tratarse de un derecho a favor de los menores de edad, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. En este sentido, el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, para asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados." Bajo las anteriores consideraciones, este juzgador considera que son fundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, en atención a que la juez responsable ha pasado por alto el interés superior del menor al no establecer medidas efectivas tendentes a lograr el debido cumplimiento de las convivencias de las convivencias de las menores con su padre y para evidenciar lo anterior es necesario hacer una reseña de las determinaciones dictadas en el juicio familiar, a saber: Por sentencia de quince de enero de dos mil veinte, la juez responsable determinó, en lo que aquí interesa, que las menores continuaran bajo la custodia de su progenitora en beneficio de las infantes; y, respecto del régimen de convivencia señaló que la madre de las menores las entregaría a su padre el día sábado de cada quince días a las doce horas en el domicilio que habitan las menores al lado de su madre; asimismo, que el aquí quejoso las reintegrará a las dieciséis horas de ese mismo día en el mismo lugar y que tal convivencia iniciaría a partir de la legal notificación de la sentencia; no obstante, consideró conveniente complementar tal régimen en relación con los días de festividades, señalando que en la navidad y año nuevo la convivencia sería alternada, que el día del cumpleaños de las menores ellas convivirían con su padre y que el día del padre y de la madre convivirían con el progenitor respectivo; y, para materializar la convivencia señaló que el padre debía acudir a recoger a las niñas y que las debía devolver al mismo lugar a la hora señalada, que debía velar por su debido cuidado y satisfacer todas sus necesidades, que la convivencia sería en forma personalísima y que en caso de que no pudiera acudir por las menores debía informarlo con anticipación a su contraria; de igual forma se puntualizó que la madre de las infantes debía abstenerse de realizar cualquier acto tendente a impedir la convivencia y apercibió a ambos progenitores para cumplir con el régimen de convivencia, de abstenerse de realizar comentarios denotativos que denigren de cualquier manera la imagen que sus hijas deben tener de ambos, determinación que causó ejecutoria el veinticuatro de febrero de dos mil veinte. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, el aquí quejoso hizo del conocimiento de la juez responsable el incumplimiento de la convivencia por parte de su contraria, siendo así que por auto de diez de agosto se tuvieron por hechas las manifestaciones y se ordenó notificar personalmente a la madre de las menores para que en el término de tres días se pronunciara sobre el particular, apercibiéndola del deber de cumplir con lo pactado en el convenio aprobado en autos, dejándose a salvo los derechos del aquí quejoso para instar lo que estimara pertinente. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veinte, el aquí quejoso insistió en el incumplimiento de las convivencias por parte de su contraria, a lo que recayó el auto número 2, de diez de agosto de ese año, en el que se le dijo que se estuviera a lo acordado previamente. Por su parte, en atención a la vista que se le dio, la tutora de las menores, solicitó se requiriera a la progenitora de las menores a fin de que informara o justificara el motivo por el cual no se habían verificado las convivencias, y que en caso de que ello no aconteciera, se le apercibiera del deber que tiene en relación con las menores, solicitud que fue acordada de manera favorable el veinticinco de agosto del año en curso, apercibiéndose a la madre de las menores del deber de cumplir con lo pactado en el convenio. Mediante diverso escrito presentado en esa misma fecha, el aquí quejoso reiteró el incumplimiento destacado, por lo que la juez responsable señaló día y hora para que la madre de las menores compareciera a una audiencia para hacerle saber las consecuencias de impedir la convivencia de las menores con su padre, lo anterior bajo apercibimiento que de no asistir se le impondría una multa y se daría vista de la desobediencia al Ministerio Público para que procediera en términos de la legislación penal, además de hacerla comparecer por medio de la fuerza pública. Por escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, el quejoso nuevamente reiteró que su contraria no estaba cumpliendo con las convivencias; no obstante, en auto de uno de septiembre de dos mil veinte, se le dijo que debía estarse a lo acordado previamente. Mediante ocurso presentado el quince de septiembre de dos mil veinte, el quejoso insistió en el incumplimiento por parte de su contraria, por lo que, se hizo efectivo el apercibimiento de multa decretado en contra de la madre de las menores por no haber comparecido a la audiencia señalada en autos y se señaló nueva fecha para la comparecencia respectiva, bajo apercibimiento de multa y de dar vista al Ministerio Público, además de que se le haría comparecer por medio de la fuerza pública. Posteriormente, por escrito presentado el dos de octubre de dos mil veinte, el quejoso insistió en el incumplimiento de las convivencias, señalamiento al que recayó el auto de siete de octubre de dos mil veinte, en el que se le dijo que no había lugar a imponer multa a su contraria, toda vez que el auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte no había sido notificado a la fiscal y a la tutora adscrita, dejándose a salvo los derechos del promovente para que los hiciera valer en la vía correspondiente, se dejaron los autos a disposición de la fiscal para realizar el fotocopiado del expediente y dar vista al fiscal investigador. De la relación de hechos se advierte que con todo lo actuado en el juicio de origen se ha afectado de manera adversa el interés superior de las menores, tal como lo refiere el quejoso en sus conceptos de violación. En primer término, se hace referencia a la circunstancia de que se otorgó a la aquí tercero interesada la custodia de las menores; asimismo, se fijaron los términos en los que habría de verificarse la convivencia de las menores con el padre no custodio. Sin embargo, desde el tres de agosto de dos mil veinte, OSCAR GEOVANNI SALGADO PÉREZ, hizo del conocimiento de la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar Oral de este Distrito Judicial, que su contraria incumplió con los términos de las convivencias decretadas sin justificación alguna, siendo que a la fecha no obra en autos constancia con la que se acredite que las mismas ya se llevaron a cabo o bien que se justificó el incumplimiento por parte de la tercero interesada, ello sin que la autoridad responsable haya dictado medidas contundentes para que se cumpla con lo determinado en la sentencia. Pues si bien es cierto que formuló diversos requerimientos e impuso una multa, no menos verídico resulta que al menos hasta el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, fecha en que la juez responsable rindió su respectivo informe justificado en el presente juicio, no obra actuación diversa de cuyo contenido se advierta que posteriormente haya hecho efectivo el último apercibimiento de multa o bien, que la fiscal de los autos haya obtenido las copias del juicio para dar vista al fiscal investigador, con lo que se evidencia que desde el siete de octubre de dos mil veinte, no se han realizado actos por parte de la responsable que tiendan al cumplimiento efectivo de las convivencias, pues lo cierto es que el padre de las menores no dejó de actuar dentro del procedimiento, manifestando continuamente el incumplimiento por parte de su contraria, por lo que la falta de medidas contundentes de parte de la autoridad han avalado indirectamente el incumplimiento de una de las partes y que ésta transgreda unilateralmente los términos señalados en la sentencia y bajo los cuales habría de verificarse la convivencia de las menores con su padre. Lo anterior de conformidad con los criterios que a continuación se reproducen: "GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD Y DERECHO DE VISITAS. EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN ESTAS FIGURAS NO PUEDE SER TRANSGREDIDO UNILATERALMENTE POR CUALQUIERA DE LOS PADRES, POR LO QUE SI UNO DE ELLOS NO ESTÁ CONFORME CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL EJERCICIO DE LAS MISMAS, DEBE ACUDIR A LAS INSTANCIAS JUDICIALES COMPETENTES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que tanto la asignación de la guarda y custodia como el establecimiento del derecho de visitas tienen como eje rector el principio del interés superior del menor, es decir, ambas figuras atienden a la protección de los intereses del menor y a buscar el mayor beneficio para éste. En consecuencia, no es posible sostener que la situación jurídica que se crea a raíz de estas dos figuras en un caso particular pueda encontrarse sujeta a la voluntad unilateral de cualquiera de los progenitores, pues esto significaría poner en riesgo el bienestar de los menores involucrados. Lo anterior no significa que uno de los padres deba conformarse si considera que el régimen jurídico relativo a la guarda y custodia o al derecho de visitas que regula sus relaciones familiares no atiende a lo más beneficioso para los menores involucrados o no está siendo cumplido en su totalidad. Por el contrario, el inconforme puede acudir a las instancias jurisdiccionales competentes para que éstas tomen una decisión al respecto. Lo anterior, pues como lo ha determinado esta Primera Sala en ocasiones anteriores, las decisiones respecto de la asignación de guarda y custodia o de establecimiento del régimen de visitas pueden modificarse cuando las circunstancias en las que se apoyaban a su vez se hayan modificado." "CONTROVERSIAS SOBRE GUARDA, CUSTODIA, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y CONVIVENCIAS DE MENORES. LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR DEBEN ACATAR LAS ÓRDENES DEL JUZGADOR EN BENEFICIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafos segundo y cuarto al décimo, que tutela los derechos de los miembros del núcleo familiar; y en los artículos 138 Ter, 138 Quáter, 138 Quintus, 138 Sextus, 282, 283, 284, 293, 296, 323, 323 Ter, 323 Quáter y 323 Sextus del Código Civil y 940, 941, 942 y 954 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, se encuentran reguladas las controversias sobre guarda, custodia, violencia intrafamiliar y convivencias, respecto de los menores de edad, conforme a las cuales se justifica que los miembros del núcleo familiar, unidos por parentesco de consanguinidad, en que se desarrolla el infante, tengan el deber de comparecer a cumplir las órdenes del juzgador en beneficio del interés superior del menor, toda vez que las referidas disposiciones se sustentan en el concepto de que los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir la base de la integración de la sociedad. Por ello, en materia familiar, los vínculos que se establecen entre sus miembros siempre resultan afectados, en mayor o menor medida, por las acciones que despliegan y generan controversias jurisdiccionales, dado que provienen del derecho natural de las personas unidas por consanguinidad; motivo por el cual, las leyes sustantivas y adjetivas otorgan a los juzgadores la facultad de tomar las providencias que estimen pertinentes para mantener las situaciones que beneficien a la familia, como cuando se trata de controversias sobre guarda y custodia de menores, y violencia intrafamiliar, cuyo concepto se explica por sí mismo, dado que pueden causar afectación a todos los miembros de la familia, quienes, ante esta situación, deben recibir tratamientos especializados en beneficio del interés superior de los infantes, en el caso de que convivan con éstos, a fin de sanarlos del daño psicológico que pudieran padecer con motivo de las relaciones familiares." Ahora bien, cabe destacar que no solo el aquí quejoso solicitó la intervención de la juez para el debido cumplimiento de las convivencias, también hizo lo propio en su momento la tutora y, no obstante ello, la juez se ha limitado a hacer requerimientos con apercibimientos de multa, imponiendo únicamente la primera de dichas multas, ya que respecto de la segunda determinó que no había lugar en razón de que el auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, no había sido notificado a la fiscal y tutora adscritas, situación que a criterio del suscrito resulta incorrecta, ya que para la imposición de la segunda multa bastaba con que estuviera notificada la persona a quien se le estaba haciendo el apercibimiento. Por tanto, de los relatado se advierten elementos que permiten dilucidar con cierto grado de certeza que la tercero interesada ha incumplido con las convivencias decretadas, sin que la autoridad responsable dicte medidas inmediatas y certeras para lograr que se cumplan sus determinaciones ya que pese a que se han formulado los apercibimientos de ley, éstos no se han hecho efectivos. Pues bien, todo lo anteriormente descrito, al obrar en el expediente de origen, debió haber sido advertido por la juez responsable a efecto de vigilar, por una parte, el cumplimiento de su determinación sobre las convivencias; y, por el otro, la debida protección al interés superior de las menores involucradas. De lo anterior se concluye que la autoridad responsable, no ha vigilado adecuadamente el interés superior de las menores, al permitir de manera continua que la madre de las infantes, aquí tercero interesada, incumpla con las convivencias, pese al derecho del cual gozan para convivir con el padre no custodio. No es obstáculo para considerarlo de esta manera, el hecho de que a las manifestaciones del aquí quejoso recayeron diversos acuerdos de la responsable, toda vez que pese a ello continúa sin verificarse la convivencia y, al menos desde el siete de octubre de dos mil veinte, esto es, más de nueve meses, no se ha dictado alguna otra medida tendente a que se cumplan las determinaciones de la juez responsable y procurar que se materialice la convivencia de las menores con su padre. Así, no debe perderse de vista que el propio quejoso denunció en reiteradas ocasiones el incumplimiento del régimen de convivencias por parte de su contraria, tal y como fue asentado en la relatoría de antecedentes, por lo que de las constancias relativas al juicio de origen se advierte la omisión por parte de la autoridad responsable de velar con su actuar por el interés superior de las menores, toda vez que constitucional y convencionalmente se encontraba obligada a ordenar las diligencias que correspondieren para indagar sobre tales acontecimientos, así como su relación con el incumplimiento a los términos de la convivencia, y resolver lo que conviniera a los intereses de las menores; sin descartar incluso la posibilidad de modificar los esquemas de custodia o convivencia. Lo anterior en términos de la siguiente ejecutoria: "GUARDA Y CUSTODIA. CUANDO UNO DE LOS PROGENITORES HA INCUMPLIDO SISTEMÁTICAMENTE CON EL RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS, ES CONFORME AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR MODIFICARLA. De acuerdo a la doctrina que ha desarrollado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la convivencia con ambos progenitores es fundamental para el desarrollo de los menores; por lo tanto, en un escenario de ruptura familiar, los juzgadores deben garantizar que se lleven a cabo las visitas y convivencias. Ahora bien, esta Primera Sala ha establecido que para tomar decisiones respecto a la guarda y custodia -y en general respecto a las convivencias de los menores con sus padres-, debe utilizarse un estándar de riesgo, según el cual, debe tomarse la decisión que genere la menor probabilidad de que los menores sufran daños. De acuerdo con esto, a la larga existe un mayor riesgo de que la falta absoluta de contacto con alguno de los padres le ocasione más daños al menor que los que pudieran derivar del cambio de la guarda y custodia. A pesar de la importancia de asegurar las convivencias, los tribunales no deben decretar el cambio de guarda y custodia sin antes haber intentado por otros medios que éstas se lleven a cabo. Sin embargo, cuando ya existen diversos requerimientos, apercibimientos y órdenes y alguno de los progenitores sigue sin presentar al menor a las convivencias, el cambio de la guarda y custodia se vuelve necesario ya que es la única medida que puede garantizar que las convivencias se llevarán a cabo." No pasa inadvertido que la autoridad responsable justificó su actuación señalando que quedaba expedito el derecho del quejoso de hacer valer la figura que correspondiera; no obstante, debió privilegiar los derechos y el interés superior de las menores, para dictar medidas contundentes a fin de que ser verificaran las convivencias, acorde al criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe: "MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS. LOS TRIBUNALES FAMILIARES DEBEN ACTUAR CON CELERIDAD Y CREATIVIDAD. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los tribunales de lo familiar están facultados para intervenir, de oficio, en los asuntos que afecten a la familia, en el ámbito de sus competencias, especialmente tratándose de menores, y en ejercicio de esa facultad deben decretar las medidas precautorias que tiendan a preservar a la familia y proteger a sus miembros. Esto implica que deben estar sensibles, prestos y expeditos para decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese ipso facto cualquier situación irregular que esté ocurriendo con perjuicio de los intereses de los niños, y no mantenerse en una actitud pasiva o ceñida a la inercia, mediante la toma de decisiones ordinarias a pesar de encontrarse frente a situaciones extraordinarias, como sucede cuando a pesar de haberse dispuesto la aplicación de los medios de apremio y haber dado vista al Ministerio Público, no se logra vencer la resistencia del custodio, con el daño indiscutible que pueden resentir los menores con el alejamiento innecesario e ilegal de su padre o madre, de modo que sin apartarse el Juez de la ley, debe hacer uso de su creatividad para superar al punto esa situación, requiriendo, por ejemplo, al custodio para que en la fecha inmediata de las establecidas para el efecto, presente al menor al Centro de Convivencia Familiar Supervisada, con el apercibimiento, para el caso de persistir en su negativa posición, de suspenderlo de inmediato en el ejercicio de la custodia, para poner al menor bajo el cuidado de otras personas previstas por la ley, que faciliten la convivencia del niño con ambos padres, hasta que se resuelva la controversia incidental en definitiva, siguiendo al efecto las exigencias de audiencia y contradicción, pero con la celeridad que impone el caso, y que les permiten los artículos 942 y siguientes del código adjetivo invocado." En virtud de lo expuesto, lo procedente es conceder el amparo solicitado por OSCAR GEOVANNI SALGADO PÉREZ, por sí y en representación de las menores, para los efectos que la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar Oral de este Distrito Judicial, realice lo siguiente: Dicte un acuerdo en el que, previo a analizar lo actuado en el juicio a últimas fechas, dicte las medidas que considere efectivas a fin de garantizar que se verifiquen de forma inmediata las convivencias, de tal modo que si las mismas no se realizan de esa forma, deberá imponer las sanciones correspondientes, incluso tomando en consideración la posibilidad del cambio de custodia de las menores, en el entendido de que deberá emplear todos los medios jurídicos y materiales para lograr la inmediata ejecución de las convivencias. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a OSCAR GEOVANNI SALGADO PÉREZ, contra los actos reclamados de la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar Oral de este Distrito Judicial, para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy Fe.

  4. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARIANNE GIOVANA SÁNCHEZ RAMÍREZ, LO SIGUIENTE: SRM V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-808/2020, promovido por Carlos Ulises Salgado Pérez, en su carácter de apoderado de OSCAR GEOVANNI SALGADO PÉREZ, contra actos de la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar Oral de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y recibido en este Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Michoacán, en esa misma fecha, Carlos Ulises Salgado Pérez, en su carácter de apoderado de OSCAR GEOVANNI SALGADO PÉREZ, promovió demanda de amparo indirecto contra actos de la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar Oral de este Distrito Judicial. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de once de diciembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de garantías, misma que fue registrada bajo el número VIII-808/2020; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se emplazó a la parte tercero interesada; al estar involucrados los derechos de dos menores se designó representante especial; se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, además, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario. Siendo así que del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama de la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar Oral de este Distrito Judicial: La omisión de vigilar el debido cumplimiento de las convivencias de las menores con su padre, aquí quejoso. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por la Juez responsable se advierte que es cierto el acto reclamado, a cuyo efecto se allegaron al sumario diversas constancias relativas al juicio de origen. Documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2º, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcribirán los conceptos de violación, por las razones que así lo informa la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Previo al estudio del concepto de violación esgrimido por el quejoso, en este punto es preciso señalar que de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, opera la suplencia de la queja deficiente, ya que en el caso materia del presente asunto se encuentran en disputa los intereses de dos menores de edad, por lo que el suscrito considera que se afecta el orden y desarrollo de la familia. Además, atendiendo a que existe jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone la obligación de los jueces y magistrados, de suplir en forma total la queja deficiente, cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos de familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteradamente ha destacado la importancia de tomar en cuenta el interés superior del niño, que implica, entre otras cosas, considerar aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y su aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, de conformidad con lo establecido en el texto constitucional y la Convención sobre los Derechos del Niño. Lo anterior quiere decir que, con independencia de quién comparezca a solicitar la protección constitucional, tratándose de controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, constituye obligación de los juzgadores de amparo, velar y garantizar en todo momento la protección más amplia, a fin de proteger dichos intereses. En efecto, tratándose de menores, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone la obligación del Estado Mexicano de garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo. Incluso a nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3º, establece al respecto lo siguiente: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada". Sustenta lo antes considerado, la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Por ello, aunque a esta instancia comparece a solicitar el amparo OSCAR GEOVANNI SALGADO PÉREZ, padre de las menores involucradas de iniciales D.S.S. y E.S.S.S., contra las omisiones de la juez responsable para lograr el debido cumplimiento de las convivencias; por las razones asentadas anteriormente, el suscrito emprenderá el estudio del auto reclamado, de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la ley de amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, pág. 167, Novena Época, registro 175053: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Ahora bien, en sus conceptos de violación, el promovente del amparo aduce en esencia que la autoridad responsable ha sido omisa en el cumplimiento de su obligación de vigilar y establecer medidas para que se verifique el debido cumplimiento de las convivencias decretadas en el juicio familiar de origen, ya que no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de las mismas, afectando con ello el derecho de las menores. Previo a la calificación de ese concepto de violación, se debe establecer en primer término, que con relación al principio de interés superior del menor y su aplicación en casos concretos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 583/2016, ha establecido que es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los menores, previstos en el artículo 4o. de la Constitución Federal. Que esa interpretación encuentra respaldo en un argumento teleológico consistente en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4o., donde se reconoce expresamente que uno de los objetivos del Órgano Reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos de los menores de edad. Que en el ámbito jurisdiccional, el interés superior del menor de edad es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor, el cual ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos, previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. En cambio, que cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores de edad, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. Con relación a su aplicación, en dicha ejecutoria se estableció que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor, para cada supuesto de hecho planteado; por ello, que son los tribunales quienes han de determinarlo, haciendo uso de valores o criterios racionales. Que los criterios relevantes para la determinación del interés del menor, en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, son los siguientes: a) Se debe proveer, por el medio más idóneo, a las necesidades materiales básicas o vitales del menor y a las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) Se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y, c) Se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, en dicha ejecutoria se indicó que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el Juez tendrá que examinar, minuciosamente, las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa, especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4º Constitucional. Se estableció también que la guarda y custodia a cargo de uno de los padres y el derecho de visitas o régimen de convivencia a favor del otro, son figuras complementarias entre sí y garantizan, el derecho del menor a vivir en familia y convivir con ambos padres, asegurando así el sano desarrollo de su personalidad. Que la guarda y custodia, se debe entender como la acción de los padres de velar por sus menores hijos y tenerlos en su compañía, la cual forma parte de las funciones personales que -junto con las funciones patrimoniales- integran la patria potestad y que van dirigidas a asegurar el desarrollo pleno e integral del menor y que dentro de estas funciones personales (v. gr. la educación, la formación y la corrección de los hijos), la guarda y custodia es sin duda una de las de mayor importancia. Y que en un entorno de unidad familiar en el que los padres viven una vida en común, la guarda y custodia de los hijos se encuadra dentro del ejercicio dual de la patria potestad, es decir, ambos padres comparten su titularidad indistintamente, con lo que, naturalmente, se garantiza la relación personal y el contacto directo del menor con sus dos padres por igual. Sin embargo, ante el surgimiento de una crisis intrafamiliar que resulta en la separación material de los padres, la facultad de la guarda y custodia se desprende del ejercicio dual de la patria potestad y queda a cargo -por medio de convenio o resolución judicial- de uno de ellos. Por lo que se refiere al régimen de convivencia o derecho de visitas, indicó que se trata de una institución paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Se estableció que desde el momento en que el núcleo familiar original se disuelve, resulta físicamente imposible que los menores mantengan relaciones personales de forma simultánea con ambos progenitores; por ello, que es innegable que esta institución goza de una gran trascendencia en el ámbito de crisis intrafamiliares, puesto que se erige como una medida excepcional tendiente a reactivar la convivencia familiar con el progenitor que no ostenta la titularidad de la guarda y custodia y así asegurar la continuación de las relaciones paterno-filiales con ambos progenitores de forma regular. Que al momento de implementar el régimen de convivencia a favor del progenitor no custodio, la autoridad judicial debe tener en consideración que se trata de un derecho a favor de los menores, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres; por ello, que cualquier decisión judicial que recaiga sobre el derecho de visitas deberá tener como eje rector el principio de interés superior del menor, buscando en todo momento incentivar y preservar la convivencia del grupo familiar. En este sentido, que el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres, sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, el mencionado derecho podrá estar limitado de forma temporal, espacial e, inclusive, modal; de tal manera que sea posible asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados. Y que al igual que la decisión sobre la asignación de la guarda y custodia a uno de los progenitores, la determinación sobre el contenido del derecho de visitas en cada caso concreto tampoco es una tarea sencilla; para hacerlo, el Juez de lo Familiar deberá tener en consideración diversos elementos, tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores involucrados; el tipo de relación que mantienen con el progenitor no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del progenitor no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores y la del padre no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores involucrados. Por ello, que bajo las anteriores consideraciones el Juez Familiar debe establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas y para hacerlo puede establecer que la convivencia entre el menor y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio (v. gr. cumpleaños, día del padre, día de la madre, etcétera); que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona, y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. No obstante lo anterior, en dicha ejecutoria también se indicó que aunque por principio, el contacto regular entre los menores y ambos progenitores es un elemento no sólo beneficioso sino esencial en el desarrollo de la personalidad del menor, también es un hecho que pueden llegarse a presentar situaciones excepcionalmente graves en las que la existencia de una relación familiar con uno de los progenitores puede resultar perjudicial para éste. Y que ante la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, el Juez de lo Familiar, mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia; resaltado que la simple pérdida de la patria potestad no es motivo suficiente para privar al progenitor sancionado del derecho de convivencia, pues el Juez de lo Familiar habrá de atender a la gravedad de la causal que originó la pérdida, de la patria potestad para determinar si la convivencia pudiera importar algún riesgo para la seguridad o desarrollo adecuado del menor. En el entendido de que si determina dicha pérdida, pero no del derecho de convivencia, ello obedecerá a que subsiste el derecho del menor a obtener un desarrollo psico-emocional adecuado y a que las condiciones particulares así lo permiten, mas no porque el progenitor condenado pueda exigir el derecho de convivencia. De la ejecutoria antes referida, derivaron los criterios de tesis que a continuación se citan: Tesis aislada: 1a. CCCVI/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Pag. 1051, Décima Época, registro 2004703, que dice: "GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD Y RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. SON INSTITUCIONES PARALELAS Y COMPLEMENTARIAS DIRIGIDAS A SALVAGUARDAR EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN CONTEXTOS DE CRISIS INTRAFAMILIAR. Ante la existencia de situaciones en donde los desacuerdos personales hacen imposible la convivencia entre los padres, el Estado se encuentra obligado a encontrar mecanismos que garanticen el derecho de los menores de edad a mantener relaciones personales y de trato directo con cada uno de sus padres de forma regular, asegurando así la continuación de la convivencia familiar. El legislador, teniendo en consideración lo anterior, ha establecido diversas instituciones jurídicas tendientes a salvaguardar el derecho-deber de los progenitores a participar activamente en la crianza y educación de sus hijos menores de edad y, particularmente, asegurar la convivencia regular del menor con ambos progenitores en contextos de crisis intrafamiliar. Dentro de estas instituciones se encuentran la fijación de la guarda y custodia a cargo de uno de los padres y, paralelamente, el derecho de visitas o régimen de convivencia a favor del otro. Estas figuras son complementarias entre sí y garantizan, bajo estas situaciones extenuantes, el derecho del menor a vivir en familia y convivir con ambos padres, asegurando así el sano desarrollo de su personalidad." Tesis aislada: 1a. CCCVIII/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Pag. 1063, registro 2004774, que dice: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. Al momento de determinar el contenido del régimen de convivencia, el juez de lo familiar deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores de edad involucrados; el tipo de relación que mantienen con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores de edad y la del padre no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de edad involucrados. Así las cosas, tomando como base los anteriores elementos, el juez de lo familiar deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor de edad en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. En este sentido, el juzgador podrá establecer que la convivencia entre los menores de edad y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio; que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona; y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. Por otra parte, si del análisis de dichas constancias el juzgador advierte la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial." Y la tesis aislada: 1a. CCCVII/2013 (10a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Pag. 1064, Décima Época registro 2004775, que dice: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De forma paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia, el derecho de familia ha previsto una figura conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Al implementar este régimen de convivencia, la autoridad judicial debe considerar el principio de interés superior del menor, al tratarse de un derecho a favor de los menores de edad, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. En este sentido, el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, para asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados." Bajo las anteriores consideraciones, este juzgador considera que son fundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, en atención a que la juez responsable ha pasado por alto el interés superior del menor al no establecer medidas efectivas tendentes a lograr el debido cumplimiento de las convivencias de las convivencias de las menores con su padre y para evidenciar lo anterior es necesario hacer una reseña de las determinaciones dictadas en el juicio familiar, a saber: Por sentencia de quince de enero de dos mil veinte, la juez responsable determinó, en lo que aquí interesa, que las menores continuaran bajo la custodia de su progenitora en beneficio de las infantes; y, respecto del régimen de convivencia señaló que la madre de las menores las entregaría a su padre el día sábado de cada quince días a las doce horas en el domicilio que habitan las menores al lado de su madre; asimismo, que el aquí quejoso las reintegrará a las dieciséis horas de ese mismo día en el mismo lugar y que tal convivencia iniciaría a partir de la legal notificación de la sentencia; no obstante, consideró conveniente complementar tal régimen en relación con los días de festividades, señalando que en la navidad y año nuevo la convivencia sería alternada, que el día del cumpleaños de las menores ellas convivirían con su padre y que el día del padre y de la madre convivirían con el progenitor respectivo; y, para materializar la convivencia señaló que el padre debía acudir a recoger a las niñas y que las debía devolver al mismo lugar a la hora señalada, que debía velar por su debido cuidado y satisfacer todas sus necesidades, que la convivencia sería en forma personalísima y que en caso de que no pudiera acudir por las menores debía informarlo con anticipación a su contraria; de igual forma se puntualizó que la madre de las infantes debía abstenerse de realizar cualquier acto tendente a impedir la convivencia y apercibió a ambos progenitores para cumplir con el régimen de convivencia, de abstenerse de realizar comentarios denotativos que denigren de cualquier manera la imagen que sus hijas deben tener de ambos, determinación que causó ejecutoria el veinticuatro de febrero de dos mil veinte. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, el aquí quejoso hizo del conocimiento de la juez responsable el incumplimiento de la convivencia por parte de su contraria, siendo así que por auto de diez de agosto se tuvieron por hechas las manifestaciones y se ordenó notificar personalmente a la madre de las menores para que en el término de tres días se pronunciara sobre el particular, apercibiéndola del deber de cumplir con lo pactado en el convenio aprobado en autos, dejándose a salvo los derechos del aquí quejoso para instar lo que estimara pertinente. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veinte, el aquí quejoso insistió en el incumplimiento de las convivencias por parte de su contraria, a lo que recayó el auto número 2, de diez de agosto de ese año, en el que se le dijo que se estuviera a lo acordado previamente. Por su parte, en atención a la vista que se le dio, la tutora de las menores, solicitó se requiriera a la progenitora de las menores a fin de que informara o justificara el motivo por el cual no se habían verificado las convivencias, y que en caso de que ello no aconteciera, se le apercibiera del deber que tiene en relación con las menores, solicitud que fue acordada de manera favorable el veinticinco de agosto del año en curso, apercibiéndose a la madre de las menores del deber de cumplir con lo pactado en el convenio. Mediante diverso escrito presentado en esa misma fecha, el aquí quejoso reiteró el incumplimiento destacado, por lo que la juez responsable señaló día y hora para que la madre de las menores compareciera a una audiencia para hacerle saber las consecuencias de impedir la convivencia de las menores con su padre, lo anterior bajo apercibimiento que de no asistir se le impondría una multa y se daría vista de la desobediencia al Ministerio Público para que procediera en términos de la legislación penal, además de hacerla comparecer por medio de la fuerza pública. Por escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, el quejoso nuevamente reiteró que su contraria no estaba cumpliendo con las convivencias; no obstante, en auto de uno de septiembre de dos mil veinte, se le dijo que debía estarse a lo acordado previamente. Mediante ocurso presentado el quince de septiembre de dos mil veinte, el quejoso insistió en el incumplimiento por parte de su contraria, por lo que, se hizo efectivo el apercibimiento de multa decretado en contra de la madre de las menores por no haber comparecido a la audiencia señalada en autos y se señaló nueva fecha para la comparecencia respectiva, bajo apercibimiento de multa y de dar vista al Ministerio Público, además de que se le haría comparecer por medio de la fuerza pública. Posteriormente, por escrito presentado el dos de octubre de dos mil veinte, el quejoso insistió en el incumplimiento de las convivencias, señalamiento al que recayó el auto de siete de octubre de dos mil veinte, en el que se le dijo que no había lugar a imponer multa a su contraria, toda vez que el auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte no había sido notificado a la fiscal y a la tutora adscrita, dejándose a salvo los derechos del promovente para que los hiciera valer en la vía correspondiente, se dejaron los autos a disposición de la fiscal para realizar el fotocopiado del expediente y dar vista al fiscal investigador. De la relación de hechos se advierte que con todo lo actuado en el juicio de origen se ha afectado de manera adversa el interés superior de las menores, tal como lo refiere el quejoso en sus conceptos de violación. En primer término, se hace referencia a la circunstancia de que se otorgó a la aquí tercero interesada la custodia de las menores; asimismo, se fijaron los términos en los que habría de verificarse la convivencia de las menores con el padre no custodio. Sin embargo, desde el tres de agosto de dos mil veinte, OSCAR GEOVANNI SALGADO PÉREZ, hizo del conocimiento de la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar Oral de este Distrito Judicial, que su contraria incumplió con los términos de las convivencias decretadas sin justificación alguna, siendo que a la fecha no obra en autos constancia con la que se acredite que las mismas ya se llevaron a cabo o bien que se justificó el incumplimiento por parte de la tercero interesada, ello sin que la autoridad responsable haya dictado medidas contundentes para que se cumpla con lo determinado en la sentencia. Pues si bien es cierto que formuló diversos requerimientos e impuso una multa, no menos verídico resulta que al menos hasta el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, fecha en que la juez responsable rindió su respectivo informe justificado en el presente juicio, no obra actuación diversa de cuyo contenido se advierta que posteriormente haya hecho efectivo el último apercibimiento de multa o bien, que la fiscal de los autos haya obtenido las copias del juicio para dar vista al fiscal investigador, con lo que se evidencia que desde el siete de octubre de dos mil veinte, no se han realizado actos por parte de la responsable que tiendan al cumplimiento efectivo de las convivencias, pues lo cierto es que el padre de las menores no dejó de actuar dentro del procedimiento, manifestando continuamente el incumplimiento por parte de su contraria, por lo que la falta de medidas contundentes de parte de la autoridad han avalado indirectamente el incumplimiento de una de las partes y que ésta transgreda unilateralmente los términos señalados en la sentencia y bajo los cuales habría de verificarse la convivencia de las menores con su padre. Lo anterior de conformidad con los criterios que a continuación se reproducen: "GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD Y DERECHO DE VISITAS. EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN ESTAS FIGURAS NO PUEDE SER TRANSGREDIDO UNILATERALMENTE POR CUALQUIERA DE LOS PADRES, POR LO QUE SI UNO DE ELLOS NO ESTÁ CONFORME CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL EJERCICIO DE LAS MISMAS, DEBE ACUDIR A LAS INSTANCIAS JUDICIALES COMPETENTES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que tanto la asignación de la guarda y custodia como el establecimiento del derecho de visitas tienen como eje rector el principio del interés superior del menor, es decir, ambas figuras atienden a la protección de los intereses del menor y a buscar el mayor beneficio para éste. En consecuencia, no es posible sostener que la situación jurídica que se crea a raíz de estas dos figuras en un caso particular pueda encontrarse sujeta a la voluntad unilateral de cualquiera de los progenitores, pues esto significaría poner en riesgo el bienestar de los menores involucrados. Lo anterior no significa que uno de los padres deba conformarse si considera que el régimen jurídico relativo a la guarda y custodia o al derecho de visitas que regula sus relaciones familiares no atiende a lo más beneficioso para los menores involucrados o no está siendo cumplido en su totalidad. Por el contrario, el inconforme puede acudir a las instancias jurisdiccionales competentes para que éstas tomen una decisión al respecto. Lo anterior, pues como lo ha determinado esta Primera Sala en ocasiones anteriores, las decisiones respecto de la asignación de guarda y custodia o de establecimiento del régimen de visitas pueden modificarse cuando las circunstancias en las que se apoyaban a su vez se hayan modificado." "CONTROVERSIAS SOBRE GUARDA, CUSTODIA, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y CONVIVENCIAS DE MENORES. LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR DEBEN ACATAR LAS ÓRDENES DEL JUZGADOR EN BENEFICIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafos segundo y cuarto al décimo, que tutela los derechos de los miembros del núcleo familiar; y en los artículos 138 Ter, 138 Quáter, 138 Quintus, 138 Sextus, 282, 283, 284, 293, 296, 323, 323 Ter, 323 Quáter y 323 Sextus del Código Civil y 940, 941, 942 y 954 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, se encuentran reguladas las controversias sobre guarda, custodia, violencia intrafamiliar y convivencias, respecto de los menores de edad, conforme a las cuales se justifica que los miembros del núcleo familiar, unidos por parentesco de consanguinidad, en que se desarrolla el infante, tengan el deber de comparecer a cumplir las órdenes del juzgador en beneficio del interés superior del menor, toda vez que las referidas disposiciones se sustentan en el concepto de que los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir la base de la integración de la sociedad. Por ello, en materia familiar, los vínculos que se establecen entre sus miembros siempre resultan afectados, en mayor o menor medida, por las acciones que despliegan y generan controversias jurisdiccionales, dado que provienen del derecho natural de las personas unidas por consanguinidad; motivo por el cual, las leyes sustantivas y adjetivas otorgan a los juzgadores la facultad de tomar las providencias que estimen pertinentes para mantener las situaciones que beneficien a la familia, como cuando se trata de controversias sobre guarda y custodia de menores, y violencia intrafamiliar, cuyo concepto se explica por sí mismo, dado que pueden causar afectación a todos los miembros de la familia, quienes, ante esta situación, deben recibir tratamientos especializados en beneficio del interés superior de los infantes, en el caso de que convivan con éstos, a fin de sanarlos del daño psicológico que pudieran padecer con motivo de las relaciones familiares." Ahora bien, cabe destacar que no solo el aquí quejoso solicitó la intervención de la juez para el debido cumplimiento de las convivencias, también hizo lo propio en su momento la tutora y, no obstante ello, la juez se ha limitado a hacer requerimientos con apercibimientos de multa, imponiendo únicamente la primera de dichas multas, ya que respecto de la segunda determinó que no había lugar en razón de que el auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, no había sido notificado a la fiscal y tutora adscritas, situación que a criterio del suscrito resulta incorrecta, ya que para la imposición de la segunda multa bastaba con que estuviera notificada la persona a quien se le estaba haciendo el apercibimiento. Por tanto, de los relatado se advierten elementos que permiten dilucidar con cierto grado de certeza que la tercero interesada ha incumplido con las convivencias decretadas, sin que la autoridad responsable dicte medidas inmediatas y certeras para lograr que se cumplan sus determinaciones ya que pese a que se han formulado los apercibimientos de ley, éstos no se han hecho efectivos. Pues bien, todo lo anteriormente descrito, al obrar en el expediente de origen, debió haber sido advertido por la juez responsable a efecto de vigilar, por una parte, el cumplimiento de su determinación sobre las convivencias; y, por el otro, la debida protección al interés superior de las menores involucradas. De lo anterior se concluye que la autoridad responsable, no ha vigilado adecuadamente el interés superior de las menores, al permitir de manera continua que la madre de las infantes, aquí tercero interesada, incumpla con las convivencias, pese al derecho del cual gozan para convivir con el padre no custodio. No es obstáculo para considerarlo de esta manera, el hecho de que a las manifestaciones del aquí quejoso recayeron diversos acuerdos de la responsable, toda vez que pese a ello continúa sin verificarse la convivencia y, al menos desde el siete de octubre de dos mil veinte, esto es, más de nueve meses, no se ha dictado alguna otra medida tendente a que se cumplan las determinaciones de la juez responsable y procurar que se materialice la convivencia de las menores con su padre. Así, no debe perderse de vista que el propio quejoso denunció en reiteradas ocasiones el incumplimiento del régimen de convivencias por parte de su contraria, tal y como fue asentado en la relatoría de antecedentes, por lo que de las constancias relativas al juicio de origen se advierte la omisión por parte de la autoridad responsable de velar con su actuar por el interés superior de las menores, toda vez que constitucional y convencionalmente se encontraba obligada a ordenar las diligencias que correspondieren para indagar sobre tales acontecimientos, así como su relación con el incumplimiento a los términos de la convivencia, y resolver lo que conviniera a los intereses de las menores; sin descartar incluso la posibilidad de modificar los esquemas de custodia o convivencia. Lo anterior en términos de la siguiente ejecutoria: "GUARDA Y CUSTODIA. CUANDO UNO DE LOS PROGENITORES HA INCUMPLIDO SISTEMÁTICAMENTE CON EL RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS, ES CONFORME AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR MODIFICARLA. De acuerdo a la doctrina que ha desarrollado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la convivencia con ambos progenitores es fundamental para el desarrollo de los menores; por lo tanto, en un escenario de ruptura familiar, los juzgadores deben garantizar que se lleven a cabo las visitas y convivencias. Ahora bien, esta Primera Sala ha establecido que para tomar decisiones respecto a la guarda y custodia -y en general respecto a las convivencias de los menores con sus padres-, debe utilizarse un estándar de riesgo, según el cual, debe tomarse la decisión que genere la menor probabilidad de que los menores sufran daños. De acuerdo con esto, a la larga existe un mayor riesgo de que la falta absoluta de contacto con alguno de los padres le ocasione más daños al menor que los que pudieran derivar del cambio de la guarda y custodia. A pesar de la importancia de asegurar las convivencias, los tribunales no deben decretar el cambio de guarda y custodia sin antes haber intentado por otros medios que éstas se lleven a cabo. Sin embargo, cuando ya existen diversos requerimientos, apercibimientos y órdenes y alguno de los progenitores sigue sin presentar al menor a las convivencias, el cambio de la guarda y custodia se vuelve necesario ya que es la única medida que puede garantizar que las convivencias se llevarán a cabo." No pasa inadvertido que la autoridad responsable justificó su actuación señalando que quedaba expedito el derecho del quejoso de hacer valer la figura que correspondiera; no obstante, debió privilegiar los derechos y el interés superior de las menores, para dictar medidas contundentes a fin de que ser verificaran las convivencias, acorde al criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe: "MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS. LOS TRIBUNALES FAMILIARES DEBEN ACTUAR CON CELERIDAD Y CREATIVIDAD. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los tribunales de lo familiar están facultados para intervenir, de oficio, en los asuntos que afecten a la familia, en el ámbito de sus competencias, especialmente tratándose de menores, y en ejercicio de esa facultad deben decretar las medidas precautorias que tiendan a preservar a la familia y proteger a sus miembros. Esto implica que deben estar sensibles, prestos y expeditos para decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese ipso facto cualquier situación irregular que esté ocurriendo con perjuicio de los intereses de los niños, y no mantenerse en una actitud pasiva o ceñida a la inercia, mediante la toma de decisiones ordinarias a pesar de encontrarse frente a situaciones extraordinarias, como sucede cuando a pesar de haberse dispuesto la aplicación de los medios de apremio y haber dado vista al Ministerio Público, no se logra vencer la resistencia del custodio, con el daño indiscutible que pueden resentir los menores con el alejamiento innecesario e ilegal de su padre o madre, de modo que sin apartarse el Juez de la ley, debe hacer uso de su creatividad para superar al punto esa situación, requiriendo, por ejemplo, al custodio para que en la fecha inmediata de las establecidas para el efecto, presente al menor al Centro de Convivencia Familiar Supervisada, con el apercibimiento, para el caso de persistir en su negativa posición, de suspenderlo de inmediato en el ejercicio de la custodia, para poner al menor bajo el cuidado de otras personas previstas por la ley, que faciliten la convivencia del niño con ambos padres, hasta que se resuelva la controversia incidental en definitiva, siguiendo al efecto las exigencias de audiencia y contradicción, pero con la celeridad que impone el caso, y que les permiten los artículos 942 y siguientes del código adjetivo invocado." En virtud de lo expuesto, lo procedente es conceder el amparo solicitado por OSCAR GEOVANNI SALGADO PÉREZ, por sí y en representación de las menores, para los efectos que la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar Oral de este Distrito Judicial, realice lo siguiente: Dicte un acuerdo en el que, previo a analizar lo actuado en el juicio a últimas fechas, dicte las medidas que considere efectivas a fin de garantizar que se verifiquen de forma inmediata las convivencias, de tal modo que si las mismas no se realizan de esa forma, deberá imponer las sanciones correspondientes, incluso tomando en consideración la posibilidad del cambio de custodia de las menores, en el entendido de que deberá emplear todos los medios jurídicos y materiales para lograr la inmediata ejecución de las convivencias. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a OSCAR GEOVANNI SALGADO PÉREZ, contra los actos reclamados de la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar Oral de este Distrito Judicial, para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy Fe.

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