Oscar Geovanni Salgado Pérez

Expediente 824/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
824/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Todas las Partes
  • Oscar Geovanni Salgado Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. FIRME DESECHADA Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de diecisiete de agosto pasado, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Oscar Geovanni Salgado Pérez, en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que a la fecha ha fenecido el término de quince días otorgado a la pare quejosa, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su libelo constitucional respecto al acto reclamado, sin que hiciera manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de diecisiete de agosto del año en curso y se ordena tener únicamente como acto reclamado el asentado en su escrito inicial de demanda. SE ORDENA ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. VISTA CON RATIFICACIÓN DE DEMANDA Agréguese a los autos la diligencia de ratificación levantada el dieciséis de agosto del año en curso, en la cual se advierte que el quejoso Oscar Geovanni Salgado Pérez, ratificó en todas y cada una de sus partes la demanda de amparo que ante este Juzgado de Distrito, promovió a su favor Carlos Ulises Salgado Pérez. CESACION DE EFECTOS Ahora bien, y toda vez que el acto reclamado en el presente juicio lo constituye la incomunicación y retención ilegal del quejoso, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como la circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica, de tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció o por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del peticionario es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del criterio invocado se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo generaba deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación o actúa ante la omisión que se le reclama, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo y restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura se reitera que, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó del Titular de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades la incomunicación y retención ilegal. Por lo tanto, si de la razón levantada por la actuaria adscrita a este juzgado el treinta de julio de dos mil veintidós, se desprende que el aquí quejoso obtuvo su libertad mediante el pago de una multa en esa misma fecha, resulta incuestionable que HAN CESADO LOS EFECTOS DE LA OMISIÓN RECLAMADA. Por lo que, proceda desechar la demanda de amparo promovida por Oscar Geovanni Salgado Pérez, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya la determinación adoptada la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO Por otra parte, como de los que se advierte que mediante proveído de dos de agosto del año en curso, se concedió a la parte quejosa el término de tres días a efecto de que manifestara la denominación correcta de la autoridad responsable señalada como Agente del Ministerio Público Federal en turno, con residencia en esta ciudad, mismo que transcurrió del nueve al once de agosto de la presente anualidad, sin que realizara manifestación alguna, en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído en cita y se ordena tener como inexistente a la autoridad de mérito, y por ende, se ordena suspender toda comunicación con la misma, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. SE PROVEE ESCRITO RESERVADO Finalmente, toda vez que de autos se advierte que mediante proveído de diez de agosto del año en curso, se reservó proveer en cuanto al escrito suscrito por la parte quejosa, este juzgado acuerda: Toda vez que del mismo se advierte que pretende reclamar nuevos actos dentro del juicio de amparo en que se actúa, en consecuencia, requiérase a la parte quejosa a fin de que dentro del término de quince días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste a este juzgado si es su deseo ampliar su libelo constitucional respecto al acto reclamado, bajo apercibimiento que de no hacer uso de ese derecho, se continuará con el trámite del presente juicio tomando consideración únicamente el acto reclamado asentado en su escrito inicial de demanda. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el escrito de cuenta signado por Carlos Ulises Salgado Pérez, atento a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado mediante proveído de dos de agosto del año en curso, y al respecto manifiesta que el quejoso directo Óscar Geovanni Salgado Pérez se encuentra en libertad y puede ser localizado en el domicilio ubicado en: Calle Hércules, número 11, Fraccionamiento Galaxia, Tarímbaro, Michoacán. En consecuencia, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado a fin de que se constituya en el domicilio señalado con antelación y requiera al quejoso Óscar Geovanni Salgado Pérez, para que en el acto de la diligencia, o bien, dentro del término de días siguientes, a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo de que se trata, apercibiéndole que de no hacer manifestación alguna, en ese acto o dentro del término que para tal efecto se le concede, ya sea por sí o por medio de representante legal, se tendrá por no presentada la demanda, con fundamento en el invocado precepto legal. En torno a las diversas manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta, se reserva proveer en cuanto a su contenido, hasta en tanto sea ratificada la demanda que dio origen al juicio en que se actúa o bien transcurra el término otorgado en el presente proveído. Finalmente, se realiza la aclaración de que el nombre correcto del quejoso es Óscar Geovanni Salgado Pérez, más no así Óscar Geovanni Salgado Pérez y/o Francisco Arriaga Pantoja como se asentó en el proveído de treinta de julio del año en curso, de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase con lo ordenado. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintidós. SE PROVEEN RAZONES ACTUARIALES Vistas las razones actuariales levantadas por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, en el sentido de que no le fue posible entregar el oficio número 15876 dirigido al Agente del Ministerio Público Federal en turno, con residencia en esta ciudad, en virtud de que al constituirse en legal y debida forma, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, Delegación Michoacán, con residencia en esta ciudad fue informado por el personal de esa dependencia, que dicha autoridad no existe con esa denominación en el organigrama. SE REQUIERE A LA PARTE QUEJOSA En esa virtud, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por inexistente a dicha autoridad. ACTUARIOS INFORMAN NO LOCALIZARON A QUEJOSO De igual forma, agréguese a los autos las actas levantadas por los actuarios de la adscripción el treinta d de julio de dos mil veintidós, de las que se advierte que al constituirse en las instalaciones que ocupa la Delegación de la Fiscalía General de la República, Veintiuna Zona Miliar, Centro Penitenciario denominado "Lic. David Franco Rodríguez" y Centro de Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número Uno, con residencia en esta ciudad, a efecto de dar cumplimiento a lo encomendado en auto de treinta de julio de la presente anualidad, previa información del motivo de su visita, fueron informados que en esos lugares no se encontraba Óscar Geovanni Salgado Pérez y/o Francisco Arriaga Pantoja, de lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Ahora bien, en torno a la razón levantada en autos, de la que se advierte que el Actuario adscrito a este juzgado fue informado por personal de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana de Morelia, con residencia en esta ciudad, que aproximadamente a las dos horas con cinco minutos del treinta de julio del año que transcurre el quejoso Óscar Geovanni Salgado Pérez y/o Francisco Arriaga Pantoja ingresó al área de resguardo de dicha dependencia policiaca en calidad de detenido, por causar molestias al vecindario y obtuvo libertad mediante el pago de una multa, en consecuencia, se estima conveniente requerir al promovente Carlos Ulises Salgado Pérez, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, informe a este tribunal si conoce el paradero o situación actual que guarda el quejoso directo Óscar Geovanni Salgado Pérez y/o Francisco Arriaga Pantoja, si se encuentra en libertad o recluido, supuesto este último en el que además debe indicar el lugar de reclusión y a disposición de qué autoridad se encuentra; bajo apercibimiento que de no hacerlo, con apoyo en lo establecido en el artículo 15, de la Ley de Amparo, se suspenderá el procedimiento en el presente expediente y se consignaran los hechos a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, para lo que a esa representación social competa; en el entendido de que si transcurrido un año, sin que se apersone el directamente agraviado o su representante legal, se tendrá por no presentada la demanda. VISTA CON INFORMES EN RELACIÓN A SUSPENSIÓN DE PLANO. Finalmente, con vista a las partes agréguese a los presentes autos los oficios signado por la autoridad responsable, mediante el cual hace manifestaciones y rinden informe en relación a la suspensión de plano decretada en diverso proveído de treinta de julio de dos mil veintidós; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Silvia Lorena Arenas Raya CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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