Oscar Fernando Garcia Hernandez

Expediente 120/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
120/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
23/04/2018

Partes del expediente

  • Oscar Fernando Garcia Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo dictado en este Juicio de Amparo el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, en el cual se decretó el sobreseimiento; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en relación con lo establecido con el artículo 81 fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se sobreseyó, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable, consistente en un tomo de copias certificadas, mismo que obra por separado; por tanto, se ordena devolver el mismo a su lugar de origen.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos, únicamente para que obre como legalmente corresponda el Pedimento signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Órgano Jurisdiccional, lo anterior toda vez que mediante proveído de veintitrés de marzo actual, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veintitrés de marzo actual, que en lo conducente dice: Visto el estado de autos, se advierte que mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la omisión que reclamó del Agente del Ministerio Público III de la Unidad de Investigación de Tramitación Común, con sede en Celaya, Guanajuato; e hizo consistir en esencia, en NO HABAR DADO RESPUESTA a su solicitud de devolución de un vehículo de motor que dice es de su exclusiva propiedad, en los autos de la Carpeta de Investigación 70793/2017, en la que es parte ofendida. Actos que consideró violatorios de los derechos establecidos por los artículos 8, 14, 16, 17 y 21 de la Constitución Federal. Por auto pronunciado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, se registró el expediente con el número 120/2018, que consecutivamente le correspondió, se admitió la demanda de amparo a trámite, requiriéndose a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio la vista que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional. Mediante oficio 685/2018 de dos de marzo de dos mil dieciocho, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público III de la Unidad de Investigación de Tramitación Común, con sede en Celaya, Guanajuato; rindió su informe de ley, precisando que NO ERA CIERTA la omisión reclamada, atento a que el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dicha autoridad atendió la solicitud planteada por ***, notificándosele tal determinación vía telefónica, aunado a que para ese momento, ya se le había hecho entrega al referido quejoso, del vehículo de motor correspondiente. En proveído de seis de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por rendido el referido informe de ley, destacándose que, de las constancias que el agente del Ministerio Público responsable había adjuntado como justificación al mismo, se desprendía efectivamente lo asentado en el párrafo inmediato anterior, por lo que se ordenó notificar a ***, el contenido de tal comunicado, corriéndole traslado con copias de las constancias pertinentes. Precisado lo anterior, y atendiendo a que, como se precisó en párrafos anteriores, el quejoso ***, al acudir a esta instancia Constitucional, reclamó del Agente del Ministerio Público III de la Unidad de Investigación de Tramitación Común, con sede en Celaya, Guanajuato, NO HABAR DADO RESPUESTA a su solicitud de devolución de un vehículo de motor que dice es de su exclusiva propiedad, en los autos de la Carpeta de Investigación ***, en la que es parte ofendida; y como se puso en evidencia, ya se dio respuesta a esa solicitud, tan es así que incluso, le fue devuelta la motocicleta que adujo es de su exclusiva propiedad; a consideración de este Tribunal, respecto de la omisión reclamada en el presente asunto, sobreviene un motivo manifiesto e indudable para sobreseerlo, incluso antes de que se celebre la Audiencia Constitucional programada para las nueve horas con cuatro minutos del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Así, se precisa entonces que debe sobreseerse en el Juicio de Amparo en que se actúa, virtud de que sobre la omisión que reclama el quejoso ***, destacado en párrafos precedentes, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, acorde con las razones jurídicas siguientes: Debe asentarse en principio que el precepto legal y fracción invocados con antelación, literalmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Pues bien, la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción mencionados, se actualiza cuando la autoridad responsable deroga, revoca o desaparece para la vida jurídica el acto reclamado en la vía de Amparo, pero además, con su actuación destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección Constitucional solicitada, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, toda vez que la autoridad señalada como responsable, como se precisó con anterioridad, indica y acredita que dio respuesta a la solicitud que le formuló el quejoso de devolución de un vehículo de motor que dice es de su exclusiva propiedad, en los autos de la Carpeta de Investigación ***, en la que es parte ofendida; pues a la fecha además de haber dado respuesta a dicha petición, entregó la motocicleta respectiva. En consecuencia, resulta incuestionable que con tal actuar, CESÓ EN SUS EFECTOS la omisión que ante esta autoridad de Amparo, reclamó ***; destruyéndose con ello los efectos de la violación reclamada en el presente Juicio de Amparo, lo que trae como consecuencia que se actualice la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, y por ende debe decretarse el sobreseimiento del Juicio, acorde con lo dispuesto por el diverso ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal antes citado. Por su puntual aplicación, es de invocarse la tesis XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, correspondiente a la Novena Época, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También resulta aplicable la Jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, también de la Novena Época, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. De la misma forma, es aplicable la Jurisprudencia número 10/2003, contenida en la Contradicción de Tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero del dos mil tres, por unanimidad de votos, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cesión privada del catorce de febrero del dos mil tres; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, haciéndoles saber de igual forma, que por los motivos expuestos, no tendrá verificativo la Audiencia Constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con cuatro minutos del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE el Juicio de Amparo promovido por ***, contra la omisión que reclamó del Agente del Ministerio Público III de la Unidad de Investigación de Tramitación Común, con sede en Celaya, Guanajuato; de conformidad con las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos, para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por la autoridad AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 3 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TRAMITACIÓN COMÚN, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde; con su contenido, dése vista a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional. Téngase como prueba documental la que exhibe, de conformidad a lo previsto en el numeral 119 de la ley de la materia, misma que se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia constitucional respectiva. Debido al volumen de las constancias aludidas se forma por separado CUADERNO DE PRUEBAS EN UN TOMO. Ahora bien, de las constancias que como justificación a su informe adjuntó la autoridad responsable en cita, como efectivamente lo advierte en el informe que se acuerda, obra acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, a través del cual dio respuesta a la solicitud formulada por el ahora quejoso el catorce de noviembre de ese año. Se encuentra glosada también constancia de registro de llamada telefónica a través de la cual al parecer, se notificó a ***, ese proveído. Por lo anterior, entréguese copia de las documentales indicadas en el párrafo anterior, al quejoso, para los efectos legales a que haya lugar.

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