Oscar David Delgado Cisneros

Expediente 892/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
892/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
24/12/2018

Partes del expediente

  • Oscar David Delgado Cisneros

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, especial la certificación que antecede asentada por la Secretaria de este Juzgado, de la cual se advierte que a la fecha ha concluido el término que la Ley concede a las partes para recurrir (sin que lo hayan hecho) el auto emitido en el presente juicio de amparo el cuatro de diciembre de la anualidad que corre, en el cual se decretó el sobreseimiento; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. DEPURACIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio de amparo se sobreseyó, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordeno su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Por recibido el oficio signado por el Procurador Auxiliar en Materia de Asistencia Social adscrito al Sistema DIF, en Salvatierra, Guanajuato; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde; con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por exhibida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, la documental que anexó a su informe justificado la autoridad antes señalada, consistente en copia certificada del oficio número 0295/2018; sin perjuicio de relacionarla de nueva cuenta en la audiencia de derecho. Por otra parte, de autos se advierte, que mediante escrito de demanda presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Quinto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta Ciudad de Celaya, el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, turnado a este Juzgado el mismo día, ***, promovió demanda de amparo contra los actos que reclamó al Procurador en Materia de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Salvatierra, Guanajuato; por violación al derecho fundamental que se encuentra consagrados en los artículos 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unido s Mexicanos, acto que hizo consistir en: Se reclama de la autoridad señalada como responsable la omisión y falta de contestación al escrito de fecha 8 de junio de 2018, presentado ante la responsable. En consecuencia de ello y previa aclaración, mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, y se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable. Ahora bien, en la especie se advierte el advenimiento de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior, se arriba al analizar los antecedentes del acto reclamado, y al estudio realizado a las constancias que la autoridad responsable Procurador Auxiliar en Materia de Asistencia Social adscrito al Sistema DIF, en Salvatierra, Guanajuato, anexó a su informe justificado. En efecto, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de dar respuesta al escrito presentado ante la mencionada autoridad responsable el ocho de junio de dos mil dieciocho, respecto a su solicitud de expedición de copias respecto de las valoraciones sicológicas, test aplicados, así como entrevistas que les fueron practicados a sus menores hijos en dicha dependencia. Sin embargo, de las constancias que anexó a su informe justificado el Procurador Auxiliar en Materia de Asistencia Social adscrito al Sistema DIF, en Salvatierra, Guanajuato, se advierte que en fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, emitió el oficio 0295/2018, mismo que fue notificado a la parte quejosa del presente juicio el treinta del citado mes y año, según se advierte de la razón de notificación de esa misma fecha. En consecuencia, es evidente que el acto reclamado en esta vía YA CESÓ EN SUS EFECTOS, pues como ya se dijo, el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable señalada en el párrafo que antecede, dio contestación a la solicitud presentada el ocho de junio de la presente anualidad, y emitió el oficio 0295/2018, mismo que fue notificado en forma personal al quejoso el treinta de noviembre del presente año. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales, que para surtirse la causal de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, no basta que la autoridad responsable revoque el acto que se le reclama, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, lo que en el presente caso aconteció, al momento de que la autoridad responsable dio contestación a la solicitud presentada el ocho de junio del presente año, y emitió el oficio 0295/2018; de modo tal, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la Protección Federal, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante del amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, abril de 1988, visible en la página 242, que a la letra dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia 2a./J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Febrero de 1998, consultable en la página 210, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por tanto, resulta incuestionable que al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, lo cual trae como corolario decretar el sobreseimiento en el mismo, acorde con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal antes citado. Además, no causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta, e indudable de improcedencia del Juicio de Amparo, como lo es la Cesación de Efectos, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada por auto de doce de noviembre de la anualidad que corre, para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba programada para las nueve horas del seis de diciembre del año en curso. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la nueva Ley de Amparo se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo número 892/2018-III.2 promovido por ***, por el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, como quedó precisado en párrafos precedentes y por las consideraciones relatadas con anterioridad.

  3. Principal

    DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. Visto el estado procesal de autos se advierte que no obra el informe justificado solicitado al Procurador en Materia de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en Salvatierra, Guanajuato, ni tampoco obra constancia de notificación en la que conste que dicha autoridad se encuentra debidamente notificada del presente asunto; en consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que la misma tenga verificativo.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda que promueve ***, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Procurador en Materia de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en Salvatierra, Guanajuato, a lo que se acuerda. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 892/2018-III-2, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Previamente a acordar lo relativo a su admisión o desechamiento; con fundamento en los artículos 108 y 114, fracción I, II, y III, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, requiérase al citado promovente, para que dentro del término de CINCO DIAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio con el que desahoguen la siguiente prevención: 1.- El quejoso señala como acto reclamado la omisión por parte del Procurador en Materia de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en Salvatierra, Guanajuato, de dar contestación a su escrito presentado el ocho de junio de dos mil dieciocho, sin embargo dicho escrito no fue exhibido en el escrito que se acuerda, lo que se corrobora con la papeleta de turno de demanda, por lo que se le requiere para exhiba una copia del referido escrito. 2.- Acompañe dos copias de su escrito aclaratorio, para hacerlas llegar en su caso a las demás partes en el juicio de garantías, pues la falta total o parcial de ellas, motivará que se haga efectivo el apercibimiento que se establece en el penúltimo párrafo de este proveído. Resulta aplicable la Tesis P./J. 36/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Lo anterior con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido, se procederá conforme a lo establecido por el párrafo segundo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de cuenta. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, los estrados de este Juzgado.

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