Óscar Fabián Rodríguez Navarrete
Expediente 445/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 445/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Óscar Fabián Rodríguez Navarrete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Agrega oficio de cuenta Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta que remite el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, al cual adjunta el testimonio del amparo en revisión administrativo 290/2022 y los autos originales del juicio de amparo 445/2022, del índice de este juzgado Confirma sentencia Así, de los puntos resolutivos del testimonio del amparo en revisión administrativo 290/2022, relativo al recurso de revisión interpuesto por el quejoso *******, contra la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio, se advierte: [.] PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, contra el acto reclamado a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del Municipio de Juárez, en esta ciudad, consistente en el acuerdo de admisión dictado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós en el procedimiento administrativo de separación *******. [.] Acúsese recibo Acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó negó el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo establecido en el inciso b), fracción II, del Artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación. Así, el duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Disposiciones generales de archivo De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Además, una vez transcurrido dicho término se deberá depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, conservando las resoluciones relativas que otorguen la suspensión definitiva. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente principal y el original del incidente de suspensión, deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Coincidencia Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 445/2022, ello, en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio *******, suscrito por la Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en esta ciudad; en consecuencia, téngasele acusando recibo de los autos enviados con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso, *******; e informando que se admitió a trámite el referido medio de impugnación, registrado bajo el número 290/2022. Lo anterior con fundamento con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 91 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito y anexos signados por *******, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida en data de veintinueve de septiembre del presente año, en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes tanto del presente recurso, como de la sentencia impugnada, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente. Distribúyanse entre las partes el escrito de expresión de agravios que se recibe. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DE LA SENTENCIA DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua- veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 445/2022-VI, y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, turnado a este Juzgado, en esa misma data, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del Municipio de Juárez, en esta ciudad SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 21, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables, se llevó a cabo el emplazamiento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, mediante proveído de catorce de julio de dos mil veintidós, se dio vista al quejoso, por un plazo de quince días con el fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto al Actuario Notificador de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia- sin embargo, el quejoso no realizó manifestación alguna al respecto. Igualmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diferida, se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación- así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados a las autoridades responsables. Del análisis integral de la demanda y de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la parte quejosa reclama a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del Municipio de Juárez, en esta ciudad, lo siguiente: El acuerdo de admisión dictado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós en el procedimiento administrativo de separación *******. El emplazamiento al referido procedimiento, realizado el cuatro de mayo de dos mil veintidós. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados- asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del Municipio de Juárez, al rendir informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado- adjuntando para tal efecto copia certificada de las constancias que obran en el expediente *******. Las constancias remitidas por la autoridad responsable, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO.- Improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. I.- Se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con la fracción III del numeral 108 y fracción II del numeral 5°, todos de la Ley de Amparo En el caso, la suscrita advierte que debe sobresee en el juicio de amparo contra el acto reclamado consistente en el emplazamiento al procedimiento administrativo de separación CHJ/135/2021- toda vez que se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con la fracción III del numeral 108 y fracción II del numeral 5°, todos de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados a contrario sensu, que establecen lo siguiente: - 5°. Son partes en el juicio de amparo: -.- II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria- u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. 61. El juicio de amparo es improcedente: -.- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: -.- III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios.- De los preceptos transcritos, se desprende que el juicio es improcedente cuando el quejoso en su demanda de derechos fundamentales no señala a la autoridad responsable que haya emitido, ordenado, ejecutado o trate de ejecutar el acto reclamado, pues, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de su actuar, porque no se le ha llamado al juicio y, por ende, no puede ser vencida en él. Ahora, como se precisó, del análisis integral del escrito inicial de demanda, se desprende que la parte promovente reclama el emplazamiento al procedimiento administrativo de separación *******, realizado el cuatro de mayo de dos mil veintidós. Sin embargo, como se precisó mediante proveído de catorce de julio de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto al Actuario Notificador de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia- sin que la parte quejosa realizara manifestación alguna al respecto. Por tanto, no es jurídicamente factible examinar la constitucionalidad del acto reclamado en esta instancia, consistente en el llamamiento al referido procedimiento. Ello, porque proceder en esos términos se dejaría al Actuario Notificador de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, en completo estado de indefensión, al no darle la oportunidad de defender la legalidad de su actuación, precisamente, al no habérsele llamado al presente juicio. Entonces, dado que el Actuario Notificador de Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, no tiene el carácter de autoridad responsable en el presente asunto, es claro que se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con la fracción III del numeral 108 y fracción II del numeral 5°, todos de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados a contrario sensu y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto de dicha autoridad, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.3o. J/44, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página sesenta y siete, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número setenta y cuatro, febrero de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, registro 213345, que señala: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal. De igual forma, en lo conducente apoya las consideraciones anteriores, la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento trece, tomo IV, enero de mil novecientos noventa y nueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 194684, de contenido siguiente -énfasis añadido-: DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: -DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.-, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda- sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento. II.- Causal de improcedencia invocada por la responsable -no actualizada-. Por otra parte, la autoridad responsable argumentó que el aquí quejoso incumplió con los requisitos de permanencia, invocando como causal de improcedencia la contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en correlación con el artículo 123, aparatado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil- al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. Párrafo adicionado DOF 19-12-1978. Reformado DOF 18-06-2008 El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Párrafo reformado DOF 29-01-2016 Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. Párrafo reformado DOF 29-01-2016 El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f- de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones. Sin embargo, tomando en consideración que la quejosa acude a esta instancia reclamando el acuerdo de admisión dictado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós en el procedimiento administrativo de separación *******- la causal que hace valer la responsable involucra el estudio de fondo del asunto, y por tal motivo debe desestimarse. Apoya lo antes expuesto la Jurisprudencia P./J. 135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002, página 5 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. Al no existir causa de improcedencia diversa cuyo estudio se estime necesario en forma oficiosa, o que haya sido alegada por las autoridades responsables, enseguida se analizarán los motivos de inconformidad hechos valer en la demanda de amparo. QUINTO. Conceptos de Violación. Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, se tienen por reproducidos en este apartado por ser innecesaria su trascripción, puesto que la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830- de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X -De las sentencias-, del título primero -Reglas generales-, del libro primero -Del amparo en general-, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Como se precisó en el considerando segundo, el accionante del amparo reclama de la autoridad señalada como responsable, el acuerdo de admisión dictado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós en el procedimiento administrativo de separación *******. Se procede a analizar enseguida los conceptos de violación aducidos en el ocurso de amparo, en términos del artículo 76 de la Ley de la materia, del que se advierte que el órgano jurisdiccional puede examinar de manera individual o conjunta los conceptos de violación vertidos por la parte gobernada, en el orden propuesto o en uno diverso. Ilustra lo anterior, la tesis 2o. J/5, publicada en el tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época y número de registro 2011406, cuyo rubro dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso. En el caso, la parte quejosa refiere la vulneración a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen lo siguiente: Artículo 14. -.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. -.- Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. -.- Los preceptos constitucionales transcritos, en su orden, contienen los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. El numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, prevé que los actos privativos deben realizarse, por regla general, mediante un procedimiento dirigido a escuchar previamente al afectado, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación. Las formalidades esenciales del procedimiento son aquellas que resultan necesarias e indispensables para garantizar una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, de tal suerte que su omisión o infracción produzca de alguna manera indefensión al afectado o lo coloque en una situación que afecte gravemente su defensa. Así, la adecuada y oportuna defensa requiere en todo procedimiento, previo al acto privativo, de las etapas procesales a que se ha hecho referencia, que se desarrollan por medio de requisitos o actos específicos, tales como notificaciones, emplazamientos, términos para contestar o para oponerse a las pretensiones de privación, así como la oportunidad de probar. Por su parte, el numeral 16 constitucional, importa que todo acto de autoridad deba estar adecuadamente fundado y motivado. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la jurisprudencia 11, visible en el Informe de 1973, Parte II, página 18, registro 815,374, que dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto- siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Se debe entender por fundar, la obligación de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que deben señalarse también las circunstancias especiales o razones particulares que se hubieren tomado en consideración para la emisión del acto- siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, en otras palabras, un nexo lógico, que consiste esencialmente en la manifestación, adecuada y suficiente, que demuestre fehacientemente la relación entre el precepto legal aplicable y la situación de hecho. Enseguida, es menester precisar que los artículos 202, 204 y 206 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: TÍTULO CUARTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LAS COMISIONES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, HONOR Y JUSTICIA CAPÍTULO I DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN Y DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Artículo 202. El procedimiento de separación por incumplimiento a los requisitos de ingreso y permanencia y demás supuestos a que se refiere la fracción I del artículo 169 de esta Ley, así como el procedimiento disciplinario por violación o incumplimiento a las obligaciones y deberes de los Integrantes, deberá realizarse ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia respectiva, con estricto apego a las disposiciones de esta Ley y observará en todo momento las formalidades esenciales. Para los efectos del párrafo anterior, el Órgano de Asuntos Internos reunirá la información preliminar, la que deberá ser completa y exhaustiva, y deberá contener además las constancias que integran las actuaciones, evaluaciones, documentos y en general todos los antecedentes relacionados con el incumplimiento de los requisitos de ingreso o permanencia o de la violación al régimen disciplinario que se atribuyen al Integrante. La solicitud de inicio del procedimiento deberá reunir los siguientes requisitos: Estará dirigida al Presidente de la Comisión, debidamente fundada y motivada. II. Expresará de manera clara y precisa el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya incumplido el Integrante o los hechos en que se haga consistir la infracción, violación al régimen disciplinario o incumplimiento a sus obligaciones y deberes. III. Anexará las constancias contenidas en la información a que se refiere el segundo párrafo del presente artículo, así como los demás elementos probatorios en que se apoye. IV. Indicación de la unidad orgánica o administrativa a que se encuentra adscrito el Integrante. V. En su caso, la medida cautelar a que se refiere el artículo 206 de esta Ley Artículo 204. Recibida la solicitud, el Presidente determinará, dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que reciba aquella, si existen elementos para iniciar el procedimiento- en caso contrario devolverá el expediente al Órgano de Asuntos Internos, adjuntando la resolución de no procedencia correspondiente. Artículo 206. El acuerdo de inicio del procedimiento deberá contener: Los hechos relativos al incumplimiento a los requisitos de ingreso y permanencia o a las obligaciones y deberes, atribuidos al Integrante. Que dispone de un término de nueve días hábiles contados a partir del día siguiente al de su notificación, para controvertir los hechos que se le atribuyen. El derecho del Integrante a ofrecer pruebas, apercibido de que no se le recibirán pruebas ofrecidas con posterioridad, con excepción de las que tengan el carácter de supervenientes. La confirmación o revocación de la medida cautelar determinada por el Órgano de Asuntos Internos o, en su caso, su procedencia conforme a la solicitud del mismo Órgano. La medida cautelar determinada no prejuzga sobre la responsabilidad del Integrante, lo cual se hará constar expresamente. Dicho acuerdo será notificado al Órgano de Asuntos Internos y al Integrante, entregando a este último copia debidamente cotejada del mismo, apercibiéndole que de no dar contestación dentro del término que se le concedió para tal efecto, se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos contenidos en el acuerdo De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se deduce, el procedimiento de separación por incumplimiento a los requisitos de ingreso y permanencia y demás supuestos a que se refiere la fracción I del artículo 169 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como el procedimiento disciplinario por violación o incumplimiento a las obligaciones y deberes de los Integrantes, deberá realizarse ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia respectiva, con estricto apego a las disposiciones de esa Ley y observará en todo momento las formalidades esenciales- que el Órgano de Asuntos Internos reunirá la información preliminar, la que deberá ser completa y exhaustiva, y deberá contener además las constancias que integran las actuaciones, evaluaciones, documentos y en general todos los antecedentes relacionados con el incumplimiento de los requisitos de ingreso o permanencia o de la violación al régimen disciplinario que se atribuyen al Integrante. Asimismo, se dispone que la solicitud de inicio del procedimiento deberá reunir los siguientes requisitos: Estará dirigida al Presidente de la Comisión, debidamente fundada y motivada. Expresará de manera clara y precisa el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya incumplido el Integrante o los hechos en que se haga consistir la infracción, violación al régimen disciplinario o incumplimiento a sus obligaciones y deberes. Anexará las constancias contenidas en la información a que se refiere el segundo párrafo del presente artículo, así como los demás elementos probatorios en que se apoye. Indicación de la unidad orgánica o administrativa a que se encuentra adscrito el Integrante. En su caso, la medida cautelar a que se refiere el artículo 206 de esta Ley De igual forma, se establece que recibida la solicitud, el Presidente determinará, dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que reciba aquella, si existen elementos para iniciar el procedimiento- en caso contrario devolverá el expediente al Órgano de Asuntos Internos, adjuntando la resolución de no procedencia correspondiente. También se establece como requisitos que el acuerdo de inicio del procedimiento deberá contener: Los hechos relativos al incumplimiento a los requisitos de ingreso y permanencia o a las obligaciones y deberes, atribuidos al Integrante. Que dispone de un término de nueve días hábiles contados a partir del día siguiente al de su notificación, para controvertir los hechos que se le atribuyen. El derecho del Integrante a ofrecer pruebas, apercibido de que no se le recibirán pruebas ofrecidas con posterioridad, con excepción de las que tengan el carácter de supervenientes. La confirmación o revocación de la medida cautelar determinada por el Órgano de Asuntos Internos o, en su caso, su procedencia conforme a la solicitud del mismo Órgano. En ese tenor, en el primer concepto de violación, el quejoso argumenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71, fracción XXV, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, el Director de Responsabilidades Administrativas del Municipio, no tenía facultades para solicitar mediante el oficio *******, de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, el inicio del procedimiento administrativo. Al respecto, es oportuno señalar que el artículo 75 del citado Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, dispone lo siguiente: Artículo 75.- Son atribuciones de la Dirección de Responsabilidades Administrativas Solicitar y sustanciar el procedimiento disciplinario o de separación que corresponda ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, aportando los elementos probatorios y actuaciones contenidas en la investigación realizada, de conformidad con las leyes aplicables. Sustanciar el procedimiento administrativo correspondiente, en el que se determine la existencia de responsabilidades administrativas por parte de los servidores públicos municipales, de los organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas- Sustanciar toda clase de recursos y medios de impugnación que por disposición de la Ley sean competencia de la Contraloría Municipal- Sustanciar el procedimiento, imponer y notificar las sanciones por faltas no graves a que se hagan acreedores los particulares y servidores públicos municipales, de los organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal en el ejercicio de sus funciones, en los términos de la normatividad aplicable- Aplicar a los servidores públicos municipales y/o integrantes de los cuerpos de seguridad pública municipales, de los organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal las medidas cautelares conforme a las disposiciones legales vigentes, y Las demás que le encomiende la Contraloría y las que le confieran las leyes, reglamentos, manuales de organización y procedimientos. -Artículo reformado en sus diversas fracciones mediante Acuerdo No. 007/2021 publicado en el P.O.E. No. 19 de fecha 06 de marzo de 2021- De la anterior trascripción se desprende que son atribuciones de la Dirección de Responsabilidades Administrativas, solicitar y sustanciar el procedimiento disciplinario o de separación que corresponda ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, aportando los elementos probatorios y actuaciones contenidas en la investigación realizada, de conformidad con las leyes aplicables- sustanciar el procedimiento administrativo correspondiente, en el que se determine la existencia de responsabilidades administrativas por parte de los servidores públicos municipales, de los organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas- sustanciar toda clase de recursos y medios de impugnación que por disposición de la Ley sean competencia de la Contraloría Municipal- sustanciar el procedimiento, imponer y notificar las sanciones por faltas no graves a que se hagan acreedores los particulares y servidores públicos municipales, de los organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal en el ejercicio de sus funciones, en los términos de la normatividad aplicable- aplicar a los servidores públicos municipales y/o integrantes de los cuerpos de seguridad pública municipales, de los organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal las medidas cautelares conforme a las disposiciones legales vigentes, y las demás que le encomiende la Contraloría y las que le confieran las leyes, reglamentos, manuales de organización y procedimientos. Esto es, contrario a lo argumentado por el quejoso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, vigente, son atribuciones de la Dirección de Responsabilidades Administrativas, entre otras, solicitar y sustanciar el procedimiento disciplinario o de separación que corresponda ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia. Ahora, no se soslaya, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71, fracción XXV, son atribuciones de la Contraloría Municipal, entre otras, solicitar ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, el inicio del procedimiento disciplinario o de separación que corresponda, y sustanciar el mismo con base en los elementos probatorios y actuaciones contenidas en la investigación realizada, de conformidad con las leyes aplicables. Sin embargo, en términos del artículo 72 del referido reglamento, para el cumplimiento de sus atribuciones, la Contraloría Municipal contará con las siguientes direcciones de área: Dirección de Auditoría Interna- Dirección de Investigación, y Dirección de Responsabilidades Administrativas. Se deroga. En esas condiciones, como se precisó, es infundado el concepto de violación expuesto por el quejoso, toda vez de conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción XXV y 75 fracción I, del citado Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, la Dirección de Responsabilidades Administrativas, si cuenta con atribuciones para solicitar y sustanciar el procedimiento disciplinario o de separación que corresponda ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia. Por otra parte, en el tercer concepto de violación el quejoso refiere que el acuerdo de admisión dictado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós en el procedimiento administrativo de separación *******, carece de fundamentación y motivación, argumentando que el Presidente responsable omitió analizar si las pruebas del expediente de investigación acreditaban la probable responsabilidad administrativa. El quejoso aduce que en el referido acuerdo de admisión, no se analizó si la solicitud del Director de Responsabilidades Administrativas, se encontraba debidamente soportada con medios de prueba idóneos, adecuados y suficientes que justificaran el inicio del procedimiento incoado al quejoso. Asimismo, refiere que la responsable únicamente realizó una transcripción de los medios de prueba ofertados sin llegar a un análisis o valoración sobre la legalidad, idoneidad y validez. De igual forma, menciona que la responsable tomó en consideración el examen químico toxicológico elaborado por Flor Alejandra Rivera Maldonado, adscrita al Departamento de Servicios Periciales y ciencias Forenses de la Zonas Norte, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, sin que se acreditara su calidad de experta. También el quejoso expone que la responsable otorgó valor probatorio a copias simples y documentales consistentes en los oficios ******* y *******- no obstante que fueron certificados, por autoridades que no contaban con esas atribuciones- y que por tanto era obligación de la Comisión, perfeccionar dichas probanzas antes de iniciar el procedimiento administrativo de mérito. Además, la parte quejosa refiere que el referido oficio *******, signado por el Secretario Técnico de la Comisión del Servicios Profesional de Carrera Honor y Justicia, no debió ser valorado, dado que a su signatario no le constaban los hechos, únicamente los hizo del conocimiento del Secretario de Seguridad Pública Municipal. En efecto, de la interpretación sistemática de los artículos 202, 204 y 206 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se advierte que el Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, para fundar y motivar el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación, así como para garantizar la adecuada defensa del agente, debe indicar los hechos relativos al incumplimiento a los requisitos de ingreso y permanencia o a las obligaciones y deberes, atribuidos al Integrante, y hacer del conocimiento del indiciado las pruebas en que se sustenta el inicio del procedimiento, lo que conlleva la obligación de verificar que éstas estén previstas en la ley, esto es, que sean legales y resulten adecuadas para demostrar el hecho que motivó el inicio de aquél, es decir, que sean idóneas. Sin embargo, contario a lo argumentado por el quejoso, la citada autoridad no está legalmente obligada a efectuar el análisis y valoración de las pruebas aportadas por el solicitante, para determinar presuntivamente si se encuentra o no acreditada la conducta que motivó esa petición. No obstante, la autoridad sí está constreñida a verificar que el órgano de asuntos internos funde y motive su solicitud, y remita el expediente correspondiente, en el que necesariamente deben obrar las pruebas que sirven de sustento- lo que conlleva la obligación de verificar que ésas sean legales e idóneas, pues sólo así cumplirán las obligaciones constitucionales de fundar y motivar sus actuaciones, así como de garantizar una adecuada defensa al incoado, al permitirle ofrecer pruebas con las que desvirtúe la imputación en su contra. En ese aspecto, de la lectura integral del impugnado acuerdo de admisión dictado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós en el procedimiento administrativo de separación *******, se advierte que el Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, concedió valor indicial a todas y cada una de las documentales aportadas por el Director de Responsabilidades Administrativas del Municipio de Juárez, mediante el oficio *******, de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno- y en forma destacada a la constancia de cuatro de junio de dos mil veintiuno, signada por Flor Alejandra Rivera Maldonado, adscrita al Departamento de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Zonas Norte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en la que se asentó que el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en las instalaciones de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal Distrito Sur, se practicó un examen químico toxicológico para la detención de drogas a *******, resultando positivo a la detención de metabolitos provenientes de la cocaína- asimismo, estimó que existían elementos suficientes para iniciar el procedimiento de separación al integrante *******. En esas condiciones, deviene infundado el concepto de violación expuesto por el quejoso. Por otra parte, el quejoso refiere que en virtud de que no se llevó a cabo una segunda evaluación se vulneró lo establecido por el artículo 82, segundo párrafo, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y sus Municipios, que dispone lo siguiente: Artículo 82.- El Centro Estatal emitirá el Certificado a quien acredite el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, según corresponda, establecidos en la Ley y el presente Reglamento. Tratándose de la permanencia, los Integrantes se someterán a la evaluación correspondiente conforme a la Ley- de no aprobarla, se les someterá a una segunda evaluación a solicitud del superior jerárquico, dentro de los quince días siguientes a la notificación del resultado de la primera evaluación. En caso de que el Integrante no se someta a la segunda evaluación o no la apruebe, se informará de ello al Órgano de Asuntos Internos para que determine sobre el inicio del procedimiento de separación. Del precepto normativo trascrito con antelación se advierte que el Centro Estatal emitirá el Certificado a quien acredite el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, según corresponda, establecidos en la Ley y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y sus Municipios- que tratándose de la permanencia, los Integrantes se someterán a la evaluación correspondiente conforme a la Ley- que de no aprobarla, se les someterá a una segunda evaluación a solicitud del superior jerárquico, dentro de los quince días siguientes a la notificación del resultado de la primera evaluación- y que en caso de que el Integrante no se someta a la segunda evaluación o no la apruebe, se informará de ello al Órgano de Asuntos Internos para que determine sobre el inicio del procedimiento de separación Sin embargo, como se precisó, de las documentales que obran en autos se advierte la constancia de cuatro de junio de dos mil veintiuno, signada por *******, adscrita al Departamento de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Zonas Norte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en la que se asentó que el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en las instalaciones de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal del Distrito Sur, se practicó un examen químico toxicológico para la detención de drogas a *******, resultando positivo a la detención de metabolitos provenientes de la cocaína. Asimismo, de autos se desprende que mediante escrito de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, el aquí quejoso solicitó a la Dirección de Asuntos Internos del Municipio de Juárez, se realizara una prueba confirmatoria de toxicología, que corroborara el referido resultado positivo. Ante ello, el Titular de la Dirección de Investigación del Municipio de Juárez, solicitó al Coordinador de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en la Zona Norte, la entrega de las muestras recabadas al quejoso y otros, para ser trasladadas bajo cadena de custodia al laboratorio químico *******, para un segundo examen sobre las muestras proporcionadas el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Igualmente, obra en el expediente el INFORME DE RESULTADOS, relativo al -ANTIDOPING- realizado el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en el laboratorio químico *******, del que se desprende nuevamente un resultado positivo al metabolito de cocaína. En virtud de lo expuesto, toda vez se llevó a cabo un segundo examen toxicológico- no obstante que no fue solicitado por el superior jerárquico de *******, en términos del referido numeral, sino por el propio quejoso- resultan infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso. Finalmente, no se soslaya que en acuerdo de admisión dictado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós en el procedimiento administrativo de separación *******, por el Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia- de conformidad con lo dispuesto por el numeral 206 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se plasmaron los hechos relativos al incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 65, fracción XXIII, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistente en la abstención de consumir sustancias psicotrópicas- empero, expresamente se especificó al agente -quejoso-, que disponía de un término de nueve días hábiles contados a partir del día siguiente al de su notificación, para controvertir los hechos que se le atribuyen- y ofrecer pruebas que estimara pertinentes, a fin de controvertir los hechos expuestos. Por tanto, ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por el quejoso, sin advertir deficiencia de la queja que suplir- se procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- Se Sobresee en el presente juicio de amparo, en los términos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a *******, contra el acto reclamado a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del Municipio de Juárez, en esta ciudad, consistente en el acuerdo de admisión dictado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós en el procedimiento administrativo de separación *******, en los términos precisados en último considerando de la presente determinación. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Oscar Eduardo Arenas Alcocer69/2015
- Oscar Eduardo Arenas Alcocer410/2015
- Oscar Eduardo Rodríguez Guevara725/2021
- Oscar Eduardo Vargas Romo327/2019
- Óscar Eliseo Zavala Luna209/2020
- Oscar Enrique Melendez Guerra y Otros.101/2023
- Oscar Favela Salazar465/2016
- Oscar Favela Salazar824/2015
- Oscar Fernando Mata Hernández466/2021
- Oscar Flores Sarmiento116/2023
- Oscar Flores Sarmiento69/2019
- Oscar Gabriel Campos Mora763/2021