Oscar Enrique Melendez Guerra y Otros.
Expediente 101/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 23 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 101/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 21/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Oscar Enrique Melendez Guerra y Otros.
- Estela Chairez Meza y Otros.
- Juez Séptimo Civil por Audiencias de este Distrito Judicial Bravos
- Oscar Enrique Melendez Guerra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, de conformidad con lo establecido en artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración del cuaderno incidental En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva el incidente de suspensión original es conservable, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con la fracción III, inciso b), del artículo 17, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de junio de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo ******* y *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por ******* y *******, de la cual, por cuestión de turno conoció este juzgado el mismo día. Los quejosos demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Séptimo Civil por Audiencias y la Central de Actuarios, Oficiales y Ministros Ejecutores, ambos en esta ciudad, a quienes reclamaron: IV. ACTOS RECLAMADOS.- A) De la Central de Actuarios, Oficiales y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos: La notificación del incumplimiento de Contrato de Reconocimiento de Adeudo, así como la notificación de la interpelación judicial e inicio de ejecución de fideicomiso. B) Del Juez Séptimo Civil por Audiencias de este Distrito Judicial Bravos: Todas las actuaciones posteriores a la inexistente notificación de los hoy quejosos, dentro del expediente *******. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. Los quejosos señalaron como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se emplazó a los terceros interesados, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diferida tuvo verificativo de acuerdo al acta que antecede. CUARTO. Vista para ampliar demanda y efectivo apercibimiento. En auto de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a los quejosos a fin de que manifestaran si era su deseo ampliar la demanda de amparo, en los siguientes términos: (.) Visto el estado que guardan los autos, una vez analizadas las documentales anexas al informe justificado del Juez Provisional del Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad; se advierte la intervención del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos *******, quien el dieciséis de enero de dos mil veinte, emplazó a *******, y en la misma data dejó cita de espera, así como el diecisiete del citado mes y año realizó el emplazamiento de *******, ordenado por la autoridad mencionada en primer término, sin que ésta última hubiera sido designado como autoridad responsable. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo III, de la Ley de Amparo, con el contenido del informe justificado, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo ampliar su demanda respecto al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos *******, en cuyo caso deberá exhibir las copias necesarias de su escrito de ampliación de demanda, a fin de estar en posibilidad de correr traslado con las mismas a las partes, debiendo ajustarse a lo establecido por el artículo 108 de la Ley de Amparo; apercibidos que de no cumplir con lo que este auto ordena, se continuará el trámite del presente juicio de amparo únicamente respecto del acto y autoridades precisadas en su demanda, en los términos ahí indicados, en el que señaló como responsable al Juez Provisional del Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y Central de Actuarios, Oficiales y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos, ambos con residencia en esta ciudad. (.) Sin que se haya recibido promoción alguna al respecto. En esa medida, en acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes citado y se ordenó la continuación del presente juicio, en los términos indicados en el ocurso de amparo. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se trata de un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda y su ampliación, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por los quejosos, se precisa que el acto reclamado consiste en la notificación de la interpelación judicial e inicio de ejecución de fideicomiso, así como todas las actuaciones posteriores dentro del expediente *******, del índice del Juzgado Séptimo Civil por Audiencias. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente del que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Se tienen por ciertos los actos reclamados a la Central de Actuarios, Oficiales y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos y Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, ambos con sede en esta ciudad, toda vez que manifestaron que en ese juzgado se encuentra radicado el expediente *******, relativo al juicio de procedimientos especiales mercantiles promovido por el licenciado *******, en su carácter de delegado fiduciario de la Institución Bancaria *******, en contra de los aquí quejosos ******* y *******. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que, además, se corrobora con la copia certificada de las constancias que conforman el juicio ordinario civil ******* del índice del juzgado responsable, constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esta Juzgadora examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. En el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 5º fracción II y 6, todos de la Ley de Amparo; numerales que son del siguiente contenido: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. Por su parte, los artículos 5º fracción II y 6° de la citada legislación, disponen: Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. En tanto que el artículo 107, fracción VI, señala: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. (.) Para estar en condiciones de evidenciar por qué se considera actualizada la causa de improcedencia mencionada, es importante destacar que los quejosos adujeron, bajo protesta de decir verdad, que tuvieron conocimiento de la existencia de los actos que reclamó en este juicio de amparo biinstancial, el veinte de enero de dos mil veintitrés, fecha en que, el quejoso *******, acudió a las oficinas de la Presidencia Municipal para realizar el pago correspondiente al año dos mil veintitrés, y ahí le comentaron que la propiedad se encontraba a nombre de *******, en la misma data, se constituyó en el Registro Público de la Propiedad y confirmó que efectivamente, la propiedad que habitaba con su esposa ******* (quejosa), estaba a nombre de otra persona; y, una vez que revisó los agregados y antecedentes que originaron el cambio de propietario se percató que sucedió por un supuesto procedimiento llevado en el Juzgado Séptimo Civil por Audiencias, bajo el número de expediente *******, sin que hubieren sido notificados del mismo. Es oportuno establecer que al juicio de amparo puede comparecer en carácter de tercero extraño aquel que, no siendo parte material en un procedimiento, ve afectado alguno de sus intereses, por lo que, solicita la protección constitucional a fin de que la Justicia de la Unión excluya sus bienes jurídicos de dicha afectación a través de la anulación del acto concreto que produjo aquella. Además de ello, existe la figura del tercero extraño por equiparación, que es quien a pesar de sí ser parte en el procedimiento natural, no ha sido emplazado, o bien, fue emplazado de manera defectuosa. En ambos casos, la Ley de Amparo los excluye de la obligación de agotar recursos ordinarios previamente a acudir al juicio constitucional, toda vez que, al no ser parte en el procedimiento, en el primer caso (tercero extraño en sentido estricto), o bien, no haber sido legalmente emplazado, en el segundo caso (tercero extraño por equiparación), no estuvieron en aptitud de defender sus intereses en ese procedimiento natural. Como se señaló en párrafos previos, el quejoso reclama diversos actos a través de este asunto, mismos que derivan de la aparente falta de llamamiento al juicio natural; es decir, el ahora quejoso se ostenta en el presente amparo como una persona extraña a juicio por equiparación, pues tiene el carácter de demandada en el juicio del que derivan los actos aquí reclamados. Sin embargo, es necesario resaltar que no señaló como autoridad responsable a la autoridad que practicó el emplazamiento reclamado, ni éste último acto, a pesar de que este Juzgado Federal, mediante acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés le dio vista personal para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda, en los siguientes términos: (.) Visto el estado que guardan los autos, una vez analizadas las documentales anexas al informe justificado del Juez Provisional del Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad; se advierte la intervención del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos *******, quien el dieciséis de enero de dos mil veinte, emplazó a *******, y en la misma data dejó cita de espera, así como el diecisiete del citado mes y año realizó el emplazamiento de *******, ordenado por la autoridad mencionada en primer término, sin que ésta última hubiera sido designado como autoridad responsable. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo III, de la Ley de Amparo, con el contenido del informe justificado, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo ampliar su demanda respecto al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos *******, en cuyo caso deberá exhibir las copias necesarias de su escrito de ampliación de demanda, a fin de estar en posibilidad de correr traslado con las mismas a las partes, debiendo ajustarse a lo establecido por el artículo 108 de la Ley de Amparo; apercibidos que de no cumplir con lo que este auto ordena, se continuará el trámite del presente juicio de amparo únicamente respecto del acto y autoridades precisadas en su demanda, en los términos ahí indicados, en el que señaló como responsable al Juez Provisional del Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y Central de Actuarios, Oficiales y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos, ambos con residencia en esta ciudad. (.) De lo que se desprende que se le otorgó vista expresa a los accionantes del amparo, a efecto de que, de ser su deseo, ampliaran su demanda y señalaran al efecto, como autoridad responsable al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos *******, por el acto consistente en el emplazamiento practicado al juicio de origen. Ahora, en proveído de diecinueve de junio del año en curso, ante la omisión de pronunciamiento por parte de los quejosos, se hizo efectivo el apercibimiento que le fue decretado y se ordenó la continuación del juicio, en los términos propuestos en el ocurso de amparo. Entonces, dado que los quejosos no ampliaron su demanda en contra del funcionario judicial que materialmente los llamó a juicio, pues de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que este Juzgado les dio la oportunidad de ampliar su demanda de amparo respecto de ello; entonces, es evidente que no se incorporó al juicio de amparo a la autoridad responsable que intervino en el emplazamiento; por ende, se hizo efectivo el apercibimiento respectivo y se continuó el juicio en los términos planteados previo a ello. Lo anterior, además, con apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis 88/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 198, del Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2021189, que dispone: ACTUARIO. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN, AUN CUANDO EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL LOCAL DE LA ENTIDAD EXISTA UNA OFICINA CENTRAL DE NOTIFICADORES Y EJECUTORES. En el juicio de amparo indirecto promovido por una persona que se ostenta extraña a juicio por equiparación, debe señalar tanto a la autoridad ordenadora como a la ejecutora, esto, pues la autoridad ordenadora de un emplazamiento es el Juez que admite la demanda y ordena el llamamiento a juicio del demandado, mientras que a la ejecutora corresponde materializar dicha orden. Ahora bien, para designar a la autoridad responsable ejecutora, en aquellas entidades en las que el Poder Judicial local se integra con una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, debe tenerse en cuenta que el Director de dicha Oficina tiene a su cargo facultades meramente administrativas, sin que a éste le corresponda llevar a cabo las diligencias ordenadas por el órgano judicial. Por tanto, la autoridad responsable ordenadora es el Juez que emitió la orden de emplazamiento y la ejecutora será el actuario que materialmente llevó a cabo la diligencia que se reclama. Esto, ya que la autoridad responsable ejecutora es aquella cuya actuación se constriñe a llevar a cabo el mandato legal o la orden emitida por la autoridad ordenadora, sin actuar de manera autónoma, sino que cumple una orden. Así entonces, en aquellos casos en que exista una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, la calidad de autoridad responsable ejecutora no corresponde a su Director, pues no materializa el acto judicial. Es así, porque el acto consistente en la diligencia de emplazamiento solamente es atribuible a quien la practicó, esto es, al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos *******. En consecuencia, al no haber sido señalado con tal carácter a la autoridad en comento y no haberle reclamado el acto de referencia -no obstante que a los quejosos se les dio vista para ello- se actualiza la causa de improcedencia referida, pues esta Juzgadora no puede analizar actos atribuidos a autoridades que no fueron señaladas con la calidad de responsables, como acontece en el presente asunto. Se cita en apoyo de lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, página 73, que establece: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que se le llamó a juicio ni fue oída. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal, volumen IX, enero de 1999, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo a la Novena Época, página 113, del rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento. Por tanto, a pesar de que los quejosos gozan de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, estipulada en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, tal prerrogativa no alcanza para que esta Juzgadora constitucional pueda designar por sí, autoridades en su carácter de responsables, ni adicionar actos que no fueron combatidos. Lo previo es así, pues la figura jurídica de referencia, tiene por objeto perfeccionar, completar o aclarar las deficiencias en que el accionante del amparo haya incurrido al formular sus conceptos de violación en el escrito de demanda -o incluso formularlos ante la ausencia de éstos- pero sujetándose estrictamente a los actos y autoridades responsables, sin poder adicionar por sí, esto es, unilateralmente, unos u otros. Debido a que el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, como dispone el artículo 6° de la Ley de Amparo, es claro que le corresponde al solicitante del amparo colmar los requisitos a fin de que se integre debidamente la litis constitucional, entre ellos, el señalamiento preciso de las autoridades que participaron en la realización de los actos reclamados, así como la designación de éstos últimos; lo que se corrobora con el hecho de que, ante el evento consistente en que el juzgador federal advierta que ciertos aspectos no son impugnados, se le dé la oportunidad al promovente del amparo de que amplíe su demanda en cuanto a ello y se le otorgue el plazo acotado en la Ley de Amparo para hacerlo, tal como ocurrió en el presente caso; pero ello no llega al extremo de llamarla oficiosamente a juicio, ni de designar motu proprio actos novedosos. Así, como ya se precisó, este juzgado previno a los quejosos para que manifestaran si era su deseo ampliar la demanda respecto a la diligencia de emplazamiento que practicó el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos *******, con sede en esta ciudad; apercibiéndolos de que, de no hacerlo, se continuaría el trámite de este asunto en los términos propuestos en la demanda de amparo; por lo que, al no desahogar esa prevención, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, mediante auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, tal como corresponde. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 8/98, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, de enero de 1998, página 94, del tenor siguiente: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR. OMISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DE ALGUNAS DE LAS AUTORIDADES QUE INTERVINIERON EN LOS ACTOS RECLAMADOS. Al resolver el Pleno de este Alto Tribunal la contradicción de tesis 27/96, determinó que debía seguir prevaleciendo la jurisprudencia sustentada por la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 30/96 (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, del mes de junio de mil novecientos noventa y seis, páginas doscientos cincuenta y doscientos cincuenta y uno), bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.". Ahora bien, siguiendo tal criterio, debe considerarse que si la persona extraña a juicio, al promover su demanda de amparo, o bien, al formular la ampliación a la misma, no señala a las autoridades que participaron en los actos reclamados, concurriendo a la afectación de su interés jurídico, y que por ello resultan responsables, el Juez de Distrito debe prevenir a la parte quejosa para que regularice su demanda, en el entendido de que si el Juez omite efectuar dicha prevención, incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que debe ser corregida por el tribunal revisor, ordenándose la reposición del procedimiento, con fundamento en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo. De igual forma, la tesis XX.46 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, volumen II, de noviembre de 1995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo a la Novena Época, página 608, cuyo rubro y texto es el siguiente: SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA DE AMPARO. NO LLEGA AL GRADO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO TENGA QUE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE NO LE FUE SEÑALADA COMO RESPONSABLE, LA. Si bien es cierto que el emplazamiento a juicio es una cuestión de orden público y que como consecuencia los jueces tienen la obligación de analizarlo oficiosamente, porque de efectuarse en forma contraria a las disposiciones legales constituiría la violación procesal de mayor trascendencia; también lo es, que la suplencia de la queja en materia de amparo, no llega al grado de que el juez de Distrito, tenga que llamar a juicio a una autoridad que no le fue señalada como responsable en la demanda de garantías, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos, ya que es a la parte quejosa a quien corresponde hacer ese señalamiento, porque así lo dispone expresamente el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los ordinales 6° y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el sobreseimiento decretado deberá hacerse extensivo por lo que respecta a la sentencia definitiva, así como los diversos actos subsecuentes, toda vez que no se impugnaron por vicios propios, sino como una consecuencia derivada de la falta de emplazamiento. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******* y *******, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en este asunto, por las razones esgrimidas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se desprende que en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa por un plazo de quince días, con el fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda, respecto al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de Este Distrito Judicial Bravos, *******. Ahora de la certificación de cuenta, se infiere que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en el término concedido para el efecto citado en el párrafo precedente; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y se ordena continuar con la tramitación del presente juicio de amparo en los términos planteados en el escrito inicial de demanda; de conformidad con los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica a las partes y en línea a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que, para el día de hoy, se encuentra señalada la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días, otorgado a la parte quejosa, en auto de diecinueve de mayo del año en curso, a efecto de que, si es su deseo, amplíe demanda de amparo. Diferimiento de audiencia En consecuencia, ante la imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional y para dar margen a lo anterior, se difiere su celebración y se señalan las doce horas con cincuenta minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés. Notificación por lista electrónica a las autoridades responsables Los acuerdos de trámite de menor trascendencia se notificaran por lista a las partes, entre ellas a la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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