Oscar Eleazar Marín Granados
Expediente 275/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 275/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Oscar Eleazar Marín Granados
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente haya recurrido el acuerdo por el que se tuvo por desechada la demanda; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. II-. Se ordena archivo. Archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del indicado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del mencionado manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas y la valoración en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
I. Cumple prevención. Téngase por recibido el escrito del licenciado *** y del directo quejoso ***, mediante el cual cumplen con el requerimiento formulado en proveído de dieciséis de febrero del año en curso en los siguientes términos: 1. El licenciado ***, bajo protesta de decir verdad manifiesto ser abogado defensor de directo quejoso ***. 2. EL directo quejoso ***, precisó que le causa perjuicio lo determinado el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, por la Juez Primera Especializada en Materia Familiar de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal, en la audiencia de suspensión condicional de proceso en los autos de la causa penal ***, donde se le impuso como requisito, entre otros, frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; asimismo, indica los antecedentes del acto reclamado, en términos del artículo 195 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales. II. Decisión sobre la instancia constitucional. * Desechamiento. Luego, del análisis del escrito inicial de demanda, así como del que se provee, se advierte que la demanda de amparo es improcedente y debe desecharse por las siguientes consideraciones. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, tiene aplicación por identidad de razón la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, así como se su escrito aclaratorio; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En el caso, esta Juzgadora advierte que, respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Se afirma lo anterior, en virtud de que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso ordinario o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Es decir, antes de promover la demanda de amparo, los agraviados deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los quejosos deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. En este sentido, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación. En el presente caso, el promovente de amparo reclamó lo determinado por la Jueza Especializada en Materia Familiar de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal, en la audiencia de suspensión condicional de proceso, celebrada el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en los autos de la causa penal ***, instruida en su contra por el delito de ultrajes a la moral pública, previsto en el artículo 287 del Código penal del Estado de Durango. Audiencia en la que para poder acceder a la suspensión condicional del proceso, entre otras medidas, se le impuso la contemplada en la fracción IV del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, misma que se hizo consistir en que el quejoso debe abstenerse de frecuentar el domicilio ubicado en calle ***. Sin embargo la suspensión condicional del proceso constituye un acto que puede impugnar en sede ordinaria, conforme a lo que dispone el artículo 467, en su fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tal precepto jurídico se establece como un derecho de las partes, la posibilidad de impugnar por sí o por medio de sus representantes, diversas determinaciones del Juez de Control, entre las que se encuentra, el acto que por esta vía se reclama. En efecto, dicho artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba." Del citado numeral, específicamente de la fracción VIII, se colige que es procedente el recurso de apelación contra la resolución del Juez de Control en la que conceda, niegue o revoque la suspensión condicional del proceso. Por tanto, si en el caso, acto reclamado lo constituye la determinación del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, que concedió la suspensión condicional del proceso y para ello se le impuso la obligación de abstenerse de frecuentar el domicilio ubicado en calle ***, es inconcuso que previo a instar el juicio de derechos fundamentales, la parte impetrante tenía la obligación de agotar dicho medio de impugnación, mediante el cual la resolución reclamada puede ser revocada, modificada o confirmada. Sin que en el caso concreto, se actualice alguno de los supuestos de excepción a que se refiere el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 del Carta Magna. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, ni de un auto de vinculación a proceso, o resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; de una orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, porque ya se encuentra sujeto a un proceso penal, en el que incluso en la propia fecha (treinta y uno de enero de dos mil veintitrés), se dictó auto de vinculación a proceso por el delito de referido, ni se trata de una sentencia definitiva en el proceso penal. El promovente de amparo no es extraño al procedimiento de donde emana el acto reclamado; ni la procedencia del recurso de apelación se sujeta a interpretación adicional. De tal manera, el juicio de amparo resulta improcedente porque la parte quejosa no impugnó la resolución reclamada a través del recurso de apelación, previo a acudir al amparo, por lo que no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Encuentra aplicación a lo anterior la tesis siguiente: "Registro digital: 2025859 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materia(s): Común, Penal Tesis: I.8o.P.2 P (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Enero de 2023, Tomo VI, página 6644 Tipo: Aislada RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, CUANDO EL QUEJOSO NO SE ENCUENTRE SUJETO A UNA MEDIDA CAUTELAR RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD. Hechos: El Juez de Control declaró improcedente la solicitud de suspensión condicional del proceso formulada por un imputado vinculado a proceso, al que se le impusieron las medidas cautelares consistentes en la prohibición de concurrir al domicilio de las víctimas y de comunicarse con éstas; determinación que la parte quejosa señaló como acto reclamado en la vía constitucional y respecto de la cual la Jueza de Distrito, al considerar que se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, relativa a los actos reclamados que afectan la libertad personal del quejoso, estimó que el juicio de amparo era procedente. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es el medio de defensa idóneo para impugnar la negativa de la suspensión condicional del proceso, por lo que la parte quejosa (no sujeta a una medida cautelar restrictiva de la libertad) debe agotarlo, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: La fracción VIII del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que serán apelables las resoluciones emitidas por el Juez de Control que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso, por lo que si el quejoso insta la vía constitucional sin agotar dicho medio de defensa, el juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad contenidas en dicho dispositivo, ni siquiera la relativa a que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, cuando éste no se encuentre privado de la libertad, pues la negativa de la suspensión condicional del proceso no puede tener como consecuencia que continúe recluido o afectado de la misma. Asimismo, el hecho de que esté obligado a comparecer en los plazos o fechas indicadas las veces que resulte necesario para garantizar el seguimiento del proceso penal -lo cual podría considerarse una afectación a su libertad personal- no deriva directa ni indirectamente de tal negativa, sino del auto de vinculación a proceso dictado en su contra. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 92/2022. 26 de mayo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Isaac Lagunes Leano. Secretario: David Alonzo Mendoza. Amparo en revisión 173/2022. 11 de agosto de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Isaac Lagunes Leano. Secretario: David Alonzo Mendoza. Esta tesis se publicó el viernes 27 de enero de 2023 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia que para tal efecto se inserta. "Registro digital: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002, página 902 Tipo: Jurisprudencia AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 3366/98. Sociedad Cooperativa de Transportes "Transportadora de Productos Derivados del Petróleo 24 de Febrero", S.C.L. 28 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. Amparo en revisión (improcedencia) 560/2000. Rubén Martínez Estrella y otra. 14 de abril de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Alfonso Avianeda Chávez. Amparo en revisión 5576/99. Grupo Empresarial Real, S.A. de C.V. y otras. 28 de abril de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Alfonso Avianeda Chávez. Amparo en revisión (improcedencia) 1666/2001. Andamios Atlas, S.A. de C.V. 17 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio Ignacio Cruz Carmona. Amparo en revisión (improcedencia) 926/2002. Grupo Tribasa, S.A. de C.V. 5 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: César Cárdenas Arroyo." En consecuencia, como el quejoso no impugnó el acto que reclama, mediante el recurso de apelación previsto por el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; procede desechar de plano la demanda promovida por el quejoso ***. Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO: PARTE QUEJOSA. AUTO DE UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES. I. Cumple prevención. Téngase por recibido el escrito del licenciado *** y del directo quejoso ***, mediante el cual cumplen con el requerimiento formulado en proveído de dieciséis de febrero del año en curso en los siguientes términos: 1. El licenciado ***, bajo protesta de decir verdad manifiesto ser abogado defensor de directo quejoso ***. 2. EL directo quejoso ***, precisó que le causa perjuicio lo determinado el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, por la Juez Primera Especializada en Materia Familiar de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal, en la audiencia de suspensión condicional de proceso en los autos de la causa penal ***, donde se le impuso como requisito, entre otros, frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; asimismo, indica los antecedentes del acto reclamado, en términos del artículo 195 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales. II. Decisión sobre la instancia constitucional. * Desechamiento. Luego, del análisis del escrito inicial de demanda, así como del que se provee, se advierte que la demanda de amparo es improcedente y debe desecharse por las siguientes consideraciones. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, tiene aplicación por identidad de razón la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, así como se su escrito aclaratorio; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En el caso, esta Juzgadora advierte que, respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Se afirma lo anterior, en virtud de que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso ordinario o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Es decir, antes de promover la demanda de amparo, los agraviados deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los quejosos deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. En este sentido, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación. En el presente caso, el promovente de amparo reclamó lo determinado por la Jueza Especializada en Materia Familiar de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal, en la audiencia de suspensión condicional de proceso, celebrada el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en los autos de la causa penal ***, instruida en su contra por el delito de ultrajes a la moral pública, previsto en el artículo 287 del Código penal del Estado de Durango. Audiencia en la que para poder acceder a la suspensión condicional del proceso, entre otras medidas, se le impuso la contemplada en la fracción IV del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, misma que se hizo consistir en que el quejoso debe abstenerse de frecuentar el domicilio ubicado en calle ***. Sin embargo la suspensión condicional del proceso constituye un acto que puede impugnar en sede ordinaria, conforme a lo que dispone el artículo 467, en su fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tal precepto jurídico se establece como un derecho de las partes, la posibilidad de impugnar por sí o por medio de sus representantes, diversas determinaciones del Juez de Control, entre las que se encuentra, el acto que por esta vía se reclama. En efecto, dicho artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba." Del citado numeral, específicamente de la fracción VIII, se colige que es procedente el recurso de apelación contra la resolución del Juez de Control en la que conceda, niegue o revoque la suspensión condicional del proceso. Por tanto, si en el caso, acto reclamado lo constituye la determinación del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, que concedió la suspensión condicional del proceso y para ello se le impuso la obligación de abstenerse de frecuentar el domicilio ubicado en calle ***, es inconcuso que previo a instar el juicio de derechos fundamentales, la parte impetrante tenía la obligación de agotar dicho medio de impugnación, mediante el cual la resolución reclamada puede ser revocada, modificada o confirmada. Sin que en el caso concreto, se actualice alguno de los supuestos de excepción a que se refiere el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 del Carta Magna. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, ni de un auto de vinculación a proceso, o resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; de una orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, porque ya se encuentra sujeto a un proceso penal, en el que incluso en la propia fecha (treinta y uno de enero de dos mil veintitrés), se dictó auto de vinculación a proceso por el delito de referido, ni se trata de una sentencia definitiva en el proceso penal. El promovente de amparo no es extraño al procedimiento de donde emana el acto reclamado; ni la procedencia del recurso de apelación se sujeta a interpretación adicional. De tal manera, el juicio de amparo resulta improcedente porque la parte quejosa no impugnó la resolución reclamada a través del recurso de apelación, previo a acudir al amparo, por lo que no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Encuentra aplicación a lo anterior la tesis siguiente: "Registro digital: 2025859 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materia(s): Común, Penal Tesis: I.8o.P.2 P (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Enero de 2023, Tomo VI, página 6644 Tipo: Aislada RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, CUANDO EL QUEJOSO NO SE ENCUENTRE SUJETO A UNA MEDIDA CAUTELAR RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD. Hechos: El Juez de Control declaró improcedente la solicitud de suspensión condicional del proceso formulada por un imputado vinculado a proceso, al que se le impusieron las medidas cautelares consistentes en la prohibición de concurrir al domicilio de las víctimas y de comunicarse con éstas; determinación que la parte quejosa señaló como acto reclamado en la vía constitucional y respecto de la cual la Jueza de Distrito, al considerar que se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, relativa a los actos reclamados que afectan la libertad personal del quejoso, estimó que el juicio de amparo era procedente. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es el medio de defensa idóneo para impugnar la negativa de la suspensión condicional del proceso, por lo que la parte quejosa (no sujeta a una medida cautelar restrictiva de la libertad) debe agotarlo, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: La fracción VIII del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que serán apelables las resoluciones emitidas por el Juez de Control que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso, por lo que si el quejoso insta la vía constitucional sin agotar dicho medio de defensa, el juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad contenidas en dicho dispositivo, ni siquiera la relativa a que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, cuando éste no se encuentre privado de la libertad, pues la negativa de la suspensión condicional del proceso no puede tener como consecuencia que continúe recluido o afectado de la misma. Asimismo, el hecho de que esté obligado a comparecer en los plazos o fechas indicadas las veces que resulte necesario para garantizar el seguimiento del proceso penal -lo cual podría considerarse una afectación a su libertad personal- no deriva directa ni indirectamente de tal negativa, sino del auto de vinculación a proceso dictado en su contra. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 92/2022. 26 de mayo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Isaac Lagunes Leano. Secretario: David Alonzo Mendoza. Amparo en revisión 173/2022. 11 de agosto de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Isaac Lagunes Leano. Secretario: David Alonzo Mendoza. Esta tesis se publicó el viernes 27 de enero de 2023 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia que para tal efecto se inserta. "Registro digital: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002, página 902 Tipo: Jurisprudencia AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 3366/98. Sociedad Cooperativa de Transportes "Transportadora de Productos Derivados del Petróleo 24 de Febrero", S.C.L. 28 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. Amparo en revisión (improcedencia) 560/2000. Rubén Martínez Estrella y otra. 14 de abril de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Alfonso Avianeda Chávez. Amparo en revisión 5576/99. Grupo Empresarial Real, S.A. de C.V. y otras. 28 de abril de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Alfonso Avianeda Chávez. Amparo en revisión (improcedencia) 1666/2001. Andamios Atlas, S.A. de C.V. 17 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio Ignacio Cruz Carmona. Amparo en revisión (improcedencia) 926/2002. Grupo Tribasa, S.A. de C.V. 5 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: César Cárdenas Arroyo." En consecuencia, como el quejoso no impugnó el acto que reclama, mediante el recurso de apelación previsto por el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; procede desechar de plano la demanda promovida por el quejoso ***. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós, se ordenó su archivo como asunto totalmente concluido. Devolución de anexos Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que obren las copias certificadas que se formaron en dos anexos, que remitió la autoridad responsable Juez Tercero de lo Mercantil en esta ciudad, como complemento a su informe con justificación, devuélvanse las mismas a dicha autoridad; sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remitan, resulta apta para acreditar su recepción. Notifíquese.
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