Oscar Daniel Chavez Rios

Expediente 483/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 38 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
483/2020
Año
2020
Actuaciones
38
Última actuación
08/04/2022

Partes del expediente

  • Oscar Daniel Chavez Rios
  • Oscar Daniel Chavez Rios y Otros.
  • Juez Segundo de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Vistos los autos de cuenta, se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia dictada en este juicio ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En el caso concreto**** por derecho propio, reclamó de la Jueza Segunda de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, lo siguiente: "4.- ACTOS RECLAMADOS. PRIMERO.- Del C. Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, reclamo el auto de fecha dieciocho de julio de dos mil veinte, mediante el cual me fue dictado la medida cautelar de prisión preventiva prevista en el artículo 155 fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los autos de la Causa Penal 785/2020, como presunto responsable del delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 194, 195, 196 fracción IV, 197 fracciones I y II y 198 fracción VI del Código Penal para el estado de Durango, cometido en agravio de la persona moral **** SEGUNDO.- De la C. Juez Segundo de Control del Primer distrito judicial reclamo el auto de fecha dieciocho de julio de dos mil veinte, mediante el cual me fue dictado auto de vinculación a proceso, como presunto responsable del delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 194, 195, 196 fracción IV, 197 fracciones I y II y 198 fracción VI del Código Penal para el estado de Durango, cometido en agravio de la persona moral ****" (transcripción literal) El quince de febrero de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó el presente juicio de garantías y, por otra, se concedió la tutela federal para los efectos siguientes: "[.] Por tanto, ante las diversas violaciones a las formalidades del procedimiento antes indicadas, procede conceder el amparo solicitado para que el juez de control responsable: a) Que la Jueza Segunda de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, reponga el procedimiento a partir de la inicial de formulación de imputación celebrada el dieciocho de julio de dos mil veinte, únicamente contra el imputado por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de robo agravado. En la inteligencia que no deberá permitirse al agente del Ministerio Público modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primera imputación, en observancia a los principios de non reformatio in peius y de igualdad de las partes. Ello, a fin de no contravenir el criterio jurisprudencial que dice: "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el principio de inmediación, el que comprende que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. A través de este principio se pretende que el juez esté en contacto permanente con las partes durante el desarrollo de su intervención en cualquier audiencia, puesto que dicha máxima no tiene aplicación únicamente durante la etapa de enjuiciamiento, sino que debe regir en las audiencias preliminares al juicio. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal, regula bajo la nueva lógica del proceso penal el denominado auto de vinculación a proceso, el que se sitúa en la llamada audiencia inicial, mediante la cual el juzgador establece que hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, pues en él se expresará el delito que se le impute, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, el hecho de que la audiencia en la que el fiscal formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso, sea suspendida a solicitud del imputado cuando se acoja al plazo constitucional del artículo 19 constitucional, no justifica que en su continuación sea un juez distinto al que presenció la imputación y el ejercicio de motivación de los datos de prueba que realizó la fiscalía, quien resuelva la situación jurídica del imputado, porque si a través de sus sentidos el juzgador conoció la formulación de la imputación y los datos de prueba, no sería dable que sea un diverso juez quien resuelva la situación jurídica del imputado, ya que éste no percibió de viva voz las acciones u omisiones que se atribuyen, la declaración del imputado -en su caso- así como la referencia o recepción de los datos de prueba a cargo de la representación social, porque no estuvo en contacto directo con la fuente de la que emanaron. Además, la circunstancia de que sea un mismo juzgador el que conozca de la imputación, los datos de prueba y resuelva la vinculación, al tratarse de actos procesales íntimamente relacionados, implica transparentar la toma de decisiones, en la medida en que ese juez será quien conozca totalmente la información sobre la que tomará la determinación de vincular o no a proceso, lo que reducirá el riesgo del error judicial. Actuar en contrario, podría trastocar los principios de continuidad y concentración, pues el objetivo es que la audiencia inicial tenga una secuencia lógica y se verifique en el menor tiempo posible, a fin de que el resolutor, por el poco tiempo transcurrido, tenga presente la totalidad de los argumentos de las partes y los datos de prueba, porque serán precisamente éstos los que le sirvan para fundar y motivar adecuadamente su determinación b) Por consiguiente, señale fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial de formulación y solicitud de vinculación, verificando que el imputado de mérito conozcan completamente sus derechos fundamentales dentro del proceso penal, esto es, se los dé a conocer y, de ser necesario, les explique su alcance, haciendo constar en la audiencia dicha circunstancia, antes de conceder el uso de la voz al agente del Ministerio Público para que proceda a formularle imputación, observando en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento; y, c) Celebre dicha diligencia en la cual el Representante Social exponga de manera oral los datos de prueba en los términos que ya quedaron señalados, permitiendo que dé lectura únicamente a la información que sea de difícil retención mental como pudiera ser cantidades y números, y, d) Una vez hecho lo anterior, continúe con el proceso penal por su cause legal y resuelva con libertad de jurisdicción sobre la vinculación o no a proceso de la imputada. Encuentra apoyo a lo anterior, la tesis I.8º.P.13 P (10ª.) que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE ADVIERTE ALGUNA VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES QUE DEBA SER REPARADA POR EL JUEZ DE CONTROL, PROCEDE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, A FIN DE QUE SE DEJE PARCIALMENTE SIN EFECTOS LA AUDIENCIA INICIAL. De los artículos 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, 307, párrafo primero, 334, 348 y 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el sistema procesal penal acusatorio y oral se diseñó bajo una metodología de audiencias, las cuales tienen como finalidad solventar las cuestiones relativas a las etapas procesales que comprende el procedimiento penal; de manera que las audiencias inicial, intermedia y de debate, al estar directamente relacionadas con las etapas de investigación, intermedia o de preparación a juicio y de juicio, respectivamente, comparten su principal característica, consistente en que el orden que guardan no es casual, sino que coordina una serie de actos que se relacionan o entrelazan entre sí, necesarios para alcanzar los fines del procedimiento. Lo anterior, también permea en los temas que se resuelven en cada una de dichas audiencias, en razón de que pertenecen a la misma dinámica procesal; de ahí que el orden en que el numeral 307 invocado establece los temas que en la audiencia inicial se abordarán, es decir, la información al indiciado sobre sus derechos, el control de la detención, la formulación de la imputación, la oportunidad de declarar del imputado, la vinculación a proceso, las medidas cautelares y el plazo para el cierre de la investigación, tampoco es accidental, pues obedece al desarrollo lógico jurídico de aquéllos, en el que guardan una relación de interdependencia progresiva, dado que el sentido de la determinación adoptada en relación con cada uno de esos temas, constituye el sustento del siguiente y, por ende, una vez superado el anterior, queda consumada la actuación practicada en éste; de lo que se sigue que la actuación posterior puede modificarse sin afectar a la anterior, pero no a la inversa. En ese sentido, si en el juicio de amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso, se advierte alguna violación a derechos fundamentales que deba ser reparada por el Juez de control y, aun en suplencia de la queja, no se aprecia otra transgresión en los diversos temas que previamente se dilucidaron, procede que, para restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos, se ordene la reposición del procedimiento a fin de que se deje parcialmente sin efectos la audiencia inicial, a partir del dictado de dicha resolución, pues las actuaciones practicadas con anterioridad no se afectan, si se dejan insubsistentes las posteriores" Es menester precisar que el presente fallo no prejuzga sobre los datos que derivan de los antecedentes de la investigación para establecer si se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, ni sobre la posibilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, puesto que la reposición de las etapas del procedimiento en los términos indicados, implica un obstáculo para emprender dicho análisis de fondo, por lo que quedan expeditas las facultades del Juez de Control responsable para resolver con plenitud de jurisdicción lo que conforme a derecho corresponda[.]" En la inteligencia que, para verificar el puntual cumplimiento al fallo protector de derechos fundamentales, es necesario atender tanto a las consideraciones y lineamentos contenidos en la propia ejecutoria de amparo, como a los efectos precisados en la misma. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 75/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 627, Libro 12, Noviembre de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo" En auto de diez de marzo de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. El responsable Juez Segundo de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante oficio ******************** de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, acompañó la resolución de imposición de medida cautelar, en la que declaró que dicho imputado permanecería en prisión preventiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 155, fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, misma que estará vigente el tiempo que dure el procedimiento de origen. Igualmente, acompañó resolución de vinculación a proceso de diecisiete del propio mes y año, en la que subsanó la violación reclamada por el quejoso y, la emitió conforme a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo. Con dicho oficio se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que haya efectuado manifestación al respecto. En mérito de lo anterior, si los efectos de la sentencia de amparo fueron precisamente para que la Jueza responsable, repusiera el procedimiento a partir de la audiencia inicial de formulación de imputación celebrada el dieciocho de julio de dos mil veinte, únicamente contra el imputado y, una vez hecho lo anterior, siguiera el procedimiento por sus cauces legales, lo que dicha autoridad realizó; es evidente que se cumplió con lo ordenado en la sentencia concesoria de amparo, sin que se advierta que dicha autoridad incurriera en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que el presente juicio, concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda, sentencia, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y la definitiva. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del multireferido Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Como está ordenado en autos el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    CITATORIO: DEFENSOR PÚBLICO PENAL ADSCRITO A LAS SALAS DE JUICIO ORAL DE LA PARTE QUEJOSA. AVISO: PARTE TERCERO INTERESADA. PROVEÍDO 08-ABRIL-2022 Vistos los autos de cuenta, se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia dictada en este juicio ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En el caso concreto**** por derecho propio, reclamó de la Jueza Segunda de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, lo siguiente: "4.- ACTOS RECLAMADOS. PRIMERO.- Del C. Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, reclamo el auto de fecha dieciocho de julio de dos mil veinte, mediante el cual me fue dictado la medida cautelar de prisión preventiva prevista en el artículo 155 fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los autos de la Causa Penal 785/2020, como presunto responsable del delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 194, 195, 196 fracción IV, 197 fracciones I y II y 198 fracción VI del Código Penal para el estado de Durango, cometido en agravio de la persona moral **** SEGUNDO.- De la C. Juez Segundo de Control del Primer distrito judicial reclamo el auto de fecha dieciocho de julio de dos mil veinte, mediante el cual me fue dictado auto de vinculación a proceso, como presunto responsable del delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 194, 195, 196 fracción IV, 197 fracciones I y II y 198 fracción VI del Código Penal para el estado de Durango, cometido en agravio de la persona moral ****" (transcripción literal) El quince de febrero de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó el presente juicio de garantías y, por otra, se concedió la tutela federal para los efectos siguientes: "[.] Por tanto, ante las diversas violaciones a las formalidades del procedimiento antes indicadas, procede conceder el amparo solicitado para que el juez de control responsable: a) Que la Jueza Segunda de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, reponga el procedimiento a partir de la inicial de formulación de imputación celebrada el dieciocho de julio de dos mil veinte, únicamente contra el imputado por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de robo agravado. En la inteligencia que no deberá permitirse al agente del Ministerio Público modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primera imputación, en observancia a los principios de non reformatio in peius y de igualdad de las partes. Ello, a fin de no contravenir el criterio jurisprudencial que dice: "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el principio de inmediación, el que comprende que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. A través de este principio se pretende que el juez esté en contacto permanente con las partes durante el desarrollo de su intervención en cualquier audiencia, puesto que dicha máxima no tiene aplicación únicamente durante la etapa de enjuiciamiento, sino que debe regir en las audiencias preliminares al juicio. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal, regula bajo la nueva lógica del proceso penal el denominado auto de vinculación a proceso, el que se sitúa en la llamada audiencia inicial, mediante la cual el juzgador establece que hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, pues en él se expresará el delito que se le impute, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, el hecho de que la audiencia en la que el fiscal formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso, sea suspendida a solicitud del imputado cuando se acoja al plazo constitucional del artículo 19 constitucional, no justifica que en su continuación sea un juez distinto al que presenció la imputación y el ejercicio de motivación de los datos de prueba que realizó la fiscalía, quien resuelva la situación jurídica del imputado, porque si a través de sus sentidos el juzgador conoció la formulación de la imputación y los datos de prueba, no sería dable que sea un diverso juez quien resuelva la situación jurídica del imputado, ya que éste no percibió de viva voz las acciones u omisiones que se atribuyen, la declaración del imputado -en su caso- así como la referencia o recepción de los datos de prueba a cargo de la representación social, porque no estuvo en contacto directo con la fuente de la que emanaron. Además, la circunstancia de que sea un mismo juzgador el que conozca de la imputación, los datos de prueba y resuelva la vinculación, al tratarse de actos procesales íntimamente relacionados, implica transparentar la toma de decisiones, en la medida en que ese juez será quien conozca totalmente la información sobre la que tomará la determinación de vincular o no a proceso, lo que reducirá el riesgo del error judicial. Actuar en contrario, podría trastocar los principios de continuidad y concentración, pues el objetivo es que la audiencia inicial tenga una secuencia lógica y se verifique en el menor tiempo posible, a fin de que el resolutor, por el poco tiempo transcurrido, tenga presente la totalidad de los argumentos de las partes y los datos de prueba, porque serán precisamente éstos los que le sirvan para fundar y motivar adecuadamente su determinación b) Por consiguiente, señale fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial de formulación y solicitud de vinculación, verificando que el imputado de mérito conozcan completamente sus derechos fundamentales dentro del proceso penal, esto es, se los dé a conocer y, de ser necesario, les explique su alcance, haciendo constar en la audiencia dicha circunstancia, antes de conceder el uso de la voz al agente del Ministerio Público para que proceda a formularle imputación, observando en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento; y, c) Celebre dicha diligencia en la cual el Representante Social exponga de manera oral los datos de prueba en los términos que ya quedaron señalados, permitiendo que dé lectura únicamente a la información que sea de difícil retención mental como pudiera ser cantidades y números, y, d) Una vez hecho lo anterior, continúe con el proceso penal por su cause legal y resuelva con libertad de jurisdicción sobre la vinculación o no a proceso de la imputada. Encuentra apoyo a lo anterior, la tesis I.8º.P.13 P (10ª.) que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE ADVIERTE ALGUNA VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES QUE DEBA SER REPARADA POR EL JUEZ DE CONTROL, PROCEDE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, A FIN DE QUE SE DEJE PARCIALMENTE SIN EFECTOS LA AUDIENCIA INICIAL. De los artículos 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, 307, párrafo primero, 334, 348 y 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el sistema procesal penal acusatorio y oral se diseñó bajo una metodología de audiencias, las cuales tienen como finalidad solventar las cuestiones relativas a las etapas procesales que comprende el procedimiento penal; de manera que las audiencias inicial, intermedia y de debate, al estar directamente relacionadas con las etapas de investigación, intermedia o de preparación a juicio y de juicio, respectivamente, comparten su principal característica, consistente en que el orden que guardan no es casual, sino que coordina una serie de actos que se relacionan o entrelazan entre sí, necesarios para alcanzar los fines del procedimiento. Lo anterior, también permea en los temas que se resuelven en cada una de dichas audiencias, en razón de que pertenecen a la misma dinámica procesal; de ahí que el orden en que el numeral 307 invocado establece los temas que en la audiencia inicial se abordarán, es decir, la información al indiciado sobre sus derechos, el control de la detención, la formulación de la imputación, la oportunidad de declarar del imputado, la vinculación a proceso, las medidas cautelares y el plazo para el cierre de la investigación, tampoco es accidental, pues obedece al desarrollo lógico jurídico de aquéllos, en el que guardan una relación de interdependencia progresiva, dado que el sentido de la determinación adoptada en relación con cada uno de esos temas, constituye el sustento del siguiente y, por ende, una vez superado el anterior, queda consumada la actuación practicada en éste; de lo que se sigue que la actuación posterior puede modificarse sin afectar a la anterior, pero no a la inversa. En ese sentido, si en el juicio de amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso, se advierte alguna violación a derechos fundamentales que deba ser reparada por el Juez de control y, aun en suplencia de la queja, no se aprecia otra transgresión en los diversos temas que previamente se dilucidaron, procede que, para restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos, se ordene la reposición del procedimiento a fin de que se deje parcialmente sin efectos la audiencia inicial, a partir del dictado de dicha resolución, pues las actuaciones practicadas con anterioridad no se afectan, si se dejan insubsistentes las posteriores" Es menester precisar que el presente fallo no prejuzga sobre los datos que derivan de los antecedentes de la investigación para establecer si se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, ni sobre la posibilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, puesto que la reposición de las etapas del procedimiento en los términos indicados, implica un obstáculo para emprender dicho análisis de fondo, por lo que quedan expeditas las facultades del Juez de Control responsable para resolver con plenitud de jurisdicción lo que conforme a derecho corresponda[.]" En la inteligencia que, para verificar el puntual cumplimiento al fallo protector de derechos fundamentales, es necesario atender tanto a las consideraciones y lineamentos contenidos en la propia ejecutoria de amparo, como a los efectos precisados en la misma. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 75/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 627, Libro 12, Noviembre de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo" En auto de diez de marzo de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. El responsable Juez Segundo de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante oficio ******************** de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, acompañó la resolución de imposición de medida cautelar, en la que declaró que dicho imputado permanecería en prisión preventiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 155, fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, misma que estará vigente el tiempo que dure el procedimiento de origen. Igualmente, acompañó resolución de vinculación a proceso de diecisiete del propio mes y año, en la que subsanó la violación reclamada por el quejoso y, la emitió conforme a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo. Con dicho oficio se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que haya efectuado manifestación al respecto. En mérito de lo anterior, si los efectos de la sentencia de amparo fueron precisamente para que la Jueza responsable, repusiera el procedimiento a partir de la audiencia inicial de formulación de imputación celebrada el dieciocho de julio de dos mil veinte, únicamente contra el imputado y, una vez hecho lo anterior, siguiera el procedimiento por sus cauces legales, lo que dicha autoridad realizó; es evidente que se cumplió con lo ordenado en la sentencia concesoria de amparo, sin que se advierta que dicha autoridad incurriera en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que el presente juicio, concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda, sentencia, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y la definitiva. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del multireferido Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Como está ordenado en autos el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CITATORIO: DEFENSOR PÚBLICO DE LA PARTE QUEJOSA. AVISO: PARTE TERCERO INTERESADA. PROVEÍDO 22-MARZO-2022 Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y sus anexos, que remite el Juez Vigésimo Primero de Control del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en esas condiciones, previamente a tener por cumplida la sentencia protectora de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con el oficio y anexo de cuenta, así como con los diversos que obran agregados en acuerdos de quince y diecisiete del presente mes y año, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, expresen lo que a sus derechos convenga; hecho lo anterior, provéase lo conducente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y sus anexos, que remite el Juez Vigésimo Primero de Control del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en esas condiciones, previamente a tener por cumplida la sentencia protectora de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con el oficio y anexo de cuenta, así como con los diversos que obran agregados en acuerdos de quince y diecisiete del presente mes y año, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, expresen lo que a sus derechos convenga; hecho lo anterior, provéase lo conducente. Notifíquese personalmente.

Quedan 34 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · 12,808 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano