Oscar de la Cruz Rodríguez

Expediente 848/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 24 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
848/2020
Año
2020
Actuaciones
24
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Oscar de la Cruz Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Incidental

    mesa 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  2. Principal

    mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación; se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de veinticinco de marzo pasado, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Tabzcoob Bastar Orueta, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. El diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable. Mediante oficio recibido el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, la responsable remitió copia certificada del acta de sesión extraordinaria de veintidós del precitado mes, relacionado con el cumplimiento al fallo protector. Documento al que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo, se otorgó la protección de la justicia federal al quejoso para que la autoridad responsable: Implementara las medidas idóneas y eficaces a fin de que, salvaguardando la salud de los integrantes de dicho órgano jurisdiccional y los justiciables, en torno a la actual contingencia sanitaria provocada por el SARS-CoV2 (COVID-19), permitiera a Tabzcoob Bastar Orueta, parte actora del juicio laboral 768/2010 de su índice, presentar promociones con el fin de impulsar el procedimiento tendente a la ejecución del laudo dictado en el mismo, todo ello con apego a los lineamientos de higiene derivado de la atención a la emergencia sanitaria de mérito. Quedando a criterio de la autoridad en cuestión, la definición de la estrategia y el uso de las herramientas digitales o tecnológicas que le permitieran a la brevedad garantizar el aludido derecho fundamental del aquí quejoso. Con las constancias remitidas, la responsable demostró que, en sesión extraordinaria de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en su punto tercero ordenó aperturar en la oficialía digital de ese órgano jurisdiccional la recepción de documentos y/o promociones de la parte actora, a partir del cinco de los actuales, previa cita realizada en el link http://segobtab.ddns.net/citas. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA 8 En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cuarenta minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Raúl Gamboa Barradas, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 848/2020-8, promovido por Oscar de la Cruz Rodríguez. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta las documentales que acompañó la autoridad responsable Juez de Control de la Región Judicial Cinco de Paraíso, Tabasco, consistente en copia certificada del acta mínima de audiencia privada de veintitrés de septiembre de dos mil veinte (fojas 28 a 30), así como audio y video en formato "DVD", que contiene registro de dicha audiencia, así como las documentales que acompañó a su informe justificado la Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigaciones del Centro de Procuración de Justicia de Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco, consistente en copias certificadas que integran la carpeta de investigación número CI-VG-I-472/2020, las cuales obran a fojas 38 a 119 de autos. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 848/2020-8, promovido por Oscar de la Cruz Rodríguez, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Cinco de Paraíso, Tabasco y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el siete de octubre de dos mil veinte, en buzón la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Oscar de la Cruz Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 "A.- La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas." 2 "B.- De la autoridad señalada C. Fiscal del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Unidad de Investigación del CPJ de la Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco, México, además del acto señalado anteriormente de orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, también se reclama la omisión de acordar las peticiones del suscrito correspondientes del procedimiento que se indica más adelante." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez de Control de la Región Judicial Cinco del municipio de Paraíso, Tabasco. 2 Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación del Centro Penal de Justicia de Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco. 3 Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia de la Villa Vicente Guerrero, del municipio de Centla, Tabasco. 4 Comandante General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia de la Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco. SEGUNDO. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. En auto de ocho de octubre de dos mil veinte, se previno al quejoso para que precisara el acto reclamado en relación al inciso b), esto es, que peticiones había elevado ante el Fiscal responsable, y la fecha de presentación ante dicha autoridad (fojas 9 a 11 de autos). TERCERO. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. Mediante oficio 004/2020-CM de treinta de octubre de dos mil veinte, los titulares de los órganos jurisdiccionales Federales del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, tomaron la decisión de suspender de manera total las actividades jurisdiccionales de cada uno de los órganos a su cargo, al considerar que se actualiza el caso de emergencia a que se refiere la fracción XXIV del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, por lo que declararon inhábil el treinta de octubre de dos mil veinte. CUARTO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El cuatro de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 848/2020-8; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, QUINTO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. En autos de catorce de enero y tres de febrero de dos mil veinte, se ordenó el emplazamiento de la menor tercero interesada de identidad reservada de iniciales B.V.L., por conducto de su madre Blanca Muriel Landero de la Cruz, misma que fue emplazada mediante diligencia de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, la cual obra a foja 189; así mismo, mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de la Fiscal del Ministerio Público Investigador, adscrita al Centro de Procuración de Justicia de la Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco. SEXTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal." En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19". Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signado por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. SÉPTIMO. REACTIVACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno, se reactivó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La orden de aprehensión y detención de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictada en la carpeta administrativa 161/2020, del índice del Juzgado de Control de la Región Judicial Cinco de Paraíso, Tabasco. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco y Jefe de Grupo de la Policía de Investigación adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco (fojas 26 y 175), pues así se advierte del contenido íntegro de su informe justificado; inclusive, a efecto de evidenciar su constitucionalidad, la primera adjuntó copias certificadas del acta mínima de audiencia privada (orden de aprehensión) de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictada en la causa penal 161/2020, un disco versátil digital (DVD), a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por su parte, la Fiscal del Ministerio Público del Área de Investigaciones del Centro de Procuración de Justicia de Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco, negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada, toda vez que se tuvo como cierto el acto reclamado al Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco, y tiene el carácter de autoridad ejecutora. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 56, tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR LAS AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que la autoridad ejecutora por razón de jerarquía tiene obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". Por tanto, debe tenerse por cierto el acto combatido a las responsables. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL RESPECTO AL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. Los conceptos de violación aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente de la demanda, sin que sea necesario transcribirlos, ya que no hay precepto alguno que establezca la obligación de hacerlo, lo cual no trastoca los principios de congruencia y exhaustividad dado que esta juzgador procederá al análisis de los planteamientos de legalidad y constitucionalidad que se hayan expresado. Es aplicable la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Ahora bien, el análisis del asunto que se efectuará en la presente sentencia constitucional, será tomando en consideración los requisitos que ahora señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el libramiento de una orden de aprehensión, donde ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el estudio del acto reclamado se realizará conforme a los antecedentes y datos expuestos por la Agente del Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión y los que fueron ponderados por el Juez responsable, en razón de que el artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere que el Ministerio Público puede solicitar el libramiento de orden de aprehensión del imputado, por cualquier medio que garantice su autenticidad, en el que expondrá ante la autoridad judicial las razones que sustenten su pretensión y, en el caso, esto último fue en forma oral, dentro de audiencia privada con el juez responsable. Por lo que la orden de aprehensión reclamada debe estudiarse únicamente con base en las cuestiones expuestas por la representación social al solicitar tal medida, sin que haya lugar a introducir nuevos temas al respecto. Una vez precisado lo anterior, cabe destacar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo, dice: "Artículo. 16. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." De la interpretación literal del precepto constitucional trascrito se arriba a la conclusión de que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, con el propósito primordial de que el justiciable conozca "el para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en dar a conocer en detalle y de manera completa la esencia de las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, para otorgarle la posibilidad de defenderse en contra de dicho acto. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." En consecuencia, deberá examinarse en el caso a estudio, si se cumplen tales exigencias constitucionales. El numeral 16 de nuestra Carta Magna, impone la obligación de estudiar y analizar si un acto de molestia de autoridad, que se reclame en amparo, contiene o no la motivación que exige el numeral transcrito. Lo que es así en razón de que, para que una determinación de autoridad colme la obligación constitucional en cita, es menester que quien emita el acto plasme en la misma los conceptos en los cuales, a su juicio, se sustenta la concordancia entre la situación jurídica individualizada y la abstracción normativa que le sirvió de fundamento. Sin embargo, no debe caerse en el equívoco de que basta con vaciar ciertas consideraciones para cumplir con la garantía fundamental de motivación, ya que argumentar no equivale a motivar; para que esto último suceda, es indispensable que lo discurrido por la autoridad ponga de manifiesto la congruencia existente entre el caso particular y el supuesto contemplado en la ley aplicada, lo cual requiere, ineludiblemente, razonamientos claros, precisos y directos, tanto para hacer posible la defensa del afectado como el estudio de la resolución. Lo considerado tiene sustento, por identidad de razón, en la tesis XX.102 K, que se lee: "MOTIVACIÓN. TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE SATISFACER EL REQUISITO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional debe existir en todo acto de autoridad (orden de aprehensión, auto de formal prisión, sentencia, etc.), en razón de que debe justificarse la aplicación de las normas jurídicas respectivas precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que la parte afectada con el acto de molestia pueda conocerlo y estar en condiciones de producir o preparar su defensa." En relación con la orden de aprehensión, los artículos 141, 142 y 143 del Código de Nacional de Procedimientos Penales, en su orden, disponen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I.Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II.Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III.Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, o a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De las trascripciones que anteceden, se colige que para el dictado de una orden de aprehensión deben cumplirse como requisitos de forma y fondo, los siguientes: a). Se emita por una autoridad judicial competente. b). Exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. c). Se sancione con pena privativa de la libertad. d) Existan de datos que establezcan que se ha cometido ese hecho que la ley señale como delito y, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión (requisitos de fondo). e) El Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. Hasta aquí el marco referencial. Así, analizados los antecedentes y datos proporcionados por la Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión materia del presente juicio constitucional y lo resuelto por la Juez de Control al respecto, se llega a la conclusión de que la orden de aprehensión reclamada, sí reúne los requisitos previstos por el artículo 16 de la Constitución Federal. En el caso a estudio, el primero de los requisitos se acredita, al advertirse de autos que la orden de aprehensión combatida proviene de autoridad judicial competente, como es la Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco, pues se emitió por un delito cometido intencionalmente, ya que en términos del numeral 20, fracción I, del Código de Nacional de Procedimientos Penales, los órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica, o en su defecto, conforme a los acuerdos expedidos por el Consejo de la Judicatura. Asimismo, resulta competente la juez responsable por versar sobre hechos ocurridos en el poblado Francisco I Madero de Centla, Tabasco, en donde ejerce jurisdicción territorial de conformidad con el artículo 68 de la Ley Orgánica Judicial del Estado de Tabasco, máxime que este juzgado advierte que se actualiza dicha competencia. El segundo de los elementos se justificó con la denuncia presentada por Blanca Muriel Landero de la Cruz, madre de la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales B.V.L.; hechos que de acuerdo con su mecánica y particulares circunstancias, la juez de control ubicó en la hipótesis prevista en el artículo 148 del Código Penal para el Estado de Tabasco, hecho que la ley señale como delito; además esa conducta delictiva por la que se ejerció la acción persecutora, se persigue de oficio. El tercero de los requisitos enlistados se cumple también, en razón que la juez responsable, el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, libró orden de aprehensión contra el quejoso respecto del delito de violación, previsto por el artículo 148 del Código Penal para el Estado de Tabasco, le corresponde pena privativa de libertad de diez a dieciséis años. En cuanto al cuarto requisito que establece el artículo 16 de la Constitución Federal, consistente en que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, así como al quinto requisito enumerado, relativo a que el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela; ameritan estudio aparte, sin embargo, se adelanta que se justifican dichos requisitos, en razón de que este Juzgador Federal los encuentra debidamente fundados y motivados, como a continuación se verá. En el caso, el ilícito que se imputa a los quejosos es el de VIOLACIÓN, previsto por el artículo 148 del Código Penal para el Estado de Tabasco, el cual tiene la siguiente descripción típica: "Articulo 148.- Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de diez a dieciséis años. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo." Ese hecho que la ley señala como el delito de violación, se materializa cuando una persona, por medio de violencia física o moral tenga cópula con persona de cualquier sexo. En la especie, se conviene con la juez de control al librar la orden de aprehensión, pues el agente del Ministerio Público le expuso los datos suficientes que establecen que se cometió ese hecho y que existe la probabilidad de que el imputado quejoso participó en su comisión, como se justifica enseguida. Se cuenta con los siguientes datos de prueba: 1). Denuncia ministerial por comparecencia de ocho de septiembre de dos mil veinte, por Blanca Muriel Landero de la Cruz (madre de la víctima), quien denunció a Oscar de la Cruz Rodríguez; quien, en relación a los hechos denunciados manifestó: ".Que el día ocho de septiembre de dos mil veinte, aproximadamente como a las nueve y media de la mañana, el investigado Oscar de la Cruz Rodríguez, se introdujo en el domicilio ubicado en la entrada a San Martín del poblado Francisco I. Madero, de Centla, Tabasco, que una vez que se introdujo en el interior de dicho domicilio, se dirigió hacia el cuarto donde precisamente se encontraba la víctima B.V.L., quien cuenta con la edad de catorce años, y ésta estaba acostada en una cama que estaba en ese mismo cuarto, en compañía de su hermanito menor de diez años, de identidad reservada con iniciales J.G.V.L., que en ese momento el investigado Oscar de la Cruz Rodríguez, se acercó hacia donde se encontraba acostada la menor víctima, la jaló del pie derecho, la menor se despertó, así como también su hermanito, y vio que el señor Oscar de la Cruz Rodríguez, era quien había jalado su pie derecho y estaba sentado por un mueble que está cerca de la cama; que el señor Oscar de la Cruz, mandó al menor J.G.V.L., a buscar unos chicharrones que le iba a entregar el papá de Oscar de la Cruz Rodríguez, quedándose únicamente la menor con el hoy investigado; que el menor regresó con los chicharrones, pero el investigado Oscar de la Cruz Rodríguez, le dijo si quería unas galletas, que el menor dijo que sí y le dio unas monedas y el menor salió a comprar las galletas; quedándose únicamente la menor víctima B.V.L., y el investigado Oscar de la Cruz Rodríguez, por lo que en ese momento el investigado se acercó hacia la cama donde estaba acostada la menor víctima, se subió, acostándose precisamente en el lado derecho de la víctima, la agarró fuertemente de la cintura, la menor le dijo que no le hiciera daño porque eran primos; sin embargo, el investigado Oscar de la Cruz se levantó rápido de la cama, quiso bajarse de la cama, pero nuevamente Oscar de la Cruz Rodríguez, le dijo que no le iba a hacer daño y que tampoco eran primos; que en esos momentos el investigado no quiso soltarla de la cintura, la menor B.V.L., se levantó de la cama, cuando en ese momento el investigado nuevamente la agarró fuertemente de la cintura, la víctima le pedía que la soltara, pero el investigado con su mano izquierda sujetaba fuertemente la cintura de la menor víctima, y con su mano derecha empezó a bajar su pantalón color negro, y sacó su pene; la menor quiso zafarse del investigado, pero no pudo porque este la tenía sujetada fuertemente de su cintura; después con su mano derecha el investigado Oscar de la Cruz Rodríguez, empezó a quitarle el short que portaba la víctima, con cintura de elástico y así también le quitó su pantaleta color café; que la víctima se defendía para que no le quitara su ropa, después en ese momento de haberle quitado su short y su ropa interior a la víctima, rápidamente el investigado se colocó de rodillas frente a la víctima, le abrió sus piernas y con una sábana que estaba en la cama, le tapó la boca para que ella no gritara, fue en ese momento que se acercó más hacia la víctima, le introdujo su miembro viril en la vagina de la menor; que ella lo empujaba para que la dejara de penetrar, pero el investigado siguió penetrándola, pero la víctima continuaba empujándolo, logrando empujarlo con sus dos manos; que ella se levantó rápido de la cama, quiso bajarse de la cama, pero nuevamente Oscar de la Cruz Rodríguez, la sujetó fuertemente de la cintura, colocando el cuerpo de ella hacia abajo, él se colocó detrás de ella y fue en ese momento que nuevamente introdujo su miembro viril en la vagina de la menor víctima, quien trataba de zafarse de él; sin embargo, no podía porque la tenía fuertemente sujetada de la cintura; que ella le manifestó que le dejara de hacer daño, pero él continuó penetrándola vaginalmente." 2). Entrevista realizada a la menor de identidad reservada de iniciales B.V.L., de diez de septiembre de dos mil veinte, quien refirió que el día ocho de septiembre de dos mil veinte, aproximadamente a las nueve horas con treinta minutos, se encontraba en su domicilio en la entrada a San Martín del Poblado Francisco I. Madero de Centla, Tabasco, y que se encontraba con su hermanito menor de diez años, quien también estaba acostado en su cama, cuando en ese momento sintió que alguien le jaló su pie derecho, que en ese momento se despertó ella y su hermanito. Que al momento de despertar observó que se trataba de su primo Oscar de la Cruz Rodríguez, quien es primo de su mamá Blanca Muriel Landero de la Cruz, que estaba sentado por un mueble que está en el lado izquierdo de la cama y en ese momento ella le preguntó que hacía por ahí, a lo que Oscar de la Cruz Rodríguez, le respondió que porque estaba ayudando a su papá a sembrar maíz, que en ese momento Oscar le dijo a su hermanito que fuera a buscar unos chicharrones y fue que su hermanito salió a buscar los chicharrones; que Oscar le preguntó si extrañaba a su papá y ella le respondió que sí. Que, al regresar su hermanito con los chicharrones, Oscar le preguntó a su hermanito si quería unas galletas, y éste le dijo que sí porque no habían desayunado, por lo que Oscar le dio unas monedas a su hermanito y éste se fue a comprar galletas a la tienda, quedándose únicamente con Oscar, que en ese momento Oscar se subió en la cama donde ella estaba acostada, y se acostó a su lado derecho, que la agarró de la cintura, ella le dijo que la respetara porque eran primos que no hiciera nada, sin embargo Óscar le dijo que no eran primos que no le iba a hacer daño, pero ella en ese momento quiso levantarse de la cama pero esté la agarró fuertemente de la cintura. Ella le pidió a Oscar que la soltara, sin embargo él en ese momento le manifestó que no y con su mano izquierda le sujetaba la cintura, y con su mano derecha de empezó a desabrochar su pantalón y que sacó su pene, que ella en ese momento trataba de zafarse y le pedía a Óscar que la dejara, sin embargo que la agarraba muy fuerte de la cintura, después con su mano derecha empezó a quitarle el short color azul marino que ella portada de cintura de elástico y que le quitó su pantaleta color café, que ella en ese momento empezó a defenderse para que Oscar no le quitará su ropa, pero que no pudo hacer nada, pues Oscar en ese momento rápidamente se colocó frente a ella de rodillas y Óscar le abrió las piernas, y con una sábana que estaba en la cama le tapó la boca para que ella en ese momento me gritara y se acercó hacia ella y fue que le metió su pene en la vagina. Que ella lo empujaba para que no metiera su pene en su vagina, pero que Oscar continuó penetrándola, ella logró empujar a Óscar con sus dos manos, se levantó de la cama y quiso bajarse de la cama, sin embargo Oscar la sujeto fuertemente con sus dos manos en la cintura de ella colocando su cuerpo hacia abajo, y Óscar se colocó detrás de ella, y fue que, nuevamente introdujo su pene en su vagina, pero que ella le pedía que la soltará, que no le hiciera daño, pero Oscar continuó penetrándola; que en ese momento, ella escuchó un ruido que venía de la cocina y Oscar se levantó porque estaba encima de ella, esté se subió su pantalón, y ella se tapó con la sabana y se puso a llorar. Que en ese momento su hermanito regresó con las galletas y entró en el cuarto; que ella fue al baño y observó que estaba sangrando su vagina, y que esos hechos se los comentó a su mamá Blanca Muriel Landero de la Cruz, lo que su primo Oscar de la Cruz Rodríguez le había hecho. 3. Acta de acta de nacimiento número 670 con fecha de registro 22 de junio del año 2007, expedida por Patricia del Carmen, quien es la Directora General del Registro Civil de Tabasco, con lo que se acreditó que al momento de los hechos la víctima es menor de edad. 4). Dictamen ginecológico y proctológico, realizado a la menor de iniciales B.V.L., practicado por la Doctora Cristina Pugliesse Montes, emitido mediante oficio 2372/2020, de nueve de septiembre de dos mil veinte, quien al momento de explorar ginecológicamente a la menor víctima, encontró en ella que tiene edema en los labios menores, que la horquilla bulbar, clítoris y el meato urinario se encuentran edema tizados, que el encroito vaginal regularmente es de un centímetro de diámetro mayor se encuentra en ese momento de la exploración de dos punto centímetros de su diámetro mayor, el himen es del tipo color forme, integro con presencia de bordes edematosos y equimoticos, y en introito vaginal lo encuentra edematoso y equimotivo, y concluye que tiene un himen de la variedad elástico, tipo coloriforme. 5). Dictamen psicológico físico-sexual realizado a la víctima de identidad reservada de iniciales B.V.L., mediante oficio 175/2020, de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, signado por el psicólogo Ronny Gabriel López Velázquez, perito adscrito a la Fiscalía General del Estado, en el que destaca que se encuentra afectada por los hechos denunciados, encontró en la menor víctima un estado emocional afectado, con indicadores que enfrenta un ambiente hostil y abrumador, que se encuentra desvalorizada, con ansiedad alta, con nerviosismo, preocupación de amenaza por un peligro inminente, con rasgos depresivos por situaciones estresantes y los atribuye a los hechos vividos por la agresión sexual, concluyendo que requiere un tratamiento terapéutico por un espacio de cuatro meses. 6). Inspección ocular realizada por el policía de investigación Uriel Gerónimo Hernández, de diez de septiembre de dos mil veinte, en el lugar de los hechos, anexando fijaciones fotográficas del lugar, quien se constituyó en el domicilio de la víctima ubicado en la entrada a San Martín del poblado Francisco I. Madero de Centla, Tabasco, en donde constató que existe una casa de mampostería con ventanas de aluminio negro y ventana de madera en color blanco, que en el interior de la casa refiere que hay dos divisiones, y una de ellas es en donde se encuentra la habitación en donde ocurre el evento, y ahí en el interior de la habitación existen dos camas de cedro, señalando que a un costado de la cama que es de tipo King size se encuentra un mueble (sofá); inspección que fue acompañada de cinco fijaciones fotográficas que es donde se advierten los muebles señalados en dicha inspección. Datos de prueba que la juez de control valoró conjuntamente de conformidad con el numeral 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los consideró idóneos y suficientes para revelar que se cometió el hecho que la ley señala como el delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 148 del Código Penal para el Estado de Tabasco; circunstancia con la que para efectos de la orden de aprehensión, esto es, hasta este estadio procesal se encuentran acreditados. Lo anterior es así, tomando en consideración que dichos datos dan cuenta que el ocho de septiembre de dos mil veinte, aproximadamente a las nueve horas con treinta minutos de la mañana (circunstancia de tiempo) cuando se encontraba la menor en su domicilio que se ubica en la entrada a San Martín, del poblado Francisco I. Madero de Centla, Tabasco (circunstancia de lugar). Que la víctima de identidad reservada de iniciales B.V.L., se encontraba acostada en su cuarto con su hermanito de diez años, y que en ese momento llegó el imputado Oscar de la Cruz Rodríguez, quien se acercó hasta donde se encontraba acostada y la jaló del pie derecho; que éste mandó al hermano menor a buscar unos chicharrones, quedando en el cuarto el imputado y la menor víctima, que al regresar el hermano menor con los chicharrones, Oscar de la Cruz le dijo que fuera a la tienda por unas galletas. En ese momento el imputado se acostó al lado derecho de la víctima, la agarró fuertemente de la cintura, con su mano izquierda sujetaba fuertemente la cintura y con su mano derecha empezó a bajar su pantalón color negro, y sacó su pene; después con su mano derecha Oscar de la Cruz Rodríguez, empezó a quitarle el short que portaba la víctima, así también le quitó la pantaleta color café, y rápidamente se colocó de rodillas frente a la víctima, le abrió las piernas y con una sábana que estaba en la cama, le tapó la boca para que no gritara, y le introdujo su miembro viril en la vagina. Que la víctima lo empujaba para que la dejara de penetrar, pero el investigado siguió penetrándola; que cuando quiso bajarse de la cama la menor, nuevamente Oscar de la Cruz Rodríguez, la sujetó fuertemente de la cintura, y colocó el cuerpo de ésta hacia abajo, él se colocó detrás de ella y fue que nuevamente le introdujo su miembro viril en la vagina de la menor víctima, quien trataba de zafarse del imputado, pero que no podía porque la tenía fuertemente sujetada de la cintura y así continuó penetrándola vaginalmente (circunstancias de modo). Además, fue correcta la apreciación de la juez instructor al considerar calificada la conducta (hecho que la ley señala como delito de violación) analizada, en la medida que, se justifica la existencia de una cópula dado que la menor refiere que fue agredida sexualmente y que se utilizó violencia física en su contra al momento de que el investigado le impone la cópula. Así como la valoración ginecológica de la menor víctima edematizadas, lo que significa que hubo esa fricción, ese momento de penetración al que ella alude y que se dio bajo la resistencia que ella misma oponía. De ahí que se sostenga que la juez de control estuvo en lo correcto al resolver como lo hizo, ya que los datos de prueba relacionados fueron correctamente razonados y concatenados, haciendo un enlace lógico y natural de los acontecimientos derivados de esos datos. Entonces, los datos de prueba reseñados, como lo consideró la juez responsable, son suficientes para establecer que hasta ese estadio procesal posiblemente se cometió un hecho que la ley señala como delito (violación). De la misma forma la juez estableció que los mismos datos de prueba hacen patente la posibilidad o probabilidad de que el imputado (aquí quejoso) cometió el hecho que se considera delictuoso, por sí mismo, es decir, como autor material directo a Oscar de la Cruz Rodríguez. Pues además la juzgadora natural acertadamente ubicó la participación del imputado (quejoso) en la hipótesis que señala el numeral 148 del Código Penal de la entidad, dado que la menor señala que es la persona que la despierta, le jala el pie y lo reconoce como un primo de ella, resultando el imputado un familiar directo de la madre de la víctima, y de esa forma se logra la identificación de la persona, máxime que la menor entabla un diálogo con él y le dice que no le haga daño, incluso que sabe en donde vive y a quienes visita. En la misma óptica, se considera correcta la apreciación de la juez responsable cuando determinó que existe la necesidad de cautela en la petición de aprehensión, pues tomó en consideración para ello los argumentos que le expuso el Fiscal del Ministerio Público, quien sostuvo que además de que el hecho que la ley señala como el delito de violación amerita prisión preventiva oficiosa, como lo dispone el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Federal, por atentar contra la libertad y sano desarrollo de la personalidad de la víctima. Que la pena que se le puede imponer al imputado en caso de que pueda sometérsele a un proceso podría ser mínimo de diez años, y que todas esas circunstancias influyen en el supuesto de que si se le manda a citar va a estar asistido de su defensor enterado de las posibilidades de que se quedaría privado de su libertad de manera oficiosa con motivo de una medida cautelar e incluso de la sanción que se pudiera llegar a imponer, por lo que, existe la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia. Además, de que se encuentra en riesgo la seguridad de la víctima de identidad reservada de iniciales B.V.L., toda vez que el imputado visita a su abuelita constantemente, la cual vive cerca del domicilio de la víctima, por lo que, existe mucha probabilidad de que el imputado vuelva a repetir el acto delictivo; que conoce el domicilio de la víctima y lo visita frecuentemente y entra con cualquier facilidad al mismo. Es decir, se aprecia que la autoridad responsable sí tomó en cuenta los motivos que le argumentó el fiscal investigador para justificar la medida de la solicitud de aprehensión, con lo cual se cumplió con ese requisito exigido por la ley para la emisión de ese tipo de mandatos; máxime que se advierte que tales argumentos no se apartan de lo dispuesto por el referido dispositivo constitucional para justificar la necesidad de la medida, ni tampoco de la lógica y tienen relación directa con el hecho que la ley define como delito y que se imputa a los quejosos. Lo anterior encuentra puntual respaldo en la tesis XXII.P.A.32 P (10a.) que se lee: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD DE CAUTELA PARA SU EMISIÓN, NO SE SATISFACE CON LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDEN CON UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. El artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la posibilidad de que el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, emita una orden de aprehensión contra una persona, cuando exista necesidad de cautela; sin embargo, la motivación de esa necesidad de cautela no se satisface con la circunstancia de que los hechos del caso corresponden con un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, en términos del párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ello es un supuesto que será materia de una etapa posterior, una vez que se establezca la audiencia inicial y se vincule, en su caso, a proceso al imputado. De ahí que con independencia de que el delito amerite prisión preventiva oficiosa, ese requisito de necesidad de cautela debe justificarse de conformidad con el artículo 16, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal, por ser ésta una de las exigencias más importantes para preferir la orden de aprehensión, frente a otras formas de conducción del imputado al proceso." Así entonces, contrario a lo alegado por el quejoso en sus conceptos de violación en los que refiere que: 1) La juez responsable viola en su perjuicio las garantías de legalidad, seguridad, libertad y presunción de inocencia que se encuentran protegidas y tuteladas por los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tratan de privarle de su libertad con lo cual le causan un acto de molestia, sin que se le haya seguido un juicio previo en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento, y que no se acredita el cuerpo del delito y su probable responsabilidad. Estos resultan totalmente infundados, tomando en consideración que este juzgador advierte que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, pues como se precisó se acataron los requisitos del artículo 16 Constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por consiguiente no se advierte vulneración a los derechos constitucionales reconocidos en el artículo 14. Máxime que en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para librar una orden de aprehensión, no exige que previamente se oiga al imputado en su defensa, al tratarse de un acto de molestia emitido por un juez de control, que sólo restringe de manera provisional la libertad de la persona a la cual se encuentra dirigida. Sirve de apoyo para justificar lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, Página 5, Registro 200080, Novena Época, que a la letra indica: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." En efecto, una orden de aprehensión sólo se trata de una medida restrictiva de la libertad, para conducir al probable agresor a la audiencia de formulación de imputación, en la que podrá ejercer su garantía de audiencia, es decir, manifestar su versión de los hechos -si así lo estima conducente-; aportar datos de prueba que corroboren su postura; formular los alegatos que considere necesarios; e, incluso, impugnar en la vía ordinaria el fallo que se llegue a dictar, con el propósito de ejercer su derecho a una defensa adecuada. Es decir, la juez de control podía ordenar la aprehensión del imputado quejoso, sin necesidad de que existiera una cita previa, pues en la especie, la fiscal solicitante demostró la necesidad de cautela, es decir, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que el imputado se pudiera evadir de la acción de la justicia y que se le estaría poniendo en alerta, que es un delito grave y que trae aparejada una ejecución de prisión preventiva oficiosa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.6o.P.86 P (10a.) que se lee: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia." De ahí que al existir medios de prueba que soportan el mandamiento de captura como una forma de conducir al quejoso al proceso con un estándar mínimo de valoración, es por ello que no se conculca el principio de presunción de inocencia, en tanto que será dentro del proceso cuando haga patente su teoría del caso en aras de demostrar su inocencia. Por tanto, la orden de aprehensión reclamada no violenta los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 1º de la Constitución, siendo aplicable la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Página 906, Registro 2004747, Décima Época, que señala lo siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. En la jurisprudencia antes transcrita establece que el principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus prertensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Cabe hacer mención que con la emisión de la resolución reclamada, tampoco se trastocaron los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la porción normativa relativa a que sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva, puesto que el delito por el que se instruye la investigación penal en contra del aquí quejoso, amerita pena privativa de la libertad; de ahí que fue correcta la emisión de la orden de aprehensión, pues por ese sólo supuesto, como ya se precisó, se evidencia la necesidad de cautela para su actualización. De todo lo cual es evidente que la resolución reclamada por el quejoso cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que en esta parte debe contener ese tipo de actos de autoridad (orden de aprehensión). De modo tal que en las relatadas circunstancias, la orden de aprehensión reclamada no transgrede los derechos fundamentales del quejoso contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal que reconocen los principios de pro homine y de presunción de inocencia. Pues se ha dejado en claro que para motivar la orden de captura reclamada no se requieren de pruebas plenas que acrediten la participación de los imputados, sino únicamente es necesario que se reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 16 Constitucional y que se desprendan datos que evidencien la posibilidad que aquél haya cometido o participado en un hecho que la ley considera como delito. Así se afirma debido a que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal que rige en el país, en que la imputación como el proceso se realiza en forma oral a través de las diversas audiencias que ocurren en el mismo, basta los mínimos datos de prueba para ser emitida, por lo que con los datos mencionados en la audiencia privada por la Juez responsable, que constan en la carpeta de investigación son suficientes para obsequiar la orden de aprehensión reclamada. Respalda lo antes mencionado, la tesis XV.3o.3 P (10a.), que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. La significación del hecho considerado por la ley como delito consiste en que los datos de pruebas invocados por el agente del Ministerio Público y las partes, concatenados entre sí, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar una orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva." Por ende, el acto reclamado fue dictado por autoridad competente, si bien la audiencia privada se celebró en forma oral de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, también se asentó su registro en forma escrita, en la cual se constata que se encuentra fundada y motivada. En esa tesitura, se considera que la juez responsable acató las formalidades esenciales del procedimiento, respetando con ello el derecho fundamental de seguridad jurídica consagrado en el artículo 14 constitucional. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." En consecuencia, al ser constitucional la orden de aprehensión reclamada, se niega la protección de la Justicia Federal solicitada. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a las autoridades responsables ejecutoras, ya que no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia de los vicios de ilegalidad que se atribuyó al acto por el cual se negó el amparo. Sustenta lo expuesto la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, Enero- Junio de 1998, Página 357, Octava Época: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada.". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de ocho de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elaborándose versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217, así como sexto transitorio de la Ley de Amparo, se. R E S U E L V E PRIMERO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Oscar de la Cruz Rodríguez, en contra del acto y autoridades responsables precisados en el resultando primero, por las razones y motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; de la certificación secretarial que antecede, se advierte que el dieciocho de febrero del presente año, fue emplazada a juicio la tercero interesada Blanca Muriel Landero de la Cruz, representante de la menor víctima de identidad reservada B.V.L, sin que hasta el día de hoy haya señalado domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad, dentro del término de tres días que se le concedió en el auto de tres de febrero del presente año, lapso que transcurrió del veintidós al veinticuatro de los actuales. Por lo tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y se ordena a la Actuaria de este juzgado, notificar a la parte tercero interesada de mérito, por lista de acuerdos el presente auto así como los subsecuentes proveídos, aun los de carácter personal, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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