Oscar Bermúdez Castro

Expediente 328/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
328/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Oscar Bermúdez Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA 10 En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las once horas con cincuenta minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 328/2020-10, promovido por Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las que ofreció la parte quejosa en su demanda. Copia simple del escrito de dos de julio de dos mil diecinueve. Copia simple del acuerdo de nueve de octubre de dos mil diecinueve. Copia simple del escrito de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve signado por Dolores Marcela Batista Fuentes. Copia simple del escrito de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, signado por Gonzálo Hernán Ballinas Celorio. Copia simple del acuerdo de tres de julio de dos mil diecinueve. Copia simple del acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecinueve. Copia simple del escrito de quince de noviembre de dos mil diecinueve signado por Óscar Bermúdez Castro. Copia simple del acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Copia simple del escrito de veintidós de enero de dos mil veinte, signado por Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta. Copia simple del escrito de veintisiete enero de dos mil veinte, signado por Dolores Marcela Batista Fuentes. Original y copia de la cédula de notificación de siete de febrero de dos mil veinte, relativo al expediente civil 146/2013 del procedimiento no contencioso de consignación de pago, interpelación y requerimiento judicial. Así como las que remitió la autoridad responsable, relativas a la copia certificada del oficio 593, de dieciocho de febrero de dos mil veinte, mismo que obra agregado a los presentes autos; copia certificada del incidente de medida cautelar derivada del expediente 170/2014, relativo al juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura, promovido por Dolores Marcela Batista Fuentes en contra de Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta; copia certificada derivada del expediente 146/2013, referente al procedimiento judicial no contencioso de consignación de pago, interpelación y requerimiento judicial, promovido por Dolores Marcela Batista Fuentes en favor de Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta y original del expediente 170/2013, relativo al juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura, las que obran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta. De igual modo, se da cuenta con las que ofreció la tercera interesada Dolores Marcela Batista Fuentes, en su escrito presentado el once de marzo de dos mil veinte, referente a la documental privada consistente en copia simple del ocurso de dieciséis de enero de dos mil veinte, signado por Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta y copia simple de la cédula de notificación de siete de diciembre de dos mil diecinueve, derivada del incidente de liquidación de gastos y cuantificación de costas derivado del expediente 170/2014, relativo al juicio ordinario civil de otorgamiento de firma y escritura. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con los formulados por la tercera interesada Dolores Marcela Batista Fuentes, mediante escrito recibido el once de marzo de dos mil veinte en la Oficialía de Partes de este juzgado (fojas 48 y 49 de autos), sin que las demás partes hicieran uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos presentados por la tercera interesada Dolores Marcela Batista Fuentes y por perdido el derecho a las demás partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 328/2020-10, promovido por Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia de Paraíso, Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16, 17, segundo párrafo, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diecinueve de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional en esa propia fecha, Òscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La falta de notificación y emplazamiento en el incidente de medida cautelar, derivado del expediente 170/2014, relativo al juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juez de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Paraíso, Tabasco. SEGUNDO. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veinte de febrero de dos mil veinte, se ordenó prevenir la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 328/2020-10; para que bajo protesta de decir verdad los quejosos precisaran el acto reclamado, bajo apercibimiento que de no cumplir con dicho mandato judicial, se tendría por no presentada la demanda. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El cuatro de marzo de dos mil veinte, previa aclaración, se admitió a trámite la demanda de que se trata, se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; se ordenó emplazar a la tercera interesada y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. EMPLAZAMIENTO A LA TERCERA INTERESADA. Mediante diligencia de cinco de marzo de dos mil veinte, la actuaria judicial adscrita a este juzgado dejó citatorio de espera a la tercera interesado Dolores Marcela Batista Fuentes en el domicilio ubicado en calle Primero de Mayo número 101, colonia Jesús García de esta ciudad, para que dentro de dos días hábiles compareciera a este juzgado a emplazarse de autos; por lo que, al no acudir la tercera interesada a las instalaciones que ocupa este juzgado Tercero de Distrito en el plazo establecido, el once de marzo de dos mil veinte se le emplazó por medio de lista que se fijó en los estrados de este juzgado en términos del artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo (fojas 46 y 47). QUINTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordenó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que durante el citado periodo no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, se extendió el citado plazo hasta el cinco de mayo del presente año, con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó y adicionó su similar 4/2020. Luego, en Acuerdo General 8/2020, que entró en vigor el seis de mayo del año en curso, se determinaron diversos supuestos para reactivar la función jurisdiccional durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Posteriormente, en Acuerdo General 10/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el día de su aprobación veinticinco de mayo de dos mil veinte, se reformó el párrafo primero del artículo 1 del Acuerdo General 8/2020, para dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales del período del seis de mayo al quince de junio de dos mil veinte. Asimismo, en Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, en lo conducente, lo siguiente: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante "titulares"), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Resolución de casos tramitados físicamente. Se habilita la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del presente Acuerdo. III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea". Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo.". En Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se instituyó lo siguiente: "ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados.". En Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en lo que interesa, se instituyó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. En acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veinte, se hizo saber a las partes del presente juicio la reanudación de las actividades jurisdiccionales, plazos y términos procesales; asimismo, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. SEXTO. REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES, PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Por acuerdo de trece de enero de dos mil veintiuno, se hizo saber a las partes del presente juicio la reanudación de las actividades jurisdiccionales, plazos y términos procesales; asimismo, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, así como del escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La falta de notificación en el incidente de medida cautelar derivado del expediente 170/2014, del índice del Juzgado de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Paraíso, Tabasco, relativo al juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura, promovido por Dolores Marcela Batista Fuentes en contra de Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta. Ahora, no pasa inadvertido para esta autoridad el hecho de que además del acto destacado en el párrafo precedente, la parte quejosa impugna el auto de tres de julio de dos mil diecinueve, dictado en el incidente de medida cautelar; y en esa virtud, debe tenérsele como acto reclamado, ello atendiendo a la causa de pedir, pues así se advierte del estudio integral de la demanda. Resulta aplicable, la jurisprudencia cuyo rubro y texto se trascriben a continuación: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Paraíso, Tabasco, al rendir su informe justificado, admite la existencia de los actos que se le reclaman; lo cual se corrobora con el contenido del propio informe justificado y con las diversas constancias que adjuntó al mismo, consistentes en copias certificadas del oficio 593, de dieciocho de febrero de dos mil veinte; así como del incidente de medida cautelar derivado del expediente 170/2014, relativo al juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura, promovido por Dolores Marcela Batista Fuentes en contra de Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta; del expediente 146/2013, relativo al procedimiento judicial no contencioso de consignación de pago, interpelación y requerimiento judicial, promovido por Dolores Marcela Batista Fuentes en favor de Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta y expediente 170/2014, relativo al juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura, promovido por Dolores Marcela Batista Fuentes en contra de Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta, los que obran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidas por servidor público en el ejercicio propio de sus funciones. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO, De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Por tanto, se tienen por cierto los actos reclamados a la autoridad responsable al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con las documentales precitadas. En apoyo a lo anterior, es aplicable la Jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917812, visible en la página 231, que en su rubro y texto establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto CUARTO. DESESTIMACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador de oficio, antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, en conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso se analizará la causa de improcedencia invocada por la tercera interesada Dolores Marcela Batista Fuentes, por ser una cuestión de orden público y preferente. Cabe citar la jurisprudencia I.3o.C. J/36, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1359, Tomo XXV, Abril de 2007, Materia: Común, Novena Época, Registro: 172837, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubro y texto: "ALEGATOS. DEBEN SER EXAMINADOS EN EL JUICIO DE AMPARO, CUANDO PLANTEAN ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, PORQUE ÉSTA ES DE ORDEN PÚBLICO Y DE ANÁLISIS OFICIOSO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido jurisprudencia en el sentido de que los alegatos de las partes en un juicio de garantías no forman parte de la litis constitucional y, en consecuencia, no existe obligación de estudiarlos, puesto que la litis se integra con la demanda de amparo y el informe justificado; sin embargo, cuando se hace valer una causa de improcedencia en los alegatos, éstos sí deben ser materia de estudio, en virtud de que conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador de garantías, lo cual implica que cuando éste advierta que se actualiza una causa de improcedencia, debe hacerla valer oficiosamente y, por mayoría de razón, puede afirmarse que si una de las partes aduce que se actualiza una hipótesis de improcedencia, el órgano de control constitucional debe proceder a su estudio, a fin de desestimarla o establecer que sí se actualiza. Consecuentemente, cuando una de las partes hace valer alegatos en los que plantea una causa de improcedencia, éstos deben ser materia de estudio en la sentencia que se dicte en el juicio de amparo". La tercera interesada Dolores Marcela Batista Fuentes, mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, hace valer la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la que sustenta en que los quejosos tenían conocimiento del acuerdo de tres de julio de dos mil diecinueve dictado en los autos del expediente 170/2014, aunado a que desde el mes de noviembre de dos mil diecinueve han venido actuando, al contestar la demanda incidental de liquidación de gastos y costas y el dieciséis de enero de dos mil veinte, interpusieron recurso de apelación en contra de la interlocutoria de seis de diciembre de dos mil diecinueve, por lo tanto, la demanda de amparo exhibida el diecinueve de febrero del presente año resulta extemporánea, siendo un acto consentido. Sin embargo, debe desestimarse dicha causa de improcedencia, toda vez que de la revisión de los autos incidentales de la medida cautelar derivados del expediente 170/2014, se observa que fue tramitada sin audiencia de la parte contraria, por lo tanto, no se advierte notificación alguna a la parte quejosa de dicha determinación. Por otro lado, de las actuaciones remitidas por la autoridad responsable adjuntas a su informe justificado, se observa que en el expediente 146/2013, relativo a las diligencias de consignación de pago, interpelación y requerimiento, promovidas por Dolores Marcela Batista Fuentes, en favor de Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta, el trece de noviembre de dos mil diecinueve, se agregó a los autos, la copia certificada exhibida por la consignante del auto de tres de julio de dos mil diecinueve, pronunciado en el incidente de medida cautelar derivada del expediente 170/2014. Asimismo, que por auto de veintinueve de enero de dos mil veinte, a petición de Dolores Marcela Batista Fuentes, se reiteró que como se encuentra ordenado en el embargo precautorio de tres de julio de dos mil diecinueve no se realice pago alguno del cheque consignado hasta en tanto quedara firme la sentencia interlocutoria de dos mil diecinueve, en razón de que Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta, interpusieron recurso de apelación y en cuanto a las manifestaciones vertidas por los mencionados beneficiarios en relación a la entrega del título de crédito aludido, deberían de estarse a dicha determinación. Esta actuación judicial fue notificada por el actuario judicial adscrito al juzgado responsable de manera personal a Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta, en el domicilio señalado en autos, el siete de febrero de dos mil veinte. Por lo tanto, es a partir de ese momento que los quejosos tuvieron el pleno conocimiento del acto reclamado. De ahí que el plazo de presentación de la demanda es oportuno como se demuestra con el siguiente cuadro ejemplificativo. FEBRERO 2020 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado domingo 11 1 DÍA 12 2 DÍA 13 3 DÍA 14 4 DÍA 15 16 17 5 DÍA 18 6 DÍA 19 7 DÍA PRESENTA DEMANDA 20 8 DÍA 21 9 DÍA 22 23 24 10 DÍA 25 11 DÍA 26 12 DÍA 27 13 DÍA 28 14 DÍA 29 MARZO 2020 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado domingo 1 2 15 DÍA ÚLTIMO DÍA PARA PRESENTAR DEMANDA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Esto es, si se tenía hasta el dos de marzo de dos mil veinte para presentar la demanda, y la parte quejosa la presentó el diecinueve de febrero del citado año, su presentación es oportuna. En cuanto a la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que hace valer la tercero interesada en el sentido de que el acto reclamado no le causa ninguna afectación ni violación a los derechos de los quejosos, pues como ellos mismos lo manifiestan en el escrito de veintidós de enero de dos mil veinte, que exhiben adjunto a su demanda, el cheque embargado lo requieren para hacerle pago a Dolores Marcela Batista Fuentes, de los gastos y costas del juicio. Dicha causal también debe desestimarse, toda vez que si bien es cierto que en el ocurso de veintidós de enero de dos mil veinte visible a fojas 105 y 106 del tomo de pruebas relativo al expediente 146/2013, los quejosos al solicitar la entrega del cheque consignado manifestaron que sería utilizado para realizar el pago de los gastos y costas a que resultaron condenados; también lo es que, como ya se precisó, quedó demostrado que los quejosos tuvieron conocimiento el acto reclamado con posterioridad a esa petición y aducen violación a la garantía de audiencia. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Previamente, es pertinente sintetizar las constancias más relevantes que constituyen los actos reclamados, de las que se advierte lo siguiente: Expediente 146/2013. Mdiante escrito de diecinueve de marzo de dos mil trece, Dolores Marcela Batista Fuentes, promovió a través del procedimiento judicial no contencioso diligencias de consignación de pago, interpelación y requerimiento en favor de Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta (fojas 1 a 34 del tomo de pruebas del expediente 146/2013). La juez del conocimiento, por auto de uno de abril de dos mil trece, dio entrada a promoción inicial y ordenó hacer saber a Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta, el depósito hecho en su favor por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional), por concepto de finiquito de la compraventa de la casa habitación ubicada en el lote seis, manzana treinta y dos, colonia Lázaro Cárdenas, Paraíso, Tabasco (foja 35 del tomo de pruebas del expediente 146/2013). Posteriormente, por auto de nueve de octubre de dos mil trece, la autoridad responsable ordenó interpelar a los vendedores para que dentro del plazo de treinta días comparecieran ante el licenciado Miguel Cachón Álvarez, notario público número cuatro del estado de Tabasco, con adscripción en esta ciudad, a firmar la escritura de propiedad del inmueble antes aludido (foja 62 del tomo de pruebas del expediente 146/2013). El diez de febrero de dos mil catorce, la autoridad responsable ordenó el archivo de las diligencias solicitadas al haber alcanzado su cometido (foja 75 del tomo de pruebas del expediente 146/2013). Por auto de doce de marzo de dos mil catorce, la juez natural negó a la promovente la devolución del título de crédito exhibido, en virtud de que quedó a disposición de los beneficiarios (foja 83 del tomo de pruebas del expediente 146/2013). En acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, la a quo hizo del conocimiento de Óscar Bermúdez Castro, que la consignación del cheque del cual solicita su entrega fue consignado en favor de él y de Guadalupe Chao Arrieta (foja 103 del tomo de pruebas del expediente 146/2013). El veintinueve de enero de dos mil veinte, a petición de la actora y en virtud de la condena impuesta a Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta, en la sentencia interlocutoria de seis de diciembre de dos mil diecinueve, como se encuentra ordenado en el embargo precautorio, se ordenó no realizar pago alguno del cheque consignado. En el mismo auto, se le dijo a los demandados Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta, que había lugar a la entrega del cheque solicitado, en virtud del embargo precautorio aludido (foja 109 del tomo de pruebas del expediente 146/2013). Expediente 170/2014. Por acuerdo de dos de abril de dos mil catorce, la Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Paraíso, Tabasco, tuvo a Dolores Marcela Batista Fuentes, promoviendo juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura en contra de Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta, mismo que quedó radicado bajo el expediente 170/2014, de su índice (fojas 279 y 280 del expediente principal). Seguido el trámite procesal, el tres de abril de dos mil diecisiete, el juez del conocimiento dictó sentencia definitiva en la que declaró probada la acción ejercida por Dolores Marcela Batista Fuentes y condenó a Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta, al cumplimiento del contrato de promesa de compraventa; a otorgar la escritura de traslación de dominio respecto del bien inmueble materia de litis; así como a la desocupación del citado bien raíz, al pago de daños y perjuicios, daños materiales y al pago de gastos y costas que haya originado la tramitación del juicio; resolución que fue aclarada el ocho de mayo de dos mil diecisiete (fojas 788 a la 798, 824 y 825 del expediente pricipal). Inonformes con dicha resolución, los demandados Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta, interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en resolución pronunciada el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, en el toca civil 470/2017-I; en la que modificó la pronunciada por el juez de origen, únicamente en lo que respecta al pago de daños y perjuicios reclamados por la actora (fojas de la 874 a la 901 del expediente principal). Posteriormente, el seis de agosto de dos mil dieciocho, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento al fallo federal pronunciado en el juicio de amparo directo civil 1256/2017, relacionado con el amparo directo civil 1257/2017, emitió nueva resolución en la que determinó modificar la sentencia recurrida, únicamente por lo que respecta al pago de daños y perjuicios (fojas de la 956 a la 974 del expediente principal). Por auto de tres de julio de dos mil diecinueve, la juez responsable, declaró que la sentencia definitiva adquirió autoridad de cosa juzgada y ordenó dar trámite en vía incidental al embargo precautorio promovido por la parte actora Dolores Marcela Batista Fuentes (fojas 977 y 978 del expediente principal). El nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte actora designando fedatario público para la elaboración de la escritura respectiva (foja 985 del expediente principal). Por acuerdo de catorce de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó tramitar el incidente de liquidación de gastos y cuantificación de costas (foja 990 del expediente principal). El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se tuvo al fedatario público haciendo devolución del expediente principal, al haber elaborado la escritura 6,727, volumen 189, de doce de junio de dos mil veinte, en virtud de que los demandados no comparecieron a la firma de la misma (foja 1001 del expediente principal). El veintisiete de octubre de dos mil veinte, se ordenó requerir a los demandados o terceros ocupantes para que desocuparan voluntariamente el predio materia de la litis (foja 1022). Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veinte, a petición de la parte actora, se ordenó abrir la ejecución forzosa de la sentencia (foja 1028 del expediente principal). Incidente de medida cautelar. Mediante auto de tres de julio de dos mil diecinueve, dictado en el incidente de medida cautelar, derivado de los autos del expediente 170/2014, relativo al juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura, la juez de origen dio entrada a la medida precautoria solicitada por Dolores Marcela Batista Fuentes, sin audiencia de la parte contraria, ordenando el embargo precautorio por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional), que se encuentra amparado en el cheque de caja 497, exhibido en el expediente 146/2013, relativo al procedimiento judicial no contencioso y en dicho procedimiento se abstuviera de realizar pago alguno en favor de Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta (foja 4 a 6 del tomo de pruebas del incidente de medida cautelar derivado del expediente 170/2014). La falta de notificación de dicha determinación constituye el acto reclamado. Por último, mediante oficio 593, de dieciocho de febrero de dos mil veinte, la juez responsable remitió a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del estado de Tabasco, en turno, el incidente de liquidación, para el trámite del recurso de apelación interpuesto por los demandados en contra de la sentencia interlocutoria de seis de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 79 y 80 de los presentes autos). SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los motivos de inconformidad por no causar ningún perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello, según lo establece la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. La parte quejosa Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta refiere como conceptos de violación los que a continuación se sintetizan Que el auto impugnado es violatorio de los derechos de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, consagrados en el artículo 14 Constitucional, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y de los numerales 8, apartado 1, 21, apartados 1 y 2 y 25, apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que los quejosos no figuraron como parte en el incidente de medida cautelar seguido en su contra, sin haber sido notificados y emplazados y, por ende, no fueron oídos ni vencidos en dicha incidencia. Que se trata de tramitaciones distintas, porque una se refiere al pago por una obligación que tenía la consignataria en favor de los quejosos y que adquirió doce años antes de realizado el depósito y, la otra, nace de un juicio distinto, en el que a pesar de haber sido condenados en primera instancia, dicha resolución aún no se encuentra firme, y aunque así fuera, ellos tienen la libertad de elegir la forma de pago, no mediante una afectación a su esfera jurídica, pues de haberse entregado el cheque en el tiempo en que lo solicitaron, no estuvieran en la necesidad de ocurrir ante esta instancia constitucional. Que los quejosos no han podido cobrar la cantidad consignada mediante el depósito, por diversas acciones de obstaculización llevados a cabo por la autoridad responsable y se les pretende despojar de dicho bien, pues se les condenó al pago de gastos y costas por la tramitación del juicio, pero al momento de notificarles la resolución, los quejosos se inconformaron con la resolución interlocutoria por ser excesiva y no haberse acreditado plenamente, misma que se encuentra en estudio ante el Tribunal de Alzada. Por lo que se vulnera en su perjuicio del derecho del debido proceso. Que el acto reclamado es violatorio de los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, toda vez que es carente de fundamentación y motivación. Que no es jurídicamente aceptable que se pretendan relacionar dos procedimientos distintos e independientes con una sola resolución, pues en el párrafo cinco, del punto segundo, del auto de tres de julio de dos mil diecinueve, la juez hace referencia a la actora Dolores Marcela Batista Fuentes, cuando en la consignación de pago es deudora y en la parte in fine del citado punto, ordenó girar oficio al expediente de consignación de pago, por lo que son dos acciones independientes. Que la autoridad responsable al emitir el acto reclamado faltó a la debida objetividad y equidad entre las partes, pues manifiesta que de no otorgarle la solicitud de embargo precautorio, la promovente podría tener un perjuicio en su patrimonio, sin atender que quien está resintiendo un perjuicio son los quejosos, ya que si bien tienen que cubrir a la accionante la cantidad que resulte de gastos y costas incluyendo honorarios profesionales, tal pago se hará en el futuro sin que se pueda utilizar de pretexto un "temor fundado", sin que se pueda apreciar en que se basó. Que desde el dos de julio de dos mil diecinueve, han estado realizando las gestiones necesarias para obtener la entrega necesaria del cheque; sin embargo no se les ha entregado por obstaculización de la autoridad responsable, por lo que hasta el siete de enero de dos mil veinte, se les hizo de su conocimiento ese motivo. Que la autoridad responsable hace referencia a que dicho embargo se concede para evitar un perjuicio de "imposible reparación", por lo que prejuzga la actitud de pago de los quejosos, manifestando que "en el caso de que los demandados no cumplan con su obligación de pago", cuando en el escrito de veintidós de enero de dos mil veinte, claramente expusieron que parte de ese dinero sería para realizar el pago, siempre y cuando no sea excesivo. Que en el punto tercero del acto reclamado, dice la responsable que de conformidad con los artículos 183 y 188 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco "no es necesario dejar caución" en favor de los aquí quejosos por los daños y perjuicios que en la actualidad están sufriendo, porque dichos recursos no ingresaron a su patrimonio y no fue por voluntad propia, sino por los diversos obstáculos procesales de la propia autoridad responsable, para que la cantidad consignada no les sea entregada, pues desde el dos de julio de dos mil diecinueve, en el que hicieron la primera solicitud de pago, están sufriendo el perjuicio de no disfrutar dicho bien. Continúan manifestando, que la autoridad responsable los está despojando de recursos económicos, por lo que lo correcto era que la accionante garantizara cuando menos la misma cantidad que contiene el cheque, por el perjuicio que les ocasiona la retención indebida, para que en su momento oportuno les sea entregado por los daños y perjuicios por la negativa de pago. Cabe precisar que la autoridad responsable al emitir el acto reclamado, determinó lo siguiente: JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL DE PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO. TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto: La cuenta secretarial, se acuerda: Primero. Como se encuentra ordenado en el punto único del proveído dictado en esta misma fecha del expediente principal, se tiene a DOLORES MARCELA BATISTA FUENTES, con su escrito de cuenta mediante el cual gestiona la medida cautelar para el efecto se embargue la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), consignados en el expediente 146/2013 del índice de este mismo juzgado, relativo al Procedimiento Judicial no contencioso de Consignación de pago a favor de OSCAR BERMUDEZ CASTRO Y GUADALUPE CHAO ARRIETA, ya que refieren que tiene el temor fundado que los demandados no cumplan con la obligación de pagar los gastos y costas que incluyen honorarios profesionales, a la que fueron condenados tanto en primera como en segunda instancia. En tal virtud, de conformidad con los artículos 181, 182, 183, 187, 372 y 373 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, se da entrada a dicha petición, en vía incidental por cuerda separada pero unido al principal, sin audiencia de la parte contraria. Segundo. En atención a lo anterior, es oportuno ahora, avocarnos a lo preceptuado enel ordinal 181 del Código Procesal Civil en vigor, que establece que las medidas cautelares se podrán promover ya sea como diligencia previa a la presentación de la demanda o bien como incidente en cualquier momento del proceso, hasta antes que la sentencia definitiva sea susceptible de ejecutarse en ejecución forzosa, En el caso específico la actora, la promueve como diligencia previa a la presentación del incidente de liquidación de sentencia respecto a los gastos y costas incluyendo honorarios profesionales a que fueron condenados los demandados en sentencia definitiva de fecha tres de abril de dos mil diecisiete declarada firme. Por su parte el ordinal 188 del cuerpo de leyes antes invocado establece que elauto que decrete el embargo deberá expresar la fundamentación y motivación que lo justifiquen señalando el tipo y monto de la caución que deberá otorgar el solicitante conforme a lo dispuesto en el artículo 183. En atención a ello, es necesario dejar precisado que el ordinal 182 del Código Procesal Civil establece, los requisitos de procedencia de las medidas precautorias, entre los que encontramos el derecho que tenga para gestionarla, o al menos demostrar presuntivamente su existencia y la necesidad de que la misma se dicte, para evitar el daño que podría traer consigo el retardo en el pronunciamiento de la sentencia en el proceso correspondiente. En el caso específico, la actora DOLORES MARCELA BATISTA FUENTES, acredita su derecho para gestionar la medida, al ser la actora en la causa principal en la cual obtuvo una sentencia definitiva favorable y que se encuentra declarada firme. Ahora bien, en cuanto hace al segundo de los elementos a que se hace mención, relativo a acreditar la necesidad para gestionar la medida cautelar que solicita o evitar el daño que podría traer consigo el retardo en el pronunciamiento de la sentencia, es de advertirse quede negarse el embargo precautorio solicitado, la actora podría tener un perjuicio en su patrimonio al no garantizarse la condena de gastos y costas en la que fue favorecido en sentencia definitiva dictada enla causa principal como la condena que se hizo en segunda instancia de gastos y costas y honorarios profesionales, razón por la cual solicita dicho embargo, hasta el momento que se emita el fallo correspondiente, en el que se decida el destino de la cantidad embargada. Bajo tal perspectiva, se analiza que mediante sentencia definitiva dictada en primera instancia con fecha tres de abril de dos mil diecisiete, en el resolutivo séptimo, los ciudadanos OSCAR BERMUDEZ CASTRO Y GUADALUPE CHAO ARRIETA, fueron condenados entre otras prestaciones, al pago de gastos y costa del juicio incluyendo los honorarios profesionales que justifiquen en el incidente respectivo y resolución de segunda instancia dictada en el toca civil con fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, los citados demandados fueron condenados en el resolutivo cuarto, al pago de gastos y costas incluyendo honorarios profesionales en ambas instancias. Bajo esas condiciones, el otorgamiento de la media cautelar que pretende la actora se conceda, es a fin de evitar un perjuicio de imposible reparación en su contra, en el caso de que los demandados no cumplan con su obligación de pago, respecto de las condenas de primera y segunda instancia en los rubros de gastos y costas incluyendo honorarios profesionales. Bajo este tenor, de conformidad con el artículo 187 fracción II del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se ordena el embargo precautorio de la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), que se encuentra amparado en el cheque de caja número 497 como se desprende de las copias certificadas del procedimiento judicial no contencioso, radicado bajo el expediente 146/2013, del índice de este mismo juzgado a favor de OSCAR BERMUDEZ CASTRO Y GUADALUPE CHAO ARRIETA; en consecuencia, gírese oficio de estilo a la mencionada causa, para que se tenga conocimiento de lo ordenado en este auto, y en su caso deberá adstenerse de realizar pago alguno a favor de OSCAR BERMUDEZ CASTRO Y GUADALUPE CHAO ARRIETA, hasta en tanto esta autoridad resuelva lo conducente. Tercero. Ahora bien, se necesario dejar precisado, que el ordinal 183 y 188 del multicitado cuerpo de leyes invocado, establece que la caución no será necesaria cuando la medida cautelar no puedan derivarse daños patrimoniales al deudor, lo que acontece en el caso concreto, en razón de que la cantidad consignada en el expediente 146/2013 nunca ingresó materialmente al patrimonio de los demandados. Cuarto. Finalmente, en términos del artículo 181 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se concede al promovente un término de quince días hábiles empezados a contar a partir del día siguiente al en que se ejecute el embargo ahí decretado, para que presente el incidente de liquidación de gastos y costas, incluyendo honorarios profesionales, advertido que de no hacerlo, caducará de pleno derecho la medida, para lo cual se dictara de oficio o a instancia de parte, todas las determinaciones necesarias para dejarla sin ningún efecto jurídico.. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y CÚMPLASE. LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA LICENCIADA VIRGINIA SÁNCHEZ NAVARRETE, JUEZA PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DÉCIMO SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DE PARAÍSO, TABASCO, ANTE LA CIUDADANA LICENCIADA JULIA DE LA CRUZ IRINEO, SECRETARIA DE ACUERDOS, QUE CERTIFICA, AUTORIZA Y DA FE" (sic fojas 4 a 6 del tomo de pruebas del incidente de medida cautelar). Resultan infundados los motivos de disenso vertidos por la parte quejosa, sin necesidad de suplirlos en su deficiencia, en términos de artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Ahora, conforme lo establece el artículo 76 de la Ley de Amparo, los conceptos de violación se analizan de manera conjunta los que se relacionan entre sí, sin mantener el orden en que fueron vertidos y sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. En el primero de los conceptos de violación aducen los quejosos que el auto impugnado es violatorio de los derechos de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, consagrados en el artículo 14 Constitucional, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y de los numerales 8, apartado 1, 21, apartados 1 y 2 y 25, apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que no figuraron como parte en el incidente de medida cautelar seguido en su contra, sin haber sido notificados y emplazados y, por ende, no fueron oídos ni vencidos en dicha incidencia. El planteamiento es infundado como se demuestra a continuación. La garantía de audiencia se encuentra prevista en el artículo 14 Constitucional, el cual dispone: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." El citado dispositivo consagra las garantías que deben prevalecer en todo acto privativo y hace una relación enunciativa y genérica de éstos, consistentes en la libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos semejantes, por ejemplo, los derechos de familia; y por otra parte, se establecen los derechos que tienen los gobernados antes de ser objeto de dicha privación, que son: la existencia de un juicio, que el juicio sea seguido ante tribunales previamente establecidos, que en él se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y que todo se lleve a cabo conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que sirvan de base a la privación. En esta segunda parte se prevé el derecho al proceso y sus caracteres fundamentales, que constituye el conjunto esencial de los derechos procesales, y ahí se ubican las formalidades esenciales del procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la doctrina y otras latitudes, e inmerso en ellas el ser llamado a juicio, oído y vencido y el derecho de aportar pruebas en los juicios en que alguien sea parte, los cuales constituyen derechos sustanciales. Las anteriores consideraciones están contenidas en la tesis de jurisprudencia P./J.47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Asimismo, tenemos que el artículo 14 Constitucional, en su segundo párrafo exige el respeto a la garantía de audiencia antes de que se produzcan aquellos actos que en definitiva priven a alguien de sus bienes o derechos, en tanto que, los actos que no produzcan esos efectos estarán regulados sólo por el artículo 16 de la propia Constitución. De igual forma, entre las reglas del procedimiento protegidas por el artículo 14 constitucional se encuentran todas las etapas y reglas procesales que deben cumplirse por el juzgador dentro de un proceso, lo que consagra la garantía de audiencia para el gobernado. En esa línea, el embargo precautorio no se trata de un acto privativo de bienes, sino una medida cautelar que su efecto es asegurarlos en garantía, hasta las resultas del juicio, en el caso, el incidente de liquidación de gastos y costas, el que de resultar desfavorable para la quejosa, es que podrá constituirse en un acto privativo. Lo antes dicho encuentra sustento en la jurisprudencia del contenido siguiente: EMBARGO JUDICIAL. ES UNA MEDIDA CAUTELAR QUE NO IMPLICA UNA PRIVACIÓN DEFINITIVA DE DERECHOS POR LO QUE, PARA LA EMISIÓN DEL AUTO RELATIVO, NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, dado que el embargo judicial constituye una medida provisional encaminada al aseguramiento de bienes del deudor para garantizar, en tanto se resuelve en definitiva sobre la pretensión hecha valer, el pago de un crédito reclamado con base en un documento que lleva aparejada ejecución, debe considerarse que para la emisión del auto relativo - exequendo- no rige la garantía de previa audiencia. Lo anterior se corrobora por el hecho de que los efectos provisionales del citado auto quedan sujetos, en todo caso, a la tramitación normal del juicio de que se trate, en el que el deudor es parte y donde podrá excepcionarse, dictándose en el momento procesal oportuno la resolución correspondiente, la que sí podrá constituir un acto privativo. Luego, el motivo por el cual se consideran infundados los conceptos de violación es porque a juicio de este juzgador, la garantía de audiencia no fue vulnerada en el presente juicio de amparo; atento al marco normativo para su ejecución el cual es el siguiente: Artículo 181.- Legitimación y oportunidad procesal. Las medidas cautelares se decretarán siempre a petición de parte, salvo que la ley autorice expresamente al juzgador para ordenarlas de oficio; y se podrán promover ya sea como diligencia previa a la presentación de la demanda o bien como incidente en cualquier momento del proceso, hasta antes de que la sentencia definitiva sea susceptible de ejecutarse en la ejecución forzosa. Cuando la medida cautelar se solicite como diligencia previa, la demanda deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a la ejecución de la resolución que la ordene. Si no se presenta la demanda dentro de este plazo, caducará de pleno derecho la medida, para lo cual se dictarán, de oficio o a instancia de parte, todas las determinaciones necesarias para dejarla sin ningún efecto jurídico; y se condenará al solicitante de la medida al pago de las costas procesales originadas con ella, así como al pago de los daños y perjuicios causados, los cuales se liquidarán a través de un incidente y se cubrirán con el importe que resulte de hacer efectiva la caución otorgada. Si ésta resulta insuficiente, se procederá en la ejecución forzosa. Cuando se trate de la conservación y aseguramiento de pruebas, no se fijará plazo para la presentación de la demanda principal. En ningún caso las medidas interrumpirán el plazo de la prescripción. Si la providencia cautelar se pide en la demanda o después de iniciado el proceso, se substanciará a través de un incidente, ante el mismo juzgador que conozca del proceso. Ya sea que se tramiten como diligencia previa o como incidente, las medidas cautelares se decretarán sin audiencia de la parte contraria. Artículo 182.- Requisitos para su procedencia. El que pida la providencia precautoria deberá acreditar el derecho que tenga para gestionarla, o al menos demostrar presuntivamente su existencia, así como la necesidad de que la misma se dicte, para evitar el daño que podría traer consigo el retardo en el pronunciamiento de la sentencia definitiva en el proceso principal. Artículo 183.- Caución para cubrir costas procesales, daños y perjuicios. Las costas procesales que se originen por la tramitación de la medida y los daños y perjuicios que puedan causarse con ella, serán garantizados mediante caución que otorgue el solicitante, cuyo tipo, monto y plazo de exhibición serán señalados por el juzgador. En los casos de embargo precautorio el monto de la caución no será inferior al monto de lo reclamado. La caución no será necesaria cuando el embargo precautorio se funde en título ejecutivo o cuando por la ejecución de la medida cautelar no puedan derivarse daños patrimoniales al deudor, y en los demás casos exceptuados por la ley". De dichos preceptos legales se observa que se regulan las medidas cautelares, en la generalidad de los casos, se decretan sin audiencia previa, esto es, sin que el órgano judicial que las ordena oiga previamente a la persona contra la cual van dirigidas, debido a la existencia de urgencia y peligro de daño por el retardo que justifican ampliamente que se altere la necesaria bilateralidad que debe presidir el dictado de toda resolución judicial ya que, en caso contrario, se prevendría al afectado con la correspondiente notificación de lo solicitado, lo que frustraría la finalidad urgente y cautelar de la medida. Por ende, al no regir en las medidas precautorias el derecho de previa audiencia, es inconcuso que durante la tramitación del procedimiento el deudor puede comparecer e incluso para que se escuchado. Lo anterior tiene su razón de ser en que las medidas cautelares (providencias precautorias), generalmente, son resoluciones de carácter sumario y accesorio. Son accesorias, en tanto que el derecho que privan no constituye un fin en sí mismo; y, sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves, pues su objeto es suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia. De igual modo, están dirigidas a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, ya que constituyen un instrumento de interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente, una situación que debe decretarse de manera anticipada. Por tanto, en las providencias precautorias no rige el derecho de audiencia, en virtud de que no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento jurisdiccional en el que se dicten de forma definitiva, donde se conceda al sujeto afectado la oportunidad de intervenir, para que pueda aportar los elementos probatorios que considere convenientes para su defensa; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la prerrogativa de audiencia previa tutelada por el artículo 14 constitucional. Ahora, en el caso con la emisión del acto reclamado de tres de julio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable no vulneró en perjuicio de la parte quejosa su derecho fundamental de debido proceso legal a que alude el artículo 14 constitucional; en virtud de que si bien es cierto que ordenó el embargo sobre la suma de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional) que se encuentra amparado en el cheque 497, misma que fue consignada por Dolores Marcela Batista Fuentes, en favor de Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta, en el expediente 146/2013, relativo a las diligencias de consignación de pago, interpelación y requerimiento, promovidas a través del procedimiento judicial no contencioso; también lo es, que tal mandamiento se emitió por juez competente dentro de un procedimiento que adquirió autoridad de cosa juzgada, en el que se condenó a los demandados al pago de gastos y costas, para garantizar el cumplimiento de dicha prestación accesoria. De igual forma, tampoco se conculca en perjuicio de la parte impetrante de amparo el derecho fundamental de previa audiencia, pues el embargo precautorio reclamado no es un acto privativo, en virtud de que no se quita a la quejosa definitivamente algún derecho integrado a su esfera jurídica, sino que se trata de un acto de molestia que tiene como finalidad que se siga un juicio en su contra, en el caso, el incidente de liquidación de gastos y costas, incluyendo honorarios profesionales y garantizar mediante el embargo, el pago de la cantidad que por tal concepto llegase a aprobarse. Se insiste, los actos de molestia constituyen una afectación a la esfera jurídica del gobernado pero no producen los mismos efectos que los actos privativos, ya que restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de tutelar determinados bienes jurídicos, por lo que para que tales actos se consideren constitucionales es suficiente que preceda mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal de su proceder. Por tanto, los actos de molestia son aquéllos que restringen de manera provisional o preventiva algún derecho del gobernado con la finalidad de proteger o tutelar cierto bien jurídico, mientras que los de privación tienen por efecto disminuir o suprimir de manera definitiva alguno de esos derechos. Sustenta las anteriores afirmaciones la jurisprudencia P./J. 40/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, que dice: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. Por tanto, la medida cautelar de embargo precautorio sobre la suma de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional) que se encuentra amparado en el cheque 497, misma que fue consignada por Dolores Marcela Batista Fuentes, en favor de Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta, en el expediente 146/2013, relativo a las diligencias de consignación de pago, interpelación y requerimiento, promovidas a través del procedimiento judicial no contencioso; a efecto de garantizar el pago de los gastos y costas incluyendo honorarios profesionales derivados del expediente 170/2014, relativo al juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura, es un acto que restringe de manera provisional o preventiva algún derecho del gobernado con la finalidad de proteger o tutelar cierto bien jurídico, es claro que constituye un acto de molestia para cuya emisión no se requiere respetar de manera previa el derecho de audiencia, incluso la parte quejosa está en condiciones de ejercerlo por ser parte material dentro del procedimiento; luego, los actos reclamados no vulneran los derechos fundamentales de los inconformes. En ese contexto, deviene infundado el motivo de disenso antes analizado. Por otro lado, por cuestión de importancia, se analiza el cuarto de los motivos de inconformidad vertidos por la parte quejosa, que hacen consistir en que el acto reclamado es violatorio del artículo 16 Constitucional, toda vez que es carente de fundamentación y motivación. A ese respecto, es pertinente señalar lo establecido en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De la disposición transcrita derivan tres elementos que debe contener todo acto de autoridad que implique una molestia, para cumplir con las exigencias en él contenidas, a saber: a) la existencia de un mandamiento escrito; b) que haya sido emitido por una autoridad competente; y, c) que dicha autoridad funde y motive la cusa legal del procedimiento. En torno del elemento precisado en el inciso a), el Constituyente estableció que todo acto de autoridad debe reunir un requisito de forma que consiste en que el mandamiento u orden deba constar por escrito, a efecto de no dejar dudas sobre la voluntad de la autoridad y, a la vez otorgar certeza jurídica al gobernado sobre el proceder de ese ente público, que permite establecer en forma preliminar los alcances del mandamiento; exigencia que se cubre, además, cuando contenga firma autógrafa de la autoridad que la emite y, exista constancia que el acto se dio a conocer al gobernado, es decir, que se haya notificado al destinatario del mandamiento, con el fin de darle a conocer en forma cabal y completa el contenido de la providencia que permite la defensa y su posterior impugnación. En cuanto al elemento contenido en el inciso b), debe señalarse que la competencia de la autoridad se refiere a la aptitud o suficiencia que tiene ésta para emitir un acto que trascienda a los derechos de los gobernados, suficiencia o aptitud que debe estar previamente establecida en la norma jurídica a través de catálogos que primeramente reconozcan como autoridad al que emite el acto y, segundo, que indiquen cuáles son las atribuciones que puede desarrollar. Por tanto, una autoridad será competente cuando esté legalmente facultada para realizar una determinada función en nombre del Estado; es decir, debe haber disposiciones jurídicas precisas que le otorguen a una autoridad la posibilidad de dictar resoluciones que impliquen actos de molestia. Luego, se habrá de cumplir con el presente requisito si el acto de molestia cubre como mínimo lo siguiente: El órgano del Estado o autoridad que haga la molestia debe tener existencia legal, esto es, que debe ser una autoridad de iure y no de facto. Las facultades que se ejerzan sean expresas y suficientes para realizar el acto de molestia, pudiendo ser regladas, de arbitrio o discrecionales. Finalmente, por cuanto hace al elemento destacado en el inciso c), es de decirse que es el señalamiento preciso del precepto legal aplicable al caso, cuya cita debe ser íntegra y puntual, esto es, indicando el dispositivo legal y la ley que lo contiene, a fin de que se distinga en forma clara y contundente la normatividad aplicable, de tal forma que el gobernado pueda tener certeza jurídica en torno del acto de molestia; y, se invoquen las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que determinan la aplicación de ciertas hipótesis normativas al caso concreto. Son razonamientos que vinculan situaciones, hechos o actos al supuesto de la norma. Al respecto es aplicable la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Acorde a lo expuesto en párrafos precedentes, se tiene que los requisitos destacados en los incisos a) y b), se cumplen, en virtud de que el auto de tres de julio de dos mil diecinueve fue emitido por escrito, como se advierte de las constancias que exhibió la autoridad responsable al rendir su informe con justificación, consistentes en copia certificadas del expediente 146/2013, relativo a las diligencias de consignación de pago, interpelación y requerimiento, promovidas a través del procedimiento judicial no contencioso, las cuales fueron previamente valoradas. Asimismo, dicha resolución fue dictada por la Juez de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Paraíso, Tabasco, quien cuenta con las facultades previstas en los artículos 47 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. De igual forma, se cumple el elemento destacado en el inciso c), ya que, la juez responsable, en el momento de resolver se ciñó a lo que establecen los artículos 181, 182, 183, 187, 188, 372 y 373 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, determinando que la solicitud de la medida cautelar solicitada cumple con los requisitos exigidos por el numeral 181 invocado, ya que la accionante la promueve como diligencia previa a la presentación del incidente de liquidación de sentencia respecto a los gastos y costas incluyendo honorarios profesionales, a que resultaron condenados los demandados en la sentencia definitiva, de tres de abril de dos mil diecisiete, declarada firme. Asimismo, determinó que la peticionaria de la medida cumple con los requisitos exigidos por el artículo 182 del citado ordenamiento legal, pues Dolores Marcela Batista Fuentes, acredita el derecho para gestionar la medida, al ser la actora en la causa principal, en el cual obtuvo sentencia favorable y que se encuentra firme. De igual modo, acreditó la necesidad de la medida cautelar o evitar el daño que podría traer consigo el retardo en el pronunciamiento de la sentencia, pues de negarse el embargo precautorio solicitado, la actora podría tener un perjuicio en su patrimonio al no garantizarse la condena de gastos y costas en la que fue favorecida en sentencia definitiva dictada en la causa principal, el tres de abril de dos mil diecisiete; así como la condena que se hizo en segunda instancia en resolución de seis de agosto de dos mil dieciocho, esto es, fue condenada en ambas instancias, hasta el momento que se emita el fallo correspondientes en el que se decida el destino de la cantidad embargada. Por lo que el otorgamiento de la medida cautelar que pretende la actora es con el fin de evitar un perjuicio de imposible reparación en su contra, en el caso de que los demandados no cumplan con su obligación de pago, respecto de las condenas de primera y segunda instancia en cuanto a los gastos y costas incluyendo honorarios profesionales. Razón por la cual la autoridad responsable con fundamento en el artículo 187, fracción II de la Ley Adjetiva Civil en vigor en el Estado, decretó la medida cautelar solicitada; y con fundamento en los numerales 183 y 188 del citado cuerpo de Leyes, consideró que no era necesario solicitar la caución a que refieren dichos dispositivos legales, ya que la cantidad consignada no ingresó materialmente al patrimonio de los demandados. Por último, requirió a la promovente para que dentro del término de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se ejecutara el embargo presentada el incidente de liquidación relativo, apercibida que de no hacerlo, caducaría de pleno derecho la medida. De lo que se desprende que la autoridad responsable, contrario a lo que arguye la parte quejosa, sí fundó y motivó su determinación para conceder la medida cautelar solicitada consistente en el embargo precautorio decretado sobre la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional), consignada por Dolores Marcela Batista Fuentes, en favor de los aquí quejosos, en el expediente 146/2013, razón por la cual deviene infundado dicho motivo de disenso. Por otro lado, también resultan infundados los conceptos de violación reseñados con los puntos dos y cinco, que hacen consistir en que no es jurídicamente aceptable que se pretendan relacionar dos procedimientos distintos e independientes, porque uno se refiere al pago por una obligación que tenía la consignataria en favor de los quejosos y que adquirió doce años antes de realizado el depósito y, el otro, nace de un juicio distinto, en el que a pesar de haber sido condenados en primera instancia, dicha resolución aún no se encuentra firme, y aunque así fuera, ellos tienen la libertad de elegir la forma de pago, no mediante una afectación a su esfera jurídica, pues de haberse entregado el cheque en el tiempo en que lo solicitaron, no estuvieran en la necesidad de ocurrir ante esta instancia constitucional. Ello es así, porque si bien es cierto, que en el expediente 146/2013, se dio trámite a la diligencias de consignación de pago, interpelación y requerimiento, promovidas por Dolores Marcela Batista Fuentes, a través del procedimiento judicial no contencioso, mediante el cual consignó en favor de los vendedores aquí quejosos la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional), amparado con el cheque 497, por concepto de último pago de la totalidad del precio de venta pactada respecto del bien raíz identificado como lote seis, manzana treinta y dos, colonia Lázaro Cárdenas del Río, Paraíso, Tabasco, y el incidente de medidas cautelares, se deriva del expediente 170/2014, relativo al juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura, promovido por Dolores Marcela Batista Fuentes, en contra de Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta; también lo es, que el embargo precautorio decretado el tres de julio de dos mil diecinueve, se realizó precisamente sobre la cantidad que fue consignada por la actora del juicio natural, a quien como lo determinó la juez responsable le fue favorable la sentencia definitiva de tres de abril de dos mil diecisiete, el cual es susceptible del embargo conforme lo establece el artículo 187 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. Aunado a ello, es de decir que si bien es cierto como lo mencionan los quejosos que la resolución de seis de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por la juez responsable en el incidente de liquidación de gastos y cuantificación de costas, aun no se encuentra firme, en virtud del recurso de apelación que hicieron valer, como se acredita con los indicios que generan las documentales exhibidas en copia simple por la tercera interesada visibles a fojas 50 a 65 de los autos en que se actúa, las que se encuentran corroboradas con la documental pública que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable, consistente en el oficio 593, de dieciocho de febrero de dos mil veinte (foja 79 de autos), del que se advierte que remitió al Tribunal de Alzada, el incidente antes aludido para el trámite del precitado medio de impugnación; también lo es, que dicha resolución fue emitida con posterioridad al auto de tres de julio de dos mil diecinueve, que constituye el acto reclamado y, por ende, no fue tomada en consideración por la juez responsable, ya que como lo determinó la promovente solicitó la medida cautelar como diligencia previa a la presentación del incidente de liquidación de sentencia respecto de los gastos y costas incluyendo honorarios profesionales. En ese contexto, deviene infundado dicho motivo de inconformidad. En el motivo de inconformidad reseñado con el punto tres los quejosos aducen que no han podido cobrar la cantidad consignada mediante el depósito, por diversas acciones de obstaculización llevados a cabo por la autoridad responsable y se les pretende despojar de dicho bien, pues se les condenó al pago de gastos y costas por la tramitación del juicio, pero al momento de notificarles la resolución, los quejosos se inconformaron con la resolución interlocutoria por ser excesiva y no haberse acreditado plenamente, misma que se encuentra en estudio ante el Tribunal de Alzada. Por lo que se vulnera en su perjuicio del derecho del debido proceso. Asimismo en el concepto de violación descrito con el punto siete, los impetrantes manifiestan que desde el dos de julio de dos mil diecinueve, han estado realizando las gestiones necesarias para obtener la entrega necesaria del cheque; sin embargo no se les ha entregado por obstaculización de la autoridad responsable, por lo que hasta el siete de enero de dos mil veinte, se les hizo de su conocimiento ese motivo. Resultan infundados los citados conceptos de violación, mismos que se analizan de manera conjunta, toda vez que de la revisión practicada a las constancias procesales remitidas por la autoridad responsable, se observa que el acto reclamado fue pronunciado el tres de julio de dos mil diecinueve en el incidente de medidas cautelares derivado del expediente 170/2014; y las peticiones formuladas por los quejosos en los escritos recibidos el dos de julio y veintidós de noviembre, ambos de dos mil diecinueve y veintitrés de enero de dos mil veinte, fueron proveídos el cinco de julio y veintinueve de noviembre, ambos de dos mil diecinueve y veintinueve de enero de dos mil diecinueve, es decir, con posterioridad al pronunciamiento de la juez natural y que hoy constituye el acto reclamado. Razón por la cual no existe la violación al debido proceso aducido por la parte quejosa. Por cuanto hace, al concepto de violación descrito en el punto seis, que hace consistir la parte quejosa en que la autoridad responsable al emitir el acto reclamado faltó a la debida objetividad y equidad entre las partes, pues manifiesta que de no otorgarle la solicitud de embargo precautorio, la promovente podría tener un perjuicio en su patrimonio, sin atender que quien está resintiendo un perjuicio son los quejosos, ya que si bien tienen que cubrir a la accionante la cantidad que resulte de gastos y costas incluyendo honorarios profesionales, tal pago se hará en el futuro sin que se pueda utilizar de pretexto un "temor fundado", sin que se pueda apreciar en que se basó. Resulta infundado el concepto de violación aducido por la parte quejosa, toda vez que la juez del procedimiento al analizar el segundo de los elementos de procedibilidad de la medida cautelar, esto es, relativo a acreditar la necesidad de gestionar la medida cautelar que solicita o evitar el daño que podría traer consigo el retardo en el pronunciamiento de la sentencia, determinó que de negarse el embargo precautorio solicitado, la actora podría tener un perjuicio en su patrimonio al no garantizarse la condena en gastos y costas en la que fue favorecida en la sentencia definitiva pronunciada en la causa principal como es la condena que se hizo en segunda instancia de gastos y costas y honorarios profesionales; por lo que el embargo precautorio tendría vigencia hasta que se emitiera el fallo correspondiente, en el que se decidiera el destino de la cantidad embargada. De lo que se infiere, que la autoridad responsable al emitir el acto reclamado cumplió con el principio de fundametanción y motivación, pues explicó las razones por las cuales la promovente cumplió con el segundo de los requisitos exigidos por el artículo 182 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco; esto es, la accionante acreditó la necesidad de la providencia precautoria, para evitar el daño que podría traer consigo el retardo en el pronunciamiento de la resolución de los gastos y costas incluyendo honorarios profesionales a que resultó condenada la parte demandada en la sentencia definitiva y en la resolución pronunciada por el Tribunal de Alzada, pues sostuvo su decisión en el perjuicio que podría resentir Dolores Marcela Batista Fuentes en su patrimonio. Máxime que la finalidad de la medida precautoria es evitar que el tiempo que implica la tramitación del juicio, en el caso, el incidente de cuantificación de gastos y costas, frustre el derecho de la peticionaria, asegurando así el eventual cumplimiento de la condena y disipando los temores fundados de quien la pide. En esa virtud, deviene infundado dicho motivo de disenso. Respecto del concepto de violación precisado con el número ocho, que hacen consistir en que la autoridad responsable hace referencia a que dicho embargo se concede para evitar un perjuicio de "imposible reparación", por lo que prejuzga la actitud de pago de los quejosos, manifestando que "en el caso de que los demandados no cumplan con su obligación de pago", cuando en el escrito de veintidós de enero de dos mil veinte, claramente expusieron que parte de ese dinero sería para realizar el pago, siempre y cuando no sea excesivo. Es de decir que no asiste razón, toda vez que como lo sostuvo la juzgadora de origen, el otorgamiento de la medida cautelar tuvo como finalidad evitar un perjuicio de imposible reparación en contra de la solicitante, para el caso de que los demandados no cumplan con su obligación de pago, respecto de las condenas de la primera y segunda instancias, en relación al pago de los gastos y costas incluyendo los honorarios profesionales y, el hecho, de que los demandados hoy quejosos hayan presentado un escrito de veintidós de enero de dos mil veinte, en el que solicitaron la entrega del cheque y expusieron que parte de ese dinero sería para realizar el pago, siempre y cuando no sea excesivo, es insuficiente para conceder la protección constitucional solicitada, porque esa petición no fue tomada en consideración por la juez responsable, al emitir la determinación de tres de julio de dos mil diecinueve, toda vez que fue presentada por los hoy impretantes del amparo hasta el dos de enero de dos mil veinte. De ahí que lo infundado de su concepto de violación. Por otro lado, en el concepto de violación reseñado con el punto nueve, los quejosos aducen que en el punto tercero del acto reclamado, dice la responsable que de conformidad con los artículos 183 y 188 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco "no es necesario dejar caución" en favor de los aquí quejosos por los daños y perjuicios que en la actualidad están sufriendo, porque dichos recursos no ingresaron a su patrimonio y no fue por voluntad propia, sino por los diversos obstáculos procesales de la propia autoridad responsable, para que la cantidad consignada no les sea entregada, pues desde el dos de julio de dos mil diecinueve, en el que hicieron la primera solicitud de pago, están sufriendo el perjuicio de no disfrutar dicho bien, ya que los está despojando de recursos económicos, por lo que lo correcto era que la accionante garantizara cuando menos la misma cantidad que contiene el cheque, por el perjuicio que les ocasiona la retención indebida, para que en su momento oportuno les sea entregado por los daños y perjuicios por la negativa de pago. Tampoco asiste razón a los quejosos, toda vez que como lo consideró la juez responsable en el punto tercero del acto reclamado, conforme lo establecen los artículos 183 y 188 del Código Procesal Civil en vigor en el Estado, la caución no será necesaria cuando por la ejecución de la medida cautelar no puedan derivarse daños patrimoniales al deudor y, en el caso, la cantidad consignada en el expediente 146/2013, objeto del embargo precautorio, no ingresó materialmente al patrimonio de los demandados aquí quejosos y, el hecho de que mediante escrito de dos de julio de dos mil diecinueve, hicieran la primera solicitud de pago, estas son cuestiones ajenas a las circunstancias que existían al momento en que la juez responsable concedió la medida cautelar, misma que hoy constituye el acto reclamado. Por lo tanto deviene infundado el motivo de disenso. Con motivo de lo anterior, no resulta aplicable el criterio que invocan los impetrantes de amparo, bajo el rubro: "DERECHO A PROBAR. CONSTITUYE UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO INTEGRANTE DEL DERECHO DE AUDIENCIA". Consecuentemente, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la parte tercera interesada Dolores Marcela Batista Fuentes, en sus escrito recibido el once de marzo de dos mil veinte, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Óscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta, contra el acto que reclamó a la autoridad responsable en los términos precisados en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo a la Juez Primero Civil de Primera Instancia de Paraíso, Tabasco, remitiendo el original del expediente 170/2014 relativo al Juicio Ordinario Civil de Otorgamiento y Firma de Escritura, promovido por Dolores Marcela Batista Fuentes, en contra de Oscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta, por lo que se dio vista a las partes con el contenido de las referidas constancias, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que resulta evidente que el plazo de ocho días que contempla dicho numeral para que las partes se impongan de su contenido, se encuentra transcurriendo. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

  3. Principal

    mesa 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Juez Primero Civil de Primera Instancia de Paraíso, Tabasco, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, remite original del expediente 170/2014 relativo al Juicio Ordinario Civil de Otorgamiento y Firma de Escritura, promovido por Dolores Marcela Batista Fuentes, en contra de Oscar Bermúdez Castro y Guadalupe Chao Arrieta, constante de mil treinta fojas; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la constancia que anexó, de las que se hará relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Debido a la voluminosidad de la constancia remitida por la autoridad responsable, manéjense ésta por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 10 Vista; la certificación que antecede, se advierte que el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Ahora, como se hizo constar en la certificación de cuenta, en el presente expediente se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional para las once horas con veinte minutos del siete de enero de dos mil veintiuno, misma que no pudo llevarse a cabo, por los motivos expresados en los párrafos que anteceden. Por lo anterior, se reanuda el trámite del presente expediente. En ese tenor, de la revisión de los autos en que se actúa, se desprende que mediante oficio 22825/2020, de nueve de diciembre de dos mil veinte, con apoyo en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requirió al Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia de Paraíso, Tabasco, para que dentro del término de cinco días hábiles, remitiera a este órgano jurisdiccional copia certificada de todo lo actuado en el expediente 170/2014 de su índice, a partir de la sentencia definitiva de seis de diciembre de dos mil diecinueve, las cuales deberán estar completas, legibles, foliadas y costuradas. Por lo que del rastreo que se realizó de la guía MA107324318MX, de Correos de México, https://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/SeguimientoEnvio/Seguimiento.aspx, se observa que el veintidós de diciembre de dos mil veinte, no fue posible su entrega, ya que se advierte la siguiente leyenda: "pieza devuelta por situación extraordinaria que no permite la entrega". En esa virtud, estése en espera de que dicha mensajería realice la devolución de la citada comunicación oficial, a fin de acordar lo procedente. Por lo que, para el verificativo de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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