Oscar Cruz López
Expediente 1069/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1069/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Oscar Cruz López
Actuaciones
- Principal
Se agrega el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, el cual contiene el oficio 29760/2018, dirigido al Juez Segundo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, el cual se devuelve con la leyenda "no existe esa autoridad", Ahora, dado que omitió demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del citado oficio y solo se limitó a manifestar que es inexistente la autoridad a la cual se dirige, con fundamento en el artículo 28 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Amparo se tiene por hecha la notificación del acuerdo de veinte de agosto de dos mil dieciocho
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- Al expediente el escrito del quejoso + a través del cual desahoga la prevención formulada en proveído de trece de noviembre de dos mil dieciocho. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda, y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. De la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso ejerció la acción de derechos fundamentales contra la negativa de acumular los procesos 359/2012 y 281/2012. Sin embargo, ese planteamiento es insuficiente al parámetro actual de imposible reparación afectación material a derechos sustantivos. Por ello, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo. Para demostrarlo se explica el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde las cuestiones procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales cuestiones ya fueron analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia por el derecho fundamental de justicia pronta se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares fracción V del artículo 107 de la legislación. Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación afectación material a derechos sustantivos y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a cuestiones procesales. Además, el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular frente a los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se observa que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que ve limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva por el nuevo parámetro de imposible reparación está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias -como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas- en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Bajo ese contexto, si el quejoso reclama la negativa de acumular los procesos 359/2012 y 281/2012, resulta patente que la esfera jurídica del quejoso no se le lesiona de forma irreparable, pues la facultad que ejerce el juez de negar la acumulación de juicios, no involucra el análisis de los hechos delictuosos o la probable participación del imputado en su comisión, sólo se trata de cuestiones de índole procesal previstos por normas ordinarias a fin de lograr un efectivo desarrollo de los procesos. De manera análoga, sirve de apoyo la tesis de rubro ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO . Además se colige que el acto reclamado sólo puede generar al quejoso violaciones procesales o adjetivas, porque el hecho de que no se acumulen las causas penales no tiene vinculación con los derechos sustantivos debatidos en el proceso, mencionados en párrafos anteriores. Situación que determina la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación, pues la acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, se carece de elementos para visualizar un impacto a derechos sustantivos tutelados en la constitución o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano como la libertad, la justicia pronta, la integridad física, entre otros. Bajo este contexto, se deduce que el acto reclamado carece de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación afectación material a derechos sustantivos los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Por tanto, se concluye que al negar la acumulación de los procesos penales, se encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la legislación. Entonces, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XII del diverso 61, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable.
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta y del estado procesal que guarda el expediente, se advierte el proveído de once de octubre de dos mil dieciocho (fojas 404 a 409) por el que se declaró cumplida la sentencia ejecutoria dictada en este juicio; lo cual se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidos en caso de omitir hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado para tal efecto transcurrió hasta su conclusión, y tanto el quejoso como las demás partes omitieron interponer el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió dentro del periodo en mención. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 201, fracción I y 202, primer párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME) y se tiene por consentido por las partes. Luego, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto concluido en forma total y definitiva, de conformidad con lo señalado en el artículo 214 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, en atención a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de depuración, por tanto, debe conservarse la demanda y sentencia respectiva. Empero, se hace notar que el presente asunto carece de relevancia documental. Atento a lo anterior, se ordena devolver al Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la documental consistente en copias certificadas del expedientillo del incidente de nulidad de actuaciones derivado de la causa penal +++, así como en dos tomos copias certificadas de la causa penal citada, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo por solo tratarse de copias certificadas. De igual forma, se ordena devolver a la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la documental consistente en copias certificadas del toca de apelación ++++, así como en dos tomos copias certificadas de la causa penal ++++, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo por solo tratarse de copias certificadas. Se instruye a la secretaria encargada del trámite para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Por otra parte, ya que en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, se ordena proveer lo conducente en el cuaderno original y duplicado, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto. Por último, se agrega el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual informa que se desechó el recurso de queja interpuesto por + a través de su autorizada + contra el auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y como lo solicita acúsese de recibo.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- Se recibe la demanda de protección de derechos signada por + por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Ahora, de la lectura armónica e integral de la demanda se advierten irregularidades en relación al acto que pretende atribuir a las autoridades responsables. Ello, porque al formular sus conceptos de violación enfoca sus baterías en el hecho de que los procesos radicados antes los jueces responsables debieron ser acumulados en su momento pero, al encontrarse en etapas procesales distintas, se le negó esa posibilidad. Con independencia a ello considera que la resolución emitida en el toca de apelación + debe permear ambos procesos, pues en los dos fueron tomados en cuenta los mismos elementos probatorios para dictar el auto de formal prisión respectivo. Así se genera confusión en torno al acto concreto que el quejoso pretende reclamar en este juicio de protección de derechos, pues se limita a señalar como acto reclamado "la sentencia dictada dentro del toca número + radicado y resuelto en la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, resolución que debería afectar no solo lo actuado en el proceso 359/2012 radicado en el juzgado séptimo penal, sino en lo actuado en el proceso 281/2012, radicado en el juzgado quinto penal. De ahí la necesidad de requerir la aclaración de la demanda. Por tanto, con fundamento en los artículos 108 fracción IV, y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, efectúe bajo protesta de decir verdad la siguiente aclaración: Precise si el acto que, en realidad, desea reclamar es la negativa de acumular el proceso + del índice del Juzgado Séptimo Penal del Distrito Judicial de Puebla con el diverso + de la estadística del Juzgado Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla, o, Si por el contrario su reclamo se centra en la negativa del Juez Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla, de tener por desahogada como prueba documental pública la referida resolución de apelación dentro del proceso + a efecto de ser tomada en consideración al resolver dicho proceso Se hace saber al quejoso que al desahogar el requerimiento formulado deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, otra para las autoridades responsables, y una para cada tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia. Además se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento en el plazo otorgado para tal efecto por la irregularidad antes mencionada se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Luego, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por así haberse solicitado a + quien tiene validado su número de cedula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se hace saber al quejoso que la prevención de que se trata, es para evitar dejarlo en estado de indefensión y al mismo tiempo determinar los actos concretos que reclama. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE procédase en su momento a la digitalización del presente asunto escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
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