Oscar Araujo Vazquez

Expediente 98/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
98/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/02/2019

Partes del expediente

  • Oscar Araujo Vazquez
  • Tomas Flores Libreros

Actuaciones

  1. Principal

    Al expediente, el oficio de cuenta del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, donde rinde su informe de la suspensión de plano en este juicio de amparo. En consecuencia, previo desglose, y copia certificada que se deje en autos para constancia, remítase el original del oficio de cuenta al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa pues es quien aceptó la competencia declinada por este juzgado de distrito en razón de territorio.

  2. Principal

    Al expediente, el telegrama de cuenta del Director General de Centro Penitenciario Federal Número Cinco Oriente, donde rinde su informe de la suspensión de plano en este juicio de amparo. Sin embargo, de momento se reserva mayor proveído del mismo, porque en acuerdo de siete de febrero del presente año, se declinó competencia legal por territorio al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Xalapa, y a la fecha se carece en autos del acuerdo del juzgado de distrito que le tocó conocer de la competencia, y como consecuencia su aceptación

  3. Principal

    Se agregan al expediente, los oficios de cuenta del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama donde devuelve diligenciado el exhorto ** con número de orden ** del índice de este juzgado de distrito En consecuencia, se ordena dar de baja la comunicación oficial de mérito y realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes Por otra parte, es innecesario emitir acuse de recibo, en razón de que éste se genera al enviarse a través de vía electrónica Luego, de su contenido se advierte la notificación del oficio ** dirigido al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente en Villa Aldama, Veracruz, así como de la constancia de notificación a los quejosos ** del acuerdo de siete de febrero de dos mil diecinueve. Además, de la misma se advierte, el actuario asentó los quejosos carecían de alteración física en sus cuerpos, de la ausencia de tortura a los mismos; así como el deseo de desistirse de este juicio de amparo por parte de ** Sin embargo, de momento se reserva mayor proveído del mismo, porque en acuerdo de siete de febrero del presente año, se declinó competencia legal por territorio al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Xalapa, y a la fecha se carece en autos del acuerdo del juzgado de distrito que le tocó conocer de la competencia, y como consecuencia su aceptación

  4. Principal

    Se recibe la demanda de protección de derechos signada por * por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente en Villa Aldama, Veracruz y del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en la Ciudad de México. Ahora, los actos reclamados están circunscritos a la orden de traslado para los quejosos, en particular del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente en Villa Aldama, Veracruz a otro centro penitenciario; y la ejecución de la referida orden. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se descarta ordenar la formación del incidente de suspensión, a pesar de haberse solicitado. La determinación previa obedece a que los quejosos reclaman una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, motivo por el cual se estima procedente atender la suspensión prevista en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, dado que la suspensión de plano se considera de mayor beneficio para los quejosos. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se suspende de oficio y de plano todo acto que implique el traslado de los quejosos ** del interior del centro de reinserción social donde estén recluidos a un diverso centro penitenciario. Suspensión que tiene fundamento en los numerales 15 y 126, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 1/J. 58/2016 (10) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 865, de rubro: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SOLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Además, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se suspende de oficio y de plano todo acto que tienda a atentar contra la dignidad de los quejosos, como sería hacerlo objeto de violencia, intimidación, malos tratos y aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a su integridad física o psicológica o estén prohibidos por el artículo 22 constitucional, incluida la orden de traslado de un centro penitenciario a otro. Empero, se hacen notar las acotaciones siguientes: a) La suspensión de plano nunca podrá utilizarse para solicitar que se descarten las medidas de seguridad establecidas en los ordenamientos legales, en particular las que rigen dentro del centro penitenciario donde se encuentran internos los quejosos. b) Tampoco podrá alegarse que la suspensión permite a los quejosos la visita de familiares y defensores (abogados) fuera de los horarios normales que existen en el centro de reclusión. c) La suspensión de plano jamás podrá utilizarla los quejosos para exigir condiciones que impliquen privilegios respecto de los demás internos, salvo que alguna situación excepcional relacionada con la salud de aquéllos, se obligara a proporcionarles comida y atención médica especializada para salvaguardar su vida, respectivamente. d) La suspensión de plano carecerá de efectos si la orden de traslado fue dictada en cumplimiento a una sentencia que tenga el rango de ejecutoria, pues en ese aspecto la sociedad está interesada en que las sentencias sean cumplidas. Lo anterior se orienta en la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS EJECUTORIAS e) La suspensión carecerá de efectos si la orden de traslado se dispuso para alguna diligencia de carácter ministerial o judicial, pues de concederse la suspensión en estos supuestos se paralizaría el procedimiento correspondiente y se impediría el cumplimiento a una determinación judicial o ministerial, lo cual también repercutiría en el interés de la sociedad en que tanto las autoridades investigadoras como judiciales cumplan sus funciones de investigación, persecución de delitos e impartición de justicia f) La suspensión de referencia tampoco surtirá efectos si la orden de traslado fue emitida por autoridades diversas a las señaladas como responsables, o si se pronuncia después de la presentación de la demanda de amparo que origina este juicio. Máxime que la suspensión de que se trata, está sujeta a actos existentes y concretos, nunca probables o eventuales, como deriva de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo, razón por la cual sería imposible que la medida cautelar surtiera efectos respecto de actos emitidos en el futuro. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada: ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN g) La suspensión de plano no tendrá efectos si la orden de traslado atiende a razones de seguridad en el centro donde se encuentra recluido cada quejoso, así como por las características del hecho imputado, las circunstancias personales de éste o alguna otra que impida el desarrollo adecuado del proceso. De modo que si el acto reclamado obedece a una medida de seguridad fundada en disposiciones de orden público e incluso para salvaguardar la vida de cada quejoso, la suspensión carecerá de efectos puesto que una eventual sentencia donde se conceda el amparo, permitiría restablecer el goce del derecho violado al punto de regresarlo al centro del que hubiera sido extraído, o en su caso, en la celda donde se encuentra recluido, respectivamente. Sólo resta decir que se tiene presente la tesis aislada que en la Novena Época sustentó el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sentido opuesto al que aquí se establece, porque refiere: ORDEN DE TRASLADO. ES PROCEDENTE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, AUN CUANDO OBEDEZCA A RAZONES DE SEGURIDAD EN LAS PRISIONES Pero el criterio mencionado carece de obligatoriedad conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo, al tratarse de una interpretación contenida en tesis aislada; en cambio, se tiene la obligación de resguardar las disposiciones de orden público como las que rigen los centros penitenciarios. Bajo este contexto, los quejosos quedan a disposición de este juzgado por lo que se refiere a su libertad personal, en el lugar donde se encuentran recluidos, hasta que se notifique a las responsables la sentencia o resolución que se dicte para resolver el presente juicio de amparo, pero éstas mantienen la responsabilidad que les corresponde por lo que hace a la integridad personal de cada quejoso. Ahora, para que las responsables acrediten el cumplimiento a la suspensión de plano, deberán rendir informe a este juzgado dentro del plazo de veinticuatro horas con independencia del informe tradicional y se les hace notar que la omisión del informe puede generar la comisión del delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, la cual sanciona con prisión, multa, destitución e inhabilitación al servidor público que en el carácter de autoridad, desobedezca un acuerdo de suspensión debidamente notificado. Se requiere además a las autoridades responsables, para que lo envíen, vía ordinaria (por correo postal), así como a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional federal, que es el siguiente: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Por otra parte, se ordena notificar en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que intervenga en términos del artículo 5 fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo cual se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y copia de la demanda de protección de derechos. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior se ordena al actuario correspondiente que deje constancia legal en el expediente de dicha notificación. Por otro lado, tenemos que los referidos quejosos se encuentran interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 ORIENTE con residencia en el municipio de Villa Aldama, Estado de Veracruz, motivo por el cual se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, 297, fracción II, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se ordena librar exhorto en línea, al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, en turno, para que en auxilio de este órgano constitucional ordene a quien corresponda, se constituya en el citado centro donde se encuentran recluidos los quejosos y les notifique a cada uno de ello y al director de ese centro, el presente proveído a éste último por oficio Para ese efecto, se le envían copias autorizadas de este proveído y del oficio que deriva del mismo, así como un juego de copias simples de la demanda de amparo. Además, se solicita al juez exhortado que instruya al actuario encargado para la citada diligencia, proceda de inmediato a localizar a los quejosos ** les notifique este acuerdo en forma personal y en la misma diligencia dé fe del estado físico en el cual se encuentran, pues la fe pública que tiene basta para sustentar algún maltrato físico (en caso de existir) Pero ello, deberá hacerlo a través de sus sentidos, razón por la cual sólo debe hacer constar lo que observe en cada quejoso, porque carece de conocimiento de perito médico (el actuario). Asimismo, les deberán indicar la posibilidad de que señalen domicilio procesal y designen autorizados, para la tramitación del juicio. Se le pide al juez exhortado que indique al actuario judicial que si resultaren ausentes los quejosos en el lugar señalado, deberá elaborar la razón correspondiente y la remita de inmediato al secretario encargado de la guardia de este órgano jurisdiccional, para que se provean las medidas necesarias a la localización de aquél como lo ordena el artículo 15 de la Ley de Amparo. Máxime que todas las autoridades del Estado Mexicano tenemos el deber de intervenir contra los actos contrarios a los derechos fundamentales, en particular los que lleguen a generar un riesgo para la vida y otros de esa gravedad, como deriva de los artículos 1 y 22 de la constitución federal. Se hace notar al juez exhortado que está facultado para autorizar días y horas inhábiles para realizar lo encomendado, así como para que acuerde promociones y provea todas las diligencias que sean necesarias para cumplir lo solicitado. Por lo que se pide en forma atenta que devuelva a la mayor brevedad posible la comunicación oficial por el sistema en línea, es decir, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes en cuanto se realice la diligencia con cada quejoso y también quede notificado por oficio el director del centro penitenciario respecto de este acuerdo Establecido lo anterior, es necesario decir que la lectura integral de la demanda, permite afirmar que ninguna autoridad responsable ha sido señalada en la residencia de este juzgado federal, pues únicamente se involucró al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente en el municipio de Villa Aldama, Estado de Veracruz, donde los quejosos se encuentran recluidos. Por lo que este juzgado declara carecer de competencia legal territorial para conocer del asunto, conforme a la tesis jurisprudencial de rubro: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA, CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Entonces, se declara la incompetencia legal de este juzgado para continuar la tramitación de la demanda de amparo, presentada por cada quejoso. De hecho, porque una de las autoridades responsables pertenece al Estado de Veracruz, lo cual obliga a declinar el conocimiento del asunto al juez de distrito de la referida entidad, dado que tendrá los elementos idóneos para recabar pruebas de manera eficaz, en particular por compartir la misma residencia de la autoridad señalada en la demanda, y en donde los impetrantes se encuentran recluidos. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, entre otros temas, se declina la competencia legal por territorio al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Xalapa. En consecuencia, se ordena remitir el expediente formado con el original de la demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, para que la turne al juzgado de distrito al que corresponda. Se solicita al juez de distrito que conozca del presente asunto, informe si aceptó la competencia legal declinada; y de ser así, remita el acuse de recibo correspondiente. Además se le hace notar lo siguiente: este juzgado se ha pronunciado sobre la suspensión de oficio y de plano, a fin de salvaguardar la integridad de los quejosos respecto de los actos combatidos, los cuales parecen de los contemplados por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se ordena formar expedientillo (cuaderno de antecedentes) con las constancias necesarias; y hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno como en el sistema electrónico En último lugar, se puntualiza que la determinación contenida en este acuerdo implica una declaración de incompetencia legal, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad habrá de archivarse como juicio concluido si se acepta la competencia legal declinada

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