Oscar Augusto Valle Sanchez

Expediente 702/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
702/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
22/08/2022

Partes del expediente

  • Oscar Augusto Valle Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio recibido en línea, signado por la Secretaria del Primer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz. Atento a su contenido, téngasele informando que dicho Tribunal aceptó la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo promovida por Oscar Augusto Valle Sánchez, por lo que se avocó a su conocimiento; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se declaró la legal incompetencia del asunto, y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintidós de agosto de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de cuenta signada por Oscar Augusto Valle Sánchez, quien indica promover por propio derecho y en su carácter de víctima directa y como coadyuvante del Fiscal, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 702/2022-1, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Cuatro Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, con residencia en la ciudad de Veracruz, Veracruz, de quien reclama la resolución de diecinueve de julio del año en curso, dictada en los autos del toca penal 9/2022 que revoca el auto de formal prisión de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en la causa penal 6/2017. Por tanto, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto, toda vez que el acto reclamado deriva de la actuación de un Tribunal Unitario de Circuito. Lo anterior se sostiene, dada la naturaleza del acto reclamado y en términos de los artículos 36 de la Ley de Amparo, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno y 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, este último en relación con el Transitorio Primero, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, que establecen: "Artículo 36. Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado." "Artículo 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado; [.]" "Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo siguiente: I. Las disposiciones relativas a los Tribunales Colegiados de Apelación en sustitución de los Tribunales Unitarios de Circuito, entrarán en vigor de manera gradual y escalonada en un plazo no mayor a 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con los acuerdos generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal." Apoya lo anterior la jurisprudencial número P./J. 25/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecisiete, Tomo VII, Abril de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO. Con motivo de las reformas al artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. De acuerdo a una correcta interpretación de lo previsto en la parte final de la fracción I del artículo 29 de la ley orgánica en mención, que textualmente dice: "... En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado.", debe estimarse que la proximidad de la residencia a que se refiere el precepto en mención no excluye a un Tribunal Unitario del mismo circuito al que pertenece el señalado como autoridad responsable, lo que queda patente atendiendo a que con los preceptos antes señalados quedó superado lo estatuido en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, referente a que es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a su residencia, pues dicha regla implicaba que el Juez de Distrito perteneciera a un distinto circuito al del Tribunal Unitario, para salvaguardar la independencia de aquél; pero ahora, como los actos de un Unitario son del conocimiento de otro tribunal igual en jerarquía y grado y ya no de un inferior, ninguna razón legal ni práctica subsiste para que, habiendo en el mismo circuito dos o más Tribunales Unitarios, queden mutuamente excluidos para conocer en amparo de sus actos; lo que queda patente atendiendo a la unidad lógica que se desprende del sistema de competencias establecido en la propia Ley de Amparo, ya que si el párrafo primero de su artículo 42 establece que un Juez de Distrito conoce en amparo de los actos de otro de su misma jurisdicción, por igualdad de razón un Tribunal Unitario puede conocer de los de otro Unitario de su misma circunscripción, a más de que, por identidad procesal sustancial, también se estima aplicable, para fincar la competencia del Tribunal Unitario del mismo circuito del responsable, la regla competencial del artículo 36 de la ley de la materia, consistente en que es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que se reclama." Así como la jurisprudencia número VIII.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página seiscientos veinticuatro, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER EN AMPARO INDIRECTO DE RESOLUCIONES DICTADAS POR UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO. CORRESPONDE A OTRO TRIBUNAL DE LA MISMA JERARQUÍA Y NO A UN JUEZ DE DISTRITO. Aun cuando existe discrepancia entre lo dispuesto por el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y lo que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, porque en el primero se previene que para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito, es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a la residencia de aquél, y en el segundo, que la competencia corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo al que emitió el acto reclamado; sin embargo, atendiendo al principio de la supremacía constitucional, contenido en el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia debe recaer en el Tribunal Unitario de Circuito, porque el artículo 107, fracción XII, de la propia Constitución, expresamente dispone que la competencia para conocer de resoluciones dictadas por un Tribunal Unitario de Circuito, corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo; y por tanto debe prevalecer la disposición constitucional, y la acorde con ésta, que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, porque dicho numeral tiene como base de sustentación, lo que expresamente dispone la Constitución." En consecuencia, el que suscribe se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de derechos fundamentales, considerando respetuosamente que el competente para ello es el Tribunal Unitario del Séptimo Circuito; en términos de lo que establecen las disposiciones legales antes transcritas. No se soslaya la jurisprudencia 1a./J. 60/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, página 1525, Décima Época, con registro digital 2010316, que establece: "AMPARO DIRECTO CONTRA LOS AUTOS QUE SE REFIERAN A LA LIBERTAD DEL IMPUTADO. CUANDO LO PROMUEVE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, SÓLO PROCEDE SI DECRETAN LA LIBERTAD ABSOLUTA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO). La porción normativa referida, al prever que, en materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán impugnarse por medio del juicio de amparo directo por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de la propia ley, más que una diferencia en las reglas de procedencia del amparo directo o un supuesto de excepcionalidad a su principio base de definitividad, constituye un reconocimiento legal de la legitimación activa de las víctimas y los ofendidos de un delito para objetar los autos referidos a la libertad del inculpado, que debe de guardar una lógica y sistematicidad con el resto de las normas que regulan el ámbito de procedencia del juicio de amparo directo. Así, dado que este medio de control procede únicamente contra las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio, el auto de libertad impugnable a través del mismo por las víctimas u ofendidos del delito sólo puede ser el que cumpla con esas características, como lo es el auto que decreta la libertad absoluta del inculpado y no el que lo haga con restricciones de ley, según precedentes de esta Suprema Corte cuyas consideraciones no se han visto trastocadas con la emisión de la Ley de Amparo vigente (en específico el criterio reflejado en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 10/2007; (1) consecuentemente, en relación con el resto de las resoluciones de término constitucional derivadas de la consignación de una persona ante autoridad jurisdiccional, la vía procedente, en su caso y si se cumplen los requisitos correspondientes, sería el juicio de amparo indirecto. Lo anterior, bajo la premisa de que para efectos de la procedencia del juicio de amparo que corresponda, será necesario agotar por parte de las víctimas u ofendidos los recursos ordinarios que puedan modificar o revocar dichos autos de libertad, siempre y cuando la legislación adjetiva aplicable les haya otorgado legitimación para interponer el respectivo medio de impugnación." No obstante, quien esto suscribe considera que la misma no es aplicable al caso concreto, puesto que en dicho criterio jurisprudencial se interpretó el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establecía: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. No obstante, dicha disposición normativa actualmente es del siguiente texto: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Como puede advertirse, la actual redacción en la citada norma es diferente a la interpretada en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el caso concreto, la resolución que constituye el acto reclamado, no consiste en una sentencia condenatoria o absolutoria, o alguna determinación en la que se haya decretado el sobreseimiento del proceso de origen, por lo que a criterio de quien esto suscribe, a pesar de haberse dictado en dicha resolución un auto de libertad, al considerarse que actualmente ya no es penalmente relevante el delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 215, fracción II, del Código Penal Federal, dicha resolución no puede ser reclamada en la vía directa; pues como se indicó, en ésta no se decretó el sobreseimiento del proceso penal, por lo que no se está en la hipótesis que establece actualmente el artículo 170, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por tanto, remítase el expediente relativo al juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Unitario del Séptimo Circuito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común que brinda servicio a dichos Tribunales, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándose atentamente que una vez que obre lo anterior en su poder, se remita el correspondiente acuse de recibo mediante el cual se comunique si se acepta o no la competencia declinada. Asimismo, con diversa copia del escrito de demanda, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el que refiere en su escrito de cuenta. En otro aspecto, se tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones a Ramar Mendoza Díaz y Juan Antonio Aguilar Parras, por así haberse solicitado en el escrito de demanda de amparo. Finalmente, ténganse a la parte quejosa proporcionando los correos electrónicos y números telefónicos indicados en el referido ocurso, ello con fundamento en lo establecido en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, los cuales se tendrán como medios de contacto, para comunicaciones no procesales. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, conforme al artículo 28, párrafo segundo del Acuerdo General 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario con quien actúa y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 16/2022 el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy Fe.PARO/maad

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