Oscar Antonio Rodríguez Valle

Expediente 522/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
522/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Oscar Antonio Rodríguez Valle

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de siete de junio del año en curso, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo con que se formó este expediente; en tal razón, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones correspondientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veinticuatro de junio de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por Oscar Antonio Rodríguez Valle, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de juicio 522/2022-2 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo por advertirse, de forma manifiesta e indudable, una causa de improcedencia. Entiéndase que lo manifiesto es lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que dicha causa efectivamente se actualiza. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 5°, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se explica a continuación. Los artículos invocados establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" La disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) del promovente; en el entendido que por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona, cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. En ese sentido, de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se advierte que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo lo constituye el interés jurídico de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere. De esta forma, como presupuesto básico para la promoción del juicio de amparo, la persona -física o moral- podrá solicitar legítimamente la protección de la Justicia Federal, en los casos en que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de alguna autoridad. De esta afirmación, se obtienen los requisitos que integran el interés jurídico, a saber: a) La existencia y titularidad de un derecho tutelado por la ley; y b) El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un acto u omisión de autoridad. Acorde con lo anterior, el interés jurídico necesario para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad, se encuentra en el perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados por el orden jurídico, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación; ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1598, libro 64, marzo de 2019, tomo II, registro 2019456, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: Reclamo por su sola entrada en vigor la norma general consistente en: El Convenio de Cooperación celebrado y suscrito durante su gira el pasado siete y ocho de mayo de dos mil veintidós entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba, en materia de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos cubanos para trabajar en nuestro país, el cual fue publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-contratara-medicos-y-vacunas-a-cuba-informa-presidente?idiom=es. Se atribuye al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. La omisión de remitir y ordenar publicación en el Diario Oficial de la Federación del Convenio de Cooperación celebrado y suscrito durante su gira el pasado siete y ocho de mayo de dos mil veintidós entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba, en materia de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos cubanos para trabajar en nuestro país, el cual fue publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-contratara-medicos-y-vacunas-a-cuba-informa-presidente?idiom=es. Se atribuye al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Secretario de Gobernación. La omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Cooperación celebrado y suscrito durante su gira el pasado siete y ocho de mayo de dos mil veintidós entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba, en materia de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos cubanos para trabajar en nuestro país, el cual fue publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-contratara-medicos-y-vacunas-a-cuba-informa-presidente?idiom=es. Se atribuye al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Secretario de Gobernación. La omisión de remitir para su aprobación al Senado de la República el Convenio de Cooperación celebrado y suscrito durante su gira el pasado siete y ocho de mayo de dos mil veintidós entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba, en materia de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos cubanos para trabajar en nuestro país, el cual fue publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-contratara-medicos-y-vacunas-a-cuba-informa-presidente?idiom=es. Se atribuye al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de Gobernación y al Secretario de Salud. En caso de que no se considere como norma general, ad cautelam, señalo como acto reclamado El Convenio de Cooperación celebrado y suscrito durante su gira el pasado siete y ocho de mayo de dos mil veintidós entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba, en materia de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos cubanos para trabajar en nuestro país, el cual fue publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-contratara-medicos-y-vacunas-a-cuba-informa-presidente?idiom=es. Se atribuye al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. La contratación de quinientos médicos cubanos para brindar servicio público en México. Se atribuye al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de Gobernación, al Secretario de Salud y al Secretario de Educación Pública. La asignación de dinero de una partida de presupuesto público para el pago por el traslado, pago de salario, ejecución y cumplimiento del Convenio de Cooperación celebrado y suscrito durante su gira el pasado siete y ocho de mayo de dos mil veintidós entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba, en materia de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos cubanos para trabajar en nuestro país, el cual fue publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-contratara-medicos-y-vacunas-a-cuba-informa-presidente?idiom=es. Se atribuye al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Secretario de Hacienda y Crédito Público. La omisión de verificar el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio profesional establecidos en la Ley Reglamentaria del artículo 50. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México en relación con la calidad académica y la homologación de los estudios de medicina de los quinientos médicos de Cuba a los que se refiere el Convenio de Cooperación celebrado y suscrito durante su gira el pasado siete y ocho de mayo de dos mil veintidós entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba, en materia de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos cubanos para trabajar en nuestro país, el cual fue publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-contratara-medicos-y-vacunas-a-cuba-informa-presidente?idiom=es. Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de Salud y al Secretario de Educación Pública. La autorización del ingreso a México de medicamentos y vacunas provenientes de la República de Cuba, sin el proceso de análisis de medicamentos y patente, al Secretario de Salud." Al respecto, en los conceptos de violación el quejoso expone que tiene interés legítimo sobre la situación que plantea, como ciudadano mexicano y que los actos que reclama vulneran intereses de la sociedad en general y colectivos de toda la ciudadanía mexicana, en especial del sector salud. Expuesto lo anterior, como anteriormente se indicó, se reitera que el quejoso no cuenta con interés legítimo para promover el presente juicio de amparo, ya que no evidencia ni señala en forma alguna, de qué forma los actos que reclama le irrogan un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual, bien en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige los artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limita a basar su pretensión en un interés simple, derivado de su condición de gobernado o ciudadano mexicano. Lo anterior, porque claramente en su escrito de demanda, aduce un interés igual al de la generalidad de los gobernados, pero no demuestra que los actos que controvierte pudieran generar una afectación en algún derecho que esté relacionado con la autorización de contratación de personal médico extranjero que atribuye a las autoridades responsables, ni refiere las características especiales que podría guardar su situación frente al orden jurídico, que la coloque en un punto diferenciado de la situación general y que la legitime para promover el juicio de amparo. De ahí que, se colige, no tiene un interés propio y distinto de cualquier otro gobernado, pues los actos que reclama de las autoridades responsables no le agravian de manera directa ni diferenciada en relación al resto de la sociedad. Situación que se torna patente y manifiesta, teniendo en consideración que la parte quejosa emplea expresiones en su escrito de demanda que evidencian que no acude a instar la demanda de amparo por su situación diferenciada en relación al resto de la sociedad, sino que, por el contrario, al referir que: ".de todos los médicos nacionales DISCRIMINARLOS (sic) A TODOS LOS MÉDICOS Y ESPECIALISTAS Y DEMÁS PERSONAL MÉDICO MEXICANO EGRESADOS DE INSTITUCIONES Y UNIVERSIDADES MEXICANAS CON RECONOCIMIENTO OFICIALES DE TODA LA VIDA DESDE SU CREACIÓN.", así también cita: ".el despojo de oportunidad de empleos a mexicanas y mexicanos, sin considerar primeramente la posibilidad de contratar ciudadanas y ciudadanos para el empleo de prestar el servicio médico para el que se ordenó se contraten extranjeros."; así como que, dice: ".se actualiza una violación a los intereses de la sociedad general."; todo lo cual, denota con claridad, que la pretensión de la parte quejosa no está encaminada a aducir la titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo que se vea afectado; tampoco, la afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; sino que, alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general. Cabe destacar, que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos o susceptibles de protegerse a través del juicio de amparo. Sustenta lo antes expuesto, la tesis 1a. CLXXXIV/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la página 448, libro 18, mayo de 2015, Tomo I, registro digital 2009201, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población." Con base en lo anterior, se considera que la parte quejosa, no cuenta con un interés cualificado actual, real y jurídicamente relevante para reclamar los actos que pretende, sino uno de carácter genérico o simple y, por lo tanto, una eventual concesión del amparo no podría reportarle un beneficio personal para él, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Apoya lo anterior la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 27, volumen 37, primera parte, registro digital 233517, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INTERES SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCION JURIDICA DIRECTA Y PARTICULAR. Entre los diversos intereses que puede tener una persona, o sean "situaciones favorables para la satisfacción de una necesidad", existen los llamados "intereses simples" que consisten en situaciones en las cuales los particulares reciben un beneficio del Estado cuando éste, en el ejercicio de sus atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta que coincide con esos intereses particulares; y en cambio sufren un perjuicio cuando esa conducta no es adecuada a los propios intereses. En el primer caso reciben un beneficio y en el segundo se perjudican, pero no tienen ningún derecho para exigir que se mantenga esa situación privilegiada. Puede decirse que esos intereses no tienen ninguna protección jurídica directa y particular, sino tan sólo la que resulta como reflejo de una situación general, porque no se puede crear una defensa especial para intereses particulares indiferenciales para el Estado." Aunado a lo anterior, resulta imperativo para el que suscribe, realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado, tratándose de asuntos donde se aduzca un interés legítimo; en ese sentido, el juzgador debe distinguir entre la existencia de la titularidad de dicho interés o uno simple; sobre lo cual, en caso de que se advierta la posible legitimación del quejoso que descansa su pretensión en dicho interés, deberá admitirse la demanda y seguida su prosecución, dilucidar con certeza dicho extremo; sin embargo, si de los hechos expuestos, se aprecia de manera patente que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un interés simple, la demanda podrá desecharse; siempre y cuando sea manifiesto e indudable; tal como se actualiza en la demanda de cuenta. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1078, libro 43, junio de 2017, tomo II, registro digital 2014433, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Por consiguiente, al ser notorio, indudable y manifiesto que se actualiza la causal de improcedencia analizada a lo largo de este proveído, dado que el acto reclamado no es susceptible de ser impugnado en la vía constitucional por la parte promovente, dados los motivos expuestos en esta determinación, conforme con lo establecido 61, fracciones XII en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el numeral 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de derechos fundamentales con que se dio cuenta, por ser manifiesta e indudable su improcedencia. DOMICILIO Y CORREO ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda. Ahora, tocante al correo electrónico proporcionado en la demanda de amparo, se tiene únicamente como medio de contacto para comunicaciones no procesales, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos Jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las partes a fin de que se sirva proporcionar un número telefónico móvil donde se pueda localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias de autos, de las que destacan los informes previos; acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: téngase por hecha la relación de las indicadas constancias. Abierto el período probatorio, se hace constar que las partes no las ofrecieron, con lo que se cierra dicho periodo. Abierta la fase de alegatos. Se hace constar que las partes no hicieron manifestaciones, por lo que se cierra dicho periodo. Luego, al no obrar en autos probanzas que desahogar ni más alegatos que reproducir, se concluyen las dos primeras etapas de esta audiencia, y se turnan los autos para dictar la resolución, que es del tenor siguiente. Vistos los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 178/2021-3; y, RESULTANDO: Primero. José Ortega Hernández, Jorge Romero Mateo y Miguel Téllez González, Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado ejidal del Ejido de Miguel Hidalgo y Costilla, solicitaron la suspensión de los actos reclamados a las autoridades detalladas en el escrito de demanda y con posterioridad en el escrito de ampliación. Segundo. Por acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se formó el presente incidente de suspensión, el cual se resolvió por las autoridades y actos señalados en dicho auto y por diverso proveído de dieciocho de abril del año en curso, se tuvo por ampliada la demanda, solicitándose los informes previos a las autoridades responsables, la que se reservó por auto de cuatro de mayo del año en curso e incidental de veintitrés del mismo mes y año, por lo que, se citó a las partes para la audiencia incidental, la que se celebró conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO: Primero (Competencia). Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz es legalmente competente para resolver la presente incidencia, en función de que está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva este expediente. Segundo (Reserva de audiencia). Del estado procesal que integran los autos se aprecia que no obran los informes previos solicitados a las autoridades Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Veracruz (oficio 2219) y Subprocurador de Recursos Naturales de la PROFEPA en Veracruz (oficio 2220), ambos con residencia en Xalapa, ni existe en autos constancia que acredite que se encuentran notificadas del auto en que se les requirió sus correspondientes informes. Por tanto, de conformidad con el artículo 141 de la Ley de Amparo, se reserva resolver sobre la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos que se les reclaman a dichas autoridades, y se señalan nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de junio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia incidental. En la inteligencia que se fija la mencionada fecha para la celebración de la audiencia en comento, atento a que así lo permiten las condiciones imperantes en la actualidad, derivadas de que hasta esta data todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación continúan laborando bajo un esquema de trabajo de asistencia controlada, el cual se ha prorrogado hasta el siete de agosto de dos mil veintidós, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma la vigencia del similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, conforme al cual los órganos tienen asignado un horario presencial de labores restringido -distinto del habitual-, con un límite de personal que puede asistir a desempeñar labores presenciales; y de que existe una carga de trabajo importante generada, en parte, por el gran número de ingresos relacionados con los juicios de amparo en los que en esencia se ha reclamado la omisión de incluir a los menores de edad en el esquema de vacunación contra Covid-19. Se precisa lo anterior, en atención a lo establecido en la Circular 1/2022 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se indicó que, atento a la dinámica actual de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, debía justificarse en los acuerdos respectivos las razones por las cuales no fuera posible atender a los tiempos que establecen las leyes, derivado de la disminución de las actividades presenciales. Tercero (Precisión de los actos reclamados). A efecto de proveer sobre la suspensión definitiva peticionada, es importante destacar que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó "El inminente levantamiento de clausura de la obra "Construcción del Sistema de Agua Potable por gravedad" en la localidad de Catemaco, Mpio. Catemaco, Ver. que involucra el Río Cuetzalapan, al pie de la cascada Cola de Caballo y la destrucción de la montaña que lo bordea, permitiendo la destrucción ambiental de la región y sin que exista libre consulta y consentimiento de la comunidad indígena Náhuatl de Miguel Hidalgo". Cuarto (Negativa de los actos). Las autoridades responsables Dirección General de Impacto Ambiental y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría del Medio Ambientes y Recursos Naturales, residente en Ciudad de México (oficio 2213) y la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa (oficio 2218), negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa aportara prueba en contrario que desvirtúe dichas negativas, por lo que procede negar la suspensión definitiva solicitada, respecto de las aludidas responsables. La anterior determinación tiene su fundamento en la tesis de jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos setenta y siete, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995 que establece: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Quinto (Certeza de los actos). Las autoridades responsables Síndica Única y Director de Obras Públicas ambos del Ayuntamiento Constitucional de Catemaco, Veracruz, al rendir sus informes previos aceptaron la existencia de los actos reclamados, al señalar que existe la "Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad." Sexto (Suspensión definitiva). Así, no obstante la certeza de los actos reclamados por parte de las autoridades citadas en párrafos que anteceden, se considera que no se reúnen la totalidad de los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva solicitada. En principio, se estima necesario indicar el contenido del precepto legal citado, que dice: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público". En la especie, se cumple el requisito previsto en la fracción I, del citado precepto legal, dado que del apartado relativo al capítulo de suspensión de los actos reclamados se advierte que sí lo peticionó la parte quejosa. Sin embargo, respecto del diverso requisito establecido en la fracción II, del aludido numeral, este se estima que no se acredita, pues se considera que de concederse la suspensión, se seguiría perjuicio al interés social. En el caso, los efectos de los actos reclamados por la parte quejosa derivan del posible reinicio de los trabajos de la obra "Construcción del Sistema de Agua Potable por gravedad," en Catemaco, Veracruz, misma que constituye una causa de utilidad pública, respecto de la cual se estima que no procede el otorgamiento de la suspensión. En efecto, al tratarse el acto reclamado de una causa de utilidad pública, de suspenderse dicha obra se ocasionarían perjuicios a la sociedad, en mayor medida a los beneficios que pudiera obtener el núcleo ejidal quejoso con su suspensión, ya que la utilidad pública tiene como finalidad la de beneficiar a la colectividad, mediante la construcción de obra pública o la prestación de un servicio público, que pueden requerirse en determinada población, en este caso, estrechamente vinculado con la prestación del servicio de agua potable en la localidad de Catemaco, Veracruz, y por ende el disfrute del derecho al agua por los habitantes de dicho municipio, el cual se encuentra contemplado en el artículo 4º constitucional. Entonces, con fundamento en el artículo 128, fracción II, de la ley de la materia, en sentido contrario, se niega a José Ortega Hernández, Jorge Romero Mateo y Miguel Téllez González, Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado ejidal del Ejido de Miguel Hidalgo y Costilla, la suspensión definitiva de los actos reclamados, ya que de concederse la suspensión, se seguiría perjuicio al interés social, al tratarse los actos reclamados de una causa de utilidad pública, pues de suspenderse la obra "Construcción del Sistema de Agua Potable por gravedad," en Catemaco, Veracruz, se ocasionarían perjuicios a la sociedad, en mayor medida a los beneficios que pudiera obtener el núcleo ejidal quejoso. Séptimo (Expedición de copias). En aras de cumplir con la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 constitucional, y con el fin de evitar las promociones de las partes solicitando copia de la interlocutoria, lo cual acarrearía la distracción del personal actuante de este juzgado en realizar los acuerdos correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la interlocutoria dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Primero. Se reserva de celebrar la audiencia incidental respecto de las autoridades responsables mencionadas en el considerando segundo, por los motivos ahí precisados, para lo cual se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de junio de dos mil veintidós. Segundo. Se niega a José Ortega Hernández, Jorge Romero Mateo y Miguel Téllez González, Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado ejidal del Ejido de Miguel Hidalgo y Costilla, la suspensión definitiva de los actos reclamados contra las autoridades señaladas, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos cuarto, quinto y sexto de esta interlocutoria. Tercero. Expídase a costa de las partes copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la interlocutoria dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Sandra Alicia Castelán González, secretaria con quien actúa y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reforma, adiciona y deroga el acuerdo antes citado con relación al periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy Fe.

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