Óscar Ariel Robles Sánchez
Expediente 457/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 457/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Óscar Ariel Robles Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, para interponer recurso de revisión contra el proveído de veintidós de julio de dos mil quince, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, le transcurrió a la parte quejosa del veintisiete de julio al siete de agosto de dos mil quince, con excepción de los días uno, dos, ocho y nueve de agosto del año en curso, por haber sido inhábiles. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 441/2015, signado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y anexo, mediante el cual informa que en los autos del juicio laboral 107/2014, promovido por el aquí quejoso Oscar Ariel Robles Sánchez, en contra de la empresa Fujikura Resource Múzquiz, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, y el propietario del centro de trabajo conocido como Maquiladora Fujikura, el proyecto de laudo de veinticinco de junio del año en curso, ha sido elevado a la categoría de laudo, el dieciséis de julio de este año, adjuntando copia debidamente certificada del laudo correspondiente. Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito recibido ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el dos de junio del año en curso (fojas 2 a 4), Oscar Ariel Robles Sánchez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable, y por los actos siguientes; Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Por el acto reclamado siguiente: La Omisión, demora y/o retraso de la Autoridad Responsable de dictar el Laudo que en derecho corresponda dentro de los autos del Juicio Laboral 107/2014 promovido por el C. Oscar Ariel Robles Sánchez en contra de la empresa Fujikura Resource Múzquiz, S. de R.L. de C.V: y otro, omisión que constituye una Violación directa a la Garantía Individual de Justicia Pronta y expedita prevista por el artículo 17 Constitucional. Por otra parte, en el caso, de las constancias que adjuntó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, se advierte de manera indudable la actualización de una de ellas, la cual se invoca previamente a la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; dado que al oficio número 441/2015, que remitió la autoridad antes referida, adjuntó copia certificada del laudo dictado el dieciséis de julio del año en curso, en los autos del expediente laboral 107/2014, del que deriva el acto reclamado. Documental pública a la que se le concede valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo , en términos de su numeral 2° , por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a guisa de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de amparo contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo; la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera de motu proprio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios al quejoso, caso en el que cobra aplicación el supuesto jurídico en examen; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye al quejoso en la esfera jurídica de sus garantías, como si se le hubiera concedido el amparo. Así, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales del quejoso, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Ahora bien, no debe confundirse la cesación de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que ésta, implica la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, cuya diferencia reside en que si bien, ambas son semejantes en cuanto a que durante la secuela del juicio de amparo desaparece el acto reclamado, el distintivo de la fracción XVI, que el tildado de inconstitucional, se agota o consuma por virtud de haber transcurrido su vigencia o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En efecto, la parte quejosa reclamó la omisión, demora y/o retraso de la autoridad responsable de dictar el laudo dentro de los autos del juicio laboral 107/2014. En el caso, de las constancias que en copia certificada remitió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, se advierte que en los autos del juicio laboral 107/2014, el proyecto de laudo de veinticinco de junio de este año, fue elevado a la categoría de laudo, el dieciséis de julio del presente año, adjuntando copia debidamente certificada del laudo respectivo; lo que implica la desaparición total del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable, restituyó con ello, en el pleno goce de sus derechos fundamentales a la parte quejosa, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose con ello, como se dijo, la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Con motivo de lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para doce horas con veinte minutos del doce de agosto de dos mil quince (foja 145). Por otra parte, agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio 1210/2015, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y anexo que acompaña; en atención a su contenido se provee: Téngase a dicha autoridad devolviendo debidamente diligenciado el despacho 169/2015-FM, del índice de este Juzgado de Distrito, del que se advierte que quedaron emplazados al presente juicio de amparo, los terceros interesados Fujikura Resource Múzquiz, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y el propietario del centro de trabajo conocido como Maquiladora Fujikura. Por tanto, acúsese recibo del exhorto de cuenta, y dése de baja en Libro de Gobierno correspondiente, para los efectos estadísticos y legales procedentes. Ahora, toda vez que del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que los terceros interesados de mérito, omitieron cumplir con el requerimiento ordenado en proveído de tres de junio de dos mil quince, de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, dentro del término que les fue concedido; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto. por lo que con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, se ordena efectuar la notificación del presente proveído y las subsecuentes de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este tribunal, hasta en tanto señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, toda vez que se encuentra en vías de emplazamiento a los terceros interesados Fujikura Resource Múzquiz, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y el propietario del centro de trabajo conocido como Maquiladora Fujikura, atento a que se ordenó mediante despacho 169/2015-FM, remitido al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, el tres de junio del año en curso. Atento a ello, requiérase al Juez Civil de que se trata, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, comunique el estado procesal que guarda dicha comunicación, con el apercibimiento que de no hacerlo, o no informar oportunamente la causa legal que se lo impida, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo vigente. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las doce horas con veinte minutos del doce de agosto de dos mil quince, para su celebración.
- Principal
Agréguense a los autos el informe justificado rendido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y anexos que acompaña; por tanto, pónganse a la vista de las partes. Se tienen como pruebas de dicha autoridad, las documentales que acompaña a su informe justificado, probanzas que se admiten y se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional.
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