Oscar Alberto Solis Reyna
Expediente 793/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 793/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Oscar Alberto Solis Reyna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara en contra del acuerdo de catorce de noviembre del año en curso (fojas 67 a 71), a través del cual se sobreseyó el presente juicio de fuera de audiencia. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido de la sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el proveído que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y se ordena archivar el presente juicio, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Notifíquese; y personalmente al quejoso. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 1 a 3), *** en representación de ***, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables y por los actos siguientes: Autoridad responsable: Agente del Ministerio Público de la Federación. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Comandante o Jefe del Grupo de la Policía del Ministerio Público Federal en Turno. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. "Actos reclamados: PRIMER ACTO RECLAMADO: la privación ilegal de la libertad del SR. ***, y de que está siendo sujeto mi hermano (agraviado) en este momento por las responsables señaladas, teniendo la primera la calidad de ordenadora y la segunda de ejecutora al tenerlo preso depositado en las celdas de las corporaciones antes mencionadas, y el SEGUNDO ACTO RECLAMADO.- Actos de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, para que no ejerzan o practiquen tortura, incomunicación, malos tratos, en contra del agraviado antes mencionado, además se teme fundamentalmente se atente contra su vida o integridad física." En la citada fecha, se ordenó por conducto del Actuario de la adscripción, la búsqueda del quejoso directo y en su caso, la ratificación del escrito de demanda, ordenándose suspender de plano el acto reclamado a las autoridades responsables. Posteriormente, de la razón actuarial de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete (foja 15), efectuada por el funcionario adscrito, se advierte que el quejoso directo ***, ratificó la demanda de amparo instaurada en su nombre; asimismo, el Actuaria hizo constar que el referido quejoso manifestó que no fue objeto de maltratos, golpes e incomunicación por parte de sus captores (foja 13). De ese modo, el veintiocho de septiembre del año en curso (fojas 16 a 19), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, del estado procesal de autos en particular el acuerdo de nueve de octubre del año en curso (foja 62), se advierte que se tuvo por recibido el informe justificado que rindió el Encargado de la Policía Federal Ministerial, con sede en la Ciudad de Acuña, Coahuila de Zaragoza (foja 44), a través del cual informó que se inició al aquí quejoso ***, la carpeta de investigación número FED/COAH/ACU/0001141/2017, por suponerlo responsable de la comisión de un delito contra la salud, en su modalidad de posesión de estupefaciente, previsto y sancionado por el artículo 195, en relación con el 193 y 194, fracción I, del Código Penal Federal; asimismo, señaló que a través del oficio PF/DSR/CEC/EPN/605/2017, de treinta de septiembre del año en curso, el quejoso fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en la Sala número Uno, con residencia en Torreón, para el desahogó de la audiencia final, a disposición del Juez de Control (fojas 44, 49 y 50). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser expedida por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo , se desprende la posibilidad que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de dicha ley, la cual de actualizarse, provoca el sobreseimiento en el juicio de amparo. En el caso, se patentiza de manera indudable y manifiesta la actualización de una de ellas, antes de la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo que dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)" Del análisis al numeral 61 que antecede, se advierte que la fracción XVII establece que el juicio de amparo es improcedente por cambio de situación jurídica, cuando por regla general, se producen los supuestos siguientes: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sobre el tema, cobra aplicación en lo conducente, los criterios jurisprudenciales sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visibles a fojas doscientos diecinueve y ciento noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos IV, Diciembre de mil novecientos noventa y seis y VIII-Septiembre, de la Novena y Octava Época, respectivamente, que textualmente dicen: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último." En este caso particular, es evidente que se actualiza uno a uno los elementos esenciales que integran la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque el acto reclamado se resume sustancialmente en la privación de la libertad del quejoso, y en la actualidad el impetrante está a disposición jurídica del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Torreón, en la Sala uno, con motivo de la causa penal 240/2017, en cumplimiento a la orden de operación interna número 1723/2017, así como el oficio 5613/2017, de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, suscrito por Francisco Hermenegildo Ríos Arteaga, Asistente del Despacho Judicial de Justicia Penal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Torreón, por lo que ha operado un cambio de situación jurídica en relación con el peticionario, porque primigeniamente la afectación de su libertad, fue en razón de haber sido detenido en flagrancia; sin embargo, al estar sujeto a la causa penal 240/2017, e interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 7 "Nor-Noreste", con sede en Guadalupe Victoria, Durango, por su probable responsabilidad en la comisión de un delito contra la salud, en la modalidad de posesión, previsto y sancionado en el artículo 195, en relación con el 194, fracción I, ambos del Código Penal Federal, hace que en el caso concreto se actualice la causal de improcedencia en estudio; por tanto, el acto reclamado que impugnó la parte quejosa, no puede válidamente analizarse en este juicio de amparo, pues la nueva situación jurídica constituye un obstáculo legal para que se emita pronunciamiento alguno respecto de la privación ilegal de la libertad que se reclamó, sin que se afecte en su caso la nueva situación jurídica del aquí quejoso ***. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del quince de noviembre de dos mil diecisiete (foja 65 vuelta).
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en particular el acuerdo de nueve de los actuales (foja 62), se advierte que se tuvo por recibido el informe justificado que rindió la autoridad responsable Encargado de la Policía Federal Ministerial, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, del que se desprende que el aquí quejoso ***, fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en la Sala Número Uno, en Torreón. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Única Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Ciudad Acuña, así como al para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito, el estado actual que guarda la situación jurídica del aquí quejoso ***, con motivo de la carpeta de investigación FED/COAH/ACU/0001141/2017; apercibida dicha autoridad que de no hacerlo, dentro del término concedido, o no informar oportunamente causa legal que se lo impida, se le impondrá una multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las diez horas con cincuenta minutos del quince de noviembre de dos mil diecisiete, para su celebración.
- Principal
Visto lo de cuenta; agréguese a los autos el pedimento de amparo 367/2017, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a través del cual formula los alegatos de su intención, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo , sin perjuicio de hacer referencia de ellos en la audiencia constitucional. Como lo solicita, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2° , expídasele copia simple de este acuerdo y entréguesele previa razón de recibo que se deje en el expediente. Además, inclúyase al presente sumario el informe justificado rendido por la autoridad responsable Encargado de la Policía Federal Ministerial, con sede en Acuña, Coahuila de Zaragoza; en consecuencia, póngase a la vista de las partes por el plazo de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo .
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