Oscar Alfredo Nuñez Rivera

Expediente 1043/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1043/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Oscar Alfredo Nuñez Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. SE AGREGA OFICIO A los autos la copia certificada del oficio 45998/2023/JC remitido por el 1. Juez de Control de la Región Judicial Centro (********************), por medio del cual informa que quedó enterada de la suspensión definitiva y que el quejoso ********************, se encuentra en libertad, en consecuencia se provee: En principio cabe destacar que el quejoso en la demanda de amparo reclamó: El auto de vinculación a proceso dictado el veintitrés septiembre del año en curso, por hecho con apariencia de lesiones dolosas agravadas, en los autos de la causa penal ********************. Asimismo, visto el estado procesal se advierte que en diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia incidental en la cual, se tuvo a la autoridad responsable Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla ********************, omisa al de rendir su informe previo (siendo que esa autoridad fue debidamente notificada de la petición del mismo), y presuntivamente cierto el acto que se le reclamó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley de Amparo. Por ello, se concedió la suspensión definitiva para el efecto siguiente:".CUARTO. CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. Dado que este órgano jurisdiccional no cuenta con datos necesarios a efecto de establecer si el quejoso se encuentra o no privado de la libertad personal; no obstante ello, y a efecto de no irrogarle algún perjuicio, con fundamento en los artículos 128, 147 y 163 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada, a fin de que la parte quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que actualmente se encuentre privado de su libertad quedando a disposición del Juez responsable para la continuación del procedimiento de origen; hasta en tanto se dicte sentencia en el juicio principal. No ha lugar a fijar garantía alguna a la parte quejosa, tomando en consideración los efectos para los cuales se concedió la medida cautelar. A su vez, en términos del segundo párrafo de la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional del acto reclamado, para que la autoridad jurisdiccional de control suspenda el procedimiento en lo que corresponda a la parte quejosa, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga a la resolución en el juicio de amparo; lo anterior, dado que la parte quejosa solicitó la suspensión en esos términos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL ADVERSARIAL Y ORAL. CUANDO EN AMPARO INDIRECTO SE RECLAME EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, POR REGLA GENERAL, EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SUSPENSIÓN DEBE HACERSE EN EL CUADERNO PRINCIPAL DEL JUICIO Y EXCEPCIONALMENTE EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN"." Como se aprecia la suspensión definitiva se concedió partiendo de que el quejoso se encontraba privado de la libertad personal dado que no se proporcionó esa información por el propio quejoso, sin embargo, la autoridad responsable en el oficio de cuenta informa que el promovente del amparo, se encuentra gozando de su libertad personal. Bajo ese contexto en términos del artículo 154 de la Ley de Amparo, procede modificar la suspensión definitiva, ante la información superveniente antes citada, quedando en los términos siguientes:"I. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Respecto al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el veintitrés de septiembre del año en curso, por hecho con apariencia de lesiones dolosas agravadas, en los autos de la causa penal ********************, se niega la suspensión definitiva, pues dicho acto tiene por objeto someter al imputado, aquí quejoso ********************, a la segunda fase de la etapa preliminar del procedimiento, esto es, a la investigación formalizada y, el proceso penal como cualquier procedimiento judicial no puede suspenderse, ya que de hacerlo se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, pues es de interés de la sociedad el que se administre justicia de manera pronta y expedita; además, la parte quejosa no acreditó que la continuación del procedimiento respectivo pueda causarle daños y perjuicios de modo irreparable. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente:"SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD." II. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR El quejoso ********************, en la demanda de amparo solicitó expresamente la suspensión para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran a fin de no celebrarse la audiencia intermedia, a fin de salvaguardar sus derechos, en su atención: Con fundamento en el artículo 147 en relación con el diverso 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a favor del quejoso antes citado, para que la autoridad jurisdiccional de control suspenda el procedimiento en lo que corresponda al promovente del amparo, una vez concluida la etapa intermedia, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio principal. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial siguiente: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL ADVERSARIAL Y ORAL. CUANDO EN AMPARO INDIRECTO SE RECLAME EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, POR REGLA GENERAL, EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SUSPENSIÓN DEBE HACERSE EN EL CUADERNO PRINCIPAL DEL JUICIO Y EXCEPCIONALMENTE EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Hechos: Un Tribunal Colegiado determinó que cuando se reclama el auto de vinculación a proceso en el juicio de amparo indirecto, el pronunciamiento sobre la suspensión del procedimiento penal a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo no puede realizarse en el cuaderno principal del juicio, sino en el incidente de suspensión que se tramita por separado. Adverso a ello, otro Tribunal Colegiado de una diversa región concluyó que la suspensión regulada en el referido precepto constituye una obligación dirigida expresamente a la autoridad responsable, por lo que debe ser acordada en el expediente principal del juicio y no en el incidente de suspensión. Criterio jurídico: La paralización del procedimiento penal a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo no guarda relación con el capítulo previsto en ese ordenamiento sobre la suspensión del acto reclamado, por lo que no requiere de una tramitación incidental. Así, cuando se reclama el auto de vinculación a proceso, por regla general, los juzgados de distrito deben pronunciarse sobre esa suspensión en el cuaderno principal del juicio de amparo, salvo que expresamente se soliciten esos efectos para el incidente de suspensión, supuesto en el cual excepcionalmente será en el cuaderno incidental en donde se provea lo relativo. En cualquier caso, se debe verificar que la suspensión sea decretada en uno de esos expedientes y no en ambos. Justificación: El segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece expresamente la obligación a los juzgados penales, como autoridades responsables, de que cuando a través de un juicio de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política del país, como ocurre con el auto de vinculación a proceso, deben suspender el procedimiento penal en lo que corresponda a la persona quejosa, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga al juicio de amparo pendiente. Dicha paralización del procedimiento penal no guarda relación con alguno de los tipos de suspensión previstos en los artículos 126, 127, 128 y demás relativos de la Ley de Amparo, porque no actualiza de suyo las hipótesis previstas para la suspensión de plano o de oficio por vía incidental, no se encuentra sujeta a que la persona juzgadora del amparo conceda la medida cautelar, tampoco es necesario que el quejoso la solicite, ni que se sustancie un incidente en donde se abra un debate para determinar la procedencia de su aplicación. Por ello, se trata de una directriz que, por regla general, debe ser decretada oficiosamente por el Juzgado de Distrito de forma aparejada a la admisión de la demanda de amparo, es decir, como parte de la estructura de ese acuerdo inicial. No obstante, podría darse el caso de que en la demanda la parte quejosa solicite que los efectos del citado artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo sean decretados en el incidente de suspensión, es decir, que se abra el incidente a petición de parte. En ese supuesto, no existe impedimento para que ese tipo de suspensión pueda decretarse excepcionalmente en el cuaderno incidental del juicio de amparo. En cualquier caso, ya sea que la suspensión del procedimiento penal se decrete oficiosamente en el cuaderno principal o a petición de parte en el incidente de suspensión, el órgano jurisdiccional debe verificar que esa determinación sea establecida sólo en uno de esos expedientes." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, en términos de lo antes expuesto, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla ********************. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************, para los efectos antes citados, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla ********************." Hágase del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales conducentes. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que esta resolución se integrará al expediente físico, pues es indispensable para el impulso procesal de la medida cautelar en que se actúa. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, AUTORIDADES TERCERAS INTERESADAS, Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón asentada por el actuario judicial de la adscripción, por medio la cual hace constar que no le fue posible emplazar a la tercera interesada******************** en el domicilio indicado en el auto admisorio de demanda, ya que al constituirse ahí fue informada por una persona del sexo masculino que se trataba del domicilio correcto pero que no la conocía. En consecuencia, se ordena realizar el emplazamiento de la mencionada parte procesal a través de su asesor jurídico ********************, en el domicilio que éste proporcionó al apersonarse y aceptar dicho cargo en la carpeta judicial administrativa de origen. Por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b) de la citada Ley, se ordena a la actuaria o actuario judicial de la adscripción que corresponda, para que: Se constituya en el domicilio indicado a foja 186 del expediente; Busque a la tercera interesada******************** a través de su asesor jurídico ******************** y le notifique el presente proveído, así como auto admisorio de demanda; Le emplace a juicio; Le corra traslado con copia autorizada del escrito de demanda, auto admisorio y el presente; por si a su interés conviene se apersone, ofrezca pruebas y alegue sus derechos; y, Le haga de su conocimiento la fecha y hora programadas para la celebración de la audiencia constitucional -diez horas con treinta y ocho minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés-. De igual forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la referida parte procesal con las constancias de autos. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona actuaria judicial que corresponda realizar el emplazamiento de mérito aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberá indagar con los vecinos del lugar. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Los registros con los que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, séptimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues impulsan el procedimiento del presente asunto. Notifíquese personalmente -vía emplazamiento- a la tercera interesada******************** a través de su asesor jurídico ******************** y por lista a las demás partes.

  3. Incidental

    Con fundamento en el artículo 26, fracción III, artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de ocho de noviembre de dos mil veintitrés: San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. SE AGREGA OFICIO A los autos la copia certificada del oficio 45998/2023/JC remitido por el 1. Juez de Control de la Región Judicial Centro (********************), por medio del cual informa que quedó enterada de la suspensión definitiva y que el quejoso ********************, se encuentra en libertad, en consecuencia se provee: En principio cabe destacar que el quejoso en la demanda de amparo reclamó: El auto de vinculación a proceso dictado el veintitrés septiembre del año en curso, por hecho con apariencia de lesiones dolosas agravadas, en los autos de la causa penal ********************. Asimismo, visto el estado procesal se advierte que en diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia incidental en la cual, se tuvo a la autoridad responsable Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla ********************, omisa al de rendir su informe previo (siendo que esa autoridad fue debidamente notificada de la petición del mismo), y presuntivamente cierto el acto que se le reclamó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley de Amparo. Por ello, se concedió la suspensión definitiva para el efecto siguiente:".CUARTO. CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. Dado que este órgano jurisdiccional no cuenta con datos necesarios a efecto de establecer si el quejoso se encuentra o no privado de la libertad personal; no obstante ello, y a efecto de no irrogarle algún perjuicio, con fundamento en los artículos 128, 147 y 163 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada, a fin de que la parte quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que actualmente se encuentre privado de su libertad quedando a disposición del Juez responsable para la continuación del procedimiento de origen; hasta en tanto se dicte sentencia en el juicio principal. No ha lugar a fijar garantía alguna a la parte quejosa, tomando en consideración los efectos para los cuales se concedió la medida cautelar. A su vez, en términos del segundo párrafo de la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional del acto reclamado, para que la autoridad jurisdiccional de control suspenda el procedimiento en lo que corresponda a la parte quejosa, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga a la resolución en el juicio de amparo; lo anterior, dado que la parte quejosa solicitó la suspensión en esos términos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL ADVERSARIAL Y ORAL. CUANDO EN AMPARO INDIRECTO SE RECLAME EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, POR REGLA GENERAL, EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SUSPENSIÓN DEBE HACERSE EN EL CUADERNO PRINCIPAL DEL JUICIO Y EXCEPCIONALMENTE EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN"." Como se aprecia la suspensión definitiva se concedió partiendo de que el quejoso se encontraba privado de la libertad personal dado que no se proporcionó esa información por el propio quejoso, sin embargo, la autoridad responsable en el oficio de cuenta informa que el promovente del amparo, se encuentra gozando de su libertad personal. Bajo ese contexto en términos del artículo 154 de la Ley de Amparo, procede modificar la suspensión definitiva, ante la información superveniente antes citada, quedando en los términos siguientes:"I. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Respecto al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el veintitrés de septiembre del año en curso, por hecho con apariencia de lesiones dolosas agravadas, en los autos de la causa penal ********************, se niega la suspensión definitiva, pues dicho acto tiene por objeto someter al imputado, aquí quejoso ********************, a la segunda fase de la etapa preliminar del procedimiento, esto es, a la investigación formalizada y, el proceso penal como cualquier procedimiento judicial no puede suspenderse, ya que de hacerlo se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, pues es de interés de la sociedad el que se administre justicia de manera pronta y expedita; además, la parte quejosa no acreditó que la continuación del procedimiento respectivo pueda causarle daños y perjuicios de modo irreparable. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente:"SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD." II. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR El quejoso ********************, en la demanda de amparo solicitó expresamente la suspensión para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran a fin de no celebrarse la audiencia intermedia, a fin de salvaguardar sus derechos, en su atención: Con fundamento en el artículo 147 en relación con el diverso 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a favor del quejoso antes citado, para que la autoridad jurisdiccional de control suspenda el procedimiento en lo que corresponda al promovente del amparo, una vez concluida la etapa intermedia, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio principal. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial siguiente: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL ADVERSARIAL Y ORAL. CUANDO EN AMPARO INDIRECTO SE RECLAME EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, POR REGLA GENERAL, EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SUSPENSIÓN DEBE HACERSE EN EL CUADERNO PRINCIPAL DEL JUICIO Y EXCEPCIONALMENTE EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Hechos: Un Tribunal Colegiado determinó que cuando se reclama el auto de vinculación a proceso en el juicio de amparo indirecto, el pronunciamiento sobre la suspensión del procedimiento penal a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo no puede realizarse en el cuaderno principal del juicio, sino en el incidente de suspensión que se tramita por separado. Adverso a ello, otro Tribunal Colegiado de una diversa región concluyó que la suspensión regulada en el referido precepto constituye una obligación dirigida expresamente a la autoridad responsable, por lo que debe ser acordada en el expediente principal del juicio y no en el incidente de suspensión. Criterio jurídico: La paralización del procedimiento penal a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo no guarda relación con el capítulo previsto en ese ordenamiento sobre la suspensión del acto reclamado, por lo que no requiere de una tramitación incidental. Así, cuando se reclama el auto de vinculación a proceso, por regla general, los juzgados de distrito deben pronunciarse sobre esa suspensión en el cuaderno principal del juicio de amparo, salvo que expresamente se soliciten esos efectos para el incidente de suspensión, supuesto en el cual excepcionalmente será en el cuaderno incidental en donde se provea lo relativo. En cualquier caso, se debe verificar que la suspensión sea decretada en uno de esos expedientes y no en ambos. Justificación: El segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece expresamente la obligación a los juzgados penales, como autoridades responsables, de que cuando a través de un juicio de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política del país, como ocurre con el auto de vinculación a proceso, deben suspender el procedimiento penal en lo que corresponda a la persona quejosa, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga al juicio de amparo pendiente. Dicha paralización del procedimiento penal no guarda relación con alguno de los tipos de suspensión previstos en los artículos 126, 127, 128 y demás relativos de la Ley de Amparo, porque no actualiza de suyo las hipótesis previstas para la suspensión de plano o de oficio por vía incidental, no se encuentra sujeta a que la persona juzgadora del amparo conceda la medida cautelar, tampoco es necesario que el quejoso la solicite, ni que se sustancie un incidente en donde se abra un debate para determinar la procedencia de su aplicación. Por ello, se trata de una directriz que, por regla general, debe ser decretada oficiosamente por el Juzgado de Distrito de forma aparejada a la admisión de la demanda de amparo, es decir, como parte de la estructura de ese acuerdo inicial. No obstante, podría darse el caso de que en la demanda la parte quejosa solicite que los efectos del citado artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo sean decretados en el incidente de suspensión, es decir, que se abra el incidente a petición de parte. En ese supuesto, no existe impedimento para que ese tipo de suspensión pueda decretarse excepcionalmente en el cuaderno incidental del juicio de amparo. En cualquier caso, ya sea que la suspensión del procedimiento penal se decrete oficiosamente en el cuaderno principal o a petición de parte en el incidente de suspensión, el órgano jurisdiccional debe verificar que esa determinación sea establecida sólo en uno de esos expedientes." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, en términos de lo antes expuesto, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla ********************. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************, para los efectos antes citados, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla ********************." Hágase del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales conducentes. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que esta resolución se integrará al expediente físico, pues es indispensable para el impulso procesal de la medida cautelar en que se actúa. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, AUTORIDADES TERCERAS INTERESADAS, Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 26, fracción III, artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo se notifica por medio de lista a la parte tercera interesada Gloria Ramírez García, a través de su asesor jurídico Jorge Armando Avendaño Arellanes, el proveído de ocho de noviembre y el diverso de diez de octubre ambos de dos mil veintitrés: San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón asentada por el actuario judicial de la adscripción, por medio la cual hace constar que no le fue posible emplazar a la tercera interesada******************** en el domicilio indicado en el auto admisorio de demanda, ya que al constituirse ahí fue informada por una persona del sexo masculino que se trataba del domicilio correcto pero que no la conocía. En consecuencia, se ordena realizar el emplazamiento de la mencionada parte procesal a través de su asesor jurídico ********************, en el domicilio que éste proporcionó al apersonarse y aceptar dicho cargo en la carpeta judicial administrativa de origen. Por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b) de la citada Ley, se ordena a la actuaria o actuario judicial de la adscripción que corresponda, para que: Se constituya en el domicilio indicado a foja 186 del expediente; Busque a la tercera interesada******************** a través de su asesor jurídico ******************** y le notifique el presente proveído, así como auto admisorio de demanda; Le emplace a juicio; Le corra traslado con copia autorizada del escrito de demanda, auto admisorio y el presente; por si a su interés conviene se apersone, ofrezca pruebas y alegue sus derechos; y, Le haga de su conocimiento la fecha y hora programadas para la celebración de la audiencia constitucional -diez horas con treinta y ocho minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés-. De igual forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la referida parte procesal con las constancias de autos. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona actuaria judicial que corresponda realizar el emplazamiento de mérito aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberá indagar con los vecinos del lugar. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Los registros con los que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, séptimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues impulsan el procedimiento del presente asunto. Notifíquese personalmente -vía emplazamiento- a la tercera interesada******************** a través de su asesor jurídico ******************** y por lista a las demás partes. 10 de octubre 2023 PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN La demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el seis de octubre de dos mil veintitrés mediante buzón judicial, y remitida el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC"; y, turnada físicamente a este órgano jurisdiccional al día siguiente hábil. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1043/2023, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. Tomando en consideración que acorde a lo previsto en el numeral 3, fracción XII, del Acuerdo General 12/2020, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en virtud que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para la consulta de las partes, así como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. En tal sentido, los únicos acuerdos o proveídos que se integrarán al expediente físico, serán aquéllos que resulten indispensables para el impulso del procedimiento. CONSULTA DE EXPEDIENTE De conformidad con lo establecido en el artículo 263, fracción IV, del multicitado Acuerdo General, se hace saber a las partes, que para quienes no tengan habilitado el acceso al expediente electrónico, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea, o bien, podrán acudir físicamente a este Juzgado, para consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que se dispongan para tal fin. DIGITALIZACIÓN Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el juez de distrito que conozca del juicio de amparo indirecto, deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgador advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. Entonces, conviene señalar que en el apartado correspondiente de la demanda de cuenta, se advierte que el quejoso Óscar Alfredo Núñez Rivera reclama tanto a la: 1. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla: Lizeth del Carmen Fuentes Trueba, como al 2. agente del Ministerio Público del Estado, encargado de la carpeta de investigación CDI 1247/2019/ZC, lo siguiente: El auto de vinculación a proceso dictado el veintitrés septiembre del año en curso, por el hecho con apariencia de delito de lesiones dolosas agravadas, en los autos de la causa penal 248/2023/PUEBLA. En ese sentido, respecto del citado acto reclamado al 2. agente del Ministerio Público del Estado, encargado de la carpeta de investigación CDI 1247/2019/ZC, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Al respecto, los referidos preceptos legales, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" Como se aprecia de los preceptos transcritos, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos u omisiones de la autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por lo que no es suficiente que se reclame una violación a dichas garantías o derechos para que el juicio de amparo se vuelva procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad". La noción de acto "de autoridad" ineludiblemente involucra la actuación y abstención de ésta frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad; debido a lo siguiente, son: -Unilaterales: porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; -Imperativos: en razón de que se imponen, aún en contra de la voluntad del gobernado; y, -Coercitivos: ya que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo, mediante el uso de la fuerza pública. Por su parte, debe decirse que el párrafo segundo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo establece que los "particulares" tendrán la calidad de autoridad responsable; sin embargo, ello sólo opera cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En suma, el término del acto de autoridad involucra una persona física (oficial) o un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio; actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión o con la ejecución de la misma. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Ahora, la conducta que se atribuye a la representación social (autoridad que la parte quejosa señaló como: 2. agente del Ministerio Público del Estado, encargado de la carpeta de investigación CDI 1247/2019/ZC) consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en contra de la parte quejosa, no posee la naturaleza de acto de autoridad, dado que -en la causa penal de origen- el aquí quejoso, y la representación social son parte procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 105, último párrafo del Código Nacional del Procedimientos Penales. Lo anterior es así, pues el proceso penal del que emana el acto reclamado, según lo narrado por la parte quejosa en el escrito de demanda, ya no se encuentra en etapa investigación inicial, donde efectivamente el Ministerio Público tiene facultades para actuar de motu proprio, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional; por el contrario, la causa penal 248/2023/PUEBLA, se encuentra en etapa de investigación complententaria, donde el único que tiene la dirección del procedimiento es el Juez de Control; por lo que el Ministerio Público se convierte en parte en el proceso y carece de atribuciones para seguir actuando motu proprio como autoridad. En ese sentido, evidentemente, no corresponde a una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de partes en un proceso penal. Es corolario de lo anterior, que para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Así pues, cualquier decisión que adopte el Ministerio Público, en la etapa de investigación complementaria, dentro de la causa penal en la que interviene, no constituyen un acto de autoridad, sino bajo la dirección del juez de Control; motivo por el cual, el Ministerio Público actúa como parte, en términos del citado numeral 105, último párrafo del Código Nacional del Procedimientos Penales. De ahí que deba establecerse que en la especie, el juicio intentado resulta improcedente, precisamente porque esas omisiones, acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5º de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo. Se invoca respecto del tema en estudio, el criterio siguiente: "ABSTENCIONES, OMISIONES O DILACIONES ATRIBUIDAS AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". Bajo esas consideraciones, ya que en la especie se actualiza de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; lo procedente es desechar parcialmente la demanda de derechos fundamentales, respecto de los actos analizados, en términos de lo dispuesto por el numeral 113 de la mencionada Ley. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". ADMISIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA DE AMPARO Por otra parte, con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Óscar Alfredo Núñez Rivera, únicamente contra el acto reclamado a la 1. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla: Lizeth del Carmen Fuentes Trueba. VISTA MINISTERIAL Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. INFORME(S) JUSTIFICADO(S) Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) informe con justificación, el que deberá(n) rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; en la inteligencia, que la copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se remite al requerir el informe previo. En dicho informe justificado deberá(n) exponer las razones y fundamentos que estime(n) pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del(los) acto(s) reclamado(s), y remitirá(n), copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En el entendido, que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que podrá(n) remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional jdo3mp6cto@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado 222 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o Fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s) que ante la falta del informe justificado, se presumirá(n) cierto(s) el(los) acto(s) reclamado(s), salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho(s) acto(s) no sea(n) en sí mismo(s) violatorio(s) de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) que al rendir su(s) informe(s) no podrá(n) variar o mejorar la fundamentación y motivación de los acto(s) reclamado(s), ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo(s), salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rinda(n) el informe con justificación o lo haga(n) sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita(n) referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), que en el caso de que se niegue(n) a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. AUTORIZACIÓN DE PERSONA EMPLEADA Se autoriza a la persona actuaria o diversa empleada adscrita, para el caso de ser necesario, en el acto de la notificación señale la denominación correcta de la autoridad responsable, ya sea al momento de este auto, o de futuras actuaciones sin ulterior acuerdo. OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS OFICIOS Se precisa a la autoridad responsable que está obligada a recibir el oficio que el Actuario o empleado adscrito a este órgano jurisdiccional, le hace entrega, en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, con apercibimiento que de no hacerlo del diverso numeral 245, se le impondrá una multa de cien días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, cero centavos, moneda nacional). CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercera(s) interesada(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tal como lo solicita la parte quejosa, fórmese -por separado- el cuaderno único de la medida cautelar que se solicita. PARTE TERCERA INTERESADA Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de persona tercera interesada: Gloria Ramírez García; por tanto, con fundamento en el numeral artículo 26 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena su emplazamiento Ante ello, se comisiona a la persona actuaria judicial adscrita que -de inmediato- realice lo siguiente: 1) Notifique el presente proveído. 2) Emplace a dicha persona tercera interesada, en el domicilio precisado en la demanda de amparo. 3) Le corra traslado con copia autorizada de la demanda de amparo, por si a su interés conviene apersonarse, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho corresponda. 4) Asimismo, le haga de su conocimiento la data señalada para la celebración de la audiencia constitucional. REQUERIMIENTO AL JUEZ RESPONSABLE Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a la jueza responsable, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione: 1) Corrobore si la víctima es la persona a quien la parte quejosa señaló como Gloria Ramírez García; de ser el caso, precise si aquella cuenta con representante; y, 2) La denominación oficial y actual, así como el nombre propio y completo del fiscal que interviene en la carpeta judicial génesis de los actos reclamados. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en el artículo 251 del citado cuerpo de leyes. DOMICILIO Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda. AUTORIZADOS Se tiene(n) como autorizado(s) en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, únicamente a Alejandro Rodríguez Arroyo y José Luis Quiroz Álvarez, designado(s), atento a que del dato proporcionado acredita(n) encontrarse legalmente autorizado(s) para ejercer la profesión de licenciado(s) en derecho o abogado(s). Y con las facultades restringidas previstas en el citado numeral, a las diversas personas que señala -incluyendo a aquella persona de quien no se proporcionó la cedula completa- por así haberlo solicitado. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del ya mencionado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que Alejandro Rodríguez Arroyo y José Luis Quiroz Álvarez -autorizados de la parte quejosa en los términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo- cuentan con los nombres de usuarios: "alex1006" y "letradoquiroz" y se encuentran vigentes, se les concede el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Sin que lo anterior implique que las notificaciones de las resoluciones judiciales se realicen vía electrónica, ya que no fue expresamente solicitado por la parte quejosa. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la persona oficial judicial "A" adscrita a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. MEDIOS ELECTRONICOS Ahora, atendiendo a que la parte quejosa solicita el uso de medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente dicha petición, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública de la Secretaria de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA"; así como la diversa intitulada: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL)". SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA" De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada; por cualquier medio de comunicación interna a la persona oficial judicial "A" de la adscripción; y, mediante oficio a la autoridad responsable, así como al fiscal Federal adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante Nahieli Avendaño Palacios, secretaria que autoriza y da fe.

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